CE - Sentencia 11001031500020250169200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250169200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: WILMER ARLEY MENESES CUELTAN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – El abogado que presentó la solicitud de amparo no allegó el poder especial y específico requerido / IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar el trámite constitucional como una instancia adicional y no se cumplió con la carga mínima de justificación frente a una de las providencias cuestionadas.
La Sala 1 decide la acción de tutela instaurada en nombre de Wilmer Arley Meneses Cueltan contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
providencias cuestionadas.
La Sala 1 decide la acción de tutela instaurada en nombre de Wilmer Arley Meneses Cueltan contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 20 de marzo de 20252, el abogado Fernando Figueroa Narváez instauró acción de tutela en nombre de Wilmer Arley Meneses Cueltan y contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , a fin de que se a mpararan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la libertad de aquel. En consecuencia, solicitó que se ordenara su libertad de forma inmediata.
2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:
1 Se advierte que el 9 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente , para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. Además, entre el 12 y el 20 de abril de 2025, transcurrió el periodo de vacancia judicial por Semana Santa. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2
3. El 13 de julio de 2023, el señor Meneses Cueltan fue acusado del delito de homicidio
www.consejodeestado.gov.co
2
3. El 13 de julio de 2023, el señor Meneses Cueltan fue acusado del delito de homicidio agravado en el proceso penal 41 -551-60-00-597-2023-00566-00. El 13 de septiembre del mismo año, se instaló la audiencia preparatoria.
4. En esa última oportunidad, la Fiscalía General de la Nación descubrió elementos materiales probatorios de modo «sorpresivo», por lo que el defensor del acusado , Fernando Figueroa Narváez, solicitó la reprogramación de la audiencia.
5. Aquel pidió una segunda reprogramación el 26 de septiembre de 2023, en tant o el descubrimiento probatorio de la Fiscalía había sido «incompleto». Luego, solicitó una tercera programación porque aún no había culminado sus labores investigativas.
6. La audiencia preparatoria fue reprogramada para el 24 de octubre de 2024; sin embargo, no pudo celebrarse por la inasistencia del acusado. Como consecuencia, se llevó a cabo el 6 de noviembre siguiente, fecha en la que el defensor alegó una nulidad por otro descubrimiento probatorio «sorpresivo» de la Fiscalía. Empero, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito decretó la práctica de pruebas, decisión que fue apelada por el apoderado del sindicado.
7. En virtud de lo anterior, el expediente fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva . Para el 1° de diciembre de 2024, es a Corporación no había adoptado la decisión a su cargo , por lo que el defensor del acusado solicitó su libertad por
de Neiva . Para el 1° de diciembre de 2024, es a Corporación no había adoptado la decisión a su cargo , por lo que el defensor del acusado solicitó su libertad por vencimiento de términos, de conformidad con el numeral 5° del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Esta solicitud se sustentó en que el señor Meneses Cueltan tenía doce días a su favor, descontando aquellos utilizados en su defensa.
8. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito con función de control de garantías denegó la solicitud aludida, argumentando que el defensor del acusado dilató el proceso, incluso, con la apelación del auto por el cual se decretó la práctica de pruebas.
9. El defensor apeló la anterior decisión y, el 12 de marzo de 2025, en cumplimiento de una orden de tutela3, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito la confirmó. Este adujo que el término de trece días para resolver la apelación contra el auto de decreto de pruebas también debía ser atribuido a la defensa del acusado.
10. Así las cosas, el defensor ejerció la acción de habeas corpus en representación del señor Meneses Cueltan , dando origen al proceso 41 -001-23-33-000-2025-00077-00, cuyo trámite en primera instancia correspondió al magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, integrante del Tribunal Administrativo del Huila.
3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito había programado la audiencia en la cual adoptaría su decisión para el 9 de abril de 2024, lo que fue considerado un término excesivo por el defensor del acusado,
3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito había programado la audiencia en la cual adoptaría su decisión para el 9 de abril de 2024, lo que fue considerado un término excesivo por el defensor del acusado, quien, en consecuencia, instauró acción de tutela con el propósito de que dicha audiencia fuera celebrada más pronto. Esta pretensión fue concedida por la Sala Tercera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva mediante sentencia del 18 de febrero de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3
11. Dicho magistrado denegó el amparo deprecado, por considerar que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito acertó al negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos, en tanto la tardanza en la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el auto de decreto de pruebas era imputable al defensor, y por cuanto las reprogramaciones de la audiencia preparatoria obedecieron a maniobras dilatorias de este.
