CE - Sentencia 11001031500020250155300

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250155300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Demandante: GERMÁN ALONSO VELÁSQUEZ LONDOÑO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora , en ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de marzo de 2025 , e l señor Germán Alonso Velásquez Londoño , por conducto de apoderado judicial , presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , al considerar

Mediante escrito radicado el 17 de marzo de 2025 , e l señor Germán Alonso Velásquez Londoño , por conducto de apoderado judicial , presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de 26 de septiembre de 2024.

En dicha decisión la autoridad judicial accionada revocó el ordinal tercero y «tercero» que aparecía repetido en la providencia de 26 de noviembre de 202 1, y confirmó parcialmente el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor promovió contra el municipio de Cartago - Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago en liquidación , con radicado 76001 -23-33-000-2015-0075000/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

PRIMERA: Que el H. Consejo de Estado, actuando en condición de Juez Constitucional, TUTELE a favor de mi mandante, los Derechos Constitucionales Fundamentales a un debido proceso y el acceso a la administración de justicia, amenazados y vulnerados por la sentencia de septiembre 26 de 2024 proferida porDemandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Sección Segunda -Subsección B del Consejo de Estado, la cual revocó los ordinales tercero y “tercero” que aparece repetido y confirmando en lo demás de sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Valle, dentro del proceso con radicación N.º 6001-23-33-000-2015-00750-01 (4905-2022).

SEGUNDA: Que, como consecuencia, se deje sin efectos o se revoque la Sentencia proferida por la Sección Segunda -Subsección b del Consejo de Estado, y en su lugar se ordene emitir una nueva sentencia en la que se reconozcan todas las pretensiones de la demanda y con la cual se tutelen y restablezcan de manera efectiva los derechos del señor

GERMÁN ALONSO VELASQUEZ LONDOÑO.1

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El señor Velásquez Londoño relató que fue vinculado como director al Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago mediante la Resolución 00605 de 30 de diciembre de 2010 , y prestó sus servicios desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de

2011. Sin embargo, cuando finalizó la relación labor al no le fueron pagadas las prestaciones sociales y las cesantías definitivas.

Narró que el 12 de abril de 2012 solicitó a la referida entidad el pago de los

2011. Sin embargo, cuando finalizó la relación labor al no le fueron pagadas las prestaciones sociales y las cesantías definitivas.

Narró que el 12 de abril de 2012 solicitó a la referida entidad el pago de los emolumentos dejados de percibir, petición que fue atendida en la Resolución 0520 de esa misma fecha, por medio de la cual se le reconoció el pago de algunas prestaciones y en cuanto a las cesantías se le informó que serían consignadas en el respectivo fondo.

Indicó que el Fondo AFP Horizonte le comunicó que no aparecía registrado el depósito de sus cesantías, razón por la cual el 18 de diciembre de 2013 presentó una reclamación ante el Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago (Valle del Cauca), en aras de obtener el desembolso de las cesantías e intereses de las mismas , así como la sanción moratoria por su pago tardío.

Hizo referencia a que no recibió alguna respuesta a su petitorio, motivo por el cual el 16 de febrero de 2015 elevó un requerimiento a la Alcaldía del municipio de Cartago, sin que tampoco se emitiera algún pronunciamiento al respecto.

Explicó que promovió el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Cartago 2 - Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago en liquidación, en el cual controvirtió los actos administrativos fictos o presuntos que surgieron ante la falta de contestación a sus peticiones.

Señaló del asunto conoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en sentencia de 26 de noviembre de 2021, declaró configurado el silencio administrativo

surgieron ante la falta de contestación a sus peticiones.

Señaló del asunto conoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en sentencia de 26 de noviembre de 2021, declaró configurado el silencio administrativo negativo de la reclamación realizada el 18 de diciembre de 2013, y en consecuencia su nulidad, para luego reconocer y ordenar el pago de las cesantías definitivas causadas a favor del señor Velásquez Londoño durante el tiempo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 2011 con los respectivos intereses , al igual que la

1 Trascripción literal del original con posibles errores. 2 Cabe resaltar en el proceso objeto de la tutela se aclaró que el municipio de Cartago era el sucesor procesal del Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago.Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 sanción moratoria, así:

PRIMERO. DECLARAR configurado el silencio administrativo negativo frente a la petición del 18 de diciembre de 2013 formulada por el señor Germán Alonso Velásquez Londoño con C.C. (...) y la consecuente nulidad del acto ficto así originado, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al

conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Municipio de Cartago que reconozca y pague las cesantías definitivas causadas a favor del señor Germán Alonso Velásquez Londoño durante el tiempo comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2011 con los respectivos intereses, de conformidad con lo señalado en los numerales 1º, 2º 3º y 4º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

TERCERO: CONDENAR al Municipio de Cartago a pagar a favor del demandante y a título de sanción mora, el equivalente a un día de salario por cada día de retardo contabilizados a partir [d]el 15 de febrero de 2012 hasta el 13 de marzo de 2015, sanción que deberá liquidarse con base en el salario devengado por el actor durante el año en que se causó la mora (2011).

