CE - Sentencia 11001031500020250161500

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250161500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01615-00

Accionante: Raúl Romero Rodríguez

Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.

Temas: Tutela contra providencia judicial. N ulidad electoral .

Subsidiariedad. Niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Raúl Romero Rodríguez en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 18 de marzo de 2025, Raúl Romero Rodríguez, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica , elegir y ser elegido y «ejercicio y desempeño de cargos públicos». Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rad. 20001-23-33-000-202300284-02 y, en consecuencia, se ordenara a aquella autoridad emitir una nueva

de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rad. 20001-23-33-000-202300284-02 y, en consecuencia, se ordenara a aquella autoridad emitir una nueva decisión en la que se aplique el precedente constitucional que fue desconocido.

3. Como hechos relevantes , a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

destacan los siguientes:

4. Juana Modesta García Mejía instauró demanda de nulidad electoral contra el acto de elección de Raúl Romero Rodríguez como diputado del departamento del Cesar para el período constitucional 2024 -2027, contenido en el formulario E -26

ASA de 9 de noviembre de 2023. Lo anterior, porque, en su criterio, el segundo de los mencionados se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el ordinal 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, debido a que su hermano, Jhonny Enrique Saravia Rodríguez, fue registrador en el municipio de Pailitas de ese mismo departamento en el año anterior a la elección.

1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01615-00

Accionante: Raúl Romero Rodríguez

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5. El 12 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad de la elección de Raúl Romero Rodríguez como diputado del departamento , al considerar que este desconoció lo dispuesto en ordinal 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, en concordancia con el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que se estructuraron plenamente los elementos que configuran la inhabilidad descrita, como son el elemento personal, objetivo, territorial y temporal2.

6. Inconforme con la anterior decisión, el 23 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación, para lo cual afirmó que el elemento territorial no se configuró, porque el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2 022 hace referencia al departamento como «entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial». Por tanto, como el cargo de regis trador municipal no se encuentra dentro de ese límite de la norma, no se podía concluir que el ejercicio de dicho cargo inhabilita a un aspirante a diputado, pues es una posición que depende del registrador nacional.

7. Por su parte, el demandado también apeló la sentencia de primera instancia, al considerar que no se configuró el elemento territorial de la prohibición porque el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022 es claro al establecer que debe

7. Por su parte, el demandado también apeló la sentencia de primera instancia, al considerar que no se configuró el elemento territorial de la prohibición porque el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022 es claro al establecer que debe entenderse departamento como «entidad pública y sus i nstitutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial». Sin embargo, el registrador municipal no ejerce sus funci ones en el departamento, sino que depende de la Registraduría Nacional bajo la figura de la desconcentración, por lo que es evidente que no se encuadra dentro de la disposición de la inhabilidad, pues la labor del hermano del demandado no se da en una entidad departamental ni en una que sea descentralizada.

8. Adicionalmente, consideró que no se configuró el elemento temporal, puesto que el Consejo de Estado, al interpretar el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política, concluyó que este debe aplicarse desde la inscripción de la candidatura y la fech a de la elección, por lo que en el caso no se estructuró dicha prohibición, en la medida en que el hermano del demandado fue trasladado antes de que se inscribiera como candidato.

9. Asimismo, sobre el ejercicio de autoridad del registrador municipal, puso de presente que este hace parte del nivel técnico, tal y como lo establece el Decreto 785 de 2005, así como el manual de funciones. Además, precisó, que según lo

2 «(i) existe el vínculo del parentesco exigido en la ley, porque el señor Raúl Romero Rodríguez es hermano de Johnny Enrique

785 de 2005, así como el manual de funciones. Además, precisó, que según lo

2 «(i) existe el vínculo del parentesco exigido en la ley, porque el señor Raúl Romero Rodríguez es hermano de Johnny Enrique Saravia Rodríguez, tal como se prueba con los registros civiles de nacimiento, donde se acredita que estos son hijos de la señora Celina Rodríguez Afanador; (ii) el señor Johnny Enrique Saravia Rodríguez, hermano del hoy demandado, ostentó un cargo que entre las funciones que tiene asignadas algunas de ellas materializan el ejercicio de autoridad administrativa al fungir como Registrador Municipal de Pailitas, Cesar, tal como consta en el Manual de Funciones y Competencias Laborales del cargo de Registrador Municipal, Código 4035, Grado 05; (iii) La autoridad que predica la norma se ejerció “en el respectivo departamento”, porque el señor Johnny Enrique Saravia Rodríguez se desempeñó como Registrador Municipal 4035 -05 de Pailitas, Cesar, tal como consta en la resolución de nombramiento y acta de posesión; y (iv) el ejercicio de dicha autoridad se presentó dentro de los doce (12) meses anterio res a la elección, porque el señor Johnny Enrique Saravia Rodríguez fue trasladado como Registrador Municipal de Pailitas (Cesar) al municipio de Mistrató (Risaralda), a partir del 2 de junio de 2023, según se evidencia en la Resolución No. 11253 del 20 de junio de 2023».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01615-00

