CE - Sentencia 11001031500020250168400
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250168400
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01684-00 Accionante: IRMA LLANOS GALINDO Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN B Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Legitimación en la causa por activa en tutela contra providencia judicial, cuando la tutelante no fue parte del proceso judicial que llevó a la decisión cuestionada. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Antecedentes Escrito de tutela 1. La actora acude al medio constitucional de amparo con el fin de cuestionar la providencia del 14 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, dentro del trámite de cumplimiento de la sentencia de acción popular dentro del radicado 2001-00478-02. Alegó como vulnerados el derecho fundamental al debido proceso, como también el ambiente sano y el derecho al agua. 2. En aquel proceso de acción popular, esta Corporación, en sede de segunda instancia, profirió órdenes dirigidas a la descontaminación de la cuenca del río Bogotá. La verificación del cumplimiento correspondió al juez de primera instancia, esto es al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 3. Dentro del trámite del cumplimiento, el 5 de marzo del año en curso se realizó audiencia de inspección judicial en el páramo de Chingaza. En el marco de esa diligencia, una de las partes, el apoderado de la Empresa de Acueducto y
Subsección B. 3. Dentro del trámite del cumplimiento, el 5 de marzo del año en curso se realizó audiencia de inspección judicial en el páramo de Chingaza. En el marco de esa diligencia, una de las partes, el apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, solicitó que, a través de providencia de medida provisional, se ordenara al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible suspender el proceso de publicación de una resolución en la que regulara los lineamientos para el ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá, de tal manera que se garantice la coordinación con el Consejo Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá, y de esa manera se haga posible la articulación con los planes y proyectos existentes.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00 Accionante: Irma Llanos Galindo Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B Referencia: Primera instancia acción de tutela
4. En providencia de 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, Sala Unitaria resolvió, entre otras, decretar como medida cautelar provisional “que se reinicie y agoten las etapas de que da cuenta la parte motiva de esta providencia, haciendo hincapié que los documentos y pruebas técnicas practicadas deberán someterse a la contradicción de los sujetos y entidades que no tuvieron la oportunidad de ser oídos y de controvertirlos y contradecirlos en los términos del inciso segundo del artículo 138 del Código General del Proceso”. 5. En contra de la anterior decisión, la demandante formuló acción de tutela y sostuvo que la decisión “excede las competencias de la sentencia del Río Bogotá, ya que interfiere en las funciones propias del Ministerio de Ambiente, en especial, las relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio, establecidas en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993”. Argumentó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolló un proyecto de resolución para la regulación de la cuenca del río Bogotá, y para ello, ha garantizado la participación de las comunidades, la academia, los entes territoriales y las organizaciones ambientales. 6. La tutelante recordó las competencias legales de los Tribunales Administrativos y sostuvo que entre ellas no se encuentra comprendida la suspensión de proyectos de resoluciones. Por lo cual, insistió en que la decisión judicial interfiere en las competencias de la cartera ministerial y desconoce la urgencia de la crisis hídrica que atraviesa Bogotá. Adujo que, con su decisión, se
vulneraron los derechos al debido proceso, al ambiente sano y al acceso al agua, por lo que solicitó que se suspendan los efectos del auto proferido el 14 de marzo de 2025, dentro del cumplimiento de la acción popular 2001-00479-02 y en esa medida se garantice la autonomía del Ministerio de Ambiente para expedir el ordenamiento territorial. 7. Adicionalmente solicitó que se reconozca que la sentencia proferida por el Consejo de Estado, como juez popular, no impide la expedición de lineamientos ambientales y que la medida cautelar del Tribunal constituye una extralimitación de las competencias del Tribunal. Finalmente solicitó vincular al trámite de tutela, al ministerio de Ambiente, y que se garantice que decisiones judiciales no impidan la implementación de políticas ambientales. Trámite de la acción de tutela 8. En auto de 25 de marzo, se admitió la solicitud de amparo1 y se vinculó al trámite a la entidad accionada, a la ANDJE, al ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Adicionalmente, se comisionó a la entidad accionada para que notificara del auto admisorio a todas las personas jurídicas y naturales partes del proceso de la acción popular. Finalmente se solicitó a la entidad accionada que certifique si la tutelante fue reconocida como sujeto procesal dentro del proceso de la acción popular radicada bajo el Número 25000-23-15-000-2001-00479. 1 Índice Samai 5Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00 Accionante: Irma Llanos Galindo Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B Referencia: Primera instancia acción de tutela