TERCERO: CONDENAR en COSTAS al Municipio de Cartago. Para tal efecto, fijar como agencias en derecho el 2% del valor de la pretensión principal. (...)

Resaltó que dicha decisión tuvo respaldo en el régimen de cesantías anualiza das, por ello, se consideró que el Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago no liquidó las cesantías y sus intereses por el retiro definitivo al tenor de lo previsto en la Ley 50 de 1990 3, norma que estableció la obligación de pagar las cesantías definitivas al momento que se produce la finalización de la relación laboral , pues no se demostró que tal prestación fue depositada en el fondo correspondiente.

de 1990 3, norma que estableció la obligación de pagar las cesantías definitivas al momento que se produce la finalización de la relación laboral , pues no se demostró que tal prestación fue depositada en el fondo correspondiente.

Aludió que ambas partes interpusieron recurso de apelación contra el anterior fallo, los cuales fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en la providencia de 26 de septiembre de 2024, mediante la cual se revoc aron los ordinales tercero y «tercero» que aparecía repetido4.

Además, se confirmó parcialmente la sentencia del a quo, solo en lo relacionado con el reconocimiento de las cesantías definitivas correspondientes al año 2011 con sus intereses.

Puntualizó que , en lo concerniente a la sanción moratoria por la demora en la consignación de las cesantías , el ad quem concluyó que no podía concederse bajo los parámetros fijados en la Ley 50 de 1990 , comoquiera que las cesantías reclamadas eran definitivas , así que el empleador no estaba en la obligación de depositarlas en el fondo respectivo.

Aunado a que no se constituyó en mora a la entidad demandada en los términos de las leyes 244 de 1995 5 y 1071 de 2006 6, por lo que al no haberse obtenido algún pronunciamiento expreso al respecto, no había lugar a estudiarse esta pretensión.

3 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones». 4 En cuanto a la condena en costas se advirtió que no había razones para imponerla, en razón a que no bastaba con ser vencida en el proceso.

4 En cuanto a la condena en costas se advirtió que no había razones para imponerla, en razón a que no bastaba con ser vencida en el proceso. 5 «Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones». 6 «Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación».Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de l accionante, la autoridad judicial accionada incurri ó en el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto y desconoció los principios Iura Novit Curia7 y pro homine 8, por cuanto no accedió al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, tras realizar una indebida aplicación de las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 , así como d el Decreto Reglamentario 1582 de 19989.

En tal sentido, el actor refirió que no se estudió dicha sanción con base en las disposiciones que s í correspondían, como lo eran las leyes 244 de 1995 y 1071 de

19989.

En tal sentido, el actor refirió que no se estudió dicha sanción con base en las disposiciones que s í correspondían, como lo eran las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 concernientes a las cesantías definitivas, omisión que le origin ó un «daño grandísimo», toda vez que ha esperado más de trece años para recibir sus cesantías definitivas.

El señor Velásquez Londoño p uso de presente que el 18 de diciembre de 2013 solicitó el pago de la sanción moratoria ante el Instituto de Tránsito y Transportes de Cartago, diferente es que dicha petición no se hubiera sustentado en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues tenía entendido que las cesantías cuyo pago no se había efectuado eran anualizadas, «cuestión que, en todo caso, constituye una exigencia exagerada, porque el no mencionar las normas no invalida el derecho».

Cuestionó la afirmación contenida en la sentencia objeto de reproche , según la cual , «no se constituyó en forma apropiada en mora a la demandada», pues esta expresión incurre en un rigorismo y se le impone con ello cargas desproporcionadas al extrabajador «que, dicho sea de paso, es la parte débil de la relación, exigiéndole que transite unos “pasos” que, finalmente no dependen de él».

Igualmente, e l tutelante mencionó que no resultaba lógico y justo no estudiar la pretensión relativa al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, toda vez que el Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago guardó silencio, lo cual no impide que se aplicara la sanción moratoria pues, si bien hay unos

pretensión relativa al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, toda vez que el Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago guardó silencio, lo cual no impide que se aplicara la sanción moratoria pues, si bien hay unos pasos trazados por dichas leyes, esto no la inhibía de pronunciarse.

Agregó que la decisión proferida por la subsección accionada le originó un perjuicio , al considerar que su asignación básica es de $2.750.299 y no de $3.723.237, «cuando está plenamente demostrado con la certificación que reposa a folio 41 que el básico mensual es de $3.723.237 y con las deducciones queda en $2.750.299».

