CE - Sentencia 11001031500020250169100
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250169100
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01691-00
Demandante: DIANA MILENA MILLÁN VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial – Ampara derecho fundamental al debido proceso y ordena proferir una nueva decisión.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Diana Milena Millán Vargas, a través de apoderado judicial 1, instauró acción de tutela 2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Diana Milena Millán Vargas, a través de apoderado judicial 1, instauró acción de tutela 2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y los principios de legalidad, tipicidad, «iura novit curia», y reserva legal.
Lo anterior con ocasión de la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2024, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-057-2023-00023-00/01, que revocó de manera parcial el fallo proferido el 14 de febrero de 2024 por el Juzgado Sesenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para en su lugar, declarar probada parcialmente la excepción de caducidad e inhibirse de proferir sentencia de mérito con relación a las pretensiones relativas al reconocimiento de prestaciones económicas, entre otros aspectos.
1 Poder que fue conferido por la accionante al abogado Daniel Ricardo Sánchez Torres, a través de mensaje de datos - índice 2 de Samai. 2 La cual fue radicada a través de la ventanilla virtual de Samai el 20 de marzo de 2025Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
2. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda instancia proferida el 19 de septiembre de 2024, notificada el 26 de septiembre de 2024, por parte de la Subs ección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se revocó parcialmente el fallo de primera instancia emitido en Audiencia el 4 de febrero de 2024, por parte de la Juez 67 Administrativa del Circuito de Bogotá; se declaró probada parcialmente la excepción de caducidad y se inhibió de proferir decisión de mérito, dentro del proceso promovido bajo Radicado No. 11001-33-42-057-2023-00023-00(01), contra la Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA a que profiera nueva decisión de mérito dentro del proceso promovido bajo Radicado No. 11001-33-42-057-2023-0002301, en la que declare no probada la excepción de caducidad y confirme íntegramente el fallo emitido en primera instancia, teniendo en
No. 11001-33-42-057-2023-0002301, en la que declare no probada la excepción de caducidad y confirme íntegramente el fallo emitido en primera instancia, teniendo en cuenta que el término de caducidad del Medio de Control de be ser contabilizado a partir de la notificación del Oficio No. 20221100086981 de 21 de septiembre de 2022, a través del cual se resolvió el Recurso de Reposición interpuesto el 5 de septiembre de 2022. […]3
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 24 de diciembre de 2014, la señora Diana Milena Millán Vargas, inició su vínculo laboral con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante, UAERMV, como contadora pública, vinculada mediante contratos de prestación de servicio hasta el 30 de junio de 2022, sin interrupciones superiores a treinta días entre cada vinculación, debiendo cumplir el horario laboral que le fue establecido por la entidad demandada y con la presentación de informes mensuales detallando las funciones realizadas diariamente en las instalaciones de la entidad.
El 4 de agosto de 2022, solicitó a la referida entidad, el reconocimiento y pago de las acreencias laborales a las que consideraba le asiste derecho, la cual fue resuelta de manera desfavorable mediante el oficio No. 20221100077421 del 26 de agosto de 2022.
Contra la anterior decisión, la señora Millán interpuso recurso de reposición y en
de manera desfavorable mediante el oficio No. 20221100077421 del 26 de agosto de 2022.
Contra la anterior decisión, la señora Millán interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, frente a lo cual, la referida entidad mediante el oficio No. 20221100086981 del 21 de septiembre de 2022, le indicó que la decisión recurrida no era susceptible de recursos.
3 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Acorde con lo expuesto, y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora instauró demanda contra la UAERMV, a efectos de que se declarara la nulidad de los actos administrativos enunciados; y a título de restablecimiento del derecho, le fueran reconocidas y canceladas las prestaciones sociales y salariales a las que consideraba le asistía derecho, así como el pago de los aportes correspondientes al sistema general de seguridad social en materia pensional por el tiempo de servicios prestados bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios desde el 24 de diciembre de 2014 hasta el 30 de junio de 2022.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de B ogotá que, mediante sentencia del 14 de febrero de 2024 ,
2022.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de B ogotá que, mediante sentencia del 14 de febrero de 2024 , accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda; y como consecuencia ordenó a la referida entidad, reconocer y pagar en favor de la demandante las prestaciones sociales de carácter legal reclamadas, tomando como base de liquidación el monto de los honorarios devengados en cada uno de los contratos celebrados desde el 24 de diciembre de 2014 al 30 de junio de 2022, y a su vez, se girara a favor de las entidades de previsión social el valor correspondiente a las sumas faltantes por concepto de aportes en pensión durante el periodo en que se demostró la existencia del vínculo laboral.
