CE - Sentencia 11001031500020250163200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250163200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
Accionante: Jesús Hernando Samudio Tique Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / improcedente – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Tercera instancia.
Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1. El 1 8 de marzo de 2025, el señor Jesús Hernando Samudio Tique presentó demanda de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso. Considera que este fue vulnerado por las autoridades accionadas al proferir las sentencias del 29 de febrero de 2024 y 28 de enero de 2025 2, respectivamente, en el marco del proceso de reparación directa 3 que promovió junto con otra 4 en contra d el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-; cuyo propósito era que se declarara administrativamente
enero de 2025 2, respectivamente, en el marco del proceso de reparación directa 3 que promovió junto con otra 4 en contra d el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-; cuyo propósito era que se declarara administrativamente responsable a la demandada por los perjuicios causados como consecuencia de la privación de la libertad que se extendió por 4 años, 3 meses y 20 días adicionales a los dispuestos en la respectiva condena.
2. El Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Neiva en sentencia del 29 de febrero de 2024, decidió declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes, sin condena en costas.
Estimó que de los elementos materiales probatorios se podía deducir que el investigado y finalmente condenado en el proceso penal 1100160000192005-800421 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Notificada el 3 de febrero de 2025. 3 Con número de radicado: 41001-33-33-003-2019-00350-01. 4 Edelmira Jiménez Tovar.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
Accionante: Jesús Hernando Samudio Tique Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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Accionante: Jesús Hernando Samudio Tique Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2 00, sobre el que se sustenta ron las pretensiones, fue Mario Alberto Samudio Tique y/o Rodrigo Samudio Tique, identificado con las cédulas de ciudadanía 8.302.014 y/o 8.030.214; es decir, que se trata de una persona en nombre e identificación diferente a la que acud ió al proceso en calidad de actor - víctima, esto es, a Jesús Hernando Samudio Tique, identificado con cédula de ciudadanía 1.073.255.259. Concluyó que no existe justificación válida que conlleve a estimar que Jesús Hernando Samudio Tique y Mario Alberto Samudio Tique y/o Rodrigo Zamudio Tique son la misma persona.
3. El Tribunal Administrativo del Huila en sentencia del 28 de enero de 2025 confirmó la decisión de primera instancia bajo términos similares. Consideró que si bien en el escrito introductorio se señaló que el demandante fue procesado como indocumentado y en el sistema de información del INPEC se registra n procesos a nombre de Mario Alberto Samudio Tique; lo cierto era que ni de las documentales e interrogatorio de parte se esclarecía la causa aparente por la cual el señor Jesús Hernando Samudio Tique se pres entaba con un nombre diferente ; además que se extrañaban tanto su cédula de ciudadanía como su registro civil, documentos que podían aportar elementos de juicio relevantes.
4. La parte accionante afirmó que la decisión acusada incurrió en los siguientes
defectos:
5. Defecto fáctico: en la medida en que tanto en la demanda como durante el debate
podían aportar elementos de juicio relevantes.
4. La parte accionante afirmó que la decisión acusada incurrió en los siguientes
defectos:
5. Defecto fáctico: en la medida en que tanto en la demanda como durante el debate probatorio, fueron expuestos los motivos por los cuales no había podido tramitar el documento de identificación, razones que no fueron objeto de controversia ni valoración. Adujo que existían en el proceso las pruebas documentales y testimoniales, que no fueron objeto de tacha alguna, las cuales permitían de manera clara establecer que Rodrigo Zamudio Tique y Jesús Hernando Samudio Tique eran la misma persona que estuvo privada de la libertad dentro del proceso penal 110016000092005-80042-00.
6. Arguyó que en la audiencia inicial fue decretado interrogatorio de parte por solicitud del INPEC, en el cual quedó pl enamente establecido que el número de cédula expedido por la Registraduría del Estado Civil de Mosquera correspondía a Jesús Hernando Samudio Tique ; identificación que s ólo se materializó hasta después de haber logrado la libertad por pena cumplida dentro del proceso penal 110016000092005-80042-00. Además, quedó definido que su nombre e identificación actual corresponde n a Jesús Hernando Samudio Tique , y que en los procesos penales fue condenado con los nombres de Rodrigo Zamudio Tique y/o
Mario Alberto Samudio Tique.
