CE - Sentencia 11001031500020250163300

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250163300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

Accionante: Ruth Marina Arias Gudiño Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección de concejal de Hatillo. Doble militancia en la modalidad de apoyo / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 19 de marzo de 2025 la señora Ruth Marina Arias Gudiño , a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela2 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con la pretensión de que se dejara sin efectos la sentencia de 24 de octubre de 2024, emitida dentro del proceso de nulidad electoral3 instaurado por el

apoderado judicial, promovió acción de tutela2 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con la pretensión de que se dejara sin efectos la sentencia de 24 de octubre de 2024, emitida dentro del proceso de nulidad electoral3 instaurado por el señor Camilo Jesús Castro Ortiz en su contra, encaminado a obtener la anulación de su acto de elección como concejal de Hatillo de Loba, para el período 2024 -2027, bajo el fundamento de haber incurrido en la causal de nulidad electoral de doble militancia en la modalidad de apoyo.

2. Mediante la providencia acusada, se revocó la decisión adoptada el 4 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones ordinarias, para en su lugar, acceder a estas . Se determinó que la accionante brindó su apoyo a una candidata a la alcaldía de Hatillo de Loba que pertenecía a l partido político

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido. 3 Expediente 13001-23-33-000-2024-00007-02.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

Accionante: Ruth Marina Arias Gudiño

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

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Conservador Colombiano, es decir, uno diferente al que ella militaba y el cual tenía un aspirante propio para la misma alcaldía (partido de La U).

3. La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, pues se valoró de manera indebida el material probatorio que reposaba en las diligencias ordinarias.

Ello implicó que se desconociera el elemento objetivo exigido para la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo , consistente en la existencia de manifestaciones positivas y concretas de respaldo a un candidato distinto al avalado por el partido al cual pertenecía.

4. Lo anterior, por cuanto se le otorgó un alcance indebido a las pruebas incipientes presentadas por la parte demandante. Estas fueron un par de capturas de pantalla o fotografías en formato PDF de una publicación en su red social Facebook, sin que se identificaran sus autores ni s e acreditara su autenticidad como verdaderos mensajes de datos dentro del expediente y con base en los cuales no se puede inferir de manera objetiva y concluyente la conducta imputada.

5. También se configuró desconocimiento del precedente , en tanto la autoridad judicial se apartó del criterio que venía sosteniendo de manera pacífica en relación con la doble militancia en la modalidad de apoyo. Según aquel, para su configuración se deben presentar manifestaciones positivas y concretas de respaldo o apoyo a candidatos de otros partidos, es decir, este respaldo debe ser expreso e inequívoco, circunstancias que no acaecieron en este caso. Dicho criterio se planteó en las

se deben presentar manifestaciones positivas y concretas de respaldo o apoyo a candidatos de otros partidos, es decir, este respaldo debe ser expreso e inequívoco, circunstancias que no acaecieron en este caso. Dicho criterio se planteó en las sentencias de 1º de noviembre de 20124, 6 de octubre de 20165 y 21 de abril (sic)6 y 9 de noviembre de 20237.

6. Además, también se ha reiterado sobre la importancia de contar con pruebas claras y suficientes para acreditar ese tipo de doble militancia, como se indicó en la sentencia de 3 de octubre de 20248, al precisar que la existencia de simples capturas de pantalla sin manifestaciones expresas y concretas de respaldo no es suficiente para demostrar el apoyo indebido a otro candidato.

7. Por último, indicó que se presentó una violación directa de la Constitución, toda vez que s e vulneraron sus garantías superiores a la igualdad y a ser elegid a. Se decidió su caso en sentido diferente a los que han sido zanjados de manera previa bajo similares supuestos fácticos y jurídicos , en particular, en la mencionada sentencia de 3 de octubre de 2024. Se impuso una restricción indebida al derecho a ser elegida, al basarse en una valoración probatoria débil e inconsistente, que no cumple los estándares exigidos por la jurisprudencia constitucional y convencional.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

4 Radicación 2011-00311, C. P. Mauricio Torres Cuervo. 5 Expediente 50001-23-33-000-2016-00077-01, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

4 Radicación 2011-00311, C. P. Mauricio Torres Cuervo. 5 Expediente 50001-23-33-000-2016-00077-01, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 6 Expediente 11001-03-28-000-2022-00118-00. 7 Expediente 11001-03-28-000-2022-00258-00. 8 Expediente 13001-23-33-000-2023-00472-01, C. P. Omar Joaquín Barreto Suárez.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

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8. Mediante auto de 25 de marzo de 20259, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó al señor Camilo Jesús Castro Ortiz, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral , en calidad de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Consejo de Estado – Sección Quinta

9. Indicó que en el fallo cuestionado se valoraron las pruebas documentales aportadas por el demandante bajo los criterios de la sana crítica y de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección, para concluir que del contenido de dos fotografías se configuraba la doble militancia en la modalidad de apoyo.