Accionante: Raúl Romero Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Accionante: Raúl Romero Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 consagra el artículo 33 del Código Electoral, los únicos que ejercen autoridad eran los delegados del registrador nacional, pero esto no incluye a los municipales, porque no tienen potestades para nombrar funcionarios o investigar conductas.

10. Finalmente, sostuvo que debió tenerse en cuenta el precedente fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-207 del 2022, para determinar si existió probabilidad real del ejercicio de autoridad y si tuvo influencia en la elección acusada, lo cual, en su criterio, no se cumple en el caso objeto de estudio.

11. El 21 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia.

12. Como fundamentos de derecho , el accionante afirmó que la autoridad accionada desconoció el precedente judicial, puesto que la autoridad accionada se apartó del precedente jurisprudencial fijado en la Sentencia SU -207 de 2022, en el que la Corte Constitucional estableció que para determinar la configuración de una inhabilidad por parentesco, conforme al régimen e inhabilidades, se debe evaluar si un candidato tiene parientes en cargos con autoridad administrativa en la jurisdicción donde se postula y que la aplicación de la inhabilidad debe basarse en pruebas concretas que acrediten la afectación de la contienda electoral y no solo en consideraciones formales.

13. En ese sentido, explicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado debió realizar un estudio sobre cómo la persona investida de autoridad (en este caso el

consideraciones formales.

13. En ese sentido, explicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado debió realizar un estudio sobre cómo la persona investida de autoridad (en este caso el hermano del accionante) podía influir, directa o indirectamente, en el electorado desde el día de la inscripción y hasta la elección, produciendo resultados que atentaran contra el equilibrio de la contienda electoral y la igualdad entre candidatos.

Asimismo, indicó que la autoridad accionada omitió que en la inhabilidad por parentesco siempre es necesar io revisar las funciones desplegadas por el familiar del demandado y, en concreto, como estas podían obstruir o desequilibrar el certamen democrático en el que se participó.

14. Sostuvo que en su caso la accionada no realizó un estudio individualizado, a pesar de haberlo reconocido como necesario al momento de resolver la medida cautelar de suspensión provisional meses atrás. Precisó que en esa etapa procesal aquella autoridad consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar el ejercicio de autoridad administrativa por parte de su hermano, quien, además, se había trasladado de cargo antes de la inscripción de la candidatura, lo que descarta cualquier posible afectación al proceso electoral.

15. Sin embargo, señaló que, posteriormente, en el fallo cuestionado, sin nuevos elementos probatorios, la corporación cambió el criterio y aplicó una interpretación formal y abstracta, según la cual el solo hecho de que su hermano hubiese ocupado un cargo público en el municipio era suficiente para declarar la inhabilidad, reviviendo tesis anteriores que ya habían sido superadas p or la Corte Constitucional, por lo que dicha decisión desconoció los principios de razonabilidad,

un cargo público en el municipio era suficiente para declarar la inhabilidad, reviviendo tesis anteriores que ya habían sido superadas p or la Corte Constitucional, por lo que dicha decisión desconoció los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, igualdad y debido proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01615-00

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16. Afirmó que existían 2 interpretaciones posibles en relación con la configuración del elemento territorial de la inhabilidad que se estudia, la primera correspondiente a que debía ser interpretada en un sentido restrictivo, fijado por la ley, de conformidad con el régimen de inh abilidades de los diputados y , la segunda , correspondiente a una interpretación extensiva, so pretexto que el régimen de inhabilidades de los diputados no puede ser menos estricto que el de los congresistas.