7. Expuso que es errada la apreciación de las accionadas, al decidir de manera oficiosa una falta de legitimación, aduciendo que no pu do determinarse que el demandante en la acción de reparación directa corresponde al mismo Mario Alberto Samudio Tique o Rodrigo Zamudio Tique, cuando las pruebas documentales y el
oficiosa una falta de legitimación, aduciendo que no pu do determinarse que el demandante en la acción de reparación directa corresponde al mismo Mario Alberto Samudio Tique o Rodrigo Zamudio Tique, cuando las pruebas documentales y el mismo interrogatorio así lo acreditan, máxime teniendo en cuenta que en la demandaRadicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
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3 fueron expuestos estos hechos, y en la contestación no hubo oposición, excepciones ni alegación alguna contrariándolos.
8. Respecto de la prueba de oficio requerida por el Juez Tercero Administrativo del Circuito de Neiva, donde solicitó información al INPEC para determinar si Jesús Hernando Samudio Tique identificado con cédula 1.073.255.259 estuvo privado de la libertad, expresó que era evidente que dicha entidad iba a emitir un certificando indicando que verificado en el sistema de información SISIPEC WEB no existía información alguna que indicara proceso judicial en su contra; pues desde el escrito de demanda le fue puesto de presente al juez y a los demandados que solo logró hacer el proceso de cedulación una vez salió de prisión , lo cual se ratifica con la fecha de expedición de ese documento de identidad que data del 12 de febrero de 2018, la cual es posterior a los hechos demandados donde se le privó como indocumentado, y le fue tramitado el proceso judicial como Mario Alberto Samudio Tique o Rodrigo Zamudio Tique, pruebas documentales aportadas al plenario.
2018, la cual es posterior a los hechos demandados donde se le privó como indocumentado, y le fue tramitado el proceso judicial como Mario Alberto Samudio Tique o Rodrigo Zamudio Tique, pruebas documentales aportadas al plenario.
9. Manifestó que en la contestación de la demanda por parte del INPEC fueron aportadas las pruebas documentales correspondientes a la hoja de vida del señor Mario Alberto Samudio Tique o Rodrigo Zamudio Tique, donde estaba la reseña o la toma de huellas dactilares de aquel. Por lo que, si el juez pese a la existencia de las pruebas documentales y testimoniales le surgió duda de la identidad de l demandante, debió despejarlas ordenado un cotejo de huellas dactilares con un perito en dactiloscopia o, a través de programas para la comparación de las mismas.
10. Adujo que existe incluso la boleta de encarcelación a nombre de Rodrigo Zamudio Tique, donde se encuentran de manera clara sus huellas dactilares, la cuales podían ser comparadas con su actual cédula de ciudadanía a nombre Jesús Hernando Samudio Tique, lo cual da rá cuenta que no existe duda alguna que se trata de la misma persona. De igual forma, podía pedirse al INPEC que aportase las huellas y registro de ingresos que existen en su sistema de información a nombre de Rodrigo Samudio Tique, las cuales corresponden con las del demandante.
11. Informó que la huella que tiene registrada en su actual cédula corresponde al dedo índice izquierdo y no al derecho, debido a una amputación que tuvo por un accidente de trabajo en el taller de carpintería del establecimiento penitenciario de Bogotá a cargo del INPEC cuando estuvo privado de la libertad; suceso sobre el que existe
índice izquierdo y no al derecho, debido a una amputación que tuvo por un accidente de trabajo en el taller de carpintería del establecimiento penitenciario de Bogotá a cargo del INPEC cuando estuvo privado de la libertad; suceso sobre el que existe prueba documental aportada por la Rama Judicial a folio 19 del escrito de contestación.
