CE - Sentencia 11001031500020250155800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250155800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
Demandante: Edison Alberto Pedreros Buitrago
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
Demandante: EDISON ALBERTO PEDREROS BUITRAGO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica mínima y suficiente para discutir l a razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de reparación directa , para cuestionar la contabilización de l término de caducidad que realizaron los jueces natur ales y modificar el objeto de las pretensiones de la demanda.
La Sala 1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Edison Alberto Pedreros Buitrago contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
modificar el objeto de las pretensiones de la demanda.
La Sala 1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Edison Alberto Pedreros Buitrago contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 18 de marzo de la presente anualidad, el señor Edison Alberto Pedreros Buitrago , a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 62
Administrativo de Bogotá , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de las providencias de primera y segunda instancia, proferidas, en su orden, el 5 de diciembre de 2023 y el 11 de diciembre de 2024, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-062-2021-00279-00/01. Formuló las siguientes pretensiones:
(…) solicito que se declaren vulnerados los derechos fundamentales invocados, se declare la nulidad de la sentencia atacada, y como consecuencia lógica se estudie nuevamente el recurso de apelación y se adopte la decisión que corresponda con acatamiento y respeto a los derechos mencionados.
1 Se advierte que el 4 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente , para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
1 Se advierte que el 4 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente , para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
Demandante: Edison Alberto Pedreros Buitrago
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De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:
2. En ejercicio del medio de reparación directa, el señor Edison Alberto Pedreros Buitrago demandó a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por el error judicial en que incurrieron el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Bogotá, en el marco del proceso ejecutivo con radicado 11001 -310-50-28-2009-00245-00, específicamente, en las providencias que terminaron el proceso por pago de la obligación, condenaron en costas al ejecutante y aprobaron la liquidación de las mismas.
3. Según se narró en la demanda, el señor Pedreros Buitrago celebró un contrato de prestación de servicios como abogado de la Fundación M édico Preventiva para el Bienestar Social S.A., cuyo objeto consistía en convocar un tribunal de arbitramento y ejercer la representación de la entidad dentro del trámite que se iniciaría.
4. Posteriormente, el referido profesional del derecho presentó demanda ejecutiva, con
Bienestar Social S.A., cuyo objeto consistía en convocar un tribunal de arbitramento y ejercer la representación de la entidad dentro del trámite que se iniciaría.
4. Posteriormente, el referido profesional del derecho presentó demanda ejecutiva, con el fin de que se le cancelaran los honorarios causados con ocasión del contrato antes citado. Trámite que correspondió, por reparto, al Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá y se adelantó bajo el radicado 11001-310-50-28-2009-00245-00.
5. De manera simultánea, la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. interpuso demanda ante un tribunal de arbitramento, en virtud de la cual pretendía que se declarara la nulidad del contrato que regulaba los honorarios del ahora accionante; sin embargo, las súplicas de dicha demanda no prosperaron.
6. Con fundamento en el laudo arbitral que definió la controversia antes relacionada, el demandante presentó otra demanda ejecutiva, que correspondió al Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá y se adelantó bajo el radicado 11001-31-05-027-2013-00428-00.
Proceso en el que se efectuó el pago de la obligación que devenía de los honorarios causados con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios que celebró el señor Pedreros Buitrago con la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A.
7. En providencia del 28 de septiembre de 2018, el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá declaró la terminación del proceso por pago de la obligación - que se efectuó en
S.A.
7. En providencia del 28 de septiembre de 2018, el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá declaró la terminación del proceso por pago de la obligación - que se efectuó en el marco del proceso con radicado 2013 -00428-00 - y condenó en costas al ejecutant e.
Tal decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante proveído del 30 de enero de 2019.
8. Inconforme con lo decidido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá , el señor Pedreros Buitrago promovió acción de tutela, con el fin de cuestionar la condena en costas impuesta por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá en primera instancia y confirmada por el referido tribunal. Dicho trámite constitucional fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia, la que «ordenó» que el accionante «debía esperar a que las costas se liquidaran, antes de atacar el razonamiento de los jueces sobre la condena en costas».
9. A juicio del demandante , las providencias del 28 de septiembre de 2018 y del 30 de enero de 2019 adolecían de error judicial, en la medida en que , pese a que lasRadicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
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pretensiones de la demanda ejecutiva se resolvieron de manera favorable a sus intereses
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pretensiones de la demanda ejecutiva se resolvieron de manera favorable a sus intereses fue condenado en costas . Según afirmó , tal decisión carecía de fundamento legal y constituía el daño antijurídico cuya indemnización reclamaba.
