CE - Sentencia 11001031500020250159500

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250159500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01595-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: JAIME ENRIQUE NIÑO OJEDA

TESIS: SE DE NIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD

JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN UNA MORA JUDICIAL

INJUSTIFICADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META1 y su SECRETARÍA.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JAIME ENRIQUE NIÑO OJEDA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1 En adelante el Tribunal.2

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Actor: JAIME ENRIQUE NIÑO OJEDA

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de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

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de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL con ocasión a la presunta mora judicial injustificada en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 50001-23-33-000-2019-00470-00, por cuanto no se ha dictado sentencia de primera instancia.

I.2.- Hechos

Manifestó que laboró al servicio de la Rama Judicial por más de 35 años y como juez de la República desde el año 2001.

Indicó que el gobierno nacional a través de la Ley 4 de 1992 propuso una nivelación salarial del 30% del salario básico a los funcionarios y empleados del sector público la cual tuvo incidencia en los factores prestacionales de cesantías y pensión

Resaltó que el Consejo de Estado declaró la nulidad de varios de los decretos que reglamentaban la ley por desmejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la Rama Judicial.3

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Adujo que, a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

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Adujo que, a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL con la finalidad de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto emanado del silencio administrativo negativo al no decidirse sobre el reconocimiento de sus salarios y prestaciones sociales.

Puso de presente que el 28 de septiembre de 2022 se admitió la demanda, se notificó la providencia y se corrió traslado de las excepciones, no obstante, tres años después de haber radicado la demanda y de haber solicitado que se dictara sentencia, el proceso continúa al Despacho sin que se haya emitido pronunciamiento alguno.

Advirtió que el 20 de junio de 2024 el proceso ingresó al Despacho y hasta la fecha no se ha realizado pronunciamiento alguno sobre el mismo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud4

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Mencionó que la autoridad judicial accionada incurrió en una mora judicial injustificada, comoquiera que el citado medio de control se radicó hace más de seis años y se encuentra al Despacho para dictar sentencia, además, alegó que el Consejo de Estado ya cuenta con

judicial injustificada, comoquiera que el citado medio de control se radicó hace más de seis años y se encuentra al Despacho para dictar sentencia, además, alegó que el Consejo de Estado ya cuenta con una postura reiterada sobre el presente asunto en particular.

Señaló que se debe tener en cuenta que es una persona de la tercera edad, quien cuenta con una enfermedad que lo hace insulino dependiente y, por lo tanto, le asiste el derecho de conocer sobre el reconocimiento de sus derechos.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRETENSIONES.

Solicito de forma respetuosa, a esa Honorable Corporación, se ordene a la Accionada, para que en el improrrogable término de 48 horas, proceda a decidir, lo que en derecho corresponda, y sea reconvenida para que en lo sucesivo no vuelva a incurrir, en acciones, que violan los derechos, que hoy se reclaman sean protegidos, como el acceso a la justicia, o tutela judicial efectiva de derechos fundamentales, debido proceso y el respeto del término razonable para decidir […]”.

I.5.- Defensa5

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I.5.1.- La SECRETARÍA del TRIBUNAL manifestó que la demanda fue presentada el 3 de diciembre de 2019, correspondiéndole por

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I.5.1.- La SECRETARÍA del TRIBUNAL manifestó que la demanda fue presentada el 3 de diciembre de 2019, correspondiéndole por reparto al Magistrado CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO.

Agregó que mediante auto de 12 de febrero de 2020 se declaró que los magistrados del TRIBUNAL se encontraban impedidos para conocer del asunto, impedimento que fue declarado fundado por el Consejo de Estado mediante auto de 11 de febrero de 2021 y devuelto al TRIBUNAL para el sorteo de conjueces correspondiente.

Puso de presente que, de acuerdo con el sorteo celebrado el 7 de junio de 2022 , se designó como conjuez ponente a la doctora SANDRA PATRICIA MONTEJO GÓME Z y se ingresó al Despacho para ser admitido el 19 de septiembre del mismo año.