10. Por lo anterior, la valoración probatoria realizada no fue irrazonable, arbitraria y caprichosa, así como tampoco se desconoció la jurisprudencia de la Sala , ni se trasgredieron postulados constitucionales, dado que , del material legal y

10. Por lo anterior, la valoración probatoria realizada no fue irrazonable, arbitraria y caprichosa, así como tampoco se desconoció la jurisprudencia de la Sala , ni se trasgredieron postulados constitucionales, dado que , del material legal y oportunamente allegado al proceso, se pudo concluir la existencia de actos ciertos de apoyo que conllevan a sustentar la decisión objeto de tutela.

11. En ese sentido, se evidencia que lo que pretende la parte actora es reabrir el debate de lo resuelto con fundamento en la ley por el juez electoral, por ende, pide que se nieguen las pretensiones de la tutela.

(ii) Registraduría Nacional del Estado Civil

12. Adujo que no tiene competencia para pronunciarse sobre lo pretendido por l a actora, pues recae sobre el proceso contencioso administrativo adelantado en la Sección Quinta del Consejo de Estado, por tanto, es esa Corporación la cual, en el marco de sus competencias, debe resolver la situación presentada con la declaratoria de nulidad de la elección de la tutelante. Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que se pretende reabrir un debate de tercera instancia, lo cual resulta inadmisible dentro del marco de la acción de tutela.

(iii) Consejo Nacional Electoral

13. Advirtió que no tuvo participación directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de la acción constitucional, ni intervino en el proceso de nulidad electoral cuya decisión se cuestiona. Asimismo, no es la autoridad competente para satisfacer las pretensiones formuladas en esta tutela, en tanto no tiene injerencia alguna en las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado , en su calidad de autoridad judicial en sede de apelación de procesos de nulidad electoral.

satisfacer las pretensiones formuladas en esta tutela, en tanto no tiene injerencia alguna en las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado , en su calidad de autoridad judicial en sede de apelación de procesos de nulidad electoral.

9 Notificado el 28 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

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14. Por consiguiente, se evidencia que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicita su desvinculación del trámite constitucional.

15. En auto del 2 de mayo de 2025 se declaró fundado el impedimento manifestado por el consejero Fernando Pardo Flórez.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Solicitud de desvinculación

16. La Sala negará la petición del Consejo Nacional Electoral, pues su vinculación no se realizó en condición de accionado. Resulta claro que dicha entidad carece de la facultad de emitir una decisión judicial que reemplace la controvertida, que es lo que se pretende en este asunto. No obstante, al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que la referida entidad fue vinculada al proceso electoral, en virtud del numeral 2 del artículo 277 del CPACA, mediante auto de 29 de enero de 2024, que admitió la demanda de nulidad electoral formulada contra la tutelante, resultaba indispensable que fuera llamada a estas diligencias como tercera interesada.

D. Análisis del caso concreto

17. La Sala advierte que la tutela no satisface el presupuesto de relevancia

contra la tutelante, resultaba indispensable que fuera llamada a estas diligencias como tercera interesada.

D. Análisis del caso concreto

17. La Sala advierte que la tutela no satisface el presupuesto de relevancia constitucional. La parte actora pretende que se acoja la manera como, a su juicio, se debió haber zanjado el litigio . Para cuyo efecto , se limita a presentar inconformidad con la decisión judicial atacada, en cuanto a la valoración probatoria efectuada y a la aplicación de la jurisprudencia que se avenía a su caso, para revivir el debate que en ese aspecto fue definido por el juez natural, con el fin de obtener una decisión que le resulte favorable a sus intereses, y sin que se despliegue una carga argumentativa suficiente tendiente a demostrar los yerros constitucionales que motivaron la presentación de esta acción, como se expondrá a continuación.

18. La tutelante indica que en la providencia acusada se incurrió en defecto fáctico, porque se valoró de manera indebida el material probatorio que reposaba en el proceso ordinario. En particular, las capturas de pantalla o fotografías en formato PDF de una publicación de su red social Facebook, pues no se identificó su autor ni su autenticidad y, en todo caso, carecían de la potencialidad para demostrar la existencia de manifestaciones positivas y concretas de res paldo a un candidato distinto al avalado por el partido al cual pertenecía.