9. En desarrollo de lo anterior, se recibieron 41 intervenciones de las entidades vinculadas2. En la gran mayoría de los escritos se solicitó proferir una sentencia en la que se declare la improcedencia por los siguientes motivos: (i) no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues la decisión atacada en tutela puede ser cuestionada por medios judiciales; (ii) las entidades administrativas vinculadas indicaron que carecen de legitimación en la causa por pasiva, pues no profirieron la decisión judicial atacada. 10. Otras entidades esgrimieron un tercer argumento: (iii) solicitaron negar el amparo, pues el escrito no invocó ninguna causal específica de procedencia de tutela contra providencia, y examinado el auto que decretó la medida provisional, se verifica que el mismo fue proferido en ejercicio de las competencias propias del juez popular en sede de cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. 11. Las intervenciones del municipio de La Mesa (índice Samai 40), la Secretaría Distrital de Ambiente (índice Samai 56) y la Magistrada titular del despacho que profirió la decisión atacada (índice Samai 52), quienes agregaron que, la actora no contaba con legitimación en la causa por activa, pues no es parte dentro del proceso de acción popular 25000-23-15-000-2001-00479, dentro del cual se profirió la decisión cuestionada. 12. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible3 solicitó acceder a las pretensiones de la accionante, suspender la decisión emitida el 14 de marzo de 2025 y garantizar la autonomía
del ministerio para proferir reglamentación de lineamientos de la Sabana de Bogotá. Adujo que la petición de amparo de la actora satisface los requisitos de procedencia formal de tutela contra providencias judiciales. Además, señaló que, el Ministerio cuenta con facultades legales y reglamentarias para proferir actos administrativos de carácter general relacionados con la protección de la Sabana de Bogotá. La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (índice Samai 49), el Servicio Geológico Colombiano (índice Samai 71) y el municipio de Mosquera (Índice Samai 54 y 55), indicaron que no se oponen a que 2 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (índice Samai 12), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (índice Samai 13), Agencia Nacional de Licencias Ambientales (índice Samai 16), las alcaldías municipales de: La Calera (índice Samai 18), Chía (índice Samai 31), Cucunubá (índice Samai 32), Sopó (índice Samai 33), Girardot (índice Samai 36), La Mesa (índice Samai 40), Gachancipá (índice Samai 47), Cota (índice Samai 53), Mosquera (índice Samai 54 y 55), Tocancipá (índice Samai 67), Cogua (índice Samai 70), Viotá (índice Samai 96), Tenjo (índice Samai 100). La Cámara de Comercio de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca (índice Samai 19), el Instituto Agustín Codazzi (índice Samai 21), la Constructora Amarilo (índice Samai 23), la Unidad Administrativa Especial-Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico
Construcción de Bogotá y Cundinamarca (índice Samai 19), el Instituto Agustín Codazzi (índice Samai 21), la Constructora Amarilo (índice Samai 23), la Unidad Administrativa Especial-Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico (índice Samai 24), el Instituto de Desarrollo Urbano (índice Samai 25), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (índice Samai 27), la Secretaría Jurídica Distrital (índice Samai 28), la Secretaría Distrital de Salud (índice Samai 51), Secretaría Distrital de Ambiente (índice Samai 56), el grupo de Energía de Bogotá (índice Samai 29), el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio (índice Samai 38), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio climático (índice Samai 43), Enel Colombia S.A. E.S.P. (índice Samai 48), la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres (índice Samai 49), la magistrada del despacho sustanciador de la providencia atacada (índice Samai 52), el Ministerio de Educación Nacional (índice Samai 59), la Personería de Bogotá (índice Samai 64), el Director distrital de gestión judicial (índice Samai 65), la Agencia Nacional de Minería (índice Samai 66), el Servicio Geológico Colombiano (índice Samai 71), la Superintendencia de Notariado y Registro (índice Samai 73), la Procuradora
4° judicial II Ambiental y Agraria (índice Samai 74), el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca ICCU (índice Samai 76), el Departamento Nacional de Planeación (índice Samai 84) y la Agencia Nacional de Infraestructura (índice Samai 95) . 3 Índice Samai 13.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00 Accionante: Irma Llanos Galindo Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B Referencia: Primera instancia acción de tutela