Así mismo, decidió negar el pago de la licencia de maternidad solicitada, al no haberse corroborado que durante su vinculación la accionante hubiese causado el derecho a su disfrute; situación que de igual forma ocurrió con relación al auxilio de transporte y los demás emolumentos solicitados y reconocidos por la entidad a los cargos de planta homologables en denominación y/o funciones a las ejercidas por la parte actora por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la que la señora Diana Milena Millán carece.
La anterior decisión fue recurrida por l a parte demandada y revocada de forma parcial por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que mediante fallo del 19 de septiembre de 2024, declar ó probada de manera parcial la excepción de caducidad, y se inhibió de proferir sentencia de
parcial por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que mediante fallo del 19 de septiembre de 2024, declar ó probada de manera parcial la excepción de caducidad, y se inhibió de proferir sentencia de mérito con relación a las pretensiones relativas al reconocimiento de prestaciones económicas.
Para arribar a la anterior decisión, la autoridad judicial accionada señaló que, si bien la parte actora pretendía obtener la declaratoria de nulidad de diferentes actos administrativos, el único acto de carácter definitivo era el oficio No. 202211000177421 del 26 de agosto de 2022, por medio del cual la Secretaría General de la UAERMV le negó a la demandante el reconocimiento de la existencia del contrato realidad y el pago de todas las prestaciones sociales a que había lugar, junto con el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, al ser el acto que resolvió de fondo la situación jurídica de la demandante.Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Así mismo, refrió que, revisado el contenido de l referido oficio, se evidencia que a la parte actora no se le indicó que contra la decisión adoptada procedía recurso alguno, lo que significa que el recurso de reposición interpuesto no era procedente, tal como lo señaló la entidad demandada mediante el oficio No. 20221100086981
la parte actora no se le indicó que contra la decisión adoptada procedía recurso alguno, lo que significa que el recurso de reposición interpuesto no era procedente, tal como lo señaló la entidad demandada mediante el oficio No. 20221100086981 del 21 de septiembre de 2021 [sic], que también fue objeto de demanda, y que a juicio de l tribunal accionado no puede considerarse como un acto administrativo susceptible de control judicial, debido a que a través del mismo solamente se declaró la improcedencia del recurso de reposición interpuesto; por lo que decidió tener únicamente como acto demandado el oficio 202211000177421 del 26 de agosto de 2022.
Dilucidado lo anterior, precisó que, conforme al material probatorio recaudado se logró determinar que, aunque la demandante se vinculó a la UAERMV, mediante contratos de prestación servicios; debido al cumplimiento del objeto misional de la entidad, el sometimiento de la demandante al cumplimiento de un horario y a una disponibilidad, la existencia del personal de planta que cumplía funciones similares, y el cumplimiento de la misma función por más de 7 años, se desdibujaron las características propias de dicho vínculo; y por consiguiente, no existía duda sobre la configuración de los tres elementos de l a relación laboral, en especial el de subordinación o dependencia, por lo que se tornaba imperioso confirmar la sentencia recurrida, en cuanto declaró la existencia de un vínculo laboral entre la UAERMV y la señora Diana Milena Millán Vargas.
No obstante, refirió que, con apoyo en la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
UAERMV y la señora Diana Milena Millán Vargas.
No obstante, refirió que, con apoyo en la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 4, la pretensión relativa a la cancelación de los aportes a la seguridad social, por tener el carácter de prestación periódica, debía aplicársele la regla de caducidad prevista en el numeral 1º literal c) del artículo 164 del CPACA, es decir, que con relación a dicho aspecto la demanda podía presentarse en cualquier tiempo.
Sin embargo, señaló que, no ocurría así, en lo atinente a las prestaciones económicas y salariales solicitadas, por cuanto el último contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes terminó el 30 de junio de 2022, lo que significa que, el término de caducidad deb ía contabilizarse bajo la regla contenida en el artículo 164 numeral 2º literal d) del CPACA , al no tratarse de una prestación de tracto sucesivo.
