CE - Sentencia 11001031500020250157600
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250157600
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: JAIRO ALBEIRO GUZMÁN VARGAS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de procedibilidad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por el señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas, actuando mediante apoderado, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 18 de marzo de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué y de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a administración de justicia. Hechos relevantes 2. El señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener lo siguiente: “1). Fallo disciplinario de primera instancia, Proferido por el Jefe de la Oficina de Control Interno
relevantes 2. El señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener lo siguiente: “1). Fallo disciplinario de primera instancia, Proferido por el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Tolima del 07 de septiembre de 2020, bajo el radicado número, (SIJUR DETOL-2017-70), que le impuso al accionante la sanción de Destitución e Inhabilidad General, por el término de diez años y la exclusión del escalafón de carrera.
1 Que ingresó para fallo el 1° de abril de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) 2
2). Fallo disciplinario de segunda instancia del 05 de noviembre del año (2020) dos mil veinte, proferido por el Inspector Delegado de Región de Policía No. 02, el cual confirmó el fallo de primera Instancia. 3). Que se deje sin valor y sin efecto, la resolución No. 00071 del 12 de enero del 2021, notificada el 19 de enero de 2021. En donde dicha resolución ejecuta la sanción disciplinaria Impuesta y confirmada en segunda instancia, en donde el jefe de control interno Disciplinario del Departamento de Policía del Tolima (DETOL), le impuso al accionante el señor, Jairo Albeiro Guzmán Vargas, la sanción de Destitución e Inhabilidad General por el termino de (10) diez años, para ejercer la función pública y lo excluye del escalafón de carrera. 4). Como consecuencia de la Nulidad de los Actos anteriores y de la revocatoria de la resolución de la sanción ejecutada, se le ordene a la Policía Nacional Reincorporar al accionante al Cuerpo de policía, disponiéndole al mismo a su ascenso que tiene Derecho nivelándolo, al mismo rango de sus compañeros de promoción del nivel ejecutivo del año dos mil diecinueve (2019), que a la fecha los mismos ostentan el grado de intendente. 5). Que se ordene, en la liquidación de la sentencia con el mismo sueldo devengado por sus compañeros de promoción del nivel ejecutivo del año (2019), con todos los valores que corresponden en equivalencia a salarios, prestaciones sociales, cesantías, vacaciones, primas legales y extralegales de forma indexada con los incrementos de ley, como si hubiese existido resolución de continuidad. 6). Que se declare por parte del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para todos los efectos legales, que no ha existido resolución de continuidad, en la prestación de los servicios por parte
de forma indexada con los incrementos de ley, como si hubiese existido resolución de continuidad. 6). Que se declare por parte del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para todos los efectos legales, que no ha existido resolución de continuidad, en la prestación de los servicios por parte del demandante y que se indemnicen los perjuicios morales ocasionados al accionante, por cuando se ha visto afectado su buen nombre y su vida familiar como consecuencia del retiro de la policía Nacional, el apoderado del demandante estima la cuantía en: 100 S.M.M.L.V. (Cien Salarios Mininos Legales Vigentes). 7). Que se le reconozca por parte de la Nación, Min Defensa, Policía Nacional, el pago gastos y costas procesales, así como las agencias en Derecho”. 3. El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué que, por medio de sentencia del 11 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda por considerar que las actuaciones realizadas durante el proceso disciplinario se ajustan a la realidad fáctica y probatoria de los hechos “en cuanto que al disciplinable se le respetó su derecho constitucional al debido proceso, a la defensa y contradicción [y] el material probatorio aportado se encuentra ajustado a los principios que rigen la teoría general de la prueba, en efecto la defensa del accionante, al no haber podido demostrar las irregularidades aducidas, la presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados se mantiene incólume”. 4. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó apelación, recurso que correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima
