CE - Sentencia 11001031500020250161600
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250161600
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: LUISA MARIA GALLEGO Y OTROS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIASALA PRIMERA DE DECISIÓN Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso ordinario. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala resuelve la acción de tutela promovida, a través de apoderado judicial, por Luisa María Gallego y Sandra Liliana Gallego Uribe contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, al proferir la sentencia del 13 de septiembre de 2024, dentro del proceso de reparación directa número 05001-33-33-008-2017-00077-01. Las accionantes consideran que dicha decisión vulneró sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a obtener una reparación integral, de conformidad con lo consagrado en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.
ANTECEDENTES 1. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela se formularon las siguientes pretensiones: “Solicito con todo respeto honorables Consejeros, se amparen los derechos constitucionales fundamentales al Acceso a la Administración de Justicia, al Derecho a la Igualdad, al Derecho al Debido Proceso y al Derecho Fundamental a obtener una Reparación Integral, el Derecho al trato Igual, conculcados por la Sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Primera deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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Decisión, del Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso con radicado 05001333300820170007701, donde fuera Magistrada Ponente, la Dra. Susana Nelly Acosta Prada, y por medio de la cual se modificó la Sentencia de primer grado del 18 de junio de 2020, proferida Juzgado Octavo (08) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, disponiendo que en su lugar que se profiera dentro de un término razonable providencia de reemplazo que adopte las actuaciones necesarias tendientes a mantener el precedente judicial respecto del reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del estado por daño especial del honorable Consejo de Estado”. 2. Del expediente, se advierten como hechos relevantes lo siguientes: 3. El 21 de enero de 2015, aproximadamente a las ocho de la noche, la menor Luisa María Gallego Uribe se encontraba en el barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín (específicamente en la intersección de la Carrera 50 B con calle 48), cuando se produjo un enfrentamiento armado entre miembros activos de la Policía Nacional y un grupo delincuencial que momentos antes presuntamente había hurtado un vehículo automotor. 4. En medio del intercambio de disparos entre los uniformados y los presuntos delincuentes, uno de los proyectiles impactó a la menor Luisa María Gallego Uribe, causándole una grave lesión a la altura del muslo izquierdo. 5. Como consecuencia de los hechos, se interpuso una demanda de reparación directa en contra de la NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, la cual fue tramitada ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín, bajo el radicado número 05001333302220170007700. 6. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín, mediante sentencia No.103 del 18 de junio de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta contra la
bajo el radicado número 05001333302220170007700. 6. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín, mediante sentencia No.103 del 18 de junio de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta contra la NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional. En dicha providencia, el despacho judicial realizó un análisis del acervo probatorio y concluyó que la entidad demandada debía responder patrimonialmente por las lesiones sufridas por la menor Luisa María Gallego Uribe, con fundamento en el régimen de responsabilidad objetivo-título jurídico de imputación daño especial. El juzgado precisó que la menor fue víctima de un operativo policial adelantado para la recuperación del vehículo presuntamente hurtado, situación que le impuso una carga desproporcionada frente a la que normalmente deben asumir los ciudadanos. En virtud de lo anterior, se declaró la responsabilidad del Estado a título de daño especial.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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7. Contra esta decisión, el Ministerio de DefensaPolicía Nacional interpuso recurso de apelación, que según las tutelantes no señaló de manera específica los reparos frente a los argumentos del fallo de primera instancia. Según la parte actora, en el escrito solo se limitó a alegar que el daño era atribuible a un tercero, sin sustentar de forma adecuada por qué debía declararse probada dicha excepción. 8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada mediante sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024. En dicha providencia, el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, absolviendo a la NaciónMinisterio de Defensa, Policía Nacional de toda responsabilidad por los hechos objeto del proceso. 