CE - Sentencia 11001031500020250165700

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250165700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: MARINA RIVEROS PARRADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN SEGUNDA ,

SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reconocimiento de pensión gracia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado judicial, por la señora Marina Riveros Parrado contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de marzo de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Se CONCEDA la Tutela interpuesta, para la protección de los derechos

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Se CONCEDA la Tutela interpuesta, para la protección de los derechos fundamentales de la IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO, a los DERECHOS ADQUIRIDOS, consagrados en la constitución política; a la SEGURIDAD SOCIAL, a la REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y MOVIL, y por conexidad, al reconocimiento al PAGO OPORTUNO y al REAJUSTE PERIÓDICO DE LA PENSIÓN GRACIA y en consecuencia se ordene, o bien que por vía judicial el H. Consejo de Estado, dicte Sentencia con fundamento en las disposiciones que gobiernan el régimen de Pensión Gracia, tratándose de personas que estaban vinculadas antes del 31 de Diciembre de 198 0, o por vía excepcional de esta figura constitucional se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – U.G.P.P., revocar el Acto Administrativo mediante el cual le negó la Pensión Gracia a mi mandante, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a emitir una nueva resolución donde se reconozca la Pensió n deprecada en la cuantía correspondiente, con todos los factores salarias y teniendo en cuenta los reajustes de ley, descontando lo correspondiente a los aportes a salud y demás a que dé lugar.

SEGUNDA: Se autorice la expedición de fotocopias, a mi costa.»

2. Hechos

cuenta los reajustes de ley, descontando lo correspondiente a los aportes a salud y demás a que dé lugar.

SEGUNDA: Se autorice la expedición de fotocopias, a mi costa.»

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El 1° de octubre de 2014, la señora Marina Riveros Parrado solicitó a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, con el argumento que tenía más de 50 años de edad, porque nació el 30 de marzo de 1958 y prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años en el departamento de Cundinamarca – desde el 1° de abril de 1979 al 28 de noviembre de 1980, del 21 de abril de 1981 al 9 de marzo de 1990 y desde el 2 de julio de 1995 hasta esa fecha-.

Mediante Resolución RDP003878 del 30 de enero de 2015, la UGPP negó la solicitud. Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales se resolvieron de manera desfavorable en Resoluciones RDP 008372 del 3 de marzo de 2015 y RDP 014723 del 16 de abril del mismo año , respectivamente.

La señora Marina Riveros Parrado promovió demanda de nulidad y

008372 del 3 de marzo de 2015 y RDP 014723 del 16 de abril del mismo año , respectivamente.

La señora Marina Riveros Parrado promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores actos administrativos y, como consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en sentencia del 30 de junio de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia ordenó a la UGPP reconocer a favor de la señora Riveros Parrado la pensión gracia, con efectos a partir del 27 de agosto de 2014 . Para el efecto, señaló que los tiempos prestados por la actora como docente oficial en los municipios de Cachipay y Cota, en el departamento de Cundinamarca, fueron de carácter nacionalizado, teniendo en cuenta las certificaciones que allegó la entidad accionada con la contestación de l a demanda y precisó que el reconocimiento de la prestación no está sujeta a la fuente de financiación sino a la calidad del nombramiento del docente.

Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, la parte demandante solicitó la revocatoria parcial de la sentencia, al considerar que la fecha de configuración del estatus pensional es el 28 de marzo de 2013. La UGPP indicó que, la señora Riveros Parrado no cumple los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1993, 116 de 1928 y 37 de 1933 , para el reconocimiento de la pensión gracia, que los actos administrativos demandados fueron debidamente motivados, por

de 1993, 116 de 1928 y 37 de 1933 , para el reconocimiento de la pensión gracia, que los actos administrativos demandados fueron debidamente motivados, por cuanto se sustentaron en las normas que rigen el caso y en los elementos fácticos aportados.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 23 de octubre de 2024, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Al considerar que, la actora no logró acreditar la calidad de docente territorial o nacionalizada desde 1992 hasta 1994 en virtud de los contratos de prestación de servicios y, por tanto, tampoco lo hizo para efectos de la incorporación ocurrida desde el 15 de julio de 1995 en adelante, sino que únicamente acreditó un lap so de 2 años, 1 mes y 11 días comprendidos del 1 de abril de 1979 al 9 de marzo de 1990 , por medio de nombramientos en interinidad, que en esa medida, el último tiempo no es suficiente para tener por satisfecha la exigencia esencial de los 20 años de labor oficial educativa para consolidar el derecho pretendido.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la tutelante, la sentencia acusada incurrió en defecto sustantivo , porque pone en duda la vinculación de carácter territorial, a pesar de que sus

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la tutelante, la sentencia acusada incurrió en defecto sustantivo , porque pone en duda la vinculación de carácter territorial, a pesar de que sus nombramientos fueron suscritos por autoridades departamentales y municipales , que tal argumentación va en contravía de la línea jurisprudencial desarrollada por el Consejo de Estado en las sentencias de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022.