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 19 de marzo de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que integran la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

7 Traducido comúnmente como «el juez conoce el derecho». 8 Según el cual, se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos. 9 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

esta materia».Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Además, se vinculó a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así como al alcalde de Cartago y al director del Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago en liquidación (o a quien haga sus veces), en atención al interés que les asiste en las resultas del presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones 10, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

El magistrado ponente de la providencia controvertida rindió informe por medio del cual consideró que la solicitud de amparo es improcedente por carecer de relevancia constitucional, toda vez que el debate planteado contra el fallo proferido por ese cuerpo colegiado se limitó a un claro desacuerdo con el resultado del mismo, por lo que la tutela se ejerció como una instancia adicional a las surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Expresó, en gracia de discusión, que en la providencia atacada se plasmaron las razones legales y jurisprudenciales que justificaron la decisión proferida, que en últimas consistieron en que no era posible analizar la sanción moratoria conforme a las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 ante la falta de agotamiento de la actuación

últimas consistieron en que no era posible analizar la sanción moratoria conforme a las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 ante la falta de agotamiento de la actuación administrativa sobre ese aspecto.

1.5.2. Municipio de Cartago

El secretario jurídico del ente territorial se opuso a las súplicas del señor Velásquez Londoño, tras argumentar que la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho pues se justificó en las pruebas obrantes en el plenario y las leyes aplicables a la materia en discusión, así que se garantizaron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor.

Así las cosas, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela por cuanto no se cumple alguno de los presupuestos establecidos en la ley y la jurisprudencia para ello y, de manera subsidiaria, que se deniegue el amparo requerido.

1.5.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente digital con radicado 76001-23-33-000-2015-00750-00/01, sin realizar pronunciamiento alguno en lo referente a la controversia expuesta en la tutela , así como tampoco lo hizo el Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago en liquidación.

1.6. Manifestación de impedimento

Mediante escrito de 8 de abril de 2025 la doctora Gloria María Gómez Montoya puso en conocimiento del magistrado ponente su impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, por estar incurs a en la causal prevista en el numeral 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

de tutela de la referencia, por estar incurs a en la causal prevista en el numeral 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

10 Mediante oficios enviados el 21 de marzo de 2025.Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Lo anterior, por cuanto tiene una relación de amistad íntima y entrañable con el magistrado Eduardo Antonio Lubo Barros, quien hace parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y suscribió la sentencia de 26 de noviembre de 2021, la cual fue revocada parcialmente por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en el fallo controvertido en la presente acción de tutela.

Con auto de 24 de abril de 2025 se negó el impedimento de la magistrada Gloria María Gómez Montoya en atención a que, si bien el doctor Eduardo Antonio Lubo Barros integró la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que profirió el fallo de primera instancia en el proceso objeto de tutela , lo cierto es que actuó en calidad de magistrado de esa corporación y no en nombre propio, así que no es la parte accionada, ni se vinculó en calidad de tercero con interés.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente

es la parte accionada, ni se vinculó en calidad de tercero con interés.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 , así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor, al presuntamente incurrir en el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto y descon ocer los principios Iura Novit Curia y pro homine.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso

unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judicialesDemandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. 11

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el

11 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consider ó que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales » y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una

económico con connotaciones particulares o privadas ; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el presente caso, el actor le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B proferida el 26 de septiembre de 2024 , dentro del medio de control en el cual controvirtió la legalidad de los actos fictos o presuntos originados con la falta de respuesta a las peticiones que elevó con el propósito de obtener el desembolso de las cesantías y sus intereses, así como el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de tal prestación.

Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial accionada decidió, entre otras cosas, revocar el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en lo concerniente a acceder a la pretensión de reconocer le la sanción por mora . Por esto, el accionante planteó la configuración del defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto y el desconocimiento de los principios Iura Novit Curia y pro homine.

La razón de ello , la justificó el demandante en que la subsección enjuiciada aplicó en indebida forma las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como el Decreto Reglamentario 1582 de 1998 ; además, prescindió dentro de su interpretación de lo previsto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 , relativas a las cesantías definitivas.

Reglamentario 1582 de 1998 ; además, prescindió dentro de su interpretación de lo previsto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 , relativas a las cesantías definitivas.

A su vez, el accionante no comparte que se le impusiera la carga de sustentar el reclamo presentado el 18 de diciembre de 2013 ante el Instituto de Tránsito y Transportes de Cartago en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 , pues tenía entendido que lo adeudado eran cesantías anualizadas, mas no definitivas y, en su sentir, esto es una exigencia desproporcionada, por lo que se debió emitir un pronunciamiento de fondo en cuanto al pago de la sanción moratoria.Demandante: Germán Alonso Velásquez Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-01553-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Por otro lado, el señor Velásquez Londoño consideró que la providencia debatida le ocasionó un perjuicio, tras señalar que su asignación básica es de $2.750.299 y no de $3.723.237, «cuando está plenamente demostrado con la certificación que reposa a folio 41 que el básico mensual es de $3.723.237 y con la

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