Siendo así, concluyó que, el término para instaurar el respectivo medio de control inició el 27 de agosto de 2022 y como la demanda se radicó el 23 de enero de 2023, se colige que la misma fue presentada por fuera de la oportunidad legal, por lo que declaró parcialmente probada la excepción de caducidad del medio de control respecto de las prestaciones económicas de tipo salarial y prestacional reclamadas,
4 Sentencia del 25 de agosto de 2016, Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CErespecto de las prestaciones económicas de tipo salarial y prestacional reclamadas,
4 Sentencia del 25 de agosto de 2016, Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CESUJ2-005-16, CP. Carmelo Perdomo Cuéter.Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
inhibiéndose para resolver el fondo del asunto en cuanto a dicho aspecto , y así mismo, condenó a la UAERMV, a girar al Fondo de Pensiones al que se encontraba afiliada la accionante, el valor correspondiente a lo efectivamente cotizado y lo que se debió cotizar como empleador, a fin de recomponer el IBL en los periodos que estuvo vinculada a dicha entidad, es decir, entre el 24 de diciembre de 2014 y el 30 de junio de 2022, descontando las interrupciones entre los contratos.
La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 26 de septiembre de 20245.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La accionante manifestó que, la decisión judicial objeto de revisión omitió aplicar de manera directa el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, norma imperativa que gobierna el caso concreto, por lo que con la adopción de la misma se vulneran los
La accionante manifestó que, la decisión judicial objeto de revisión omitió aplicar de manera directa el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, norma imperativa que gobierna el caso concreto, por lo que con la adopción de la misma se vulneran los principios de legalidad, tipicidad y reserva de la ley, derivados del derecho fundamental al debido proceso.
Refirió que, el asunto debatido no parte de un capricho o simple inconformidad con la decisión emitida, sino que a través de la misma se busca corregir el error en el que incurrió la autoridad judicial accionada al haber determinado que el hecho de que en el Oficio No. 20221100086981 del 21 de septiembre de 2021 , la entidad demandada hubiere manifestado que contra el acto administrativo que resolvió la reclamación admin istrativa presentada no procedía ningún recurso, resultaba entonces improcedente la apelación, desconociendo así la regla general prevista en el numeral 1° del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.
Así mismo, precisó que con la decisión adoptada por el ad quem, se transgrede el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia, ya que el restablecimiento del derecho perseguido en el proceso ordinario se ve subsumido por la excepción de caducidad declarada, haciendo inocuas las declaraciones y cond enas reconocidas a su favor.
Acto seguido, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; para luego indicar que con la decisión adoptada se incurrió en los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico, y violación directa a la constitución.
la acción de tutela contra providencia judicial; para luego indicar que con la decisión adoptada se incurrió en los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico, y violación directa a la constitución.
- Sustantivo, porque no se dio aplicación a lo previsto en el numeral 1º del artículo 74 del CPACA, en consonancia con los artículos 75 a 78 ibidem, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido enfática en señalar que negar la procedencia de los recursos en sede administrativa constituye una violación al debido proceso administrativo.
5 Índice 12 del expediente ordinario.Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Refirió que, la regla general supone la procedencia de los recursos en sede administrativa, según la cual el recurso de reposición procede contra todos los actos administrativos definitivos, independientemente de si la autoridad administrativa lo indica así o no en el acto administrativo a recurrir, situación que se encuentra definida en el estatuto procesal, es decir que se trata de un mandato de orden legal no susceptible de interpretación o conjeturas , por lo que a su juicio, la teoría adoptada por el ad quem resulta desacertada.
- Procedimental por exceso ritual manifiesto al considerar que, acudiendo al principio de la realidad sobre la s formas, y de acuerdo con el contenido del Oficio
adoptada por el ad quem resulta desacertada.
- Procedimental por exceso ritual manifiesto al considerar que, acudiendo al principio de la realidad sobre la s formas, y de acuerdo con el contenido del Oficio No. 20221100086981 de 21 de septiembre de 2021, se puede concluir que se trata de un acto susceptible de control judicial, toda vez que a través del mismo se desató el medio de impugnación interpuesto.