Señaló que , la providencia además adolece de defecto fáctico por falta de valoración del certificado de historia laboral y las certificaciones expedidas por la Gobernación de Cundinamarca, donde se evidencia la vinculación territorial , para trabajar como docente de primaria en las escuelas de Anolaima, Chipaque, Zipacón y Cota, al servicio de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca.

Alegó la configuración del defecto por desconocimiento de precedente judicial, porque las sentencias de unificación expedidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda CE -SUJ-SII-11-2018 y SUJ -030-CE-S2-2022, así como de la Corte Constitucional SU-014 de 2020, establecieron reglas de unificación, que no fueron analizadas dentro del fallo acusado.

Afirmó que l as sentencias enunciadas tienen igualdad de hechos con el caso del actor y aceptaron la pensión de los educadores allí demandantes, por lo que genera afectación a los principios de igualdad, trato jurídico y seguridad jurídica.

4. Trámite previo

actor y aceptaron la pensión de los educadores allí demandantes, por lo que genera afectación a los principios de igualdad, trato jurídico y seguridad jurídica.

4. Trámite previo

El 27 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar dicha acción a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en calidad de demandados y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y a la Unidad Administ rativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en condición de terceros con interés.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

6. Intervención de los terceros con interés

La UGPP señaló que la acción de tutela tiene como fin sustituir al juez natural de la causa y no se encuentra probado que el actor haya demostrado que exista una afectación al mínimo vital o un perjuicio irremediable, por lo que la tutela debe ser declarada como improcedente. Además, advirtió que l a demandante se encuentra pensionada de acuerdo con la información de la Fiduprevisora S.A., por lo que solo está buscando un beneficio económico.

Advirtió que la Corte Constitucional en diferentes fallos ha exigido que se pruebe el perjuicio irremediable, al igual que ha aclarado que la acción de tutela no debe proceder para situaciones económicas. En el mismo sentido, manifestó que noRadicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

proceder para situaciones económicas. En el mismo sentido, manifestó que noRadicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

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procede la acción de tutela contra decisiones judiciales, ya que en el presente caso es una sentencia de segunda instancia, por lo que se trata de una cosa juzgada.

Explicó que los jueces naturales son autónomos en sus decisiones y no pueden ser remplazadas sus facultades por el juez constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia

irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, al

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los

oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

negar el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al efecto, el accionante alegó que la providencia demandada incurrió en defecto s sustantivo, fáctico y por desconocimiento de precedente judicial.

Por lo que, previo a resolver sobre los defectos invocados, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional. La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque el asunto no trata sobre una instancia adicional, porque la decisión de primera y segunda instancia varió sobre el reconocimiento pensional, no alude a una discusión de orden legal o económico, pues recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados con la seguridad social y cumple con el presupuesto de carga argumentativa, de modo que, si

el reconocimiento pensional, no alude a una discusión de orden legal o económico, pues recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados con la seguridad social y cumple con el presupuesto de carga argumentativa, de modo que, si existieran los errores que alega la pa rte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue notificada por correo electrónico el 10 de diciembre de 2024, d e modo que fue efectivamente notificada el 1 7 de diciembre de 2024, y la demanda de tutela fue radicada el 20 de marzo de 2025, esto es, dos meses después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

Del defecto fáctico4 en el caso concreto

la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

Del defecto fáctico4 en el caso concreto

4 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T -015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

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La parte actora alegó que, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, porque no le dio valor probatorio a l certificado de historia laboral y a las certificaciones expedidas por la Gobernación de Cundinamarca, con los cuales se acredita que la vinculación de la actora fue de carácter territorial.

Para resolver tal cargo, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones y pruebas aportadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-02766-01.

Para resolver tal cargo, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones y pruebas aportadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-02766-01.