12. Estimó que no existió una valoración de las pruebas legalmente aportadas al proceso, por el contrario, solo hubo un desconocimiento de las mismas, pues los despachos de primera y segunda instancia se apartaron de la búsqueda de la verdad y la reparación in tegral. Destacó que, si bien el Juez de conocimiento dentro de su competencia puede declarar de oficio la falta de legitimación, no es menos cierto que la entidad demandada y la llamada en garantía nunca se manifestaron sobre aquello, porque desde un princ ipio sabían que en efecto el demandante estuvo cumpliendo una pena.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
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13. Manifestó que las accionadas no indagaron ni profundizaron sobre el auto interlocutorio del 27 de noviembre de 2017, mediante el cual se ordenó su libertad definitiva e inmediata a nombre de Mario Alberto Samudio Tique, reconociendo en el numeral quinto que “el tiempo que purgó demás el sentenciado, fijando 4 años, 3 meses y 16 días ”. Así como tampoco llamó a rendir testimonio a alguno de los miembros del despacho penal donde se dictó e se proveído para que ratificara n el
meses y 16 días ”. Así como tampoco llamó a rendir testimonio a alguno de los miembros del despacho penal donde se dictó e se proveído para que ratificara n el documento o lo desvirtuaran. Adicionó que las dos instancias se limitaron a analizar la institución jurídica de la falta de legitimación, la cual no era aplicable a su caso, porque nunca se alegó que él era una persona diferente a la que estuvo en prisión.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
14. Mediante providencia de 19 de marzo de 2025, el Juzgado Penal Municipal de Mosquera remitió el asunto al Consejo de Estado, en virtud de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de 2021 artículo 2.2.3.1.2.1, numerales 5 y 11.
15. Por auto de 25 de marzo de 2025 5 se admitió la presente acción, se ordenó notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas y, se vinculó a la señora Edelmira Jiménez Tovar, al Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPECy a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -DEAJ-, en calidad de terceros con interés. Igualmente se ordenó comunicar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
(i) Tribunal Administrativo del Huila6.
16. Expresó que no ha vulnerado ni desconocido derecho fundamental alguno de la parte accionante , como quiera que la providencia objeto de la presente acción consigna las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión.
(ii) Edelmira Jiménez Tovar7.
parte accionante , como quiera que la providencia objeto de la presente acción consigna las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión.
(ii) Edelmira Jiménez Tovar7.
17. Manifestó que coadyubaba y estaba de acuerdo con todas y cada una de las pretensiones y argumentos expuestos por Jesús Hernando Samudio Tique.
(iii) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)8.
18. Arguyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, puesto que una lectura de la acción constitucional permite concluir que las inconformidades están relacionadas con la expedición de providencias judiciales sobre las cuales esa institución no tiene ninguna participación; por lo cual carece de legitimación en la causa por pasiva y debe ser desvinculada.
(iv) Dirección Ejecutiva de Administración Judicial9.
5 Notificado el 28 y 31 de marzo de 2025. 6 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 1 folio. 7 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 1 folio. 8 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 4 folios. 9 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 8 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
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19. Adujo que el interés sustancial en el sub examine está encaminado a revocar una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en el marco de su facultad jurisdiccional, lo que implica que la Dirección Ejecutiva no es la llamada
providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en el marco de su facultad jurisdiccional, lo que implica que la Dirección Ejecutiva no es la llamada a responder por la decisión adoptada por esa Corpo ración, la cual se encuentra amparada bajo los principios de autonomía e independencia judicial. Sumado al hecho de que dentro de las funciones de la entidad no figura aquella atinente a dejar sin efectos decisiones proferidas en el trámite de procesos judiciales. Destacó que la DEAJ no participó en el proceso de reparación directa del derecho promovido por el actor. Por lo anterior, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
20. Por otra parte, advirtió que los argumentos del actor no tienen vocación de prosperidad, porque no se vislumbra que el Tribunal Administrativo del Huila haya incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías fundamentales invocadas. Por el contrario, consideró que la presente acción constitucional se presentó para revivir un debate definido y modificar una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y hace tránsito a cosa juzgada. Por ende, se deben negar las pretensiones de la tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
21. En relación con la solicitud de desvinculación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial esta Sala no accederá, en la medida en que la primera fue demandada en el proceso de reparación directa donde se profirió el fallo acusado y, la segunda, fue vinculada y
y Carcelario y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial esta Sala no accederá, en la medida en que la primera fue demandada en el proceso de reparación directa donde se profirió el fallo acusado y, la segunda, fue vinculada y participó activamente en el mismo; por ende, es claro que cualquier decisión a favor de la actora podría afectar sus intereses, por lo que su intervención es indispensable.