19. A pesar de que la tutelante alega que se desconoce la autoría de las imágenes, así como su autenticidad, se debe tener en cuenta que la autoridad judicial precisó que resultaba irrelevante el hecho de que ella en el interrogatorio de parte hubiera

19. A pesar de que la tutelante alega que se desconoce la autoría de las imágenes, así como su autenticidad, se debe tener en cuenta que la autoridad judicial precisó que resultaba irrelevante el hecho de que ella en el interrogatorio de parte hubiera informado que no sabía la razón por la cual estas aparecían en su red social, bajoRadicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

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el argumento de que aunque era su perfil de Facebook donde estas reposaban, ella no hacía ni compartía publicaciones.

20. Lo anterior, por cuanto no era posible desconocer que las publicaciones objeto de debate se efectuaron en su red social, hecho que ella aceptó, por ende, conforme lo ha anotado en litigios previos10, al ser titular de esta cuenta virtual, es su responsabilidad el contenido publicado. Afirmación que para la Sala no representa arbitrariedad alguna, máxime cuando tiene respaldo jurisprudencial.

21. En lo atinente a la valoración de dichos elementos de convicción, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que , contrario a lo sostenido por la tutelante, tenían la virtud de acreditar el mencionado apoyo. De esas pruebas se evidenciaba que publicó en su perfil de Facebook el 13 y 16 de agosto de 2023 (época de campaña electoral) “ contenido alusivo a la candidatura de la señora «Leonor» como alcaldesa para el periodo 2024 -2027, con el eslogan «Hatillo de todos y para todos» y el logo del Partido Conservador Colombiano”.

22. Por cuanto, “ en la primera fotografía, se evidencia un evento masivo donde

«Leonor» como alcaldesa para el periodo 2024 -2027, con el eslogan «Hatillo de todos y para todos» y el logo del Partido Conservador Colombiano”.

22. Por cuanto, “ en la primera fotografía, se evidencia un evento masivo donde aparece una persona en una tarima decorada con globos azules y blancos, dirigiéndose a un público, donde varios de sus asistentes portan camisetas azules que contienen el nombre «Leonor», y apar ece el slogan «Hatillo de todos y para todos» y, en la segunda, se observa con claridad la candidata, el partido y su logo y el cargo al que aspira, lo que se constituye como un acto de publicidad, que busca obtener votos y denota el apoyo brindado a la ca mpaña de la aspirante del Partido Conservador, dentro de los 3 meses anteriores a las elecciones ”. Situaciones que implicaban manifestaciones públicas tendientes a promocionar una aspiración política de un candidato ajeno al de su partido y, de ese modo, persuadir a los electores para obtener su respaldo.

23. De la citada relación probatoria , se colige que la tutelante brindó su apoyo a la señora Leonor Mora Barandica, aspirante a la Alcaldía de Hatillo de Loba por el partido Conservador Colombiano, a pesar de que la agrupación política a la que pertenece, partido de La U, tenía candidato pro pio a la misma alcaldía (señor

Robinso Fernández Astorga).

24. Para la Sala las anteriores conclusiones no involucran arbitrariedad alguna, en la medida en que encuentran sustento en el material probatorio allegado al expediente ordinario, en particular, en los elementos probatorios que presuntamente se

Robinso Fernández Astorga).

24. Para la Sala las anteriores conclusiones no involucran arbitrariedad alguna, en la medida en que encuentran sustento en el material probatorio allegado al expediente ordinario, en particular, en los elementos probatorios que presuntamente se valoraron de manera indebida. Se describió el contenido de las fotografías objeto de reproche y se determinó que las circunstancias allí advertidas comprobaban la conducta prohibida endilgada.

25. Con base en lo anotado en precedencia , la Sala no infiere en qué consistió la indebida valoración de las mencionadas imágenes, pues esta no resulta irracional,

10 Se hizo referencia a la sentencia de 26 de agosto de 2021, expediente 05001 -23-33-000-2019-02946-01, C.

P. Rocío Araújo Oñate.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

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ni atenta contra los postulados de la sana crítica. Diferente es que el resultado de ese ejercicio valorativo haya resultado contrario a los intereses de la tutelante.

