CE - Sentencia 11001031500020250159400

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250159400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00

Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00

Demandante: JUAN CARLOS BETANCUR TABARES

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No se puede asumir de manera indeterminada la representación de grupos poblacionales por vía de tutela ; en este caso, el demandante carece de legitimación para representar a los ciudadanos de Medellín. De hecho, tampoco acreditó la calidad de representante de algún partido o movimiento político de oposición, por lo que no puede actuar en su nombre.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Carlos Betancur Tabares contra la Presidencia de la República.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 18 de marzo de 2025, el señor Juan Carlos Betancur Tabares , en su

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 18 de marzo de 2025, el señor Juan Carlos Betancur Tabares , en su nombre e invocando la calidad de «representante de los ciudadanos de la ciudad de Medellín», interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, para que le sean protegidos «todos» sus derechos fundamentales, en especial, el derecho a la igualdad. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):

(…)

3. Que se ordene al presidente de la República y/o a quien haga sus veces que se expida un decreto igual al decretado (sic) 0302 de marzo del 2025, para definir el día cívico del 18 de marzo del 2025, para que este nuevo día cívico, sea para las marchas de la oposición.

4. Que se ordene a la presidencia de la República y/o quien haga sus veces destinar un día martes dentro de los próximos 60 días para definir fecha y los permisos de marcha.

5. Que se ordene, que la persona que definirá el día solicitado sea definida por el presentador de la presente tutela, quien estará apoyado por un grupo de ciudadanos de la llamada oposición.

2. Como fundamento, expuso que el presidente de la República expidió el Decreto 302 de 2025, a través del cual declaró como «día cívico para la participación ciudadana», el 18 de marzo de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00

Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares

ciudadana», el 18 de marzo de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00

Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares

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3. Consideró que «la oposición debe tener el mismo derecho a controvertir lo que el gobierno ha hecho, esto sería la aplicación del derecho universal de la igualdad».

En esa medida, manifestó la necesidad de que el gobierno «permita que la oposición designe un día que también se defina como día cívico, con igualdad de garantías para todos y que se permite que todos los que no salieron en la marcha del 18 de marzo, puedan salir ese día, marchar y expresar su sentir respecto a las cosas que están en contra de sus convicciones sociales, religiosas, políticas, económicas y generales, porque éstas afectarían el libre discurrir de la sociedad y el futuro que se pretende cambiar».

B. Trámite impartido e intervenciones

4. Mediante auto del 25 de marzo de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a l Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda y se negó el decreto de la inspección judicial a los archivos ubicados en la Casa de Nariño, solicitada por el accionante.

5. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que se negara el amparo reclamado, por cuanto no se acreditó una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales del demandante , en tanto «no se

accionante.

5. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que se negara el amparo reclamado, por cuanto no se acreditó una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales del demandante , en tanto «no se evidencia que la ausencia de un día cívico le haya impedido al accionante o a la oposición realizar las manifestaciones que hayan considerado necesarias para expresar sus ideas y posiciones».

6. Agregó que el gobierno ha garantizado la realización de marchas convocadas por la oposición, como la del 23 de noviembre de 2024 ; además, el decreto del día cívico no indicó que fuera obligatoria la asistencia y, en todo caso, «el accionante no señala que él o movimientos de oposición tengan una manifestación específicamente programada sobre la cual se deba expedir un decreto . Por lo que imponer un día cívico para una marcha de la oposición sería, en efecto, obligarles a ejercer su derecho en un momento específico, lo que constituiría una intervención indebida en su libertad de organización y expresión».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

7. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

8. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos de procedencia de la

de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

8. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos de procedencia de la acción de tutela, especialmente el atinente a la legitimación en la causa . Sólo en elRadicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00

Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si se presentó la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

E. Análisis de la Sala: legitimación en la causa por activa

9. El artículo 86 de la C onstitución Política dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , ante su vulneración o amenaza por la acc ión u omisión de cualquier autoridad

10. El Decreto 2591 de 1991 reglamentó dicha acción constitucional. En el artículo primero contempló la titularidad de la acción de tutela en cabeza de toda persona que pretenda reclamar la protección inmediat a de sus derechos fundamentales . El artículo 10, a su turno, prevé que la acción podrá ser ejercida «por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales », por sí misma o a través de representante o agente oficioso, y por el Defensor del Pueblo y

los Personeros Municipales.

11. La agencia oficiosa procede cuando el titular no esté en condiciones para defenderse por sí mismo . E xige que se manifieste en la demanda la calidad de

los Personeros Municipales.

11. La agencia oficiosa procede cuando el titular no esté en condiciones para defenderse por sí mismo . E xige que se manifieste en la demanda la calidad de agente oficioso en la que se actúa y que se demuestre la imposibilidad de la persona agenciada para ejercer su defensa.

12. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «estos requisitos son un medio para evitar que se aproveche el nombre de otra persona para provocar decisiones judiciales con intereses reales distintos o contra la voluntad del verdadero titular de los derechos que se invocan»1.

13. En sentencia T -292 de 2021 2, el Alto Tribunal en materia constitucional

precisó que:

Una lectura armónica del artículo 86 de la Constitución Política y del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 permite establecer que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su nombre. Sobre esta última posibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que quien actúa en nombre de otro puede hacerlo como (i) representante legal del titular de los derechos, (ii) apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o personero municipal. La calidad en la que se actúa a nombre de otro se debe manifestar expresamente en el escrito de tutela y exige acreditar el cumplimiento de unos requisitos mínimos previstos por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional.

14. En el asunto que se analiza, el accionante adujo que actuaba en su nombre y en representación de los ciudadanos de Medellín ; además, refirió la necesidad de

y la jurisprudencia constitucional.