D. Análisis del caso concreto
22. La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por carecer de relevancia constitucional.
23. Resulta evidente que la parte actora pretende convertir esta acción constitucional en una tercera instancia, en la medida en que, una vez revisado el expediente de reparación directa, se vislumbra que, en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 29 de febrero de 2024, el hoy accionante también alegó la indebida valoración integral de las pruebas allegadas al plenario (documentales e interrogatorio de parte), las cuales -a su juicio - demuestran que él es la misma persona que tuvo una prolongación ilegal de su libertad, dentro del proceso penal 110016000092005-80042-00.
24. Sin embargo, el asunto fue resuelto de forma razonable por el Tribunal Administrativo del Huila en el fallo de 28 de enero de 2025, haciendo uso del escaso material probatorio allegado al plenario ; dentro del cual se indicó que según elRadicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
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6 proceso penal 110016000092005 -80042-00, allí era reiterativo encontrar que el procesado en dicha causa suscribía sus solicitudes como “Rodrigo Zamudio Tique” con cédula de ciudadanía 8.302. 148. También encontró que las notificaciones que se surtieron en el trámite se registraron con el nombre de “Mario Alberto Samudio Tique”, no obstante, en la rúbrica se observa ba “Rodrigo Zamudio Tique” . En la providencia se incluyeron imágenes de dos documentos en los que se evidencia lo anterior.
25. Sostuvo que, si bien en el escrito introductorio el demandante señaló que fue procesado como indocumentado y en el sistema de información del INPEC se registraban procesos a nombre de “Mario Alberto Samudio Tique”; lo cierto era que ni del fundamento fáctico ni de las pruebas recaudadas, era posible establecer la causa aparente por la cual el señor Jesús Hernando Samudio Tique se presentó con un nombre diferente; pues en el caso de haber tenido problemas con su registro civil y carecer de un documento de identificación al momento de su captura, como lo afirmó en el interrogatorio, jamás explicó la razón que lo llevó a firmar las notificaciones y peticiones dentro d e todo el proceso penal como Mario Alberto o Rodrigo, incluso consignando un número de identificación diferente bajo tales nombres cuando tenía plena conciencia de su identificación real.
26. Aunado a ello, afirmó que se extrañaba dentro del proceso la cédula de ciudadanía del demandante, para conocer la fecha de expedición del documento y
nombres cuando tenía plena conciencia de su identificación real.
26. Aunado a ello, afirmó que se extrañaba dentro del proceso la cédula de ciudadanía del demandante, para conocer la fecha de expedición del documento y lograr corroborar el hecho que denota la novedad en su identificación, como fue manifestado en el dos ier. Igualmente destacó la omisión de presentar su registro civil, para efectos de ratificar los posibles inconvenientes que dice haber tenido, pues cualquier modificación en la identificación del ciudadano debió haberse registrado en las notas marginales del mismo.
27. Manifestó que no era de recibo la premisa que el actor señaló en torno a resolver favorable sus pretensiones sólo bajo la presunción de buena fe, dado que ante la jurisdicción contencioso-administrativa es imperativo llegar al pleno convencimiento del daño, y en el caso concreto, demostrar la legitimación material en la causa, lo cual no se configuró.
28. Aterrizando lo problema jurídico central , afirmó que era inocuo el sustento probatorio para entrever la relación sustancial entre el demandante Jesús Hernando Samudio Tique y el sujeto que fue condenada en el proceso penal 110016000092005-80042-00 por el delito de extorsión , pues lejos est aba de probarse que se refería a la misma persona.
29. Conforme a lo anterior, advirtió que n o había conexión del demandante con los hechos que motivaron el litigio, razón suficiente para señalar que las pretensiones formuladas est aban llamadas a fracasar , puesto que el demandante no probó el interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido.
30. Bajo el anterior escenario, para esta Sala de Subsección no cabe duda de que la
formuladas est aban llamadas a fracasar , puesto que el demandante no probó el interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido.