12. Esa decisión fue impugnada y, posteriormente, confirmada por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Este argumentó que la motivación del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito se enmarcó en el ejercicio de su autonomía y que, aunque hubiera días a favor del acusado con posterioridad al 9 de diciembre de 2024, aquellos no podrían
Circuito de Pitalito se enmarcó en el ejercicio de su autonomía y que, aunque hubiera días a favor del acusado con posterioridad al 9 de diciembre de 2024, aquellos no podrían ser tenidos en cuenta en la resolución de la acción de habeas corpus.
13. A juicio del abogado Fernando Figueroa Narváez , los jueces y magistrados que denegaron la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la acción de habeas corpus incurrieron en una vía de hecho por desconocimiento de las disposiciones y el precedente aplicables.
14. Aclaró que ninguna disposición califica la apelación del auto de decreto de pruebas como una maniobra dilatoria, y que ello fue corroborado por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias STP 1612-2021 y STP 11778-2024.
15. Agregó que, según dichas sentencias, la apelación del auto de decreto de pruebas no es una maniobra dilatoria de la defensa que justifique la suspensión de los términos de libertad del acusado durante el período de adopción de la decisión correspondiente , por lo que la acción de habeas corpus procede ante «aquellos casos».
16. Expuesto lo anterior, acusó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito de adoptar una decisión con fundamento en normas inaplicables al caso, de confundir las fechas en las cuales se formuló la acusación y de extralimitarse en el ejercicio de su autonomía.
17. De otra parte, adujo que en ninguna disposición se estipuló que el plazo dentro del cual se resuelva la apelación contra el auto de decreto de pruebas deba imputarse a la defensa, como lo sostuvo el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito. En
cual se resuelva la apelación contra el auto de decreto de pruebas deba imputarse a la defensa, como lo sostuvo el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito. En consecuencia, acusó a esa autoridad judicial de descontar indebidamente términos en contra del acusado, así como de desconocer los que habían transcurrido en su favor.
18. Añadió que, si en gracia de discusión se descontar an los trece días dentro de los cuales se resolvió la apelación del auto de decreto de pruebas, de igual forma habría 209 días a favor del acusado para el momento de presentación de la acción de tutela.
19. Por otro lado , resaltó que el consejero Juan Enrique Bedoya Escobar no expuso ningún fundamento jurisprudencial que demostrara la conformidad de su decisión aRadicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
4
derecho, y que se limitó a convalidar las vías de hecho en las cuales incurrieron los jueces penales. En consecuencia, lo acusó de incurrir en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia, de las garantías consagradas en el artículo 29 constitucional, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
20. Finalmente, calificó su solicitud de amparo como procedente por las vías de hecho alegadas.
B. Trámite impartido e intervenciones
y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
20. Finalmente, calificó su solicitud de amparo como procedente por las vías de hecho alegadas.
B. Trámite impartido e intervenciones
21. Mediante auto del 27 de marzo de 20254, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar , como demandado, al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
También dispuso la notificación de los titulares de los juzgados Segundo Penal Municipal de Pitalito, Segundo Penal del Circuito de Pitalito y Primero Penal del Circuito de Pitalito, en calidad de terceros con interés.
22. A través del mismo auto, se requirió al aboga do Fernando Figueroa Narváez para que presentara el documento mediante el cual se le hubiera conferido poder especial para instaurar acción de tutela en nombre de Wilmer Arley Meneses Cueltan.
23. El titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito 5 solicitó negar la solicitud de amparo, con el argumento de que su decisión se ajustó a derecho, que no encontró configura da la causal invocada en la petición de libertad y que efectuó un cómputo de términos objetivo.
24. Igualmente, calificó la acción de tutela como improcedente y advirtió que no puede ser utilizada para acceder a una instancia adicional . Agregó que tampoco puede ser empleada para obtener la libertad del acusado o para controvertir la negación de sus solicitudes, pues esas cuestiones deben ser resueltas dentro del proceso penal.