17. Sobre el particular, sostuvo que en el proveído censurado, la Sección Quinta explicó que el régimen de los diputados era más flexible que el de los congresistas y que, a la luz de la Constitución, tal situación jurídica resultaba ser inadmisible, por lo tanto, aunque la norma mencionada (artículo 49 de la Ley 2200 del 2022) se encuentra vigente, resultaba inaplicable al caso concreto. Sin embargo, arguyó que esa interpretación resultó a todas luces irrazonable y desproporcionada pues se trata de cargos de elección popular que si bien pueden coincidir en ciertos casos en

encuentra vigente, resultaba inaplicable al caso concreto. Sin embargo, arguyó que esa interpretación resultó a todas luces irrazonable y desproporcionada pues se trata de cargos de elección popular que si bien pueden coincidir en ciertos casos en cuanto a la circunscripción territorial de la elección, eran notoriamente distintos en cuanto a la naturaleza de las funciones que desempeñan y su relevancia constitucional. Por tal razón, señaló que la limitación del ámbito territorial de las inhabilidades que hizo el legislador e ra a todas luces razonable, y no podía inaplicarse por la autoridad judicial de forma tal que anul ara las especificidades y particularidades de cada uno de los cargos de elección popular.

18. Adujo que, la accionada, al optar por la interpretación más gravosa y restrictiva, desconoció el principio pro homine , que ordena escoger la interpretación más favorable a la persona, sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales, como el de ser elegido y participar en la vida política.

19. Aseguró que la autoridad accionada desconoció el precedente fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro Urrego vs Colombia, según el cual las restricciones a los derechos políticos solo pueden ser impuestas por el juez competente dentro del respectivo proceso penal. Sin embargo, en el caso concreto, el procedimiento adelantado no fue de esa naturaleza, sino de nulidad electoral, de manera que la anulación de su elección implicó una restricción directa a su derecho a ocupar un cargo de elección popular, ya que se realizó sin tenerse en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

implicó una restricción directa a su derecho a ocupar un cargo de elección popular, ya que se realizó sin tenerse en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

20. Por tanto, estimó que la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado resultó contraria al precedente sentado por la Corte IDH y atentó de manera directa el bloque de constitucionalidad, en tanto dicho tratado (la CADH) forma parte integral del orden constitucional colombiano (artículo 93 de la Constitución).

21. Indicó que la corporación judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, al interpretar y aplicar de manera errónea la s normas sobre inhabilidades por parentesco previstas en los numerales 4 del artículo 43 y del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01615-00

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22. Al respecto, explicó que aquella autoridad , en relación con el elemento objetivo, se equivocó al considerar que el señor Saravia Rodríguez en calidad de registrador del municipio de Pailitas (Cesar) ejerció autoridad civil y administrativa, puesto que de las funciones especiales, que se encuentran consignadas en el manual de funciones de la entidad , no puede derivarse el ejercicio de autoridad.

Agregó que en la sentencia que declaró la nulidad de su elección, el Consejo de Estado ignoró la distinción entre funciones técnicas y ejercicio de autoridad, dando

manual de funciones de la entidad , no puede derivarse el ejercicio de autoridad. Agregó que en la sentencia que declaró la nulidad de su elección, el Consejo de Estado ignoró la distinción entre funciones técnicas y ejercicio de autoridad, dando por sentado que todo registrador municipal ostenta poder decisorio sin examinar si sus atribuciones afectaron el proceso electoral.

23. Respecto del elemento territorial, afirmó que la Sección Quinta «cometió un error garrafal, arbitrario y abiertamente inconstitucional», pues, ante la duda frente a la aplicación de una norma relativa al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, la Sala no debió resolver el asunto desde la aplicación estricta del artículo 299 de la Constitución Política, sino desde el principio pro electoratem, el cual implica que las normas sobre inhabilidades debe interpretarse en favor de los derechos de los electores.

24. Finalmente, manifestó que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico , en la dimensión negativa, puesto que la providencia censurada carece de fundamentos probatorios que demuestren que, durante el período inhabilitante, de considerarse que hipotéticamente es de un año previo a la elección, su hermano hubiese sancionado jurados; y, en la dimensión positiva, comoquiera que valoró de for ma inadecuada el elemento que hace alusión al traslado de su hermano a otro departamento diferente del Cesar, ya que, de haberlo analizado correctamente se habría llegado a la conclusión de que, durante el período electoral, el hermano no estaba en condiciones de influir en el proceso electoral por encontrarse fuera de la jurisdicción correspondiente.