que, a través de providencia del 27 de febrero de 2025, confirmó lo fallado en primera instancia.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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Pretensiones 5. Solicita la parte accionante lo siguiente: “Solicito Comedidamente a la respetable sala el amparo Constitucional de sus derechos fundamentales del debido proceso derecho de defensa y contradicción y acceso a la administración de justicia y como consecuencia de este se digne dejar sin valor y sin efecto los fallos disciplinarios: 1.1.- Fallo disciplinario de Primera Instancia del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Tolima de 7 de septiembre de 2020, Rad # SIJUR DETOL-2017-70, que impuso la sanción destitución e inhabilidad general por el termino de diez (10) años y la exclusión del escalafón de carrera. 1.2.- Fallo disciplinario Segunda instancia de fecha 5 de noviembre de 2020, Del Inspector Delegado Región de Policía No. 2, confirma el Fallo de primera instancia. 1.3.- El fallo de primera instancia del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué 1.4.- y el fallo de segunda instancia del Tribunal administrativo del Tolima en los dos últimos declarando que no hay lugar a costas. Al conceder el amparo constitucional al ser este un recurso judicial efectivo, rugo conceda a mi cliente una protección judicial, la que ruego no debe limitarse estrictamente a lo solicitado, sino que se digne fijar el alcance real de los derechos fundamentales vulnerados para con su decisión lograr la efectiva protección de todos sus derechos fundamentales que se han violado en consecuencia proceder a emitir ordenes como dispone la constitución respeten el debido proceso derecho de defensa y acceso a la administración de justicia
Invoco para el amparo lo determinado en la sentencia STL3903-2020 en la que se indica que en el procedimiento constitucional debe constatar si se ha garantizado a las partes : (i) el respeto por el debido proceso, (ii) la debida aplicación para las partes de los recursos judiciales, dejando sin valor las restricciones irrazonables y desproporcionadas; (iii) la celeridad en la notificación de éstas del trámite; (iv) y el deber de proferir una decisión para los afectados de fondo, motivada y oportuna, y (v) la eliminación de todo tipo de barreras que nieguen a las partes el acceso al sistema de justicia; logrando con ello (vi) la efectividad de los mecanismos de defensa y contradicción para la protección real y material de los derechos fundamentales que consagra la C. Pol si encuentra ello al violar derechos fundamentales que consagra el art. 229 C.P. del Derecho al trabajo y desarrolla la Sent. C-212-22 y Art. 25 C.P. del Derecho a la salud art. 49 C.P. T-268-23. El derecho a la seguridad social T-043-19. 5 -El derecho a la defensa y contradicción art. 29 C.P: como dispone la C-162-21 aplicable a los procesos sancionatorios”. (sic en toda la cita) Fundamentos de la demanda de tutela 6. La parte demandante alegó una falsa motivación relacionada, entre otras, con la ausencia de la conducta. Aduce que en el disciplinario no se hizo una adecuación típica, no consta el análisis de la ilicitud sustancial y en el juicio de reproche para acreditar la culpabilidad
no se hizo una adecuada valoración probatoria “lo que el precedente llama falta a aplicar el control judicial integral del que son susceptibles los actos administrativos disciplinarios”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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7. Adujo que con las providencias enjuiciadas se incurrió en un desconocimiento del precedente fijado en la sentencia T-699 de 2002, el cual señala que “a los jueces de tutela les asiste el deber de decretar y practicar pruebas de oficio cuando de la solicitud de amparo o de la lectura del expediente se observe que de los informes que alleguen los accionados no de practicaron debidamente las pruebas o no obren suficientes elementos de juicio para decidir el asunto sometido a su consideración, por cuanto la labor constitucional encomendada es precisamente la protección efectiva de los derechos fundamentales”. 8. De igual modo, señala que se desconoció el precedente sentado en la sentencia C-495 de 2019, pues “la administración y los jueces violaron los mandatos de la Corte lo hicieron en cuanto el funcionario sancionador, siempre dio por hecho era que se daba la culpabilidad del investigado violando lo determinado en ese nuevo precedente donde la Corte determinó que toda duda razonable debe fallarse a favor del investigado, porque eso es lo que resulta cuando del examen probatorio no es posible tener convicción racional respecto de los elementos de la responsabilidad y, por lo tanto, no se cuenta con las pruebas requeridas para proferir una decisión de fondo por cuanto los accionados desconocieron el respeto al derecho a un debido proceso y a los principios en él incorporados, como lo son el de la legalidad, la buena fe y la favorabilidad, entre otros. Con estos fallos se desconoció la eficacia, la publicidad, la permanencia y la celeridad”. Trámite en primera instancia 9. Por medio de auto del 20 de marzo de 2025