9. La sentencia de segunda instancia del 13 de septiembre de 2024, en criterio de las peticionarias se aparta de forma injustificada de una consolidada línea jurisprudencial del Consejo de Estado, que reconoció la procedencia de la responsabilidad extracontractual del estado bajo el régimen de daño especial en casos análogos. Adicionalmente, la providencia acoge la tesis de hecho exclusivo de un tercero como causal de ausencia de responsabilidad por parte de la autoridad accionada, sin que dicha hipótesis se encuentre debidamente acreditada en el proceso, lo cual representa un desconocimiento de la jurisprudencia reiterada del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre esta materia. Fundamentos de la demanda de tutela 10. Las accionantes sostuvieron que se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que el caso plantea una cuestión de relevancia constitucional, se interpuso en tiempo y se agotaron los medios ordinarios y extraordinarios de defensa. 11. Las tutelantes alegan
que se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que el caso plantea una cuestión de relevancia constitucional, se interpuso en tiempo y se agotaron los medios ordinarios y extraordinarios de defensa. 11. Las tutelantes alegan que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, incurrió en un defecto fáctico, al valorar indebidamente las pruebas que demostraron que la lesión sufrida por Luisa María Gallego Uribe ocurrió durante una persecución policial legítima, lo que configura un caso de daño especial y no eximía de responsabilidad al Estado, como erróneamente concluyó el fallo de segunda instancia.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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12. Las peticionarias manifestaron que la sentencia atacada carece de una motivación clara y suficiente, pues revocó el fallo de primera instancia con fundamentos vagos y sin justificar adecuadamente su decisión. Puntualmente, señalaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la existencia del daño especial y declaró el eximente de responsabilidad por hecho exclusivo de un tercero, sin ofrecer una argumentación jurídica y fáctica sólida que sustentara tales conclusiones. 13. Finalmente, las solicitantes señalaron que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido de manera reiterada que, cuando se reclama la indemnización por perjuicios derivados de una actividad lícita de la administración, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, y en consecuencia el título jurídico de imputación corresponde al daño especial. En ese sentido, afirmaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión desconoció dicho precedente al apartarse de lo sostenido por el Consejo de Estado en múltiples providencias, entre ellas: “Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 1482. Sentencia del 28 de octubre de 1976. M.P.: Jorge Valencia Arango, Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 16980. Sentencia del 11 de febrero de 2009 de 1976. M.P.: Mauricio Fajardo Gómez y, Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 15791. Sentencia del 19 de agosto de 2004 de 1976. M.P.: Ramiro Saavedra Becerra, marzo 10 de 2005, Exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez y; abril 26 de 2006, Exp. 15427, C.P. Ruth Stella Correa”. Trámite en primera instancia 14. Mediante auto del 25 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió el mecanismo de amparo constitucional y, en consecuencia, ordenó
abril 26 de 2006, Exp. 15427, C.P. Ruth Stella Correa”. Trámite en primera instancia 14. Mediante auto del 25 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió el mecanismo de amparo constitucional y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso la vinculación del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, la NaciónMinisterio de Defensa, Policía Nacional y a los demás intervinientes en el proceso de reparación directa número 05001-33-33-008-2017-00077-00/01. Finalmente, se reconoció personería al abogado Emmanuel Arias Franco, para actuar en la presente acción conforme al poder conferido.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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Respuesta de las autoridades accionadas 15. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión1 manifestó que, una vez valorados los elementos fácticos y jurídicos del caso, la decisión de revocar la sentencia primera instancia se fundamentó en la ausencia de pruebas sobre una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional. En efecto, el proyectil extraído de la pierna de la menor era calibre 38, distinto al calibre 9 mm de las armas oficiales (marca Sig Sauer) portadas por los agentes al momento de los hechos. En ese sentido, el Tribunal concluyó que la providencia impugnada se ajustó a derecho y no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la accionante, ni se cumplieron los presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional exigidos para la procedencia de la acción de tutela. 16. La NaciónMinisterio de Defensa-Policía Nacional2 solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se satisface el requisito de inmediatez. Señaló que la acción de amparo constitucional fue presentada el 19 de marzo del presente año, y la notificación de la sentencia de segunda instancia proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, se realizó el 13 de septiembre de 2024, lo que implica un lapso de 6 meses y 6 días entre ambos eventos, superando así un plazo razonable. Además, argumentó que las accionantes pretenden utilizar la tutela como una tercera instancia, con el fin de reabrir un debate ya resuelto en el proceso de reparación directa. CONSIDERACIONES Competencia 17. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el acuerdo 080 de 20193. 1 Índice 013 de SAMAI. 18RECIBEMEMORIAL_Memorial_RESPUESTATUTELA20250(.pdf)