25. El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar6 explicó que su decisión se sustentó
empleada para obtener la libertad del acusado o para controvertir la negación de sus solicitudes, pues esas cuestiones deben ser resueltas dentro del proceso penal.
25. El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar6 explicó que su decisión se sustentó en que, en sede de habeas corpus, no se podía determinar si la privación de libertad del señor Meneses Cueltan se había prolongado ilegalmente, pues esa cuestión debía ser resuelta por los jueces penales con función de control de garantías, de conformidad con los artículos 153 y 154 de la Ley 906 de 2004.
26. Indicó que, además, tuvo en consideración que el aquí accionante ya había acudido a dichos jueces, obteniendo decisiones desfavorables. Agregó que , sin pretender generar una instancia adicional, verificó la contabilización de términos de los jueces
4 Samai, índice 4. 5 Samai, índice 8. 6 Samai, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
5
penales, concluyendo que la solicitud de libertad del señor Meneses Cueltan era improcedente.
27. Por otro lado, advirtió que los argumentos de la acción de tutela no se dirigen contra su verifi cación de términos, sino contra la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito, también señalada como una vía de hecho en la acción de habeas corpus.
su verifi cación de términos, sino contra la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito, también señalada como una vía de hecho en la acción de habeas corpus.
28. Dicho lo anterior, calificó la acción de tutela como improcedente , resaltando que se encamina a generar una instancia adicional.
29. El abogado Fernando Figueroa Narváez no cumplió el requer imiento efectuado mediante el auto del 27 de marzo de 2025, pese a haber sido notificado al respecto7.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
31. La Sala determinará si la solicitud de amparo presentada en nombre de Wilmer Arley Meneses Cueltan es procedente, de conformidad con los requisitos generales de la acción de tutela y aquellos especialmente establecidos por la jurisprudencia para cuestionar providencias judiciales por vía de tutela.
32. Sólo en caso afirmativo, la Subsección también establecerá si los jueces Segundo Penal Municipal de Pitalito y Segundo Penal del Circuito de Pitalito, así como los magistrados Jorge Alirio Cortés Soto y Juan Enrique Bedoya Escobar, incurrieron en los defectos alegados en la acción de tutela y, con ello, vulneraron lo s derechos
Penal Municipal de Pitalito y Segundo Penal del Circuito de Pitalito, así como los magistrados Jorge Alirio Cortés Soto y Juan Enrique Bedoya Escobar, incurrieron en los defectos alegados en la acción de tutela y, con ello, vulneraron lo s derechos fundamentales del señor Meneses Cueltan.
E. Análisis de la Sala
Improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa
33. Según el primer inciso del artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
7 Samai, índice 7.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
6
34. Lo anterior, de acuerdo con la Corte Constitucional8, implica que el amparo debe ser solicitado por el titular de los derechos presuntamente vulnerados. En otras palabras, ha de ser reclamado por quien posea legitimación en la causa por activa.
35. Al respecto, la Corte9 ha advertido que, so pretexto de ejercer la acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación de otra persona .
Además, ha señalado que la informalidad propia de dicha acción no supone la inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad , como la legitimación en la causa por activa.
36. Ahora, en línea con el artículo 86 constitucional, en el artículo 10 del Decreto 2591
inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad , como la legitimación en la causa por activa.
36. Ahora, en línea con el artículo 86 constitucional, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se consagró la posibilidad de ejercer la acción de tutela a través de representante legal, de apoderado judicial o de agente oficioso. En el mismo artículo 10, además, se estableció que los poderes respectivos se presumirán auténticos.
37. Frente al ejercicio de la acción de tutela mediante apoderado judicial, la Corte Constitucional10 ha explicado que el poder correspondiente debe ser otorgado mediante un escrito, no sólo dirigido a un profesional del derecho , sino de carácter especial. Por esto último, el poder conferido para promover un proceso judicial distinto al de tutela no supone la facultad de presentar la solicitud de amparo constitucional , así se motive en hechos relacionados con aquel.
38. Adicionalmente, el máximo tribunal ha explicado que el poder especial mencionado debe conferirse «para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión»11.