25. Aseveró que se desconocieron las reglas de interpretación que la Corte

estaba en condiciones de influir en el proceso electoral por encontrarse fuera de la jurisdicción correspondiente.

25. Aseveró que se desconocieron las reglas de interpretación que la Corte Constitucional estableció en materia de inhabilidades, ya que debió realizarse un examen específico de la probabilidad real y material de ejercer autoridad en la misma jurisdicción del candidato, sin que resultara viable la valoración genérica o abstracta fundada en la regla según la cual, la autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla (sin siquiera demostrarse que al menos lo detentara), lo que ni siquiera está claro ni probado, esto resulta absolutamente violatorio del debido proceso y los intereses de sus electores.

Intervenciones3

26. El Consejo de Estado, Sección Quinta, a través del magistrado ponente de la decisión censurada, afirmó que la acción interpuesta refleja que el accionante no está de acuerdo con la decisión del juez electoral, pues aquel reitera los mismos puntos que ya había presentado en el proceso ordinario , específicamente, en el

3 El 25 de marzo de 2025, el despacho ponente de la presente decisión admitió la acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y vinculó al Tribunal Administrativo del Cesar, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a Juana Modesta García Mejía, a Jaime Luis Ochoa Quiñonez, a Lizeth Carolina Escamilla y a Sebastián Martínez Botello.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01615-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 recurso de apelación y los alegatos de conclusión, que ya fueron resueltos. En ese sentido, indicó que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el mecanismo de amparo no puede emplearse como instancia adicional ni un recurso para reabrir discusiones ya zanjadas , especialmente, cuando no se afectan los derechos fundamentales del accionante.

27. Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que no se configuró el defecto sustantivo invocado, puesto que en la providencia censurada se hizo un amplio desarrollo jurisprudencial con relación a las facultades y el ejercicio de autoridad en cabeza de los registradores municipales, lo cual acreditó que, bajo el criterio funcional, el hermano del hoy accionante tenía la potestad y la atribución de autoridad, lo que permitió establecer el elemento objetivo de la inhabilidad.

28. Respecto del desconocimiento del precedente judicial, advirtió que no se apartó de forma arbitraria o caprichosa de la Sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, sino que, por el contrario, se aclaró que la regla allí fijada estableció su alcance únicamente a funcionarios elegidos en el orden municipal, motivo por lo que para el caso en concreto no resultaba aplicable comoquiera que el accionante fue elegido diputado del Cesar.

29. Adicionalmente, precisó que frente al ejercicio de autoridad de los registradores municipales, en el fallo cuestionado se explicó que ejercen autoridad

fue elegido diputado del Cesar.

29. Adicionalmente, precisó que frente al ejercicio de autoridad de los registradores municipales, en el fallo cuestionado se explicó que ejercen autoridad en virtud de su facultad sancionatoria, la cual, tampoco e ra una tesis novedosa, pues ya se había aplicado en 2005 y reiterado en el 2019 por la Sala Plena de esa corporación.

30. Ahora, en relación con el precedente de la Corte IDH (Caso Petro vs Colombia) resaltó que dicho planteamiento no fue objeto de reproche por parte del demandado en el proceso ordinario. En todo caso, manifestó que no le es posible aplicar de manera restrictiva el artículo 23 de la CADH, sin tener en cuenta el andamiaje institucional establecido por el constituyente y el legislador en relación con la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para declarar la nulidad de los actos de elección de los diputados, pues así se desprende del artículo 152, numeral 7, del CPACA.

31. Finalmente, en lo que tiene que ver con el defecto fáctico, indicó que sí valoró el manual de funciones y los requisitos de los registradores municipales, por lo que no se transgredió el derecho al debido proceso que alegó el actor. Adicionalmente, señaló que en el proceso se probó que el registrador municipal tiene la facultad de sancionar a los jurados de votación, lo que constituyó el elemento objetivo para la inhabilidad invocada y justificó la nulidad de la elección.

32. En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia, al no haber acreditado la exigencia de relevancia constitucional, o, en su

inhabilidad invocada y justificó la nulidad de la elección.

32. En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia, al no haber acreditado la exigencia de relevancia constitucional, o, en su defecto, negar el amparo deprec ado, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01615-00

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33. Juana Modesta García Mejía adujo que la acción de tutela no debe utilizarse como un recurso o instancia adicional al proceso ordinario para corregir errores en un proceso o modificar las decisiones allí adoptadas, por lo que el accionante «intenta hacer un uso indebido de este mecan ismo para retrasar el proceso y generar confusión».