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el acuerdo 080 de 20193. 1 Índice 013 de SAMAI. 18RECIBEMEMORIAL_Memorial_RESPUESTATUTELA20250(.pdf) NroActua 13. 2 Índice 014 de SAMAI. 20RECIBEMEMORIAL_GS2025009198SEGENpdf(.pdf) NroActua 14. 3 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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Problemas jurídicos y metodología de la decisión 18. Le corresponde a la Sala determinar si la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en el proceso de reparación directa, vulneró los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, y al debido proceso. Puntualmente, si el Tribunal incurrió en algún defecto al proferir la sentencia del 13 de septiembre de 2024. No obstante, antes de resolver este asunto, la Sala debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 19. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia y; (iii) el análisis del caso concreto, conforme a los documentos que obran en el expediente. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales 20. En la sentencia C-590 de 2025, la Corte Constitucional “sistematizó” los requisitos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. En dicha decisión, la Corte estableció una distinción entre requisitos de carácter general, y requisitos de carácter específico. 21. Los primeros constituyen condiciones previas que deben cumplirse en su totalidad, para que el juez pueda asumir el conocimiento del caso, y una vez superados, proceder al análisis de fondo. Por su parte, los requisitos específicos hacen alusión a los defectos presentes en la providencia cuestionada, los cuales serían la causa directa de la vulneración de los derechos fundamentales. 22. Para que una providencia judicial pueda ser estudiada a través de la acción de tutela, es indispensable que, en primer lugar, se acrediten los requisitos generales de procedencia: “a.
providencia cuestionada, los cuales serían la causa directa de la vulneración de los derechos fundamentales. 22. Para que una providencia judicial pueda ser estudiada a través de la acción de tutela, es indispensable que, en primer lugar, se acrediten los requisitos generales de procedencia: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trateRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos”. 23. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface el requisito de inmediatez y relevancia constitucional. Inmediatez 24. El apoderado de la NaciónMinisterio de Defensa-Policía Nacional alegó que la presente acción de tutela no cumplía con el requisito de inmediatez, en la medida en que su interposición superó el plazo de 6 meses considerado como razonable para la presentación de este mecanismo. No obstante, dicha afirmación no se ajusta a la realidad procesal, toda vez que la providencia objeto de cuestionamiento fue notificada por correo electrónico el 13 de septiembre de 20244, y la demanda de tutela se presentó el 18 de marzo de 20255, es decir dentro del tiempo razonable6. 4 Índice electrónico 014 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia. Soporte notificación Sentencia de fecha 1(.pdf) NroActua 14. 5 Índice electrónico 02 de SAMAI.
18 de marzo de 20255, es decir dentro del tiempo razonable6. 4 Índice electrónico 014 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia. Soporte notificación Sentencia de fecha 1(.pdf) NroActua 14. 5 Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELALUISAM(.pdf) NroActua 2. 6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 2213 de 2022, “la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje (…)”. En el caso bajo estudio, la providencia objeto de cuestionamiento fue enviada por correo electrónico el 13 de septiembre de 2024, razón por la cual se entiende notificada a las partes el 17 de septiembre de 2024. En consecuencia, el término para verificar el cumplimiento del requisito de inmediatez debe contarse a partir del día siguiente, es decir, desde el 18 de septiembre de 2024. Así las cosas, al haberse presentado la acción de tutela el 18 de marzo de 2025, se observa que transcurrieron 6 meses entre la fecha en que se entiende surtida la notificación y la interposición de la acción. Por lo tanto, se concluye que esta fue presentada dentro del plazo razonable fijado por la jurisprudencia constitucional para considerar satisfecho el requisito de inmediatez.