se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional como accionados. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Intervenciones 10. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional sostuvo que las pretensiones invocadas no están llamadas a prosperar, en tanto la decisión adoptada por la Policía Nacional en el marco del proceso disciplinario observó formal y materialmente las normas y la ritualidad procesal, desvirtuando de esta manera la presunción de inocencia del accionado. 11. Indicó que el disciplinado, hoy accionante, incurrió en una transgresión a su deber legal y reglamentario al actuar de manera contraria a las funciones y calidad de servidor público que ostentaba para la fecha de marras, pues con su actuar “transgredió la ley disciplinaria” y en consecuencia se le impuso la sanción disciplinaria consistente en la destitución e inhabilidad general por el término de 10 años y la exclusión del escalafón de carrera, es decir, “que esta decisión fue soportada en los medios de prueba obrantes en el plenario los cuales no fueron desvirtuados por el disciplinado durante las etapas procesales correspondientes”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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12. Finalmente expuso que en el presente asunto no se está ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e injustificada, donde se amerite la procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas por el accionante, máxime cuando se debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional siendo las idóneas para resolver la litis propuesta en la presente acción y por lo mismo genera su improcedencia, teniendo en cuenta que ésta es un mecanismo de protección subsidiario. 13. Las demás partes guardaron silencio. II. C O N S I D E R A C I O N E S 14. De conformidad con lo expuesto, la Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la presente acción por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. 15. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces2. 16. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber3: i) Que el actor cumpla su carga argumentativa
de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. 17. En el asunto bajo estudio, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción de tutela con el propósito de que se estudien aspectos que fueron transversales no solo al proceso judicial en el que se expidieron las decisiones judiciales objeto de cuestionamiento, sino también de los fallos expedidos por el operador disciplinario. En efecto, en la demanda de tutela la parte interesada (i) sostiene que las autoridades disciplinarias y judiciales no realizaron una valoración 2 Sentencia T–422 de 2018. 3 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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completa del material probatorio obrante en el expediente, además omitieron decretar pruebas que fueron expresamente solicitadas por la defensa y que eran esenciales para esclarecer los hechos; (ii) estima que la responsabilidad disciplinaria del actor no fue demostrada con certeza, ya que no existe evidencia directa de que haya sustraído o extraviado las armas, por lo que la duda razonable debe resolverse a favor del investigado; y (iii) afirma que según el acta núm. 0007 del 12 de febrero de 2016 existía una distribución de responsabilidades entre varios mandos policiales respecto al control, custodia y seguridad del armamento incautado. Sin embargo, solo el tutelante fue investigado y sancionado lo cual implicaría una atribución selectiva y arbitraria de la responsabilidad. 18. Además, (iv) alega que existía una imposibilidad física de controlar las armas al estar encargado de otras funciones y estar ausente durante las vacaciones; tampoco se analizó la denuncia formulada por actor en la que señalaba con nombre propio a un tercero como responsable de la extracción de las armas mientras él estaba ausente, como también se omitió la práctica de testimonios importantes que revelan que “el Intendente Pérez, fue señalado directamente como quien sacó las armas del sitio donde estaban guardadas; se omitió el estudio de los libros o minutas policiales que permiten rastrear la salida y entrada de armamento y personal y la trazabilidad de las armas”. 19. No obstante, para la Sala estos aspectos ya fueron analizados y resueltos de manera razonada tanto por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué como
por el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencias del 11 de julio de 2023 y 27 de febrero de 2025, respectivamente, en las cuales quedó en pie que el actor incurrió en la falta endilgada, “la cual dio lugar con su actitud pasiva a la pérdida del armamento incautado puesto a su disposición, sin que se evidencie que dentro de la actuación disciplinaria se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la defensa o la presunción de inocencia”. 20. Frente a ello, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, por medio de sentencia del 11 de julio de 2023, dictó sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas y resolvió: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS en esta instancia a la parte actora, para tal efecto fíjese como agencias en derecho la suma correspondiente al 4% de lo pedido”. 