Manifestó que el 17 de mayo de 2024 se realizó un nuevo sorteo de conjueces por cuanto el conjuez que conformaba la sala de decisión ya no hacía parte de la lista vigente para ese año, sorteo en el que se designó al doctor HILDEBRANDO SÁNCHEZ CAMACHO , y se ingresó el expediente al Despacho el 20 de junio de 2024.6

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Finalmente, indicó que conforme con el A cuerdo núm. PCSJA25Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Finalmente, indicó que conforme con el A cuerdo núm. PCSJA2512255 de 24 de enero de 2025 el Consejo Superior de la Judicatura adoptó unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos disponiendo la creación de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a donde fue remitido el presente proceso que actualmente se encuentra a cargo del Despacho Transitorio 602 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I.5.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE A DMINISTRACIÓN JUDICIAL, tercero con interés directo en las resultas del proceso, sostuvo que no es la llamada a responder por la decisión adoptada por el TRIBUNAL, por cuanto no le corresponde dejar sin efecto decisiones proferidas en trámites de procesos judiciales.

Advirtió que, por el contrario, es un órgano técnico que tiene a cargo la ejecución de actividades administrativas de la rama judicial y no tiene injerencia en la competencia de los jueces y magistrados, razón por la cual solicita se le desvincule del presente proceso por no haber intervenido en el mismo.7

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Finalmente, indicó que la presente acción no cumple con el principio

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Finalmente, indicó que la presente acción no cumple con el principio de subsidiariedad, en tanto, el accionante tuvo a su disposición la solicitud de vigilancia administrativa , medio que considera idóneo para exigir el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y, por ende, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

I.5.3.- La Sala Transitoria del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca , a través de su magistrado ponente, sostuvo que, si bien no fue vinculado dentro de la acción de tutela de la referencia, tuvo conocimiento de la presente acción a través de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta, quien remitió por correo electrónico el auto admisorio de la tutela y el escrito de la acción.

Señaló que, actualmente, el proceso se encuentra en estudio para determinar si se cumplen los requisitos para proferir sentencia anticipada, toda vez que el Acuerdo PCSJA25-12255 de 24 de enero de 2025 establece el cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024, en el sentido de que los procesos deben ingresar al despacho para fallo en estricto orden8

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cronológico, sin importar el distrito judicial administrativo que los remita.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como

2 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".9

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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META por la presunta mora judicial injustificada al no haberse proferido la sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con el número único de radicación 50001-23-33-000-2019-00470-00.

En primera medida, la Sala advierte que conforme a la contestación allegada por parte de la SECRETARÍA del Tribunal Administrativo del Meta se evidencia que actualmente el medio de control objeto de la presente solicitud de amparo se encuentra a cargo del DESPACHO TRANSITORIO 602 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, razón por la cual se deberá estudiar la presunta10

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cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.

Al respecto, la Corte5 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 6. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del

todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto

5 Ibidem. 6 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)».12

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que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:

  • Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
  • Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”7.

13.5. En la providencia T-230 de 20138, que abordó un caso de

encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”7.

13.5. En la providencia T-230 de 20138, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, l a acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional9.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega la protección constitucional10, en otros, (ii) ordena

7 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 8 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».

providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 8 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime». 9 «Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C -543 de 1992, en casos de mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio He rnández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)». 10 «Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Portounánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».13

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la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de especial protección y/o vulnerabilidad 11; y, en otros, (iii) dispone un amparo transitorio12.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394 de 201613, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394 de 201613, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y om isión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones procesales desarrolladas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número único de

11 «Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».

(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)». 12 «T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)». 13 «MP Gloria Stella Ortiz Delgado».14

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radicación 50001-23-33-000-2019-00470-00, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.

Según la información relacionada en consulta de procesos nacional unificada de la Rama Judicial y SAMAI, se tiene lo siguiente:

  • La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue radicada el 3 de diciembre de 2019, por el señor JAIME ENRIQUE NIÑO OJEDA, a través de apoderado, con el fin de que se declare la nulidad de l acto administrativo ficto emanado del silencio administrativo negativo al no decid ir la solicitud sobre el reconocimiento de sus salarios y prestaciones sociales como jue z de la República.
  • Conforme a las reglas de competencia le correspondió conocer del asunto al Magistrado CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO ; no obstante, mediante auto de sala del 12 de febrero de 2020 se declaró que los magistrados se encontr aban impedidos para conocer del asunto, impedimento que fue declarado fundado por

obstante, mediante auto de sala del 12 de febrero de 2020 se declaró que los magistrados se encontr aban impedidos para conocer del asunto, impedimento que fue declarado fundado por el Consejo de Estado el 11 de febrero de 2021 y, como15

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consecuencia de ello , se designó como conjuez a la doctora

SANDRA PATRICIA MONTEJO GÓMEZ.