10. Al proceso de reparación directa se le asignó el radicado 11001-33-43-062-202100279-00 y, por reparto, correspondió al Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del 5 de diciembre de 2023 , declaró probada la excepción de caducidad respecto de las súplicas dirigidas contra la providencia del 30 de enero de 2019, que confirmó la condena en costas impuesta al demandante el 28 de septiembre de 2018 y negó las pretensiones respecto del error judicial que se predicaba de la providencia de liquidación de costas.
11. En su criterio, la decisión que puso fin al proceso ejecutivo y confirmó la condena en costas impuesta al entonces demandante quedó ejecutoriada el 30 de enero de 2019, por lo que el plazo para presentar la demanda se extendía hasta el 31 de enero de 2021; no obstante, con ocasión de la suspensión de términos prevista en el artículo 1° del Decreto Legislativo 564 de 2020, este término fenecía el 26 de mayo de 2021 y, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación se presentó el 11 de agosto de 2021 y la demanda el 12 de octubre siguiente, se encontraba configurado el fenómeno de la
en cuenta que la solicitud de conciliación se presentó el 11 de agosto de 2021 y la demanda el 12 de octubre siguiente, se encontraba configurado el fenómeno de la caducidad.
12. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Allí afirmó que el a quo incurrió en un yerro en la contabilización del término de caducidad, pues pasó por alto el precedente del Consejo de Estado, según el cual, cuando el daño se manifiesta con posterioridad a la providencia judicial que le dio origen, el término no puede contarse desde la ejecutoria de la decisión judicial, sino desde que el afectado pudo evidenciar la existencia del daño. Así, consideró que la caducidad se debía contar desde el momento en que quedó ejecutoriado el auto que liquid ó las costas, por cuanto a partir de e sa fecha tuvo la certeza del valor por el cual fue condenado en costas, sin concretarse este perjuicio con las decisiones anteriores.
13. Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2024 , la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo apelado , con fundamento en los mismos argumentos del a quo e insistió en que se abstenía de pronunciarse respecto de la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto ello quedó definido en la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de enero de 2019; no obstante frente a los reproches erigidos en su contra, había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
14. En el escrito de tutela, el accionante afirmó que la sentencia del 11 de diciembre de
había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
14. En el escrito de tutela, el accionante afirmó que la sentencia del 11 de diciembre de 2024 adolece de los siguientes defectos: i) violación directa de la Constitución, en tanto pasó por alto el efecto jurídico de una sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordenó que se debía esperar a que las costas se liquidaran, antes de atacar el razonamiento de los jueces de la causa sobre la condena en costas , y ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado , relativo al conteo de la caducidad en casos de responsabilidad del Estado por error judicial.
15. Además, indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, dado que se le exigió un «imposibleRadicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
Demandante: Edison Alberto Pedreros Buitrago
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fáctico», pues la providencia que le dio certeza sobre el monto del «daño emergente y del lucro cesante» a reclamar fue el auto que liquidó la condena en costas, de modo que, insistió, desde allí debía contabilizarse la caducidad . También indicó que la providencia censurada desconoció lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso y reiteró que no existe un «antecedente jurisprudencial donde se resuelva un caso donde
censurada desconoció lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso y reiteró que no existe un «antecedente jurisprudencial donde se resuelva un caso donde el juez condena en costas a quien gano (sic) el proceso y no al deudor incumplido en el pago de su obligación».
B. Trámite impartido e intervenciones
16. Mediante auto del 25 de marzo de 20252, el despacho sustanciador del proceso admitió la acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá y vinculó a la directora ejecutiva de Administración Judicial , en calidad de tercer a con interés .
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
17. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá 3 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que los argumentos expuestos por el accionante no dan cuenta de que la providencia censurada adoleciera de algún yerro o defecto que justifique la intervención del juez constitucional . Por el contrario, expuso que lo que se evidencia es que el señor Pedreros Buitrago pretende utilizar la petición de amparo como una instancia adicional del proceso ordinario de reparación directa.
Asimismo, allegó copia digital del proceso ordinario de reparación directa con radicado 11001-33-43-062-2021-00279-01.
18. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no fueron sus acciones u omisiones las que determinaron la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del
18. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4 solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no fueron sus acciones u omisiones las que determinaron la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Por otro lado, pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues carece del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que el demandante pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario y obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca5, a través del magistrado ponente de la decisión censurada, también pidió que se declarara la improcedencia del amparo.
