CE - Sentencia 11001031500020250172700

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250172700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: RICARDO PEDREROS DELGADO Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional/ REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONALINMEDIATEZ –No se cumple porque la demanda de tutela se presentó después de cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por el señor Ricardo Pedreros Delgado, actuando en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 21 de marzo de 2025 el señor Ricardo Pedreros Delgado presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y el “principio de interés superior del menor y protección especial de la niñez”. Hechos relevantes 2. El señor Ricardo Pedreros Delgado prestó su servicio militar obligatorio, luego fue soldado voluntario y después soldado profesional. En este último cargo, fue ocupado entre el 1° de noviembre de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2018 con 3 meses de alta hasta el 28 de febrero de 2019. 3. A su vez el soldado Pedreros Delgado y la señora Liseth Johanna Sierra Rincón contrajeron matrimonio el 4 de noviembre de 2008. 1 Que ingresó para fallo el 7 de abril de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) 2

4. El señor Ricardo Pedreros Delgado presentó ante el Ejército Nacional, la documentación pertinente con el fin de que se le otorgara el reconocimiento del subsidio familiar de conformidad con el Decreto 1794 de 2000, misma que fue negada con ocasión de que el Decreto 3770 de 2009 que había derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. 5. De manera posterior, al accionante le fue reconocido el subsidio familiar mediante resolución OAP No. 2024 del 30 de septiembre de 2014 “con novedad fiscal” del 10 de julio del mismo año y la No. 1661 del 30 de junio de 2015 “con novedad fiscal del 8 de mayo de 2015” de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1161 de 2014. Sin embargo, el señor Pedreros Delgado elevó una petición el 26 de febrero de 2018 ante el Ejército Nacional, solicitando un reajuste del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000, pero fue negada el 5 de septiembre de 2018. 6. Ante la negativa, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo del 5 de septiembre de 2018 mediante el cual se negó el reconocimiento y reliquidación del subsidio familiar de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000. 7. El asunto fue asignado al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot quien profirió sentencia el 9 de noviembre de 2023,

en la que declaró la nulidad de dicho acto administrativo y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional reconocer pagar al señor Pedreros Delgado, la partida de subsidio familiar de acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a partir del 4 de noviembre de 2008 y hasta la fecha de su retiro del servicio, en donde se le descontara las sumas que ya habían sido pagadas por ese concepto con base en el Decreto No. 1161 de 2014. Además, debían ser actualizadas las sumas de acuerdo con los índices de inflación certificados por el DANE, así como lo relacionado con los aportes de seguridad social los cuales se debían descontar al momento de que se cumpliera el fallo. 8. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, autoridad que mediante providencia del 4 de julio de 2024, revocó la sentencia de primera instancia, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y se inhibió de proferir sentencia de mérito sobre las pretensiones de la demanda. En resumen, consideró que la fecha en la que debía contabilizarse el término de caducidad era el 1° de marzo de 2019, cuyo día es el siguiente al momento en el que demandante había cumplido los 3 meses de alta, por lo que la presentación de la demanda se extendió hasta el 2 de julio de 2019 porque el 1° era festivo. Sumado a que la

solicitud de conciliación ante la Procuraduría se presentó el 23 de mayo de 2022 es decir, por fuera del término de caducidad, por lo que no tenía la capacidad de suspender dicho fenómeno jurídico, siendo aplicable el inciso 2 del artículo 187 del CPACA.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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9. El 20 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot profirió el auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A en la providencia del 4 de julio de 2024. Pretensiones 10. Solicita la parte accionante lo siguiente: “1) Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas, respetuosamente me permito solicitar al Honorable Consejo de Estado, se sirva tutelar los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO NUCLEO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD Y EL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, que han sido vulnerados por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SECCIÓN “A” con la sentencia emitida revocando el fallo de primera instancia del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT. Ahora bien, como consecuencia de la protección, solicito deferentemente (sic) que se dispongan las siguientes órdenes: PRIMERO: Dejar sin efectos jurídicos la decisión de Segunda Instancia del 4 de julio de 2024, emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SECCIÓN “A”, con auto de obedézcase y cúmplase del 20 de Septiembre de 2024, notificada el 23 de Septiembre de 2024, conforme el radicado 25307333300120220017400. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se Ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –

del 20 de Septiembre de 2024, notificada el 23 de Septiembre de 2024, conforme el radicado 25307333300120220017400. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se Ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SECCIÓN “A”, que profiera una nueva sentencia, en la cual se haga una valoración adecuada de los derechos laborales y el precedente judicial en el tema de acuerdo a las reglas jurisprudenciales y que en reemplazo de las decisiones que se dejen sin efectos, proceda a resolver de fondo la controversia planteada en decisión definitiva de Segunda Instancia, conforme a derecho.” Fundamentos de la demanda de tutela 11. La parte accionante indicó que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A profirió una decisión contraria a derecho, dado que desconoció los derechos laborales de los trabajadores y el precedente jurisprudencial pues no se puede aplicar la caducidad de los 4 meses establecidos en el CPACA, por cuanto el derecho laboral contiene una prescripción de 4 años, según lo establece el decreto 1211 de 1990 que reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que establece en su artículo 1742. Además el derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en 2 años contados 2 “ARTÍCULO 174. Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente

sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.”Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasaran a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. 12. De otra parte, expresó que la petición fue presentada el 26 de febrero de 2018 y la respuesta fue admitida el 11 de septiembre del mismo año, dando a entender que tenía hasta el 11 de septiembre de 2022, para presentar la demanda, no obstante esto se realizó el 22 de julio de 2022 es decir cuando el derecho no había prescrito, más aún cuando a partir de la decisión judicial del 8 de junio de 2017 se había declarado la nulidad del Decreto 3770 de 2009. 13. Hizo mención a que se presentó un defecto sustantivo por el desconocimiento de la norma aplicable al caso, porque con esa decisión se dejaron de lado los derechos laborales, inaplicando el Decreto 1211 de 1990 y sin tener en cuenta la prescripción “cuatrienal”, desconociendo el artículo 228 de la Constitución Política, pues de acuerdo con la providencia de la Corte Constitucional3, los derechos de los trabajadores tienen una prescripción “trienal” en el caso de los particulares y “cuatrienal” para los militares, sumado a que con la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, se volvió trienal para todos los trabajadores. Por tanto, el aplicar la caducidad genera condiciones de inequidad y desigualdad, entre los trabajadores, más aún cuando este tipo de trabajadores ofrece su vida en torno a su trabajo. Igualmente, al aplicar la caducidad impediría reclamar al soldado profesional los derechos laborales dentro del término de prescripción que es trienal o cuatrienal, siendo ilógica la creación de los derechos laborales si se impide la reclamación del derecho dentro de los 3 o 4 años siguientes. 14. Expresó que se presentó un desconocimiento del precedente judicial, para esto transcribió algunos apartes de la sentencia

que es trienal o cuatrienal, siendo ilógica la creación de los derechos laborales si se impide la reclamación del derecho dentro de los 3 o 4 años siguientes. 14. Expresó que se presentó un desconocimiento del precedente judicial, para esto transcribió algunos apartes de la sentencia 1100103250020100065004 del Consejo de Estado, en la que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y ordenó el restablecimiento y reconocimiento del subsidio familiar con efectos ex tunc así como algunos de los argumentos que fueron objeto de aclaración y/o adición, providencia que fue proferida el 8 de septiembre de 2017. Con base en lo anterior, expresó que los efectos de un acto se retrotraen en un primer momento y anulan o borran los efectos que se producen desde entonces, por tanto, no puede ser desconocido su derecho al subsidio familiar. Asimismo, mencionó la sentencia T-1029 de 2012 de la Corte Constitucional para los mismos efectos. Trámite en primera instancia 15. Mediante auto del 26 de marzo de 2025 el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda – Subsección A como accionado, y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, como terceros con interés en las resultas del proceso. 3 Sentencia T-8.307.631. 4 Al verificar el radicado correcto es el 11001-03-25-000-2010-00065-00. M.P. Cesar Palomino Cortés.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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También se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera si lo consideraba necesario. Ordenó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot para que remitiera copia del expediente con radicado 25307-33-33-001-2022-00174-00/01. Intervenciones 16. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot dentro de su informe de tutela precisó que la narración fáctica estipulada en la solicitud de amparo no se encuentra enfocada a sus actuaciones y se escapa de su órbita de consecuencia. Asimismo, remitió el link del expediente5. 17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A puso de presente que contrario a lo manifestado por el accionante, la providencia cuestionada acogió la normativa y jurisprudencia aplicable al caso. Sumado a lo anterior, consideró que para que operara el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se acudió a lo estipulado en el artículo 138 del CPACA6, así como el numeral 1 (literal c) y 2 (literal d) del artículo 164 de la misma Ley7 en el cual se señala la oportunidad para presentar la demanda y el término de caducidad de la pretensión en este medio de control en el cual se debe distinguir el contenido del acto administrativo demandado. También encuentra relevante el artículo 21 de la Ley 640 de 20018, el artículo 3 del 5 El enlace del expediente es el siguiente:

la demanda y el término de caducidad de la pretensión en este medio de control en el cual se debe distinguir el contenido del acto administrativo demandado. También encuentra relevante el artículo 21 de la Ley 640 de 20018, el artículo 3 del 5 El enlace del expediente es el siguiente: https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/jadmin01gir_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjadmin01gir%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F02ExpedientesProcesosJudicialesArchivados%2FAÑO2024%2FOCTUBRE%2F25307333300120220017400&ga=1&LOF=1 6 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación

de aquel.” 7 “Art. 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo cuando: (…) c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; (…) (…) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales. (…)” 8 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación -.se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta queRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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Decreto 1716 de 2009 que reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, así como el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el capítulo V de la Ley 640 de 20019. De otro lado, expresó que las prestaciones periódicas hacen referencia a aquellas sumas de dinero que se originan como consecuencia de una relación laboral cuya finalidad es atender las necesidades personales del trabajador, para cubrir riesgos y contingencias motivadas de su labor, pero si se finaliza este vínculo desaparecería su razón de ser10. Además, argumentó que su decisión se basó en que i) la nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo; ii) la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad hasta que se expidan las constancias; iii) en el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales, no es procedente aplicar la regla de caducidad de los 4 meses para las demanda de nulidad y restablecimiento del derecho mientras exista un vínculo laboral. Además indicó que al pretenderse el reajuste y pago del subsidio familiar devengado en la actividad de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 implica que no se esté frente a una prestación periódica, dado que el demandante se encuentra retirado del servicio desde el 30 de noviembre de 2018. Argumentó, que el acto demandado fue proferido el 5 de septiembre de 2018 mientras el demandante estaba en servicio activo y la demanda fue radicada el 26 de

julio de 2022, es decir con posterioridad al retiro del demandante que se produjo el 28 de febrero de 2019 cumplidos 3 meses de alta. Por tanto, la fecha para contabilizar la caducidad es el 1° de marzo de 2019, (cumplidos 3 meses de alta), y el término de la caducidad para presentar la demanda se extendió hasta el 2 de julio de 201911. Sumado a que la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría se presentó el 23 de mayo de 2022, por fuera del término de caducidad y que con razón a esto no tiene la capacidad para suspender dicho fenómeno jurídico. 18. El Ministerio de Defensa Nacional indicó que el accionante omitió su deber de señalar con claridad los defectos en los que incurrió el Consejo de Estado (sic) al momento de proferir la sentencia que rechazó las pretensiones por privación injusta de la libertad (sic) indicando 2 cortos argumentos respecto a que nunca fue condenado penalmente (sic) y de acuerdo con la caducidad de la acción, trayendo se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.” 9 “Artículo 3. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o

b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la ley 640 de 2001, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.” 10 Para este argumento cita la sentencia del 27 de mayo de 2021 de la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado. 11 El 1° de julio de 2019 era festivo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

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a colación discusiones probatorias que ya fueron dilucidadas dentro del proceso de reparación directa y que no pueden tenerse en cuenta en esta etapa. Asimismo, precisó que de conformidad con la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 el Consejo de Estado adoptó los criterios de las sentencias SU-412 de 2012 y C-590 de 2005 relacionadas con la procedencia de la acción constitucional. Dado lo anterior, el accionante debe tener una amplia carga argumentativa respecto de las razones de violación. Sin embargo, en la presente acción no se cumple con los requisitos para habilitar el estudio de la acción ya que el actor no realizó un estudio de los requisitos específicos de procedencia ni acreditó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, es decir que la solicitud de tutela no se puede convertir en una tercera instancia que pretenda controvertir una decisión en el proceso ordinario. II. C O N S I D E R A C I O N E S 19. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de inmediatez, tal como se explicará a continuación: Del requisito de la inmediatez 20. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela12. 21. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de

esta Corporación ha considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el caso. 22. Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial. 23. Sin embargo, dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se acredite que (i) existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la inactividad injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros

12 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) 8

y (iii) existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados13. 24. En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses desde la ejecutoria de la decisión en los casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento. 25. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la -inmediatezes una exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela. 26. En el caso bajo estudio, el señor Ricardo Pedreros Delgado solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y el “principio de interés superior del menor y protección especial de la niñez”, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sección “A” en la que se declaró caducidad de la acción de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA. 27. La sala estima que el plazo de 6 meses -considerado como razonable para presentar la demanda de tuteladebe contabilizarse a partir de la fecha de notificación de la sentencia segunda instancia del 4 de julio de

establecido en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA. 27. La sala estima que el plazo de 6 meses -considerado como razonable para presentar la demanda de tuteladebe contabilizarse a partir de la fecha de notificación de la sentencia segunda instancia del 4 de julio de 2024, con la cual finalizó el proceso y no desde el 20 de septiembre del mismo año en el que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot profirió auto de obedézcase y cúmplase, dado que no se trata de una decisión interlocutoria íntimamente ligada con la parte motiva o resolutiva de la sentencia propiamente dicha, sino meramente un auto de trámite o sustanciación que profiere el a-quo respecto a la decisión adoptada por su superior funcional. 28. Conforme a ello, se constata que de conformidad con el índice 15 de samai del proceso 25307-33-33-001-2022-00174-01, los sujetos procesales conocieron del contenido de la decisión el 5 de agosto de 2024:

13 Ver Sentencia T-546 de 2014Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) 9

29. Por ello, es evidente que la acción de tutela de la referencia no se interpuso dentro de un término razonable, pues se presentó hasta el 21 de marzo de 2025 ante esta Corporación cuando ya habían transcurrido más de siete meses. 30. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional14, el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros “que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable15” y garantiza la seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ese principio16. Asimismo, con ello también se frena el abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo

14 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. 15 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras. 16 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01727-00 Accionante: Ricardo Pedreros Delgado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) 10

10 constitucional de acción de tutela como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos17”. 31. Dicho precedente se fundamenta en lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado18, la cual señala que el principio de inmediatez, que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela”1920. 32. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la petición de amparo por el incumplimiento del requisito de inmediatez. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela presentada por Ricardo Pedreros Delgado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

17 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras. 18 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez. 19 En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 199

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