CE - Sentencia 11001031500020250170300
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250170300
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 5 de mayo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
Demandante: María Carolina Martínez Cuadros y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte accionante cuestionó la providencia que revocó el fallo de primera instancia, el cual había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Alegó que el juez de segunda instancia valoró inadecuadamente el material probatorio, ya que la ver dadera causa del daño fue la omisión de los agentes estatales al no identificarse como miembros de la fuerza pública, ni adelantar un procedimiento policial.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por María Carolina Martínez Cuadros y Valentina Vesga Martínez contra la Sentencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados
1.1. Posición de la parte actora
1. El 21 de marzo de 2025, Carolina Martínez Cuadros y Valentina Vesga Martínez, mediante apoderado judicial, presentaron una acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de su s derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al considerar que la Sentencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa Rad. 68001-23-31000-2008-00520-01 (52.824), incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración probatoria.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
Demandante: María Carolina Martínez Cuadros y otra Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Improcedente ______________________________________________________________________________________________________________
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Demandante: María Carolina Martínez Cuadros y otra Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Improcedente ______________________________________________________________________________________________________________
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERA._ Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, de las señoras de María Carolina Martínez Cuadros y Valentina Vesga Martínez y en consecuencia deje sin valor y efecto la sentencia de fecha 23 de agosto de 202 4, proferida por la Sección Tercera, Subsección C., con base en que los miembros de la policía nacional, aceptan en el proceso, que previeron la posibilidad de que una persona armada con ametralladora, pudiera ser un escolta de una arrocera y no obstante, omitiendo todos los protocolos e instrucciones impartidas por la institución, se acercan a hurtadillas, sin ningún distintivo, creando una grave situación de riesgo y una serie de disparos, que cesaron justamente cuando ellos se identifican, pero que ocasionaron la muerte de una persona.
SEGUNDA. _ Que se ordene que el Consejo de Estado dentro de su competencia emita una decisión de remplazo dentro de la cual se respeten los derechos que mediante la presente acción se consideren vulnerados”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 7 de octubre de 2006, miembros de la Policía Nacional adelantaron un procedimiento de control de porte de armas en una empresa comercializadora de arroz en Bucaramanga , y Elkin Mauricio
identificaron los siguientes:
4. 1) El 7 de octubre de 2006, miembros de la Policía Nacional adelantaron un procedimiento de control de porte de armas en una empresa comercializadora de arroz en Bucaramanga , y Elkin Mauricio Vesga Torres, quien estaba en el lugar, recibió un impacto de arma de fuego y falleció 2 días después. Por estos hechos, el 17 de octubre de 2008, la parte accionante presentó demanda de reparación directa, pues los patrulleros llegaron sin distintivos de la fuerza pública, lo que provocó un cruce de disparos con el personal de seguridad privada del establecimiento.
5. 2) El 12 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones. Determinó que se acreditó la falla en el servicio y el nexo de causalidad, a pesar de no haberse individualizado la persona que le disparó a la víctima. Elkin Mauricio Vesga Torres fue herido en “un cruce de disparos entre policías y miembros de seguridad privada” .
Estimó que el procedimiento oficial fue irregular, porque los agentes se presentaron al lugar sin distintivos institucionales (gorras, chalecos, entre otros) y sin elementos de mínima seguridad, que permitieran ad vertir la calidad de agentes de la fuerza pública. Los policías requirieron a un escolta de la empresa, intentaron despojarlo de su arma y generaron la confusión que dejó 2 personas lesionadas y una fallecida.