26. Por tanto, no es aceptable que la actora pretenda que se le imponga al juez natural el grado de certeza que, a su juicio, se le debi ó otorgar a los aludidos elementos de convicción, cuando este justificó las conclusiones probatorias que de estos emergían, sin que la parte actora las controvirtiera de ninguna manera, pues se limitó a manifestar su inconformidad . Acceder a lo pretendido por la tutelante implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural, como si este escenario

estos emergían, sin que la parte actora las controvirtiera de ninguna manera, pues se limitó a manifestar su inconformidad . Acceder a lo pretendido por la tutelante implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural, como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera instancia, para imponer el grado probatorio que se les debe otorgar a las pruebas recaudadas.

27. Por otro lado, la tutelante aduce que no se tuvo en cuenta el criterio acogido por la autoridad judicial, según el cual en los litigios relacionados con doble militancia en la modalidad de apoyo resulta indispensable que se acrediten manifestaciones positivas y concretas de respaldo o apoyo a candidatos de otros partidos, es decir, que el respaldo sea expreso e inequívoco. Para tal efecto, citó las sentencias de 1º de noviembre de 2012, 6 de octubre de 2016 y 21 de abril (sic) y 9 de noviembre de 2023 y 3 de octubre de 2024.

28. Sobre el particular, no se evidencia de qué modo se desconoció la pauta jurisprudencial a la que se hizo alusión en precedencia, pues la autoridad judicial determinó que las fotografías objeto de debate, en razón a las particularidades que se observaban en ellas, tenían la entidad para acreditar el aludido respaldo electoral, conclusión que como se analizó con antelación no comporta arbitrariedad alguna.

29. No obstante, se evidencia que las providencias citadas no son de unificación y, en todo caso, no comparten similitudes fácticas y probatorias con el litigio suscitado contra la tutelante, por ende, no es viable imponer que se hubiera decidido en el mismo sentido que en esos casos.

en todo caso, no comparten similitudes fácticas y probatorias con el litigio suscitado contra la tutelante, por ende, no es viable imponer que se hubiera decidido en el mismo sentido que en esos casos.

30. En la sentencia de 1º de noviembre de 2012 , si bien se analizó la conducta de doble militancia, no lo fue bajo la modalidad de apoyo, sino porque la candidata a la gobernación del Quindío para el período 2012 -2015 no renunció a la curul que ocupaba en la Asamblea de ese departamento 12 meses antes de su inscripción como aspirante.

31. Por su parte, en el fallo de 6 de octubre de 2016, aunque el objeto de controversia era la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo , aquí fueron analizados dos videos en los que se fundamentaba el presunto apoyo, de los cuales uno se consideró vulneró los derechos al debido proceso e intimidad de la demandada, y en cuanto al otro video, se efectuó una afirmación que si bien comprobaba el mencionado apoyo, esta fue corregida en ese mismo momento, y, en todo caso, tuvo lugar de manera posterior a las elecciones. También se analizaron unas fotografías, pero se concluyó que de estas no se evidenciaba la representación de las indebidas manifestaciones de apoyo político que se alegabaRadicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

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en la demanda, pues no existía certeza alguna frente a quién las tomó, dónde, cuándo y en qué circunstancias, particularidades que difieren de la situación de la

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en la demanda, pues no existía certeza alguna frente a quién las tomó, dónde, cuándo y en qué circunstancias, particularidades que difieren de la situación de la tutelante, pues se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, máxime cuando se obtuvieron de su red social.

32. Ahora bien, en cuanto a la providencia de 21 de abril de 2023 , se advierte que conforme al radicado y al nombre del demandado citado por la tutelante, la fecha de la sentencia no corresponde, pues esta se emitió el 16 de febrero de ese año.

Aclarado lo anterior, se evidencia que en aquella decisión judicial el estudio se contrajo a esclarecer si se había configurado o no la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo. Allí las pruebas demostraron que los actos de apoyo acaecieron de manera posterior a la campaña electoral y no se configuró la conducta prohibitiva, particularidades que no se presentaron en el caso de la accionante.

33. En la sentencia de 9 de noviembre de 2023 también se estudió un caso de doble militancia en la modalidad de apoyo, pero en el que estaba involucrado una coalición, con fundamento en la cual se determinó que si bien el allí demandado no estaba obligado a apoyar a alguien con quien no se comparten ideales políticos, así integre una coalición, sí tiene prohibido desplegar acto s de apoyo a un candidato diferente al de su coalición. Es decir, más que demostrar en qué consistieron los actos de apoyo, el estudio se contrajo a determinar su implicación cuando está de por medio una coalición política, evento que no se presentó en el sub lite.

diferente al de su coalición. Es decir, más que demostrar en qué consistieron los actos de apoyo, el estudio se contrajo a determinar su implicación cuando está de por medio una coalición política, evento que no se presentó en el sub lite.