39. Lo anterior significa que el poder, además de ser especial, debe ser específico, es decir, debe contener la identificación de la autoridad contra la cual se dirige la acción de tutela y ha de incluir los derechos fundamentales cuya protección se reclama.
40. De conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional 12 ha señalado que, tratándose de acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales, es indispensable que la decisión frente a la cual se solicita el amparo sea identificada en el
40. De conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional 12 ha señalado que, tratándose de acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales, es indispensable que la decisión frente a la cual se solicita el amparo sea identificada en el poder conferido para el efecto.
41. Finalmente, la Corte13 ha establecido que la falta de poder especial para presentar la acción de tutela conlleva que sea declarada «improcedente ante la falta de legitimación por activa».
8 Sentencia T-406 de 2017. 9 Sentencias T-417 de 2013 y T-020 de 2016. 10 Sentencia T-531 de 2002, reiterada en la sentencia T-292 de 2021. 11 Sentencia T-001 de 1997. 12 Sentencias T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-998 de 2006, T-024 de 2019 y T-106 de 2023. 13 Sentencia T-658 de 2002, reiterada, entre otras, en las sentencias T-088 de 1999 y T-292 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
7
42. Ahora, el abogado Fernando Figueroa Narváez instauró acción de tutela en nombre de Wilmer Arley Meneses Cueltan, identificándose como su apoderado. Sin embargo, no aportó el poder especial correspondiente.
43. En consecuencia, el despacho sustanciador requirió al abogado Figueroa Narváez
de Wilmer Arley Meneses Cueltan, identificándose como su apoderado. Sin embargo, no aportó el poder especial correspondiente.
43. En consecuencia, el despacho sustanciador requirió al abogado Figueroa Narváez para que presentara dicho poder. Empero, este hizo caso omiso, lo cual impone concluir que carece de legitimación en la causa por activa y, por consiguiente, que la acción de tutela es improcedente.
44. Sobre el particular, se resalta que la ley y la jurisprudencia han fac ilitado al máximo el otorgamiento de los poderes a los profesionales del derecho, por lo cual resulta inexcusable que un abogado actúe sin mandato presentar la acción de tutela.
45. Adicionalmente, el hecho de que el abogado Figueroa Narváez fungiera como apoderado14 del señor Meneses Cueltan en el proceso penal no conllevaba, automáticamente, la facultad de instaurar la acción de tutela en cuestión, pues esto, de conformidad con las reglas expuestas en precedencia, requería del otorgamiento de un poder especial y específico.
46. Cabe advertir que la privación de libertad del señor Meneses Cueltan15, por sí sola, no implicaba la imposibilidad de conferir poder para la presentación de la solicitud de amparo constitucional objeto de estudio . En consecuencia, no hay lugar a flexibilizar la exigencia de dicho poder , máxime cuando el abogado Figueroa Narváez no expuso explicación alguna frente a su incumplimiento.
47. Finalmente, es importante señalar que el hecho de que un asunto involucre población privada de la libertad no conlleva, per se, la obligación de exceptuar l a exigencia de
explicación alguna frente a su incumplimiento.
47. Finalmente, es importante señalar que el hecho de que un asunto involucre población privada de la libertad no conlleva, per se, la obligación de exceptuar l a exigencia de poder especial y específico para la presentación de la acción de tutela16.
Improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
48. Si en gracia de discusión se flexibilizara la exigencia de legitimación en la causa por activa, admitiendo el ejercicio de la acción por parte del abogado Figueroa Narváez, lo cierto es que la solicitud de amparo constitucional tampoco satisface el primero de los
14 Esa condición se deriva del hecho de que dicho abogado asistió en representación del señor Meneses Cueltan a la audiencia en la cual se adoptó una decisión respecto de la solicitud de libertad por vencimiento de términos (archivo 15 del cuaderno de primera instancia del expediente electrónico anexo a la intervención de la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito). 15 Esa circunstancia se infiere de la solicitud de revocación de medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta contra el señor Meneses Cueltan (archivo 01 del cuaderno de primera instancia d el expediente electrónico anexo a la interv ención de la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito). 16 Al respecto, puede consultarse la sentencia T-292 de 2021 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró improcedente una acción de tutela contra providencia judicial, promovida por quien se identificó como apoderada general del titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, quien, a su
se declaró improcedente una acción de tutela contra providencia judicial, promovida por quien se identificó como apoderada general del titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, quien, a su vez, se hallaba privado de la libertad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
8
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional.
