CE - Sentencia 11001031500020250161700

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250161700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veinticuatro [24] de abril de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01617-00

Demandante: MARLON DANIEL RUBIO AVENDAÑO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA1 Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directaDeclara la improcedencia por falta de relevancia constitucional y niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 19 de marzo de 2025, el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño, por conducto de apoderada judicial, presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de

El 19 de marzo de 2025, el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño, por conducto de apoderada judicial, presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios pro damato y pro homine.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de los autos de 7 de junio de 2024 y de 26 de septiembre de 2024, por medio de los cuales el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, consideraron que la demanda de reparación directa identificada con el radicado 73001 -33-33-009-2024-0011700/01, había caducado.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la Sección, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

  • El 22 de mayo del 2024, el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño presentó demanda de reparación directa 2 contra la Na ción – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial], Fiscalía General de la Nación, municipio de Ibagué, departamento del Tolima, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [en adelante INPEC], Unidad de Servicios Penitenciarios

1 Sala integrada por los magistrados: José Aleth Ruíz Castro y José Andrés Rojas Villa. 2 La solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 6 de marzo de 2024.Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

2 La solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 6 de marzo de 2024.Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y Carcelarios [en adelante USPEC], Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional , por los presuntos perjuicios derivados de la condición de hacinamiento carcelario3 que padeció cuando estuvo privado de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué - Picaleña [en adelante COIBA]4 por el delito de hurto calificado y agravado , en calidad de condenado.

  • El 7 de junio de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué rechazó la demanda por caducidad, al considerar que la fecha de conocimiento del daño se dio el 5 de octubre de 2021, cuando ingresó al complejo carcelario, ya que desde ese momento el señor Rubio fue consciente de la condición de hacinamiento.
  • El 26 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de l Tolima confirmó lo dispuesto por el a quo, al exponer que las condiciones propias del hacinamiento son evidentemente notables, por ello , con fundamento en un antecedente de l a Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado5, precisó que «aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para

son evidentemente notables, por ello , con fundamento en un antecedente de l a Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado5, precisó que «aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño».

  • Destacó que «el mismo demandante en su escrito de demanda precisó que tuvo que padecer referido hacinamiento del 561% en los 11 meses y 23 días mientras estuvo recluido en la Permanente Central, permitiendo concluir que desde el primer día en el lugar evidenció el daño».
  • Concluyó que el término para accionar el aparato judicial finalizó el 6 de octubre de 2023, pero ni siquiera el trámite de conciliación prejudicial se adelantó dentro de la oportunidad legal para el efecto.
  • La providencia de segunda instancia fu e notificada el 4 de octubre de 2024 y la acción de tutela de la referencia fue radicada el 19 de marzo de 2025.

1.3. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

1.- Declarar vulnerados los derecho s fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 7 de junio de 2.024, y la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 2 6 de septiembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de MARLON

2.024, y la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 2 6 de septiembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de MARLON DANIEL RUBIO AVENDAÑO, radicado No. 73001 -33-33-009-2024-00117-00, así como también las actuaciones posteriores a la sentencia, tales como: auto de

3 En el expediente contencioso se aportó prueba en la que se advirtió que la «sobrepoblación carcelaria superaba significativamente la capacidad del lugar, alcanzando en 2022 un hacinamiento del 561%. […]», ello, según respuesta a emitida por «el Subintendente y relevante de la dependencia Distrito Uno, de la Unidad Metropolitana de Ibagué GS-2023-003124METIB». 4 Recluido en COIBA desde el 5 de octubre de 2021 hasta el 1 de septiembre de 2022 , cuando fue recibido por el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admini strativo, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Guillermo Sánchez Luque, providencia de 6 de diciembre de 2022, expediente con radicado interno 47.148.Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obedézcase y cúmplase del 1 de novie mbre de 2.024, y subsiguientes, proferidos

www.consejodeestado.gov.co obedézcase y cúmplase del 1 de novie mbre de 2.024, y subsiguientes, proferidos por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, co n el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados6.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos: sustantivo, violación directa de la const itución y desconocimiento del precedente.