30. Bajo el anterior escenario, para esta Sala de Subsección no cabe duda de que la parte actora en la presente acción constitucional sigue esgrimiendo los mismosRadicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
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7 argumentos que expuso en su recurso de apelación contra la decisión de primera instancia y, que los mismos fueron resueltos de forma clara, precisa y razonable por el Tribunal Administrativo del Huila.
31. En la providencia censurada la autoridad judicial estudió el interrogatorio de parte que el señor Samudio Tique alude no fue valorado, así como el proceso penal 110016000092005-80042-00 y todas las piezas procesales que lo componen. No obstante, para el Tribunal accionado las mismas era inocuas e insuficientes para determinar que el demandante Jesús Hernando Samudio Tique y el sujeto que fue condenado en el proceso penal 110016000092005 -80042-00 por el delito de extorsión son la misma persona.
32. Estudio probatorio que no se antoja caprichoso o arbitrario, en la medida en que no se advierte dentro del plenario una prueba que permita entrelazar la identidad del señor Jesús Hernando con las de “ Mario Alberto y/o Rodrigo Zamudio Tique” y puntualmente en esta acción de tutela la parte accionante no señala dicha evidencia, pues se limita a reiterar que el material probatorio no fue valorado en forma
señor Jesús Hernando con las de “ Mario Alberto y/o Rodrigo Zamudio Tique” y puntualmente en esta acción de tutela la parte accionante no señala dicha evidencia, pues se limita a reiterar que el material probatorio no fue valorado en forma adecuada, obviando especificar un elemento de convicción contundente que diera cuenta de esa situación y que no fue considerado.
33. Todo el proceso penal se adelantó a nombre de “Mario Alberto y/o Rodrigo Zamudio Tique”, desde la boleta de encarcelamiento en adelante; por lo que aquel en nada prueba que se t rata de la misma persona. Tampoco obra la cédula de ciudadanía de ninguna persona, un registro civil de nacimiento, una escritura pública por cambio de nombre, o algún documento realmente determinante que haga entrever que Jesús Hernando es la misma persona del proceso penal sobre el cual se reclama un daño.
34. A ello se suma que ni siquiera en esta acción constitucional se explicaron las razones que llevaron al accionante a supuestamente identificarse con otros nombres, y suscribir documentos oficiales de su reclusión y del proceso penal con otro nombre e incluso números de cédula distintos. Aspecto que igualmente extrañó el Tribunal en la providencia censurada.
35. En esa medida, esta Sala de Subsección no identifica algún motivo por cual deba intervenir en el caso bajo estudio, pues del contenido de la decisión acusada se observa que, en ejercicio de su autonomía judicial y en aplicación de los criterios de libre apreciación probatoria y sana crítica, el juez ordinario valoró de forma razonable el acervo probatorio obrante en el expediente de cara a los reproches puestos a su consideración, confrontándolo con las perspectivas legales y jurisprudenciales
libre apreciación probatoria y sana crítica, el juez ordinario valoró de forma razonable el acervo probatorio obrante en el expediente de cara a los reproches puestos a su consideración, confrontándolo con las perspectivas legales y jurisprudenciales respectivas. Todo con lo cual pudo concluir que el señor Samudio Tique no cumplió con la carga de la prueba necesaria para acreditar la legitimación en la causa por activa.
36. Por otra parte, el actor expuso que en el proceso había pruebas documentales y testimoniales que permitían de manera clara establecer que “Rodrigo y/o Mario Alberto Zamudio Tique ” y Jesús Hernando Samudio Tique eran la misma personaRadicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
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8 que estuvo privada de la libertad dentro del proceso penal 110016000092005-8004200. No obstante, no indica cuáles son esas pruebas exactamente, ni mucho menos cómo acreditan de forma certera su legitimación en la causa por activa.