6. La providencia destacó que los agentes fueron sancionados disciplinariamente con suspensión e inhabilidad. No se demostró la intervención de un tercero y se concluyó que la conducta imprudente de
6. La providencia destacó que los agentes fueron sancionados disciplinariamente con suspensión e inhabilidad. No se demostró la intervención de un tercero y se concluyó que la conducta imprudente de los policías fue la causa eficiente del daño. Se reconociero n perjuicios morales y lucro cesante, pero se negó el daño a la salud de la cónyuge de la víctima directa.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
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3 de 10 7. 3) Contra esta decisión, ambas partes interpusieron recursos de apelación. La Policía Nacional argumentó que no se probó que los agentes hubieran disparado. Alegó que, a pesar de la irregularidad en el procedimiento, no se demostró el uso de armas oficiales , por el contrario, consideró acreditado el hecho de un tercero, ya que fue el escolta quien generó la situación que provocó la muerte. La parte demandante insistió en el reconocimiento del daño a la salud, debido a la afectación psicológica sufrida por la cónyuge y el impacto que la muerte causó en la dinámica familiar.
8. 4) El 23 de agosto de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia. Concluyó que los agentes realizaron un procedimiento policial irregular, porque adelantaron un requerimiento por porte de armas, sin tener elementos distintivos que los identificaran como miembros de la fuerza pública
Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia. Concluyó que los agentes realizaron un procedimiento policial irregular, porque adelantaron un requerimiento por porte de armas, sin tener elementos distintivos que los identificaran como miembros de la fuerza pública (chalecos y gorra), a pesar de que tenían el deber de hacerlo y por estos hechos fueron sancionados disciplinariamente. No obstante, determinó que dicha irregularidad no tuvo la potencialidad de explicar la muerte de Elkin Mauricio Vesga Torres, en consecuencia, no puede ser considerada la causa adecuada del daño.
9. La autoridad judicial argumentó que, con base en la s pruebas (se trascribe) “en especial, el informe de novedad, los policías requirieron al escolta –que portaba arma de uso privativo de la fuerza – prevalidos de la condición de agentes y este los atacó con su arma personal. Aun cuando los policías exhibieron sus carnés de la institución e informaron su condición de autoridad, el escolta y otras personas dispararon y los obligaron a refugiarse detrás de un carro. (….)”.
10. Resaltó que los testimonios fueron coincidente s en afirmar que solo vieron disparar al escolta de la arrocera y que los agentes vestidos de civil
(se trascribe) “se escondieron detrás de un vehículo particular y desde ese lugar se identificaron como policías, mostraron sus carnés y pidieron detener el tiroteo”. Indicó que “la sola presencia de la fuerza pública en el lugar en el que se causaron daños no constituyó la generación de riesgo alguno y menos aún de uno de naturaleza excepcional (…) el riesgo no surge por la condición de miembro de la fuerza (cuyas funciones ordinarias pueden
el que se causaron daños no constituyó la generación de riesgo alguno y menos aún de uno de naturaleza excepcional (…) el riesgo no surge por la condición de miembro de la fuerza (cuyas funciones ordinarias pueden implicar el uso elementos que revisten peligro) o por la presencia de agentes en el lugar, sino por el uso o empleo efectivo de tales elementos en una actividad propia del servicio”.
11. Afirmó que, por el contrario, (se trascribe) “la situación de peligro fue creada por los civiles que estaban en el lugar de los hechos: iniciado por el comportamiento del escolta y seguida por otras personas que usaron armasRadicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
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4 de 10 de fuego . Según los informes de balística, las escopetas Carabina Winchester y Remington (entregados por civiles) y la subametralladora Mini Uzi calibre 9 mm No. 98400476 (esta última incautada al escolta) arrojaron resultado positivo, es decir, fueron usadas” . Por otro lado, “las armas de dotación de los policías, incautadas y sometidas a pruebas de residuos, arrojaron resultado negativo, es decir, no fueron disparadas” . Sin embargo, no hubo certeza de quiénes fueron los autores de esos disparos y cuál de ellos impactó a la víctima , razó n por la cual no podría sostenerse que el disparo del escolta produjo la muerte de la víctima , pues no se pudo
no hubo certeza de quiénes fueron los autores de esos disparos y cuál de ellos impactó a la víctima , razó n por la cual no podría sostenerse que el disparo del escolta produjo la muerte de la víctima , pues no se pudo recuperar el proyectil que ingresó y salió del cuerpo del señor Vesga Torres.