Afirmó que los argumentos expuestos en la acción de tutela son los mismos que empleó como motivos de inconformidad en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, los cuales fueron resueltos de manera suficiente y razonable en la sentencia del 11 de diciembre de 2024.
20. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente jurisprudencial , afirmó que las decisiones citadas por el señor Pedreros Buitrago no constituyen precedente en el caso en concreto, en tanto no tienen relación fáctica y jurídica con los hechos que fueron objeto de controversia.
2 SAMAI, índice 6. 3 SAMAI, índice 10. 4 SAMAI, índice 11. 5 SAMAI, índice 12.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
Demandante: Edison Alberto Pedreros Buitrago
3 SAMAI, índice 10. 4 SAMAI, índice 11. 5 SAMAI, índice 12.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
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21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
23. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales . Sólo en el evento de que se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer s i la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor Edison Alberto Pedreros Buitrago, al confirmar la providencia que rechazó por
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor Edison Alberto Pedreros Buitrago, al confirmar la providencia que rechazó por caducidad el medio de control de reparación directa que este promovió.
E. Análisis de la Sala
Causales generales de procedibilidad
24. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia cuestionada fue proferida el 11 de diciembre de 2024 y notificada el 19 del mismo mes y año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 18 de marzo del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.
25. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
26. Agotamiento de los mecanismos de defensa judicial (subsidiariedad) . La Sala estima que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos disponibles en el proceso ordinario.
27. Relevancia constitucional . Es necesario referirse brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
28. En sentencia del 5 de agosto de 2014 6, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
6 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
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29. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
30. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
31. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
32. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 7 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
F. Caso concreto y solución del problema jurídico
33. En el escrito de tutela , el señor Edison Alberto Pedreros Buitrago solicitó que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad vulnerados con ocasión de la providencia del 11 de diciembre de 2024, en virtud de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca definió la controversia de reparación directa promovida por él contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por el supuesto error judicial en que incurrieron el Juzgado 2 8
Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá , al imponerle condena en costas en el marco del proceso ejecutivo con
Administración Judicial, por el supuesto error judicial en que incurrieron el Juzgado 2 8 Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá , al imponerle condena en costas en el marco del proceso ejecutivo con radicado 11001-310-50-28-2009-00245-00.
34. Para el actor, la autoridad judicial accionada incurrió en una violación directa a la Constitución al inobservar el efecto de una orden judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia en el marco de un trámite de tutela que adelantó para cuestionar la providencia que confirmó la decisión de imponerle condena en costas en el trámite ejecutivo.
35. Puntualmente, indicó que en la providencia censurada se contabilizó el término de caducidad desde la ejecutoria de la providencia que impuso la condena en costas,
7 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
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pasando por alto que la Corte Suprema de Justicia determinó que «el momento oportuno para oponerse a la determinación tomada, es precisamente cuando se liquiden las costas, y no, cuando solo había una condena en abstracto. Es decir, lo opuesto a lo que
pasando por alto que la Corte Suprema de Justicia determinó que «el momento oportuno para oponerse a la determinación tomada, es precisamente cuando se liquiden las costas, y no, cuando solo había una condena en abstracto. Es decir, lo opuesto a lo que dice la juez y el Tribunal en la sentencia ahora atacada en apelaci ón y por lo que niega el estudio de fondo del perjuicio causado (…)».
36. Asimismo, afirmó que desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual , en los eventos en los que se pretende la indemnización de perjuicios por error judicial , la caducidad debe contabilizarse, en principio, desde la ejecutoria de la providencia a la que se le endilga el yerro; no obstante, en los casos en los que el daño se produce o manifiesta con posterioridad a la providencia que le dio origen, «el término de dos años no puede contarse a partir de la ejecutoria de la decisión judicial acusada de ser la fuente del daño, sino desde que el afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta, dependiendo de las circunstancias del caso concreto».
37. Así las cosas, concluyó que, en el caso bajo estudio, la certeza del daño antijurídico sobrevino luego de la ejecutoria del auto que liquidó las costas; providencia en la que se determinó que había sido condenado injustamente al pago de $75.000.000 . Es decir, desde el 1 de octubre de 2019, fecha a partir de la cual, insistió, debió realizarse el conteo del término de caducidad.