21. Como fundamento de su decisión, el Juzgado expuso lo siguiente: “Así pues, debe indicarse, que con base en las pruebas aducidas, está establecido que el señor subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas se desempeñó como coordinador de armamento de la estación de policía de Melgar durante gran parte del período de ocurrencia de los hechos (12 de febrero de 2016 al 7 de febrero de 2017), exceptuándose el lapsoRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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comprendido entre el 4 de abril de 2016 hasta finales de ese mes o comienzos del siguiente. En este orden de ideas, se advierte que de acuerdo con acta No. 000110 DITREESMEL2-25, el día 4 de abril de 2016, se hizo entrega del cargo de coordinador de armamento de la estación de policía de Melgar por parte del SI. Jairo Albeiro Guzmán Vargas al SI. Torres Lozano Arbith, quien en su declaración manifestó que estuvo por un día a cargo del mismo, habiéndole hecho entrega al intendente Manuel Hernández, el 5 ó 6 de abril de 2016. Efectivamente, está acreditado que durante el período de vacaciones del demandante, estuvo encargado el intendente Manuel Antonio Hernández Montes, quien refiere que desempeñó el cargo en el mes de abril de 2016, desde el 4 de dicho mes hasta finales del mismo, habiéndoselo recibido al subintendente Arbith Torres y entregándoselo al intendente Jefe Cristián Humberto Ávila. En este sentido, Manuel Antonio Hernández Montes afirma que el Intendente Jefe Ávila duró poco tiempo como coordinador de armamento, habiendo regresado a desempeñar esa responsabilidad el subintendente Jairo Guzmán Vargas […]. Igualmente, obra declaración efectuada por el Intendente Jefe Cristián Humberto Ávila Lara, quien señaló que realizaba los relevos al subintendente Guzmán Vargas cuando el mismo se encontraba disfrutando de los períodos de franquicia, pero que la responsabilidad principal con respecto al cuidado y custodia del armamento incautado correspondía al disciplinado. […]. En resumen, está demostrado
que el subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas estuvo a cargo del armamento de la Estación de Policía de Melgar, durante gran parte del lapso comprendido entre el 12 de febrero de 2016 hasta el 7 de febrero de 2017, -exceptuándose básicamente gran parte del mes de abril hasta el 5 de mayo de 2016 cuando refiere haber regresado de vacaciones-, siendo el principal responsable del cuidado y vigilancia de dichos elementos. […]”. 22. En ese sentido, en la decisión de primera instancia se estableció que no estaba demostrado que la declaración rendida por el señor Maykol Iván Muñoz Roa –testimonio que el accionante alega como no valorado por el juez de lo contencioso administrativo– podía inferirse que el subintendente Rafael Humberto Pérez Alarcón se hubiese llevado las ocho armas extraviadas, toda vez que no indicó cuántas armas fueron sustraídas ni la relación de estas. Al contrario, lo único a lo que hizo referencia fue “a que un día (no recuerda exactamente cuál) dicho policial se hizo presente con el objeto de llevarse armas que estaban a cargo de la SIJIN, utilizando para ello un listado el cual se desconoce”. 23. Adicional a ello, en el proceso ordinario se encontró probado que el 2 de agosto de 2016 el subintendente Rafael Humberto Pérez Alarcón se presentó en la estación de policía de Melgar donde el subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas entregó las 37 armas (y sus proveedores) que se encontraban asignados a la SIJIN. Hechos que fueron demostrados de forma documental “al haber hecho entrega del armamento recogido ante su
superior, el Capitán Gilberto Cruz Barrero, Jefe Seccional de Investigación Criminal Tolima, sin que dentro del mismo se encuentren las armas extraviadas”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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24. De igual modo, en cuanto a la afirmación hecha por el accionante relacionada con que “el día que se llevaron las armas no se encontraba presente”, el Juzgado accionado valoró lo consignado en la minuta de servicios de la estación de policía de Melgar, la cual corrobora que ese día el subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas “estaba laborando como armerillo”, situación que fue corroborada por la declaración testimonial del señor Pérez Alarcón. 25. Con fundamento en lo descrito, el juez de primera instancia concluyó que la valoración probatoria efectuada dentro de los actos administrativos atacados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dista mucho de ser arbitraria o caprichosa, sino que existían serios elementos de juicio para estimar que las armas extraviadas no fueron sustraídas por el subintendente Pérez Alarcón, como lo aseveró el accionante y que, aún si dicha afirmación fuese cierta, la sanción disciplinaria impuesta contra el señor Guzmán Vargas obedeció a su actuar negligente que afectó el deber funcional sin justificación. 26. Sobre ello, sostuvo el Juzgado: “No obstante, debe tenerse en cuenta que dentro del proceso disciplinario cuestionado, -y esto resulta esencialal señor subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas no se le sancionó porque supuestamente el SI. Rafael Pérez Alarcón se llevara las armas el día 2 de agosto de 2016, sino porque en su condición de jefe de armamento de la estación Melgar de Policía, su actuar como custodio del armamento incautado