12. Por lo anterior, c oncluyó que el daño fue el resultado del comportamiento de un tercero desconocido, no identificado y externo a la entidad demandada. También, señaló que se utilizaron las armas de fuego sin previo ataque o amenaza de los agentes de policía.
13. El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas salvó su voto. Consideró que, al haberse acreditado la falla del servicio por omisión, no era procedente analizar la causalidad en términos tradicionales, ya que “ la omisión no puede oficiar como causa de nada ”. En su criterio, el análisis debía hacerse desde la imputación objetiva, ámbito en el cual sí era posible establecer un nexo entre la evidente y protuberante falla y el daño alegado en las pretensiones.
14. Como fundamento de la vulneración de sus derechos , la parte accionante sostuvo que la Sentencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración probatoria.
15. Afirmó que, si el juez de apelación hubiera valorado el expediente de manera integral, la decisión habría sido totalmente contraria. Señaló que se presentaron errores en la valoración de las pruebas , ya fuera porque las
15. Afirmó que, si el juez de apelación hubiera valorado el expediente de manera integral, la decisión habría sido totalmente contraria. Señaló que se presentaron errores en la valoración de las pruebas , ya fuera porque las declaraciones —de terceros y de los propios policías— se tuvieron en cuenta de forma parcial, sin reflejar adecuadamente las conclusiones o inferencias del Consejo de Estado, o porque existían pruebas documentales, sin precisar cuáles, que no respaldaban las conclusiones adoptadas por el fallador. A su juicio, la decisión del Consejo de Estado resultó arbitraria y contraria a las reglas de la sana crítica
16. Sostuvo que (se trascribe) “los mismos policiales dijeron que llegaron al sitio de los hechos, porque vieron una persona portando una mini uzi y pensaron que podía tratarse de un escolta o de la comisión de un delito.
Llegaron en un vehículo taxi, se fueron a hurtadillas por la pared para no ser vistos. Afirmaron que no llevaban distintivos que los identificaran comoRadicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
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5 de 10 miembros de la Policía Nacional y las armas las portaban en la cintura. Afirmaron los policiales que, sin mediar palabra, el escolta empezó a dispararles, por lo cual salieron corriendo a refugiarse detrás de un carro y se identificaron como miembros de la Institución. Dicen en sus declaraciones,
Afirmaron los policiales que, sin mediar palabra, el escolta empezó a dispararles, por lo cual salieron corriendo a refugiarse detrás de un carro y se identificaron como miembros de la Institución. Dicen en sus declaraciones, que de acuerdo con las instrucciones recibidas para este tipo de procedimientos y las medidas que deben observar, no pueden registrar personas. Por su parte los testimonios recaudados, señalan que una vez los policías se identifican como miembros de la Institución, cesaron los disparos”.
17. Afirmó que (se trascribe) “equivocadamente la sentencia dice que los policiales <adelantaron un requerimiento por porte de armas>, pero ellos señalaron que sin mediar palabra fueron recibidos con disparos.
Equivocadamente la sentencia no analiza que los testimonios expresamente señalan, que cuando los policiales se identificaron como miembros de la Institución <cesaron los disparos >. Los mismos policías señalaron que al observar a una persona con una ametralladora, pudieron prever que podía ser un escolta y no obstante actuaron en la forma ya indicada. Es decir, esa actuación irregular o mal funcionamiento del servicio, incumpliendo el contenido obligacional a cargo del Estado, fue la causa adecuada del daño”.