34. Sostuvo que no se vulneró el derecho al debido proceso del señor Romero Rodríguez por cuanto en el proceso de nulidad tuvo varias oportunidades para defenderse a través de distintos apoderados, presentó los recursos legales correspondientes y solicitó nulidades y otras acciones judiciales . Además, señaló que la admisión de la demanda de nulidad electoral fue debidamente comunicada a la ciudadanía, lo que generó la oportunidad para que cualquier persona en desacuerdo presentara la coadyuvancia correspondiente.

35. Jaime Luis Ochoa Quiñonez aseguró que el caso bajo estudio no goza de relevancia constitucional, por cuanto el actor lo que busca es reabrir el debate

desacuerdo presentara la coadyuvancia correspondiente.

35. Jaime Luis Ochoa Quiñonez aseguró que el caso bajo estudio no goza de relevancia constitucional, por cuanto el actor lo que busca es reabrir el debate surtido en el proceso ordinario, puesto que repite los mismos reparos planteados en el recurso de apelación, a pesar de que estos fueron debidamente resueltos por la autoridad judicial accionada.

36. Ahora, con respecto al defecto sustantivo, señaló que este no se configuró, comoquiera que en la providencia cuestionada se realizó un amplio desarrollo jurisprudencial con relación a las facultades y el ejercicio de autoridad en cabeza de los registradores municipales, lo cual acreditó que, bajo el criterio funcional, el hermano del hoy accionante tenía la potestad y la atribución de autoridad, lo que demuestra el elemento objetivo de la inhabilidad. Igualmente, adujo que tampoco se configuró el defecto fáctico, por cuanto no es cierto que el fallo reprochado hubiese omitido la valoración del manual de funciones y requisitos de registradores municipales. En esos términos, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo invocado.

37. La Registraduría Nacional del Estado Civil afirmó que no tiene competencia para pronunciarse sobre las pretensiones del accionante, dado que su función, según la Constitución Política y la ley, se limita a la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, comoquiera que la expedición de autos y sentencias corresponde a las autoridades judiciales.

elecciones, el registro civil y la identificación de las personas. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, comoquiera que la expedición de autos y sentencias corresponde a las autoridades judiciales.

38. El Consejo Nacional Electoral alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no intervino en los hechos que originaron la presentación de la acción de tutela, por lo que no tiene ninguna relación con la vulneración de los derechos que se reclaman . En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01615-00

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II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

39. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara que no accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral, comoquiera que aquellas entidades fueron vinculadas al presente trámite debido a que intervinieron en el medio de control de nulidad electoral , en el cual se profirió la sentencia que hoy discute el accionante, por lo que le asiste un interés a las partes en el resultado del presente asunto.

Problema jurídico

40. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia de 21 de noviembre de 2024, incurrió

40. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia de 21 de noviembre de 2024, incurrió en las causales específicas de desconocimiento del precedente judicial, defecto sustantivo y fáctico y, por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de procedencia, comoquiera que (1) goza de relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y elegir y ser elegido por un indebido ejercicio jurisprudencial, probatorio y normativo, asimismo, se advierte que los reparos no constituyen una reiteración de lo discutido durante el trámite ordina rio, pues están dirigidos concretamente contra la decisión de segunda instancia; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que Raúl Romero Rodríguez es el titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y la Sección Quinta del Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) la acción de tutela se presentó el 18 de marzo de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 21 de novi embre de 20244; (4) propiamente, no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de

meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 21 de novi embre de 20244; (4) propiamente, no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse el estudio sin un adecuado análisis jurisprudencial, normativo y probatorio; ( 5) s e identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

42. Sobre (7) el requisito de subsidiariedad, deben hacerse un par de precisiones. En lo que respecta a los reparos relacionados con el desconocimiento del precedente judicial (la Sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional) y los defectos sustantivo y fáctico , no existe otro mecanismo judicial idóneo que

4 La providencia fue notificada por mensaje de datos el 22 de noviembre de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01615-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales. Sin embargo, no sucede lo mismo frente a la presunta inobservancia del precedente fijado por la Corte IDH, por las razones que se presentan a continuación:

43. El accionante afirmó que la

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