  • La señora Marina Riveros Parrado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de obtener la nulidad de las Resoluciones RDP003878 del 30 de enero de 2015, RDP 008372 del 3 de marzo de 2015 y RDP 014723 del 16 de abril del mismo año, proferidas por la UGPP, para que se reconociera pensión gracia, desde el momento en que adquirió el estatus pensional; y que le fueran pagadas las mesadas adeudadas con los reajustes de ley.

Los tiempos de vinculación de la actora como docente, se dieron así: (i) del 1 de abril de 1979 al 9 de marzo de 1990 (en interinidad), equivalente a 2 años, 1 mes y 11 días , tiempos de servicio certificados por la Dirección de Personal de Instituciones Educativas y la Coordinación de Historias Laborales y Certificaciones de la Gobernación de Cundinamarca , mediante documento expedido el 27 de mayo de 2014; (ii) desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1994, mediante contratos de prestación de servicios efectuados; y, (iii) a partir del 15 de julio de 1995 hasta el 13 de mayo de 2016, vinculación legal y reglamentaria por incorporación de la Ley 60 de 1993 , para ello aportó el Decreto 028 del 1º de junio de 1995, con el cual se incorporó a la actora en el referido cargo permanente.

vinculación legal y reglamentaria por incorporación de la Ley 60 de 1993 , para ello aportó el Decreto 028 del 1º de junio de 1995, con el cual se incorporó a la actora en el referido cargo permanente.

  • El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en sentencia del 30 de junio de 2016, ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora Riveros Parrado, por considerar que laboró 21 años, 8 meses y 20 días como educadora oficial con vinculación de orden nacionalizado entre los años 1979 y 1980 y desde el 15 de julio de 1995 hasta la 13 de mayo de 2016, esto para el departamento de Cundinamarca y el municipio de Cachipay, según certificados aportados.
  • Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, la demandante señaló que la fecha de consolidación del estatus pensional era el 28 de marzo de 2013 y no el 27 de agosto de 2014, como se concluyó en el fallo de primera instancia. A su vez, la UGPP argumentó que la docente no acreditó los requisitos para acceder a la pensión gracia, porque no cumplió los 20 años de servicios como docente oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado.
  • El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el 16 de noviembre de 2023, de oficio y con el fin de aclarar puntos oscuros o difusos respecto de la vinculación de la señora Rivero Parrados, decretó pruebas, para el efecto, ofició a la alcaldía del municipio de Zipacón (Cundinamarca), para que allegara lo

siguiente:

vinculación de la señora Rivero Parrados, decretó pruebas, para el efecto, ofició a la alcaldía del municipio de Zipacón (Cundinamarca), para que allegara lo siguiente:

«i) Soporte documental que acredite la prestación del servicio que afirma desarrolló la señora Marina Rivero Parrado como «docente de enseñanza a los niños en la Escuela Rural de la Vereda Laguna Verde» , entre los periodos comprendidos entre el 1° de febrero de 1992 y el 30 de noviembre de 1992, entre el 1° de febrero de 1993 y el 30 de noviembreRadicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

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de 1993 y entre el 1° de enero de 1994 y el 30 de noviembre de 1994, a saber, planillas y demás constancias de pago emitidas en el marco del contrato de prestación de servicios.

  1. Copia legible de los contratos de prestación de servicios y/o órdenes de prestación de servicios por medio de los cuales se designó a la señora Marina Rivero Parrado, identificada con cédula de ciudadanía N°41.736.019, como «docente de enseñanza a los niños en la Escuela

Rural de la Vereda Laguna Verde».

  1. Certificado que especifique de forma inequívoca el rubro presupuestal de donde provenían los dineros con los que fueron cancelados los honorarios durante el tiempo de servicio que prestó la señora Marina

Rural de la Vereda Laguna Verde».

  1. Certificado que especifique de forma inequívoca el rubro presupuestal de donde provenían los dineros con los que fueron cancelados los honorarios durante el tiempo de servicio que prestó la señora Marina Rivero Parrado entre el 1° de febrero de 1992 y el 30 de noviembre de 1992, entre el 1° de febrero de 1993 y el 30 de noviembre de 1993 y entre el 1° de enero de 1994 y el 30 de noviembre de 1994, como «docente de enseñanza a los niños en la Escuela Rural de la Vereda Laguna Verde».

Para el efecto, deb erá aportar pruebas documentales que soporten su dicho.