38. Por otro lado, puso de presente algunas consideraciones expuestas por la Corte
desde el 1 de octubre de 2019, fecha a partir de la cual, insistió, debió realizarse el conteo del término de caducidad.
38. Por otro lado, puso de presente algunas consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia SU -167 de 2023 sobre el fenómeno jurídico procesal de la caducidad y otras generalidades respecto de la forma en la que debe contabilizarse el término para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda cuando se trata del medio de control de reparación directa.
39. Finalmente, adujo que la autoridad judicial accionada le impuso una exigencia que constituía un «imposible fáctico», en la medida en que el monto del «daño emergente y del lucro cesante » a reclamar sólo podía ser determinado cuando se realizara la liquidación de la condena en costas y reiteró que no existe ningún precedente jurisprudencial en el que la parte que obtuvo una decisión favorable a sus intereses hubiera resultado condenada en costas.
40. Revisado el expediente ordinario, la Sala advierte que a lo largo del proceso de reparación directa el señor Pedreros Buitrago ha insistido en que la providencia del 30 de enero de 2019, en virtud de la cual la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la condena en costas que le impuso el 28 de septiembre de 2018 el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, adolece de un yerro porque, pese a que el proceso ejecutivo fue definido a su favor, las mencionadas autoridades judiciales lo condenaron en costas injustamente.
41. Es más, fue sobre el anterior argumento que el demandante fundamentó la falla en
que el proceso ejecutivo fue definido a su favor, las mencionadas autoridades judiciales lo condenaron en costas injustamente.
41. Es más, fue sobre el anterior argumento que el demandante fundamentó la falla en el servicio por el error judicial que atribuyó a las autoridades judiciales demandadas en el proceso de reparación directa y, más aún, en el que sustentó el recurso de alzada que formuló contra la sentencia de primera instancia, pues su inconformidad estuvo siempre dirigida a cuestionar la supuesta improcedencia de una condena en costas en el marco de un proceso ejecutivo que, en su criterio, fue definido a su favor.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01558-00
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42. De modo que las autoridades judiciales accionadas debían como, en efecto , ocurrió, circunscribir el análisis jurídico probatorio a definir la controversia planteada por el demandante sobre el presunto error judicial contenido en la providencia que confirmó la imposición de una condena en costas en su contra, pues de ella devino el supuesto daño antijurídico cuya reparación reclamaba.
43. Así, como la fuente del daño alegado por el demandante fue la providencia proferida el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud de la cual se confirmó una condena en costas impuesta contra el demandante, tanto el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá como el Tribunal Administrativo de
proferida el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud de la cual se confirmó una condena en costas impuesta contra el demandante, tanto el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contabilizaron la caducidad del medio de control desde la ejecutoria de la referida providencia. Análisis que, de entrada, la Sala encuentra adecuado, razonable, proporcional y congruente con la controversia analizada.
44. Para las autoridades judiciales accionadas , la oportunidad para cuestionar la providencia del 30 de enero de 2019 fenecía el 26 de mayo de 2021 8; no obstante, la solicitud de conciliación se presentó el 11 de agosto de 2021 y la demanda el 12 de octubre siguiente, es decir, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad.
45. Sin embargo, el señor Pedreros Buitrago insiste en que en el caso en concreto el daño se manifestó con posterioridad a la expedición y ejecutoria de la providencia que lo generó, porque la certeza sobre el monto del «daño emergente y del lucro cesante » a reclamar sobrevino únicamente cuando se liquidaron las cosas y conoció el monto exacto de la condena, por lo que, a su juicio , el término de caducidad debía contabilizarse a partir de la ejecutoria del auto que liquidó la condena impuesta.
46. En este punto, la Sala advierte que el anterior es un argumento que fue ampliamente reiterado por el demandante en el curso del proceso de reparación directa y que, de hecho, constituyó uno de los puntos del recurso de apelación contra la
46. En este punto, la Sala advierte que el anterior es un argumento que fue ampliamente reiterado por el demandante en el curso del proceso de reparación directa y que, de hecho, constituyó uno de los puntos del recurso de apelación contra la sentencia profer ida el 5 de diciembre de 2023, por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, sobre el cua l, valga mencionar, razonó suficientemente la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:
Para la Sala, no son de recibo los argumentos expuestos por el apelante, pues desde el momento en que quedaron ejecutoriadas las decisiones del 28 de septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito y del 30 de enero de 2019 por el Tribunal de Bogotá- Sala Laboral dentro del expediente con radicado No. 2009-00245, el accionante tuvo conoci
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