37. Ahora, si bien el señor Samudio Tique aduce que en el interrogatorio de parte quedó establecido que el número de cédula expedido por la Registraduría del Estado Civil de Mosquera correspondía a Jesús Hernando, la cual fue expedida después de obtener su libertad (cédula que no allegó al proceso ordinario); se reitera que aquello no da un ápice de certeza de que “Rodrigo y/o Mario Alberto Zamudio Tique” sea la misma persona que demanda en reparación directa, pues no existe ningún documento que acredite una paridad entre esas personas. Sumado al hecho que
no da un ápice de certeza de que “Rodrigo y/o Mario Alberto Zamudio Tique” sea la misma persona que demanda en reparación directa, pues no existe ningún documento que acredite una paridad entre esas personas. Sumado al hecho que tampoco se halló que en dicha audiencia quedara d efinido que a pesar de ser su nombre actual Jesús Hernando Samudio Tique estuvo en prisión bajo los nombres de “Rodrigo y/o Mario Alberto Samudio Tique”.
38. De otro lado, frente a que se debió hacer un cotejo de las huellas dactilares existentes en la hoja de vida, la boleta de encarcelación o en el registro de ingreso que existen en su sistema de información del INPEC del señor “Mario Alberto y/o Rodrigo Zamudio Tique ”, con un perito en dactiloscopia o, a través de programas para la comparación de las mismas. Esta Sala advierte que son pruebas que nunca fueron solicitadas dentro del proceso ordinario de reparación directa; por lo que el actor no puede pretende r utilizar este mecanismo de amparo para subsanar las falencias probatorias que tuvo al interior de aquel.
39. Finalmente, en relación con que no se indagó sobre el auto interlocutorio del 27 de noviembre de 2017, mediante el cual se ordenó la libertad definitiva e inmediata a nombre de Mario Alberto Samudio Tique, reconociendo en el numeral quinto que el tiempo que purgó demás el sentenciado fue de 4 años, 3 mese s y 16 días; ni se llamó a rendir testimonio a alguno de los miembros del despacho penal para que ratificaran o desvirtuaran ese documento. Esta Sala no observa cómo aquella prueba acredita que el señor Jesús Hernando sea la misma persona que estuvo retenida;
llamó a rendir testimonio a alguno de los miembros del despacho penal para que ratificaran o desvirtuaran ese documento. Esta Sala no observa cómo aquella prueba acredita que el señor Jesús Hernando sea la misma persona que estuvo retenida; pues de ese auto lo único que se logra entrever es que puede , quizás, ser útil para demostrar el daño causado, pero no la legitimación en la causa por activa.
40. Respecto a esos reproches por la supuesta falta de acción de las autoridades judiciales en el esclarecimiento de los hechos, es oportuno precisar que corresponde a las partes probar los hechos en que sustentan sus pretensiones. En tal sentido, si el señor Samudio Tique tenía claro que en el curso del proceso penal fue identificado con nombre y cédulas diferentes a las que utiliza en la actualidad, debió emprender un esfuerzo tanto probatorio como argumentativo por llevar a la autoridad a la convicción de que se trataba de la misma persona que estuvo privada de la libertad, de forma tal que quedara claramente acreditada esa situación. No es de recibo que simplemente allegara el proceso penal y actuara con la nueva identificación, afirmando ser la misma persona, sin aportar la documentación pertinente.
41. Los datos de identificación de una persona, tanto su nombre como su documento de identidad, no son de aquellos que se puedan cambiar a simple voluntad puesRadicación: 11001-03-15-000-2025-01632-00
Accionante: Jesús Hernando Samudio Tique Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9 están sometidos a unas formalidades y limitaciones, además de que deben reposar en actos y registros públicos. De manera qu e es apenas razonable que las
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9 están sometidos a unas formalidades y limitaciones, además de que deben reposar en actos y registros públicos. De manera qu e es apenas razonable que las autoridades judiciales extrañaran los mismos en las pruebas aportadas por el accionante, máxime cuando usó en forma indiscriminada dos nombres y dos cédulas de ciudadanía, sin dar cuenta de las razones para ello, más allá de indicar que sólo tras finalizar la reclusión pudo acceder a su documento actual de identidad, sin tampoco explicar nada respecto a esto último.
42. Así las cosas, resulta evidente que el demandante pretende crear una tercera instancia al proceso ordinario, en busca de reabrir y continuar de forma indefinida un debate probatorio, asunto que, como se vio, fue objeto de estudio ante la instancia judicial respectiva, la cual tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho y de derecho, así como las pruebas que sometieron a su consideración.
43. Por lo tan
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