14. En el asunto que se analiza, el accionante adujo que actuaba en su nombre y en representación de los ciudadanos de Medellín ; además, refirió la necesidad de acceder al amparo deprecado para que la «oposición» tenga el mismo derecho a controvertir la gestión del primer mandatario, bajo el entendido de que «el gobierno como la oposición tienen los mismos derechos».

1 Sentencia T-190 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González. 2 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00

Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares

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15. Como primera medida, se observa que el interesado no está facultado para actuar en nombre de los ciudadanos de Medellín, en tanto no ejerce la representación legal de esa colectividad , ni actúa como su apoderado o agente oficioso. Recuérdese, en este punto, que « el derecho para cuya protección se interpone la acción debe ser un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona»3.

16. Atribuirse la facultad de representar a la ciudadanía de Medellín desconoce la naturaleza propia de la acción de tutela, que fue concebida para la protección de los derechos fundamentales propios, sin que pueda asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación de otras personas. Tampoco es factible entender que la informalidad propia de este mecanismo de protección constitucional permite pasar por alto requisitos mínimos de procedibilidad como la legitimación en

indeterminada o ilimitada la representación de otras personas. Tampoco es factible entender que la informalidad propia de este mecanismo de protección constitucional permite pasar por alto requisitos mínimos de procedibilidad como la legitimación en la causa por activa4.

17. Una lectura integral de la demanda deja entrever, además, la calidad que se arroga el accionante de representante de la oposición.

18. Al respecto, resulta menester indicar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1125 Constitucional y en la Ley Estatutaria 1909 de 2018 6, la oposición, en materia política, hace referencia a los partidos y movimientos políticos que , expresamente y de manera pública , manifiesten su decisión de declararse en oposición al gobierno de turno . La declaración de oposición debe hacerse ante el

Consejo Nacional Electoral.

19. También existe la posibilidad de que las organizaciones políticas se declaren independientes, lo que significa que no hacen parte de la oposición ni de la coalición del Gobierno.

3 Corte Constitucional. Sentencias SU-173 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-799 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-278 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013, reiterada en la sentencia T-020 de 2016. 5 Artículo 112. «Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas» (…)». 6 Ley 1909 de 2018:

oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas» (…)». 6 Ley 1909 de 2018: Artículo 2. Definiciones. «Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. (…) Por réplica se entiende el derecho que les asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder y controvertir declaracion es que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley.». Artículo 7. Niveles territoriales de oposición política. «Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de Gobierno de que trata el artículo 2º de esta ley». Artículo 9. Registro y publicidad. «La declaración política o su modificación, deberá registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante la Registraduría Distrital o Municipal según corresponda, quienes deberán remitirla de manera oportuna a aquella, para su respect iva inscripción en el registro único de partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos previstos en esta ley. La Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las respectivas declaraciones o modificaciones».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00

Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares

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Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

20. Según el artículo 10 de dicho Estatuto, «para el ejercicio de los derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, a las autoridades territoriales y nacionales que definan sus estatutos».

21. En sentencia C-018 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo , la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 y aclaró que , aun cuando los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos pueden manifestarse y actuar políticamente, el derecho a la oposición está reservado a los partidos políticos y movimientos con personería jurídica, conforme a lo establecido en el artículo 112 Superior, «en atención a las implicaciones especiales de algunos de los derechos de las organizaciones políticas que se encuentran en oposición (…) por ejemplo la posibilidad de usar los medios de comunicación social del Estado así como en los que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones, o ejercer el derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación».

22. Con fundamento en el anterior razonamiento, se declaró la inexequibilidad de algunas expresiones contenidas en el texto original de la Ley Estatutaria, que hacían referencia a grupos significativos de ciudadanos, agrupaciones políticas y movimientos con representación en las corporaciones públicas de elección popular,

algunas expresiones contenidas en el texto original de la Ley Estatutaria, que hacían referencia a grupos significativos de ciudadanos, agrupaciones políticas y movimientos con representación en las corporaciones públicas de elección popular, dentro de la definición de organizaciones políticas.

23. En el caso concreto, el señor Juan Carlos Betancur Tabares no acreditó su calidad de representante de algún partido o movimiento político de oposición, debidamente reconocido por la Autoridad Electoral; luego, es claro que no se encuentra habilitado para actuar en nombre de la oposición.

24. Lo anterior n o implica que el accionante no pueda ejercer control del poder político o reunirse y manifestarse pública y pacíficamente , pues tales prerrogativas constituyen derechos , de raigambre fundamental , par a todos los ciudadanos en Colombia (art. 37 y 40 de la Constitución Política).

25. Sobre esto último, advierte la Sala que, al margen de la falta de legitimación del demandante para intervenir en nombre de la oposición o de la ciudadanía de Medellín, la demanda carece de los elementos mínimos para considerar la posible existencia de una vulneración a derechos fundamentales que amerite una orden como la que se solicita en el numeral tercero de las pretensiones, pues lo cierto es que no se acreditó que aquel —o incluso un representante de la oposición— hubiera elevado algún requerimiento a la autoridad demandada para desarrollar una jornada de protesta o manifestación pública de censura a las políticas del gobierno y que esta no hubiera sido atendida.

26. En esa medida, no se aprecia de qué manera podría configurarse la restricción de derechos que aduce el demandante, en especial, el de igualdad, cuando no hay

no hubiera sido atendida.

26. En esa medida, no se aprecia de qué manera podría configurarse la restricción de derechos que aduce el demandante, en especial, el de igualdad, cuando no hay evidencia del ejercicio del derecho de control del poder político por parte suya.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00

Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares

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27. Las consideraciones anotadas resultan suficientes para declarar improcedente la acción de tutela, debido a la falta de cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa.

28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Juan Carlos Betancur Tabares, por las consideraciones expuestas.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace

su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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