prospere la acción de tutela pues el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sí cuenta con competencias para proferir reglamentación sobre la sabana de Bogotá. El Servicio Geológico Colombiano puntualmente indicó que el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente no afectaba derechos colectivos. CONSIDERACIONES Competencia 13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer de esta acción de tutela conforme el artículo 32 del decreto 2591 de 1991. Problema jurídico 14. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal. Por lo anterior se reiterarán las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. En caso de resolver positivamente a dicho interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo y se harán las consideraciones relacionadas para atender al mismo interrogante. Precedente constitucional sobre tutela contra providencias judiciales. Procedencia formal de la acción de tutela. 15. Jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional4 ha señalado que resulta posible promover acción de tutela contra una providencia judicial, siempre que el tutelante satisfaga seis causales genéricas de procedencia y al menos una específica. Respecto a las causales genéricas, se ha indicado que todo medio de amparo debe cumplir con los requisitos de: 1) legitimación por activa y por pasiva, 2) relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de tutela5. 16. Respecto a la legitimación en la causa por activa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que6, cuando se formula acción de tutela contra una providencia judicial, quien
razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de tutela5. 16. Respecto a la legitimación en la causa por activa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que6, cuando se formula acción de tutela contra una providencia judicial, quien promueve el medio judicial constitucional tiene que verse directamente afectado por la decisión cuestionada, ya sea porque niega derechos 4 Cfr. Sentencia T-744 de 2004 y reiterada posteriormente por la C-590 de 2005. 5 Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre otras. 6 SU-585 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). En aquel caso un militante del partido liberal atacó una sentencia proferida por un juez popular en la que se daban órdenes a la colectividad por la vulneración del derecho colectivo a la moralidad pública. En aquella ocasión, la Sala Plena de la Corte verificó que la acción de tutela contra la decisión del juez popular buscaba la protección de derechos subjetivos de un militante del partido liberal, no en abstracto el derecho del partido político. Indicó la Corte: “En el caso bajo revisión ha de advertirse que el señor Rodrigo Llano Isaza promovió la presente acción de tutela para solicitar la protección de sus propios derechos fundamentales, pero también para proteger los derechos fundamentales de la colectividad política a la que pertenece…”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00 Accionante: Irma Llanos Galindo Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B Referencia: Primera instancia acción de tutela
que solicitó dentro del trámite ordinario, o porque, sin ser parte del proceso judicial atacado, en la providencia que puso fin a la instancia, se le dio una orden sin haber sido vinculado, es decir, que siendo un tercero, la decisión judicial lo afecta directamente7. En punto a la satisfacción del requisito de legitimación en la causa por activa, entonces, quien inicia la acción constitucional tuvo que haber sido parte dentro del proceso judicial que puso fin a la decisión cuestionada. 17. Lo anterior, cobra especial relevancia respecto de las acciones populares, pues conforme el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, este tipo de acciones constitucionales gozan de una amplia legitimación en la causa por activa y se prevé la hipótesis de amplia participación ciudadana. En efecto, la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona, organizaciones civiles, no gubernamentales, etc., y además el artículo 24 prevé que cualquier persona puede solicitar ser reconocido como coadyuvante de cualquiera de las partes, antes del fallo de primera instancia. La acción popular, por la naturaleza de los derechos que protege, cuenta con una amplia legitimación en la causa, razón por la cual no existen barreras procesales para que cualquier persona se haga parte en aquel tipo de procesos. 18. Descendiendo al caso concreto, conforme certificación remitida por la magistrada titular del despacho que profirió la decisión cuestionada, y además, conforme lo indicaron varias intervenciones de municipios, la actora no fue parte dentro del proceso judicial de acción popular que llevó a la adopción del auto de 14 de marzo de 2025, motivo por el cual, no satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva, pues la decisión cuestionada no resolvió sobre derechos subjetivos de la actora. 19. La actora tiene un juicio negativo sobre la decisión cuestionada, pero ello no basta para que, por ese solo hecho, cuente con legitimación en la causa por activa. Resulta fundamental que haya sido parte dentro