fue negligente y afectó el deber funcional sin justificación alguna, habida cuenta que pese a estar a cargo de la conservación y vigilancia de las armas de fuego incautadas, no fue diligente en el cuidado de éstas, a tal punto que nunca fue consciente de su extravío, hasta tanto se realizó revista física el 7 de febrero de 2017, la cual fuere plasmada en el acta 0014-REGIN-SIJIN-2.25 de esa fecha. Es decir, si efectivamente el armamento extraviado hubiese sido sustraído por Pérez Alarcón, -lo que por otra parte está totalmente indemostrado-, ello no cambiaría en nada la situación disciplinaria del accionante, comoquiera que el mismo era el encargado de velar por la custodia de dichas armas, por lo que su actitud omisiva fue sumamente descuidada y gravosa, dado que no se percató del faltante de las armas hasta febrero de 2017, 7 meses después de la hipotética ocurrencia de los hechos. A lo sumo, esta situación podría comprometer disciplinariamente al subintendente Rafal Pérez por llevarse indebidamente las armas, pero ello no revelaría al actor de la responsabilidad disciplinaria que le atañe, al no haber adoptado las medidas pertinentes para el cuidado del armamento puesto a su disposición. En efecto, no se demostró que el señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas en su calidad de jefe de armamento de la estación Melgar de Policía hubiese realizado las acciones correspondientes para velar por la integridad y el cuidado del armamento incautado, puesto que no se probó que hubiese efectuado
revistas físicas permanentes ni inventarios documentales del armamento, tampoco se probó que hubiese realizado solicitudes de reasignación del armamento dado en depósito o que hubiese solicitado a los despachos judiciales pertinentes dar de baja las armas de fuego incautadas”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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27. Así las cosas, se tiene entonces que cada uno de los argumentos que fundamentan la acción de tutela de la referencia ya fueron materia de estudio en el decurso del proceso judicial, tal como lo revela la sustentación del recurso de alzada contra la providencia de primera instancia, apelación en la cual se plantean las mismas inconformidades que hoy se traen ante el juez constitucional, a saber [transcripción literal]: “[…] Desacata el A Quo el precedente de la Corte Constitucional corroborado en la sentencia C-244 de 1996, al referirse a la imposibilidad de probar la entidad que el juez no entienda que la carga probatoria, es decir contrario a lo dicho por la entidad que que tampoco existe prueba Resaltado de la parte resolutiva del fallo disciplinario que la carga de la prueba corre a cargo de la entidad textualmente dijo la corte aspecto desacatado por el a quo y reiterado entre otras en la sentencia T-799/11 -283/13 y otras muchas donde se dijo: “Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que, en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado. Es esta apelación en la que ruego al AdQuem o en vía de tutela ante la negación del derecho a acceder a la administración
de quien adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado. Es esta apelación en la que ruego al AdQuem o en vía de tutela ante la negación del derecho a acceder a la administración de justicia a la que deberé acudir para que se emita un fallo en derecho. Y repito el a quo desacata con este fallo la jurisprudencia constitucional porque el A quo ha incurrido en su obligación y negado el derecho correlativo, de mi mandante que tiene fundamento además de las normas nacionales en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, conforman el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política. Por tanto, para satisfacer el derecho a la administración de justicia, no basta con que en los procesos se emitan decisiones definitivas en las cuales se resuelvan controversias y se ordene la protección a los derechos de las partes, ya que es preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, y que se protejan efectivamente los derechos. Es demasiado protuberante que existiendo esa consideración dada por la entidad que ..Pues si bien es cierto para el despacho es CLARO QUE NO EXISTE PRUEBA que Guzmán hubiera Ocultado, o se hubiera apropiado de las armas que hoy faltan no es Menos cierto QUE TAMPOCO EXISTE PRUEBA que demuestre que otro funcionario lo hubiera hecho de lo anterior se entiende que
contra el precedente y normas vigentes lo que aplica la entidad y no ve el fallador es que aplican la presunción de responsabilidad esto es presumir que están probados todos los elementos necesarios para condenar por el solo hecho que las armas no están y no se sabe quién se las apropió.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00 Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Referencia: Acción de tu
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