En cuanto a los dos primeros yerros en mención, advirtió que las demandadas no solo incurrieron en una «interpretación errónea de las normas procesales sobre caducidad, sino que, además, desconoció principios y de rechos fundamentales consagrados en la Carta Política, como el acceso a la administración de justicia, el precedente jurisprudencial y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad».

Ahora, e n lo que tiene que ver con el de sconocimiento del precedente frente al criterio que se ha adoptado en materia de hacinamiento carcelario, se destacó que las accionadas desatendieron las siguientes providencias:

1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 6 diciembre de 2022, rad. 05001-23-31-000-2002-04829-01 [47.148].

2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 octubre

diciembre de 2022, rad. 05001-23-31-000-2002-04829-01 [47.148].

2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 octubre de 2019, exp. 70001-23-33-0002014-00186-01.

3. Tribunal Administrativo del Tolima, proveído de 5 d e septiembre de 2024, rad. 73001-33-33-001-2024-00124-017.

4. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia de 29 de enero de 2024, exp. 05001-33-33-029-2019-00033-01.

5. Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, fallo de noviembre 8 de 2024, rad 63001-3333-005-2024-00227-01.

6. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, sentencia SC016-2018 de enero 24 de 2018, exp. 11001-31-03-010-2011-00675-01.

En cuanto a la primera providencia, el tutelante destacó que el tribunal desconoció el criterio del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa, porque la fecha de conocimiento del daño en casos de hacinamiento carcelario es «a partir del momento en que la víctima se percata de ello» y no desde del primer día en que el detenido ingresa al centro de reclusión.

Destacó que en la providencia que definió la controversia en el expediente 7000123-33-000-2014-00186-01, la Sala de decisión estableció que, cuando el daño se asocia o vincula a condiciones derivadas del hacinamiento, este es continuado.

23-33-000-2014-00186-01, la Sala de decisión estableció que, cuando el daño se asocia o vincula a condiciones derivadas del hacinamiento, este es continuado.

Señaló que el Tribunal Administrativo del Tolima, en un caso similar, acogió la postura de que la caducidad en estos asuntos debe computarse a partir de cuando

6 Transcrito con posibles errores ortográficos y negrillas del texto original. 7 Sala integrada por los magistrados: Luis Eduardo C ollazos Olaya, Carlos Arturo Mendieta Rodríguez y José Andrés Rojas Villa.Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el recluso deja «la Permanente Central, donde estuvo sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de reclusión ». Criterio que a su vez acogió el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión 8 y Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión9.

Como argumento subsidiario alegó que, él sólo tuvo con ocimiento del daño antijurídico con la respuesta dada por la Policía Metropolitana de Ibagué, el 19 de enero de 2023, cuando se informó que «las instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022».

un cupo máximo de 46 PPL, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022».

Advirtió que «dentro del bloque de constitucionalidad, existen estándares internacionales que exigen una protección reforzada para las personas que han estado en condiciones de detención indignas, […]».

Finalmente citó varias providencias que refieren el tema del daño continuado y la caducidad en materia de reparación directa.

1.5. Trámite procesal de la acción

El 21 de marzo de 2025 se admitió la acción y ordenó la notificación del tutelante y de las autoridades judiciales accionadas.

Además, se vinculó como terceros con int erés en las resultas del proceso al municipio de Ibagué, el departamento del Tolima, la Nación – Rama Judicial –, el INPEC, USPEC , la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y Policía Nacional para que, si lo consideran del caso, intervinieran en la presente tutela

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo, no obstante, el 23 de abril de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

El 24 de abril de 2025, la Sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, porque no se configuró el elemento subjetivo de la causal, en atención a que (i) el solo hecho de trabajar en la entidad

El 24 de abril de 2025, la Sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, porque no se configuró el elemento subjetivo de la causal, en atención a que (i) el solo hecho de trabajar en la entidad en mención no conlleva a que la cónyuge d el referido magistrado tenga interés en todos los procesos en los que esa dependencia sea parte o tercero con interé s y (ii) comoquiera que tampoco existen elementos que permitan establecer que la unidad en la que labora la esposa del señor consejero haya participado o inclusive conocido de los hechos que dieron lugar a la demanda contenciosa de responsabilidad extracontractual.