  • El 19 de septiembre 2022 , el despacho sustanciador admitió la demanda y corrió traslado de las excepciones propuestas el 23 de enero de 2023.
  • Seguidamente, el 10 de abril de 2023 se registró el acta del sorteo de conjuez en el que se designaron a los doctores MARTHA CONSTANZA ACOSTA SALAS y JOSE IGNACIO OSORIO ROJAS como conjueces de la sala.
  • El 12 de enero de 20 24 el actor radicó solicitud de sentencia anticipada y el 28 de mayo del mismo año reiteró dicha petición.
  • Posteriormente, se ordenó nombrar un nuevo conjuez por cuanto, quien conformaba la sala de decisión no hacía parte de la lista de conjueces vigente para ese año.
  • El 7 de marzo de 2025, en virtud del Acuerdo núm. PCSJA2512255 de 24 de enero de 2025 se realizó la salida del proceso

conjueces vigente para ese año.

  • El 7 de marzo de 2025, en virtud del Acuerdo núm. PCSJA2512255 de 24 de enero de 2025 se realizó la salida del proceso siguiendo las medidas adoptadas por el Consejo S uperior de la16

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Judicatura y fue repartido al DESPACHO TRANSITORIO 602

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas mencionadas, la Sala observa que dentro del proceso con radicación 50001-23-33-000-2019-00470-00, que dio lugar a la acción de tutela de la referencia, no se evidencia mora judicial injustificada, toda vez que si bien no se ha dictado la sentencia, lo cierto es que se ha surtido el trámite correspondiente en el asunto, además que, como se expuso en líneas anteriores, se advierte que en el proceso se realizaron todas las actuaciones correspondientes al trámite de los impedimentos manifestados y, además, fue sometido a un nuevo reparto por orden del acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, correspondiéndole al DESPACHO TRANSITORIO 602

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

Sumado a lo anterior, la Sala no puede pasar por alto la congestión que enfrenta la Rama Judicial por alto el volumen de procesos de la

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

Sumado a lo anterior, la Sala no puede pasar por alto la congestión que enfrenta la Rama Judicial por alto el volumen de procesos de la cual no escapa la autoridad judicial accionada , razón por la cual si bien ha existido un retraso en el trámite del asunto se descarta la mora judicial injustificada.17

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Ahora, es importante resaltar que , precisamente, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA frente a la congestión que enfrenta la administración de justicia ha adopt ado medidas transitorias y permanentes de descongestión mediante los acuerdos núms. PCSJA22-12026 de 15 de diciembre de 202214, CSJANTA23-29 de 23 de febrero de 2023 15, PCSJA24-12194 de 5 de julio de 2024 16 y PCSJA25-12255 de 24 de enero de 2025 17, priorizando los procesos originados en las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por los servidores judiciales y otros servidores públicos con régimen similar, como es el caso del actor , garantizando así el acceso a la administración de justicia de las partes y el debido proceso.

Así las cosas , al haberse comprobado que no se incurrió en mora judicial injustificada, para la Sala se impone denegar el amparo

acceso a la administración de justicia de las partes y el debido proceso.

Así las cosas , al haberse comprobado que no se incurrió en mora judicial injustificada, para la Sala se impone denegar el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

14 “Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados administrativos del territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 15 “Por la cual se distribuyen algunos procesos, con ocasión de la creación de tres (3) despachos de magistrado en el Tribunal Administrativo de Antioquia de conformidad con el Acuerdo superior PCSJA2212026 de 15 de diciembre de 2022”. 16 “Por el cual se crean unos cargos transitorios en algunos tribunales, juzgados y dependencias de apoyo a nivel nacional”. 17 “Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional”.18

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Presidenta19

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Actor: JAIME ENRIQUE NIÑO OJEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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