Afirmó que, efectuar el conteo de la caducidad de la forma como la contabilizó el tribunal accionado, constituye un análisis restrictivo y alejado de las circunstancias del caso concreto que sobrepone como un obstáculo la norma procesal e impide materializar de manera efectiva los derechos subjetivos de la accionante.
Aseveró que, el medio de control instaurado, se presentó dentro de los cuatro (4) meses de que trata el artículo 164 de la Ley 1437 de 211 , ya que, el oficio 20221100086981 del 21 de septiembre de 2022 , a través del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto, le fue notificado el 21 de septiembre de 2022, mientras que la demanda se presentó el 23 de enero de 2023, es decir, al día hábil siguiente a la fecha en que se cumplió el término en cuestión, momento que se torna oportuno acorde con lo previsto en el inciso 7° del artículo 118 del Código General del Proceso.
- Fáctico, al estimar que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, realizó una indebida valoración probatoria del oficio No. 20221100086981 de 21 de septiembre de 2021, pues revisado el contenido de dicho
Segunda, Subsección A, realizó una indebida valoración probatoria del oficio No. 20221100086981 de 21 de septiembre de 2021, pues revisado el contenido de dicho acto se evidencia que la entidad demandada negó la procedencia del recurso de reposición interpuesto con fundamento en normas y conceptos jurisprudenciales que resultan aplicables a la jurisdicción ordinaria laboral, y que son excluyentes de la jurisdicción contencioso administrativa ; lo que denota no solo una falta de valoración sino un estudio de fondo del mencionado documento , resultando evidente que el órgano colegiado omitió realizar una valoración íntegra, profunda y adecuada sobre su contenido.
- Violación directa a la constitución, por cuanto a través de la sentencia acusada se vulneraron de manera directa los principios de legalidad, tipicidad y reserva de la ley, derivados del derecho fundamental al debido proceso, al evitar aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 74 del C.P.C.A. , con relación a la procedencia del recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo que respondió la solicitud inicialmente elevada en sede administrativa.Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Lo anterior, a su vez desconoce el mandato contenido en el artículo 230 Constitucional, según el cual “ [l]os jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley ”, pues al momento de sopesar el criterio de la
Lo anterior, a su vez desconoce el mandato contenido en el artículo 230 Constitucional, según el cual “ [l]os jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley ”, pues al momento de sopesar el criterio de la autoridad administrativa e incluso el propio sobre las reglas procesales del trámite administrativo, se debió optar por favorecer el precepto legal, pues no solamente regula de manera concreta el aspecto a decidir, sino que también resulta s er la interpretación más favorable a los intereses de la demandante, cuya inaplicación también desconoce el principio de favorabilidad contenido en el artículo 53 de la Carta Política.
Por lo anterior consideró que la decisión judicial emitida vulnera de manera directa los cánones constitucionales, transgrediendo el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia de la accionante y el principio de “iura novit curia” que rige la actividad judicial.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 9 de abril de 2025 6, la magistrada ponente de esta decisión avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora7, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A8, como autoridad judicial accionada, y vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a l Juzgado Sesenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. , Sección Segunda 9 «a quo en el proceso ordinario»; al Distrito Capital de Bogotá10, y a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial11 «entidades demandadas en el proceso ordinario».
Judicial de Bogotá D.C. , Sección Segunda 9 «a quo en el proceso ordinario»; al Distrito Capital de Bogotá10, y a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial11 «entidades demandadas en el proceso ordinario».
1.6. Intervenciones
1.6.1. Distrito Capital de Bogotá12
Allegó escrito en el que manifestó que, por razones de competencia la tutela de la referencia, fue remitida a la Secretaría Distrital de Movilidad como entidad cabeza del sector central, y a su vez, fue puesta en conocimiento de la Unidad
6 Índice 6 de Samai. 7 Notificación realizada a los correos electrónicos: danielsancheztorres@gmail.com; millaguis857@hotmail.com – Índice 9 de Samai 8 Notificación realizada al correo electrónico: scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co - índice 9 de Samai. 9 Notificación realizada al correo electrónico: admin67bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; índice 9 de Samai. 10 Notificación realizada a los correos electrónicos: notificacionestutelas@gobiernobogota.gov.co ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co; notificacionesarticulo197secgeneral@alcaldiabogota.gov.co; notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co - índice 9 de Samai. 11 Notificación realizada al correo electrónico: atencionalciudadano@umv.gov.co; notificacionesjudiciales@umv.gov.co - índice 9 de Samai. 12 Índice 12 de Samai.Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
notificacionesjudiciales@umv.gov.co - índice 9 de Samai. 12 Índice 12 de Samai.Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Administrativa Es pecial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, como ente del orden descentralizado de la administración.
Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, al estimar que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva para comparecer al presente asunto. . 1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A13
El magistrado ponente de la providencia cuestionada presentó informe en el que realizó un recuento de las actuaciones surtida s al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la parte actora en sede de primera y de segunda instancia.
Manifestó que, al momento de proferirse la sentencia acusada se tuvo en cuenta la normativa y la jurisprudencia aplicable al asunto debatido reiterando los argumentos en ellas expuestos.
Por último, refirió que, al no observarse la configuración de violación de derechos fundamentales por parte de dicha autoridad, las pretensiones elevadas mediante el presente asunto deben ser denegadas. . 1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
(UAERMV)14
fundamentales por parte de dicha autoridad, las pretensiones elevadas mediante el presente asunto deben ser denegadas. . 1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
(UAERMV)14
Allegó escrito en el que manifestó oponerse a las pretensiones formuladas por la accionante, por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuó conforme a derecho, al declarar parcialmente probada la excepción de caducidad respecto a las pretensiones económicas y mantener únicamente la declaración de la existencia de la relación laboral y el pago de aportes pen sionales, situación que fue debidamente analizada en la sentencia del 19 de septiembre de 2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 -33-42-0572023-00023-01.
Manifestó que, conforme a los argumentos expuestos en el escrito de amparo, la parte actora pretende que mediante el presente mecanismo se reabra un debate jurídico ya resuelto por la jurisdicción ordinaria competente , habida cuenta que el Tribunal administrativo accionado identificó el oficio 20221100077421 del 26 de agosto de 2022, como el único acto administrativo susceptible de control judicial , arribando a la conclusión que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada, se presentó por fuera del término legal para reclamar las prestaciones económicas
13 Índice 15 de Samai. 14 Índice 16 de Samai.Demandante: Diana Milena Millán Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 9
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01691-00 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Refirió que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revivir términos procesales precluidos o discutir nuevamente asuntos de fondo ya decididos por la jurisdicción competente, cuando no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable o la configuración de alguno de los defectos que excepcionalmente permit en la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Aseveró que, en la providencia cuestionada no existe un exceso ritual manifiesto, ya que el tribunal aplicó las normas procesales pertinentes sobre caducidad del medio de control sin que ello constituyera una barrera para el acceso a la administración de justicia. Por el contrario, el tribunal garantizó el derecho sustancial al declarar la existencia de la relación laboral y ordenar el pago de los aportes pensionales.
Adicional a lo anterior, el análisis sobre la procedencia del recurso de reposición y la consecuente determinación del momento a partir del cual debía contars e el término de caducidad se realizó con base en una interpretación razonable de las normas aplicables, sin sacrificar los derechos de la accionante.
Manifestó que, si bien la accionante alega que por parte de la autoridad judicial accionada no se valoró adecuadamente el oficio No. 20221100086981 del 21 de
normas aplicables, sin sacrificar los derechos de la accionante.
Manifestó que, si bien la accionante alega que por parte de la autoridad judicial accionada no se valoró adecuadamente el oficio No. 20221100086981 del 21 de septiembre de 2022, lo cierto es que el tribunal sí lo analizó y determinó que no podía ser considerado como un acto administrativo que resolvier a de fondo la situación jurídica de la demandante ; precisando a su vez que no se evidencia una violación directa a la Constitución, ya que la providencia judicial cuestionada no desconoció los principios de legalidad, tipicidad y reserva de la ley derivado s del debido proceso.
Por el contrario, la autoridad judicial accionada aplicó de manera adecuada las normas procesales sobre caducidad del medio de control, distinguiendo entre aquellas pretensiones sujetas a caducidad (prestaciones económicas) y aquell as que podían ser demandadas en cualquier tiempo (aportes pensionales), conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado.
Por lo anterior solicitó, se declare improcedente la acción de tutela
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