8 Expediente 05001-33-33-029-2019-00033-01. 9 Expediente 63001-33-33-005-2024-00227-01.Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se present aron las siguientes contestaciones:

1.6.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué , por intermedio de la juez a cargo del despacho sustanciador de la providencia de primera instancia controvertida, recordó los fundamentos de su proveído, y concluyó que « no se advierte que los argumen tos que sustentaron el rechazo de la demanda sean arbitrarios ni carezcan de soporte legal».

primera instancia controvertida, recordó los fundamentos de su proveído, y concluyó que « no se advierte que los argumen tos que sustentaron el rechazo de la demanda sean arbitrarios ni carezcan de soporte legal».

1.6.2. La Rama Judicial, alegó que no está legitimada para actuar, comoquiera que no es la entidad contra la cual se dirigen las pretensiones. No obstante, agregó que lo requerido por el accionante no tiene vocación de prosperidad, porque no se evidencia, dentro de las consider aciones el tribunal, que se hubiera incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías fundamentales invocadas, lo que permite colegir que el mecanismo apunta que se reabra el debate definido por el juez natural de la causa.

1.6.3. La Fiscalía General de la Nación , si bien no se refirió al caso concreto, ya que se pronunció frente a una demanda ordinaria ajena a la controversia, pidió declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, porque no se cumplió con las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el requisito de relevancia constitucional, además de que no vislumbra la vulneración de alguna garantía constitucional.

Agregó que carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.4. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, también pidió ser desvinculada, en atención a que la tutela versa exclusivamente sobre decisi ones judiciales proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima. Sin embargo, expuso que la tutela de la referencia es improcedente, ya que pretende «reabrir un debate jurídico

judiciales proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima. Sin embargo, expuso que la tutela de la referencia es improcedente, ya que pretende «reabrir un debate jurídico propio de la jurisdicción contencioso administrativa, y controvertir el criterio judicial adoptado por los jueces competentes dentro del marco de sus competencias funcionales».

1.6.5. El INPEC solicitó que se le desvincule, porque dentro de sus funciones no está la de cumplir lo requerido en la tutela. Agregó que no se acreditó el requisito de s ubsidiariedad porque «los accionantes estaban en capacidad de agotar los recursos que dispone la jurisdicción administrativa, dentro del trámite del medio de control de reparación direct[a]».

1.6.6. El municipio de Ibagué, la Policía Nacional y el USPEC requirieron que se les separara de la litis, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.7. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional requirió negar el mecanismo, en atención a que las providencias proferidas «tanto en primera como en segunda instancia se expidieron en plena observancia y cumplimiento a lo dispuesto en el marco constitucional, legal y reglamentario garantizando en todo momento el acceso a la justicia, debido proceso y derecho a la defensa yDemandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contradicción por parte del accionante a través de su apoderado judicial».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acci ón de tutela presentada por el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño , de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Se recuerda que la Rama Judicial , la Fiscalía General de la Nación , Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, el municipio de Ibagué, la Policía Nacional y el USPEC pidieron su desvinculación, sin embargo, esta Colegiatura no accederá a dicho s requerimientos, c omoquiera que dichas entidades fueron las demandadas en el proceso contencioso , y sus vinculaciones obedecen al interés en las resultas del proceso.

2.3. Problema jurídico

En primer lugar, esta Colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limit ará a la providencia que puso fin al proceso, luego corre sponde determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante de parte del Tribunal Administrativo de l Tolima con ocasión de la prov idencia proferida en segunda instancia el 26 de septiembre de 2024.

caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante de parte del Tribunal Administrativo de l Tolima con ocasión de la prov idencia proferida en segunda instancia el 26 de septiembre de 2024.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 10 unificó la diversidad de criterio s que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para de clarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.

