CE - Sentencia 11001031500020250160400

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250160400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01604-00 Accionante: JONATHAN CASTILLO HURTADO Y OTROS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales// improcedencia por falta de relevancia constitucional al usar la tutela para reabrir debates probatorios ya concluidos. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTECEDENTES Escrito de tutela 1. Jhonatan Castillo Hurtado, Sara Patricia Hurtado Fajardo, Pedro Alfonso Castillo, Lorena Rojas Barrios, Bertha María Fajardo de Hurtado y Yimi Danilo Vásquez Hurtado, a través de apoderado judicial, promovieron acción de tutela contra la decisión judicial de 20 de agosto de 2024, notificada el 16 de septiembre del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual revocó la sentencia de 13 de septiembre de 2019, expedida por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali dentro del proceso de reparación directa identificado con el número 76-001-33-33-021-2018-00044-01. 2. Los actores sostuvieron que la decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues incurrió en un defecto fáctico y en uno sustantivo por desconocimiento del precedente. Lo anterior con base en los siguientes antecedentes procesales. 3. El 31 de mayo de 2014, Jhonatan Castillo Hurtado fue

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues incurrió en un defecto fáctico y en uno sustantivo por desconocimiento del precedente. Lo anterior con base en los siguientes antecedentes procesales. 3. El 31 de mayo de 2014, Jhonatan Castillo Hurtado fue capturado y señalado de cometer el delito de extorsión agravada. El 1 de junio del mismo año se realizó diligencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. En enero de 2017, se realizó audiencia de juicio oral ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de conocimiento de Cali, autoridad judicial que lo absolvió “por ausencia absoluta” de elementos probatorios que acreditaran su responsabilidad. 4. Por lo anterior, el 26 de diciembre de 2017 formuló demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. En providencia de 13 de septiembre de 2019, el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Cali declaró responsable administrativamente a dichas autoridades al considerar que no existía ninguna prueba con la cual se pudiese demostrar la responsabilidad del actor.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01604-00 Accionante: Jhonathan Castillo Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Primera Instancia

5. En sede de segunda instancia, en providencia de 30 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de primer grado y negó las pretensiones indemnizatorias al concluir que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. 6. La parte actora considera que la decisión del Tribunal incurrió en un defecto fáctico por cuanto pretermitió las pruebas aportadas en el expediente, e hizo caso omiso de lo aportado en referencia al proceso penal adelantado en contra del accionante. En general sostuvo que la decisión de medida cautelar de privar de la libertad al tutelante no satisfacía las exigencias procesales previstas en el Código de Procedimiento Penal. 7. Respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, el escrito de tutela indicó: “el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurre en defecto fáctico, toda vez que en casos similares fácticamente al que aconteció” sí prosperaron las pretensiones de reparación. Trámite de la tutela 8. En auto de 25 de marzo de 2025, se admitió la acción de tutela y se vinculó a la autoridad judicial accionada y a los terceros interesados en las resultas del proceso. 9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (índice Samai 8) solicitó desvincular a la entidad por carecer de legitimación en la causa por pasiva y, en su defecto, negar las pretensiones de la demanda de tutela por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados. 10. El Tribunal accionado (índice

Samai 9) solicitó negar la petición de amparo, pues el fallo cuestionado se profirió siguiendo los lineamientos jurisprudenciales sobre la temática, y en todo caso, examinada la decisión proferida por la jurisdicción ordinaria-especialidad penal, se verificó que la orden de privación de la libertad fue razonable, proporcional y legal, motivo por el cual, no ocurrió una privación injusta de la libertad. 11. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación (índice Samai 12) sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la entidad no participó en la decisión objeto de ataque constitucional. Adicionalmente indicó que el medio de amparo no satisface los requisitos de procedencia, pues carece de relevancia constitucional. CONSIDERACIONES Competencia 12. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019. Problemas jurídicos 13. Los tutelantes sostienen que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en dos defectos específicos deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01604-00 Accionante: Jhonathan Castillo Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Primera Instancia