18. En el escrito de tutela se hizo referencia a los testimonios de Pedro Nel Sandoval, José Luis Angarita Hernández, Ricardo Ferrucho, la capitán Lucy Andrea Leal Barragán y al informe de novedad presentado al comandante de policía del departamento de Santander por Jorge Alberto Giraldo Arteaga, como prueba de que el juez de segunda instancia valoró de forma inadecuada esas evidencias, pues ninguno dijo que se hubiera observado un procedimiento de rutina o una solicitud de documentos . Según la parte
de policía del departamento de Santander por Jorge Alberto Giraldo Arteaga, como prueba de que el juez de segunda instancia valoró de forma inadecuada esas evidencias, pues ninguno dijo que se hubiera observado un procedimiento de rutina o una solicitud de documentos . Según la parte actora, la situación de peligro fue generada por los agentes de policía porque solo hasta que se identificaron, cesaron los disparos.,
19. Manifestó que estaba probada la falla del servicio porque (se trascribe) “se demostró que no hubo una rutinaria solicitud a particulares por porte de armas. El riesgo no surgió por la condición de miembros de la fuerza pública o una requisa de rutina o por no haber usado elementos en una actividad propia del servicio , es decir, la causa no fue la acción, sino la omisión de los policiales. El riesgo fue creado por la policía, justamente por no haber realizado la solicitud o requerimiento por porte de armas como se debe hacer de manera rutinaria y además justamente por no haber utilizado distintivos e identificarse como miembros de la institución. si se hubieran cumplido los protocolos y pedido la documentación realizando un requerimiento de rutina debidamente identificados, no se hubiera generado el riesgo. La situación de peligro no fue creada por los civiles, como equivocadamente lo dice la sentencia con base en la indebida valoraciónRadicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
Demandante: María Carolina Martínez Cuadros y otra Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Improcedente ______________________________________________________________________________________________________________
6 de 10 probatoria, sino por el actuar negligente de los policiales, quienes previeron
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6 de 10 probatoria, sino por el actuar negligente de los policiales, quienes previeron que podía ser un escolta por el tipo de arma que observaron y no obstante actuaron de manera imprudente”.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
20. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado3 solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. A su juicio, la parte accionante formuló un señalamiento directo a la valoración probatoria, lo cual constituía una intromisión indebida en la autonomía judicial. Indicó que la acción de tutela fue utilizada para reabrir el debate probatorio ya concluido en sede ordinaria.
21. Aclaró que la providencia no desconoció el comportamiento imprudente e irregular de los policías ni la reacción de la persona armada.
Sin embargo, sostuvo que la conducta de los agentes no fue determinante en el resultado final, ya que no provocó una reacción desproporcionada ni se trató de una situación de legítima defensa. De haber considerado que la falla del servicio por no portar distintivos fue la causa adecuada del daño significaría construir una cadena causal regresiva que omitiría la conducta intermedia verdaderamente determinante en la producción del daño: los disparos efectuados por terceros indeterminados, sin que existiera un ataque previo de la fuerza pública ni una situación de legítima defensa.
22. El Tribunal Administrativo de Santander 4 remitió el expediente del proceso ordi nario, pero no se pronunció sobre la acción de tutela y la
previo de la fuerza pública ni una situación de legítima defensa.
22. El Tribunal Administrativo de Santander 4 remitió el expediente del proceso ordi nario, pero no se pronunció sobre la acción de tutela y la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional , pese a haber sido debidamente notificada5, guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial . 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
23. En este caso, la Sala declarar á la improcedencia de la acción de tutela, porque no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional,
como pasa a explicarse:
2 Mediante Auto de 26 de marzo de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandada a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y (3) vinculó al Tribunal Administrativo de Santander y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como tercero con interés en el asunto. 3 Índice 12 de Samai. 4 Índice 11 de Samai. 5 Índice 8 de Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
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24. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
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24. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional6.
25. Es más, l a Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que (se trascribe): “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU -128 de 2021, este <<enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial>>”.
26. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
26. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesida d de su intervención en el asunto 7; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso ordinario8 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad9.