10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Se dijo en la mencionada s entencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Se dijo en la mencionada s entencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parám etros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplem ente se refirió a los « fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Consti tucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por H. la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

recordar el criterio adoptado por H. la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela , las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y prev iene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: ( i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

2.5.1.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante constitucionalmente frente al cargo por desconocimiento del precedente, pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de varios derechos fundamentales y en particular de la garantía de acceso a la administración de justicia, ante la posible configuración del defecto por desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado contenido en la providencia qu e confirmó el rechazó de una demanda de

acceso a la administración de justicia, ante la posible configuración del defecto por desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado contenido en la providencia qu e confirmó el rechazó de una demanda de reparación directa, que a su vez involucra el estudio sobre la responsabilidad del Estado cimentada en una presunta afectación a los derechos al mínimo vital y la dignidad humana de las personas privadas de la libert ad14 por haber sometido al señor Marlon Daniel Rubio Avendaño a una condición de hacinamiento carcelario.

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sen tencia de 5 de agosto de 2014, Ref: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14 Ver al respecto T -386 de 2024: «13.24. La Corte ha pre cisado que toda persona pri vada de la libertad debe estar recluida en condiciones respetuosas del mínimo vital y de la dignidad humana. Esto, bajo criterios de: (i) una reclusión libre de hacinamiento;131 contar con una infraestructura adecuada;[132] (iii) no estar sometido a temperaturas extremas; (iv) acceso a servicios públicos; y, (v) alimentación adecuada y suficiente.».Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

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Al respecto, cabe destacar que la decisión que declaró la caducidad del medio de control se dio en la etapa inicial del proceso, antes de que se traba ra la litis, aspecto que sin lugar a duda encuentra mayor importancia frente al estudio de fondo del mecanismo, ya que, de entrada, se vislumbra la imposibilidad de activar el aparato judicial.

Además, es pertinente advertir que los argumentos expuestos n o apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, ya que trascienden de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» porque a su juicio existe un precedente que apoya su tesis.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un vicio judicial, al no estudia r el caso a luz de los antecedentes que se citaron en la solicitud de amparo, lo que a su juicio tiene la virtualidad de modificar la decisión controvertida.

En este orden de ideas, se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia Constitucional frente al cargo por desconocimiento del precedente , con relación a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en atención a que se está en presencia de una posible trasgresión de las garantías constitucionales

relevancia Constitucional frente al cargo por desconocimiento del precedente , con relación a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en atención a que se está en presencia de una posible trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante, cuya controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido económico, sino que se justificó en una notoria tensión entre los garantías invocadas y la decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal referente al yerro en mención.

2.5.1.2. Ahora, no ocurre lo mismo frente al cargo por defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, comoquiera que la parte actora no desarrolla cuáles fueron las normas que se implementaron indebida o irracionalmente , ni se precisa cuál es la incidencia que tienen respecto de la determinación adoptada por el tribunal, luego ante la presencia de la configuración de este posible yerro de índole de interpretación normativa, es pertinente advertir que los argumentos expuestos apunt an a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, ya que no trascienden de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales».

2.5.1.3. En este mismo sentido se advierte que el cargo que se podría adecuar a l de la trasgresión al derecho a la igualdad no cuenta con la carga argumentativa mínima para ser estudiado 15, comoquiera que si bien se alegó que no se tuvo en cuenta diversas providencias de algunos tribunales administrativos 16, se debe recordar que, para que se configure un desconocimiento del derecho a la igualdad, uno de los presupuestos es que las decisiones enjuiciadas deben ser proferidas

cuenta diversas providencias de algunos tribunales administrativos 16, se debe recordar que, para que se configure un desconocimiento del derecho a la igualdad, uno de los presupuestos es que las decisiones enjuiciadas deben ser proferidas

15 Consultar en similar sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 10 de abril de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-01366-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parral. 16 Tribunal Administrativo del Tolima, proveído de 5 de septiembre de 2024, rad. 73001 -33-33-0012024-00124-01; Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Dec isión, sentencia de 29 de enero de 2024, exp. 05001 -33-33-029-2019-00033-01, y Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, fallo de noviembre 8 de 2024, rad 63001-3333-005-2024-00227-01.Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la misma conformación de Sala en todos l os casos17, y de entrada es posible concluir que los magistrados que co nformaron las Salas que emitieron esas decisiones no son los mismos que dictaron la providencia hoy controvertida, luego no se podría predicar, de entrada, el desconocimiento del precedente «horizontal» alegado, o la obligación de la Sala que profirió el a uto cuestionado a resolver en el mismo sentido de sus pares.

no se podría predicar, de entrada, el desconocimien

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