34. Finalmente, en la sentencia de 3 de octubre de 2024, se abordó un litigio relativo también a la causal de nulidad electoral de doble militancia bajo la modalidad de apoyo. En esas diligencias se valoraron una capturas de pantalla de un video y unas imágenes obtenidas de una red social del demandado y de la candidata a la que presuntamente se le otorgó el indebido apoyo, con las que se pretendían demostrar las manifestaciones de apoyo brindado por parte del demandado a una candidata que pertenecía a un partido diferente al suyo. No obstante, estas contenían publicidad conjunta que no demostraba dicho apoyo y no se evidenciaba una manifestación en ese sentido. Asimismo, en algunas no se evidenciaba el lugar de su ocurrencia ni se observaba la presencia del demandado.

35. A pesar de que en esa controversia se haya determinado que las pruebas consistentes en capturas de pantalla no tenían la entidad suficiente de acreditar el acto de apoyo alegado, no puede pretenderse que se acoja dicha conclusión en el presente asunto, pues son imágenes que no tienen el mismo contexto ni contenido y frente a las aportadas en el proceso contra la tutelante la autoridad judicial realizó una valoración probatoria que no contraría los postulados de la sana crítica, por tanto, no involucra arbitrariedad alguna.

36. En ese orden de ideas, no se desconoció el criterio jurisprudencial según el cual el apoyo prohibido debe ser expreso e inequívoco, diferente es que la tutelante no

tanto, no involucra arbitrariedad alguna.

36. En ese orden de ideas, no se desconoció el criterio jurisprudencial según el cual el apoyo prohibido debe ser expreso e inequívoco, diferente es que la tutelante no comparta la decisión que adoptó la autoridad judicial sobre el particular, en el sentido de que el material probatorio demostraba esa acción.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

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37. Por último, alega la accionante que las irregularidades descritas transgreden la Constitución Política, en cuanto a sus derechos de igualdad y a ser elegida . No obstante, tal reproche carece de asidero jurídico, en la medida en que no se satisface el presupuesto de relevancia constitucional que imponga efectuar un estudio constitucional d e la providencia acusada, en esa medida, se colige que est a se encuentra conforme a derecho y, por tanto, no genera ninguna afectación a sus prerrogativas superiores.

38. Esta Sala advierte que lo pretendido por la tutelante es imponer la manera como debió valorarse el material probatorio recaudado y como debe aplicarse la jurisprudencia sobre la materia, al no compartir el modo en que lo hizo el juez natural del litigio, frente a lo cual cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el grado de certeza que se les debe otorgar a las pruebas obrantes en el proceso ordinario ni que se acoja jurisprudencia para decidir en determinado sentido sin tener en cuenta el material probatorio obrante en el proceso . Tal actuación escapa de la

fijar el grado de certeza que se les debe otorgar a las pruebas obrantes en el proceso ordinario ni que se acoja jurisprudencia para decidir en determinado sentido sin tener en cuenta el material probatorio obrante en el proceso . Tal actuación escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse ello se usurparía la función del juez natural de la controversia.

39. De igual modo, la parte actora no despliega argumentación dirigida a desvirtuar las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial ni a demostrar arbitrariedad alguna que implique vulneración de derechos fundamentales. Insiste en la no configuración de la causal de nulidad electoral de doble militancia en la modalidad de apoyo, sin considerar la argumentación empleada por el juez natural para hallarla acreditada.

40. Por consiguiente, el hecho de que el juez natural de la causa no haya zanjado el litigio como lo pretendía la tutelante, no la habilita para que acuda a este mecanismo judicial para imponer su tesis , con el fin de que se decida en determinado sentido , máxime cuando no se evidencia arbitrariedad alguna en la providencia acusada. La simple inconformidad de criterios no comporta por sí sola afectación constitucional.

41. Así las cosas , las inconformidades de la tutelante no demuestran afectación constitucional alguna ni contienen una carga argumentativa suficiente que acredite algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos fundamentales, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta con la Carta política

por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta con la Carta política

42. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional , pues la acción de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe desarrollar uno de validez.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00

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Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

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43. En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por el Consejo Nacional Electoral , por las razones expuestas en la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente pro videncia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente pro videncia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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