27. En el caso bajo estudio, si bien la parte actora alegó que la cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque (se trascribe) “La violación de derechos fundamentales que estamos planteando, no son
6 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. 7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundam entales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
vulneración de derechos fundam entales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es men os cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.” 8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.” 9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”Radicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
Demandante: María Carolina Martínez Cuadros y otra Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Improcedente ______________________________________________________________________________________________________________
8 de 10 asuntos de la interpretación legal o del impacto económico que pueda tener la sentencia. Lo que discutimos más allá de esa falla del servicio probada y admitida por el Consejo de Estado, es que estamos en presencia de un defecto factico dentro del medio de control de reparación directa, por cuanto se hizo una indebida valoración de las pruebas obrantes en el
probada y admitida por el Consejo de Estado, es que estamos en presencia de un defecto factico dentro del medio de control de reparación directa, por cuanto se hizo una indebida valoración de las pruebas obrantes en el proceso, lo cual indudablemente tiene total correlación con el acceso a la administración de justicia y el debido proceso ”, lo cierto es que tal afirmación no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la intervención del juez de tutela frente a la decisión proferida por la autoridad judicial demandada.
28. Lo que evidencia la Sala es que las accionantes pretenden que, a través de la acción de tutela, se revaloren las pruebas (testimonios e informe de novedad) para concluir que la omisión de los agentes estatales s í fue la causa adecuada del daño alegado y, de esa manera, reabrir un debate ya zanjado, como si la acción de tutela se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, en el cual, el juez se pronunció de la siguiente manera (se
trascribe):
““12. Obra en el expediente informe de novedad del 7 de octubre de 2006, rendido por Lucy Andrea Leal Barragán –oficial disponible de la SIJIN de Bucaramanga– y Carlos Ernesto Rodríguez –teniente coronel comandante operativo de seguridad ciudadana –, ante el comandante del departamento de policía de Santander. (…)
14. En el proceso penal por las lesiones y muerte de Elkin Mauricio Vesga Torres
declararon Pedro Nel Sandoval, Jorge Luis Angarita Hernández, Ricardo Ferrucho Mancilla, Sergio Angarita Hernández, María Elda Infante de Velasco, Jaime Pérez Forero y María Celis Peñuela, vecinos del sector de los hechos. (…)
declararon Pedro Nel Sandoval, Jorge Luis Angarita Hernández, Ricardo Ferrucho Mancilla, Sergio Angarita Hernández, María Elda Infante de Velasco, Jaime Pérez Forero y María Celis Peñuela, vecinos del sector de los hechos. (…) La declaración de los testigos merece credibilidad, porque el dicho de cada uno fue claro, completo y responsivo. (…) Explicaron la razón de su dicho, ya que narraron cómo presenciaron los hechos y lo que alcanzaron a percibir mientras se ocultaban de los disparos. Fueron uniformes en cuanto a que: (i) las detonaciones se escucharon en ráfagas y uno de los que disparó tenía una subametralladora Mini Uzi; (ii) los disparos se hicieron desde la arrocera hacia la calle, y no en sentido contrario; (iii) vieron a dos personas vestidas de civil que corrían, se identificaron como policías, se ocultaron detrás de un carro y (iv) uno de estos últimos estaba herido; (v) aunque no todos detallaron si los que se ocultaron tenían o no armas, todos coincidieron en que no los vieron disparar; (vi) hubo tres heridos y uno de ellos era Jorge Angarita, abuelo de dos de los declarantes y testigos presenciales. (…) Según quedó probado en este proceso, el día de los hechos, los oficiales llegaron sin distintivos que los identificaban como miembros de la fuerza pública, y, mientras ocurrían los disparos, alzaron sus manos, mostraron sus carnets de identificación y no se escucharon más disparos. (…).
17. De las pruebas atrás reseñadas, se puede afirmar que el procedimiento de la policía tuvo un aspecto irregular: los patrulleros de policía judicial, que
identificación y no se escucharon más disparos. (…).
17. De las pruebas atrás reseñadas, se puede afirmar que el procedimiento de la policía tuvo un aspecto irregular: los patrulleros de policía judicial, que adelantaron un requerimiento por porte de armas, no portaban elementosRadicación: 11001-03-15-000-2025-01703-00
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9 de 10 distintivos que los identificaran como miembros de la fuerza pública (chalecos y gorra) y tenían el deber de hacerlo. (…)10”.
29. Por lo anterior, la Sala considera qu
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