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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El requisito de relevancia constitucional. 25. La Corte Constitucional indicó7 que, la tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar providencias, ni remplazar los recursos ordinarios. Para que una acción tenga relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial. 26. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional8: “(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”. 27. En suma, la relevancia constitucional busca preservar la competencia de los jueces ordinarios, restringir la tutela a casos excepcionales y proteger efectivamente los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados de manera grave por decisiones judiciales. Análisis del caso concreto 28. Luisa María Gallego y Sandra Liliana Gallego Uribe, promovieron la acción de amparo constitucional contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, al proferir la sentencia del 13 de septiembre de 2024, que en su criterio vulneró sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a obtener una reparación integral. 29. Puntualmente, en el escrito
de tutela las solicitantes afirmaron que la providencia judicial atacada incurre en tres causales especiales que habilitan la procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales: (i) defecto fáctico, por una inadecuada valoración probatoria; (ii) ausencia de motivación de la decisión; en 7 Corte Constitucional, sentencia SU-033 de 2018. M.P: Alberto Rojas Ríos. 8 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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la medida que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró el eximente de responsabilidad por hecho exclusivo de un tercero, sin ofrecer una argumentación jurídica contundente y; (iii) desconocimiento del precedente judicial, de manera que la línea jurisprudencial del Consejo de Estado establece que cuando se reclama la indemnización por perjuicios derivados de una actividad lícita de la administración, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo. 30. La Sala establece que las razones expuestas por el Tribunal para revocar la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda fueron las siguientes: “El daño se ocasionó como consecuencia de la lesión sufrida por Luisa María Gallego Uribe, al recibir un impacto de proyectil de arma de fuego en su muslo izquierdo el 21 de enero de 2015, lo cual se evidencia en la historia clínica, los Informes Periciales de Clínica Forense y el proceso penal, generando los perjuicios solicitados. Se encuentra acreditado que el 21 de enero de 2015 después de las 8 p.m. en la carrera 50 B del barrio Campo Valdés del municipio de Medellín, se presentó un intercambio de disparos entre agentes de policía y los ocupantes de un vehículo que había sido reportado como hurtado. En el lugar de los hechos resultó herida la menor de edad Luisa María Gallego Uribe y posteriormente, en la carrera 50 BB N°83-45, fue capturado uno de los ocupantes del vehículo, el señor Carlos David Casas Vásquez. En cuanto al uso de armas de fuego por parte de miembros de la entidad demandada, se encuentra probado que uno de los agentes de policía accionó su arma de dotación oficial, indicando que fue en respuesta a disparos realizados desde el vehículo hurtado. Las declaraciones rendidas en el proceso penal y los informes policiales también señalan que los ocupantes del vehículo hurtado accionaron sus armas de
probado que uno de los agentes de policía accionó su arma de dotación oficial, indicando que fue en respuesta a disparos realizados desde el vehículo hurtado. Las declaraciones rendidas en el proceso penal y los informes policiales también señalan que los ocupantes del vehículo hurtado accionaron sus armas de fuego, además que el orificio del parabrisas trasero de la camioneta hurtada demuestra la trayectoria de al menos un disparo desde el interior. Adicionalmente, se determinó que el proyectil recuperado de la pierna de Luisa María Gallego Uribe correspondía a un calibre 38, siendo las armas comunes que usan este tipo de munición los revólveres de marca Llama, Ruby Extra, y Amadeo Rossi.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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Por lo anterior se concluye que la munición causante de la lesión provenía de algún arma accionada por los ocupantes de la camioneta, diferente de las de dotación oficial que llevaban los agentes de policía, las cuales eran marca Sig Sauer calibre 9 milímetros. En consecuencia, no se evidencia que en el presente asunto se haya presentado una falla del servicio por parte de la Policía Nacional, por un uso indebido de las armas, al no demostrarse que la herida de Luisa María Gallego Uribe haya sido ocasionada por un proyectil proveniente de un arma de dotación oficial o de alguno de los miembros de dicha entidad, ni que hubiesen omitido algún deber de protección para evitar el daño, resultando imposible establecer un uso inadecuado del armamento por parte de los agentes de policía, como causa eficiente del daño. Tampoco resulta posible atribuir la responsabilidad bajo el título de imputación de daño especial, al encontrarse demostrado que el disparo causante de la lesión no provino de un arma de fuego accionada por un miembro de la fuerza pública en el ejercicio de una actividad legítima, configurándose el hecho exclusivo y determinante de un tercero, que rompe el nexo causal o imputación en cabeza de la entidad demandada, eximiéndola de responsabilidad. (…)” 31. De acuerdo con la anterior transcripción, el Tribunal concluyó que el proyectil que causó la lesión a Luisa María Gallego Uribe no fue disparado de un arma de uso de la Policía Nacional sino por un tercero ocupante del vehículo hurtado. Este hecho lo consideró el Tribunal exclusivo y determinante en la producción del daño, razón por la cual la administración