49. Al respecto, es necesario indicar que, mediante sentencia del 5 de agosto de 201417, la Sala Plena de esta corporación estableció que dicha exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos cuya resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, sea necesario
examinar dos elementos:
50. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta simplemente con invocar los derechos, sino que es necesar io ofrecer serias y amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y debidamente sustentadas.
51. Segundo, que la acción de tutela no se e rija en una instancia adicional del proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo
sustentadas.
51. Segundo, que la acción de tutela no se e rija en una instancia adicional del proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo de estirpe constitucional —la acción de tutela — fue creado para proteger derechos fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
52. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el legislador.
53. La tesis expuesta se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional18, que, de manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de las especialidades de cada jurisdicción.
54. Ahora, el abogado Figueroa Narváez atribuyó una vía de hecho a los jueces y magistrados que denegaron la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la acción de habeas corpus, ambas presentadas en favor del señor Meneses Cueltan.
17 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01.
magistrados que denegaron la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la acción de habeas corpus, ambas presentadas en favor del señor Meneses Cueltan.
17 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01. 18 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
9
55. Concretamente, sostuvo que los juzgados Segundo Penal Municipal de Pitalito y Segundo Penal del Circuito de Pitalito desconocieron que, según la Corte Suprema de Justicia, la apelación del auto de decreto de pruebas no puede considerarse una obra dilatoria de la defensa.
56. Además, acusó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito de sustentar su decisión en normas inaplicables al caso, de confundir las fechas en las cuales se formuló la acusación y de extralimitarse en el ejercicio de su autonomía.
57. Igualmente, adujo que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito, en perjuicio del acusado, descontó el plazo en el cual se resolvió la apelación del auto de decreto de pruebas, sin que hubiera una disposición que lo autorizara.
58. Finalmente, cuestionó la decisión del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar , en
pruebas, sin que hubiera una disposición que lo autorizara.
58. Finalmente, cuestionó la decisión del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar , en tanto, a su modo de ver, convalidó la vía de hecho atribuida a los jueces penales, por no haber incluido ningún sustento jurisprudencial y por haber desconocido el precedente de la Corte Suprema de Justicia y las garantías consagradas en el artículo 29 constitucional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
59. En primer lugar, debe advertirse que los reproches planteados contra los juzgados Segundo Penal Municipal de Pitalito y Segundo Penal del Circuito de Pitalito ya fueron formulados y resueltos en otros escenarios procesales, como se expondrá a continuación, de conformidad con los medios probatorios obrantes en el expediente del presente trámite y del de habeas corpus.
60. En audiencia celebrada el 9 de diciembre de 2024 19, el abogado Figueroa Narváez interpuso recurso de apelación contra el auto mediante el cual se negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito.
61. Para sustentar la apelación20, el mencionado abogado acusó a ese juzgado de basar su decisión en normas inaplicables al caso, de confundir las fechas de las actuaciones del proceso y de extralimitarse en el ejercicio de su autonomía. Además, cuestionó que hubiera atribuido conductas dilatorias a la defensa del acusado.
62. Mediante auto del 12 de marzo de 202521, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
del proceso y de extralimitarse en el ejercicio de su autonomía. Además, cuestionó que hubiera atribuido conductas dilatorias a la defensa del acusado.
62. Mediante auto del 12 de marzo de 202521, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito resolvió desfavorablemente el recurso de apelación aludido, con los siguientes
argumentos:
19 Archivos 15 y 16 del cuaderno de segunda instancia del expediente electrónico anexo a la intervención de la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito (Samai, índice 8). 20 Minutos 1:24 a 1:39 de la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos. 21 Archivo 0006 del cuaderno de segunda instancia del expediente electrónico anexo a la intervención de la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito (Samai, índice 8).Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
10
(…) [E]l señor defensor fundó la solicitud de vencimiento de términos conforme a lo descrito en el numeral 5° del artículo 317 del C.P.P. (…).
(…) [L]a impugnación presentada más se trata de una crítica de la defensa, acerca de l
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.