decisión cuestionada no resolvió sobre derechos subjetivos de la actora. 19. La actora tiene un juicio negativo sobre la decisión cuestionada, pero ello no basta para que, por ese solo hecho, cuente con legitimación en la causa por activa. Resulta fundamental que haya sido parte dentro del proceso judicial o que la decisión del 14 de marzo de 2025, directamente, la afectara de manera concreta y precisa. La actora se identifica como defensora de derechos ambientales, e invoca el derecho al ambiente sano, el derecho al agua, el derecho al debido proceso y la protección de la autonomía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el escrito de tutela, en relación con los derechos invocados, no se presentan argumentos o material probatorio, al menos sumario, en relación con la manera en 7 SU-565 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo). En aquella ocasión se resolvió una acción de tutela contra una providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en la que se fijaba la competencia para conocer de un proceso penal contra una persona menor de edad. Quien ejercer la acción de tutela contra la decisión judicial era el Fiscal delegado que venía ejerciendo la acción penal contra el menor de edad. La Corte indicó que el Fiscal de Derechos Humanos contaba con legitimación en la causa por activa puesto que la decisión atacada lo afectaba directamente. Precisó la Corte: “En cumplimiento de este deber, el ciudadano Camilo Escobar Rico, en su condición de Fiscal 18 Especializado de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ha sido el responsable de la investigación de los hechos punibles
que podría haber cometido el ciudadano Moisés Cabrera Moreno. También es autor de la resolución de acusación en contra del ciudadano investigado, por la presunta comisión de los delitos de rebelión y coautoría de secuestro. Contra la resolución acusatoria proferida por el Dr. Escobar Rico se promovió el incidente de nulidad y se presentó un recurso de apelación, cuya respuesta conduce a que se le retire del ejercicio oficioso de la acción penal. En suma, es el ciudadano accionante, el fiscal Escobar Rico, quien resulta desprovisto de la competencia para el cumplimiento de los cometidos de investigación y acusación de los delitos señalados.”Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00 Accionante: Irma Llanos Galindo Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B Referencia: Primera instancia acción de tutela
la que se presenta una eventual conculcación concreta y subjetiva de derechos fundamentales. La actora invoca dimensiones colectivas del derecho al agua y al ambiente sano, haciendo referencia a la protección de las fuentes hídricas de la sabana de Bogotá, así como una supuesta autonomía del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 20. Debe recordarse que, por disposiciones internacionales8 y de derecho interno9, el derecho al agua tiene varias dimensiones. Es, en principio un derecho colectivo, en tanto parte del ambiente sano, pero también tiene la dimensión de un derecho fundamental, cuando se busca la protección del acceso al líquido para el consumo humano. En igual situación se encuentra el derecho al ambiente sano10 el cual, es un derecho colectivo, pero con dimensiones subjetivas individuales. En esa medida, la actora afirmó que buscaba la protección de los derechos al agua y al ambiente sano, pero no explicó la manera concreta y específica en la que se amenazaron o conculcaron dimensiones subjetivas de las cuales sea titular. Se limitó a afirmar, en abstracto la vulneración de esos derechos, razón por la cual, respecto a dichos derechos carece de legitimación en la causa por activa para invocar su protección. 21. Respecto al derecho al debido proceso, la actora tampoco cuenta con legitimación en la causa por activa, pues como ya se indicó la decisión judicial censurada no resolvió ninguna petición concreta en contra de los intereses de la actora. Así, en atención a que no fue parte dentro del proceso de cumplimiento del fallo popular, la providencia atacada no resolvió ninguna pretensión o solicitud concreta de la actora. Respecto a la invocación de los derechos al ambiente sano y al agua, tampoco cuenta con legitimación pues del escrito de amparo y del material probatorio no se verifica alguna eventual vulneración subjetiva en cabeza de la actora. 22. Finalmente, debe recordarse que, en un fallo de tutela del año
a la invocación de los derechos al ambiente sano y al agua, tampoco cuenta con legitimación pues del escrito de amparo y del material probatorio no se verifica alguna eventual vulneración subjetiva en cabeza de la actora. 22. Finalmente, debe recordarse que, en un fallo de tutela del año inmediatamente anterior11, esta Corporación resolvió una acción de tutela dirigida contra un auto proferido dentro del trámite de cumplimiento de la sentencia popular dentro del radicado 25000-23-15-000-2001-00479. En aquella ocasión, la acción de amparo fue formulada por una persona ajena al proceso por lo que se declaró la falta de legitimación en la causa por activa, atendiendo las razones anotadas en esta decisión.
8 Observación General No. 15 del Comité DESC: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. (negrillas y subrayado fuera del texto). 9 Cfr. T-891 de 2014: “En las sentencias citadas, la Corte ha acogido una serie de reglas aplicables a casos similares que conviene concretar. Ha dicho la Corporación que: (i) el agua para consumo humano es un derecho fundamental, pues se encuentra en conexión con el derecho a la vida digna y a la salud”. 10 Ley 472 de 1998, artículo 4: “Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias”. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2024-01072-01. Actor: Luis Felipe Henao Cardona (Unánime).Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00 Accionante: Irma Llanos Galindo Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B Referencia: Primera instancia acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por Irma Llanos Galindo por no satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa. SEGUNDO: COMUNICAR a las partes la decisión aquí adoptada. TERCERA: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. VF