procedencia de la tutela contra providencia judicial. Las entidades accionadas, por el contrario, sostuvieron que el escrito de amparo no satisface las causales genéricas. En esa medida, como primer problema jurídico corresponde determinar si en el caso concreto, la acción de tutela es procedente desde el punto de vista formal. En caso de concluir que sí, se deberá examinar si la providencia cuestionada incurrió en los yerros alegados, puntualmente el defecto fáctico y defecto sustantivo por desconocimiento del precedente. 14. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, en primer lugar, se reiterará el precedente sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y se resolverá en el caso concreto, si se satisface los requisitos. 15. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20051, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 16. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar2 (i) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (ii) que acredite

la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (iii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela3, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado; (iv) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (v) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (vi) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable4 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto. 17. Puesto que las entidades vinculadas indicaron que el escrito de tutela carece de relevancia constitucional, se examinará si dicho presupuesto se satisface. En 1 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 2 Se sigue

literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 3 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014. 4 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01604-00 Accionante: Jhonathan Castillo Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Primera Instancia

caso de que así se concluya, se examinarán las restantes exigencias de procedencia formal. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 18. En las sentencias SU-033 de 20185, SU-128 de 20216 y la SU-215 de 20227, la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos8. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”. 19. La sentencia SU-128 de 2021 precisó que no es suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales”. 20. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela debe declarar improcedente

la acción cuando (i) no tienen el alcance para desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. 21. En el caso concreto, la acción de tutela, los tutelantes enuncian dos defectos específicos; (i) uno fáctico; (ii) uno sustantivo por desconocimiento de precedente. Por esa razón se divide el examen de la relevancia, respecto de cada uno de esos dos cargos. 22. En relación con el primer argumento, no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se utiliza el medio de amparo como una instancia adicional para resolver argumentos que ya fueron examinados en el proceso ordinario. En efecto, respecto a las razones que fundamentan el supuesto defecto fáctico se verifica que: (i) todos son de índole legal, referidos a la interpretación de la norma procesal pertinente sobre los requisitos de imposición de la medida de aseguramiento durante el desarrollo del proceso penal, y en el mismo se insiste que el juez de control de garantías no cumplió con las exigencias de la norma procesal; (ii) se relaciona con la personal interpretación del material de prueba que tuvo en 5 M.P. Alberto Rojas Ríos. 6 M.P. Cristina Pardo Schlesinger 7 M.P. Natalia Ángel Cabo 8 SU-128 de 2021.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01604-00 Accionante: Jhonathan Castillo Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Primera Instancia

cuenta el juez de control de garantías para la imposición de la medida de aseguramiento, y en su momento, dichas interpretaciones de los elementos de convicción fueron puestas de presente en el escrito de demanda ordinaria, y en recursos y alegatos, motivo por el cual el supuesto yerro fáctico no ofrece un argumento que muestre una contradicción objetiva entre la sentencia atacada y una norma constitucional, sino que, por el contrario, busca utilizar el amparo como una instancia adicional. 23. Respecto al segundo defecto argumentado en el escrito de tutela incurre en la misma carencia que el anterior. Si bien es cierto que la formulación de una acción prevista en el artículo 86 Superior no exige la condición de profesional del derecho, tratándose de la tutela contra decisiones judiciales sí es necesario que se ofrezcan argumentos de índole constitucional que muestren una vulneración a un derecho fundamental. Frente a este cargo, los tutelantes se limitan a enunciar un defecto sustantivo por desconocimiento de precedente, pero no precisan ni siquiera de manera somera, en qué consiste el supuesto error endilgado a la decisión, particularmente cuáles son las decisiones que el Tribunal omitió aplicar para resolver la controversia y por qué resultaban vinculantes para los mismos fines. 24. Bajo esa perspectiva, la Sala declarará improcedente la acción de tutela formulada por la parte actora al concluir, en sintonía con las intervenciones de los sujetos procesales, que la demanda de tutela carece de relevancia constitucional. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la parte actora, en atención a los argumentos expuestos en esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01604-00 Accionante: Jhonathan Castillo Hurtado y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Primera Instancia Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

VF

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