no podía ser responsabilizada ni por falla en el servicio -en tanto no hubo conducta negligente o uso indebido de la fuerzani por daño especial, como quiera que el nocimiento no derivó de una carga pública generada por una actividad legítima del Estado. Dicha conclusión del Tribunal estuvo soportada en prueba documental que fue identificada con la respectiva foliatura y elementos de convicción trasladados de un proceso penal. 32. La Sala establece que la parte actora sostiene que el anterior análisis constituye un defecto fáctico. No obstante, los cuestionamientos planteados en la tutela solo reproducen los argumentos ya examinados y resueltos en el proceso contencioso administrativo, de manera que el caso carece de relevancia constitucional, pues a pesar de lo sostenido por las demandantes, el recurso de amparo está encaminado a que esta Corporación reabra un debate jurídico que fue tramitado en dos instancias, como si se tratara de una vía extraordinaria de defensa judicial.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01616-00 Accionante: Luisa Maria Gallego Y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De AntioquiaSala Primera De Decisión Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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33. Respecto a la presunta falta de motivación de la decisión judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la Sala concluye que no satisface el requisito general de relevancia constitucional, en tanto los cuestionamientos formulados por las demandantes se reducen a manifestar su desacuerdo con los argumentos expuestos por el juez natural, sin demostrar una afectación concreta y grave a sus derechos fundamentales. En efecto, la inconformidad se circunscribe a cuestionamientos que por sí solos, no constituyen una vulneración de naturaleza constitucional que justifique la intervención del juez de tutela. 34. Frente al presunto desconocimiento del precedente alegado por la parte accionante, no cumple el requisito general de relevancia constitucional. La Sala establece que en la demanda de tutela se citaron varias providencias emanadas de esta Corporación9, sin argumentar en detalle por qué ese conjunto de decisiones judiciales resulta vinculante para el colegiado en la labor de administrar justicia, máxime cuando entre uno y otro caso no existe identidad de hechos10. De acuerdo con el principio iura novit curia, el juez tiene la facultad de encauzar jurídicamente el análisis del caso, sin estar limitado a las calificaciones propuestas por las partes11, pero de ello no se sigue que, tratándose de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la parte actora esté exonerada de sustentar adecuadamente las razones de hecho y de derecho que sustentan alguno de los defectos específicos que hacen procedente al mecanismo constitucional. 35. En el caso de la referencia, la Sala considera que los supuestos errores señalados por las demandantes no superan el requisito general de relevancia constitucional, pues la acción de tutela es utilizada para reiterar argumentos que ya 9 “Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 1482. Sentencia del 28 de octubre de 1976. M.P.: Jorge Valencia Arango, Consejo de Estado, Sección Tercera.
constitucional, pues la acción de tutela es utilizada para reiterar argumentos que ya 9 “Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 1482. Sentencia del 28 de octubre de 1976. M.P.: Jorge Valencia Arango, Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 16980. Sentencia del 11 de febrero de 2009 de 1976. M.P.: Mauricio Fajardo Gómez y, Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. 15791. Sentencia del 19 de agosto de 2004 de 1976. M.P.: Ramiro Saavedra Becerra, marzo 10 de 2005, Exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez y; abril 26 de 2006, Exp. 15427, C.P. Ruth Stella Correa”. 10 Por ejemplo, en la sentencia del 28 de octubre de 1976 – Exp. 1482 – M.P. Jorge Valencia Arango se estableció que el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado no se encuentra en las normas del Código Civil, sino en la Constitución Política y sus desarrollos legales legislativos. En la decisión de 11 de febrero de 2009 – Exp. 16980 – M.P. Mauricio Fajardo Gómez, se abordó la responsabilidad patrimonial del Estado por hechos imputables a la administración de justicia. Se d
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