  1. Certificado en el que señale de forma clara y precisa la naturaleza de vinculación que sostuvo la señora Marina Rivero Parrado, identificada con cédula de ciudadanía N°41.736.019, como «docente de enseñanza a los niños en la Escuela Rural de la Vereda Laguna Verde» entre el 1° de febrero de 1992 y el 30 de noviembre de 1992, entre el 1° de febrero de 1993 y el 30 de noviembre de 1993 y entre el 1° de enero de 1994 y el 30 de noviembre de 1994. Para el efecto, deberá aportar pruebas documentales que soporten su dicho.»
  • Mediante sentencia del 23 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que , la actora «… no logró acreditar la calidad de docente territorial o nacionalizada

Sección Segunda, Subsección A, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que , la actora «… no logró acreditar la calidad de docente territorial o nacionalizada desde 1992 hasta 1994 en virtud de los contratos de prestación de servicios, y, por tanto, tampoco lo hizo para efectos de la incorporación ocurrida desde el 15 de julio de 1995 en adelante, sino que únicamente acreditó un lapso de 2 años, 1 mes y 11 días comprendidos del 1 de abril de 1979 al 9 de marzo de 1990 a través de nombramientos en interinidad, se estima que este último tiempo no es suficiente para tener por satisfecha la exigencia esencial de los 20 años de labor oficial educativa para consolidar el derecho pretendido.»

El estudio del caso concreto se dividió en dos acápites, de un lado , se analizaron las vinculaciones en interinidad que tuvo la actora del 1 de abril de 1979 al 9 de marzo de 1990, equivalente a 2 años, 1 mes y 11 días, para el efecto se analizaron certificados expedidos por la Dirección de Personal de Instituciones Educativas y la Coordinación de Historias Laborales y Certificaciones de la Gobernación de Cundinamarca mediante documento expedido el 27 de mayo de 2014 , los cuales tuvo por acreditados y completamente válidos para efecto del reconocimiento de la pensión gracia reclamada.

Luego, procedió a analizar: (i) los contratos prestación servicios efectuados desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1994 y, (ii) la vinculación legal

pensión gracia reclamada.

Luego, procedió a analizar: (i) los contratos prestación servicios efectuados desde el 1 de febrero de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1994 y, (ii) la vinculación legal y reglamentaria por incorporación de la Ley 60 de 1993 , a partir del 15 de julio de 1995 hasta el 13 de mayo de 2016.

En este acápite, l a sentencia acusada señaló que, la vinculación de la actora a la docencia oficial a partir del año 1995, no se encontraba desligada de los contratos de prestación de servicios que suscribió entre los años 1992 a 1993, porque en elRadicado: 11001-03-15-000-2025-01657-00

Demandante: Marina Riveros Parrado

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caso particular, se evidenció que el Decreto 028 del 1º de junio de 1995 , proferido por el municipio de Cachipay, mediante el cual la actora se vinculó a la docencia , evidenció que correspondió en realidad a una incorporación prevista en el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993, más no a un nuevo nombramiento. Al respecto, indicó:

«Esto se afirma en la medida en que al revisar la parte motiva del decreto aludido, se observa con claridad que este se basó en que: «[…] la Docente MARINA RIVEROS PARRADO, identificada con la C.C. No 41.736.019 de Bogotá, con grado 1 en el Escalafón Nacional docente,

observa con claridad que este se basó en que: «[…] la Docente MARINA RIVEROS PARRADO, identificada con la C.C. No 41.736.019 de Bogotá, con grado 1 en el Escalafón Nacional docente, solicitó al Alcalde Municipal con fecha 1 de Marzo su nombramiento en propiedad habiendo prestado sus servicios en este Municipio como Docente interina y por Contrato en el área Rural y Urbana desde hace varios años.

Que la Docente MARINA RIVEROS PARRADO, trabajó por contrato durante los años 1992, 1993 1994, en el Municipio de Zipacón Escuela “Laguna Verde”, por lo tanto, cumple con los requisitos de la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, Directiva Ministerial No 002 de 1985. […]».

Dicho planteamiento de la propia autoridad nominadora evidencia que la vinculación de la accionante en 1995 tuvo como sustento el proceso de incorporación de la norma citada, pues se basó en el hecho de que la docente había laborado previamente a través de contratos de prestación de servicios suscritos con el municipio de Zipacón.

Por este motivo, no es dable considerar, como lo hizo el tribunal de origen, que la designación en este año fue aislada, independiente o nueva respecto de los nexos contractuales que ya había tenido la educadora con anterioridad, lo que obliga en esta instancia judicial a

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