CE - Sentencia 11001031500020250176900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250176900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACCIONANTE ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA. LA
DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE ASPECTOS QUE FUERON
RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO , TRABAJO,
DIGNIDAD HUMANA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte actora contra el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CIRCUITO DE PEREIRA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y al principio de estabilidad laboral reforzada , los cuales estima vulnerado s por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 30 de junio de 2023 y 6 de febrero de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 66001-33-33-006-2017-00346-02.
I.2.- Hechos
1 En adelante el Juzgado 2 En adelante el Tribunal3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Indicó que es miembro de la Policía Nacional desde el 28 de agosto de 2000, alcanzando el grado de Intendente, con 15 años, 8 meses
www.consejodeestado.gov.co
Indicó que es miembro de la Policía Nacional desde el 28 de agosto de 2000, alcanzando el grado de Intendente, con 15 años, 8 meses y 26 días de servicio , tiempo en el cual se ha destacado por su conducta intachable en la Dirección Antinarcóticos Seccional Pereira.
Señaló que el 9 de marzo de 2015 fue seleccionado para dirigir el proceso de extinción de dominio de la Compañía Antinarcóticos Regional núm. 3 Risaralda, por lo que fue trasladado al Grupo de Investigación Criminal de la Policía Judicial Antinarcóticos Pereira.
Manifestó que el comandante encargado de la Compañía Antinarcóticos Regional núm. 3 Risaralda, el Mayor ÓSCAR DARÍO CRISTANCHO IZQUIERDO empezó a infringirle toda clase de acosos y hostigamientos laborales , por lo que fue solicitado su traslado de unidad y de departamento , aduciendo una falsa motivación en la petición.
Afirmó que los argumentos expuestos para ello por el Mayor ÓSCAR DARÍO CRISTANCHO IZQUIERDO resultan distorsionados y contrarios a la realidad, por lo que instauró queja por acoso laboral4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
en contra de aquel , a la cual se le dio apertura de investigación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
en contra de aquel , a la cual se le dio apertura de investigación disciplinaria bajo el radicado IUS-2016-293381.
Relató que el 3 de febrero de 2016 le fue notificada su desvinculación de la Dirección Antinarcóticos y fue trasladado al Departamento de Policía de Nariño, como comandante de una estación de Policía que como antecedente presenta dos tomas guerrilleras, lo que constituye un perjuicio laboral que afecta tanto su integridad como su salud física y mental, lo que repercutió al interior de su núcleo familiar.
Advirtió que, por lo anterior, solicitó su retiro motivado ante la oficina de Talento Humano del Departamento de Policía de Nariño , el cual fue denegado mediante los oficios núms. S-2016/014437/SUBCOGUTAH-29.25 de 25 de abril de 2016 y S -2016-119508/APROPGRURE-1.10 de 02 de mayo de 2016 , por encontrar infundados los argumentos.
Sostuvo que, ante la falta de alguna medida o correctivo, promovió acción de tutela en la cual se accedió a sus pretensiones, razón por la cual mediante la Resolución núm. 02901 de 19 de mayo de 2016,5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
la Policía Nacional lo retiró del servicio activo, pero no le fue reconocido ningún derecho pensional.
Destacó que , como consecuencia ello, promovió demanda e n ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en la cual solicitó que se declarara a la demandada responsable por el daño jur ídico causado por falla en el servicio, la cual le correspondió en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 30 de junio de 2023 , denegó las súplicas de la demanda al considerar que no cumplió con la carga probatoria para demostrar la ocurrencia de los supuestos hostigamientos y acoso laboral, máxime cuando el retiro del servicio fue un acto propio.
Aseveró que, inconforme con lo anterior , interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 6 de febrero de 2025, confirmó la decisión del a quo, al considerar que no se encontró probado el daño alegado por el supuesto abuso laboral cuando formaba parte de la Policía Nacional.
I.3.- Fundamentos de la solicitud6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
I.3.- Fundamentos de la solicitud6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
A juicio del actor , la s autoridades judiciales accionadas desconocieron la situación real de acoso laboral y despido indirecto que sufrió, pues pasó por alto el hostigamiento relatado y la situación laboral en la que se encontraba cuando estaba en la Policía Nacional.
En esa medida, aseguró que se incurrió en un defecto fáctico al realizar una apreciación inadecuada de las pruebas obrantes en el expediente, pues omitió valorar los testimonios rendidos dentro del proceso disciplinario , su propia declaración y la de familiares y terceros, por lo que desestimó tales pruebas de forma inmotivada.
Destacó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron la prueba documental y las evidencias objetivas arrimadas, entre ellas, el oficio de solicitud de traslado de 11 de junio de 2015, la constancia del estado de salud, así como los hechos notorios y la cronología de los hechos, lo que resultaba suficiente para inferir la existencia de acoso laboral y sus consecuencias dañosas.
Aseveró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sobre el acoso laboral y el despido indirecto , tanto de la Corte7
Aseveró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sobre el acoso laboral y el despido indirecto , tanto de la Corte7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Constitucional como del Consejo de Estado, que han desarrollado abundante jurisprudencia sobre el asunto.
Destacó que la Corte Constitucional ha protegido por vía de tutela los derechos fundamentales de trabajadores víctimas de hostigamiento en el lugar de trabajo, entre ellas, en las sentencias T-519 de 2003, T-234 de 2007 y T-317 de 2020 , en las cuales se accedió a las pretensiones de la demanda al estimar que la relación laboral no fue producto de la libre voluntad sino de una situación de persecución.
Sostuvo que, por su parte, el Consejo de Estado también ha sentado lineamientos claros sobre la procedencia de la acción de reparación directa en casos de acoso laboral en entidades públicas , por lo que en sentencia proferida dentro del número de radicación 2011-0046201, la Sección Tercera reconoció expresamente que el acoso laboral de un superior jerárquico puede constituir una falla del servicio generadora de responsabilidad estatal.
Añadió que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 2 de marzo de 2017 dentro del proceso con radicación 25000-23de un superior jerárquico puede constituir una falla del servicio generadora de responsabilidad estatal.
Añadió que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 2 de marzo de 2017 dentro del proceso con radicación 25000-2325-000-2011-00462-01, estudió el concepto de coacción invencible8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
en la renuncia y dispuso que, si la renuncia obedece a presiones laborales ilegítimas, no puede considerarse expresión de libre voluntad del empleado sino un despido encubierto.
Refirió que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL inaplicaron las normas sobre acoso laboral y responsabilidad del estado, pues pasaron por alto el alcance de la Ley 1010 de 23 de enero de 20063 y no tuvieron en cuenta la definición central de acoso laboral, ni sus modalidades, así como tampoco las obligaciones de prevención y corrección inmediatas a cargo de la entidad empleadora , lo que conlleva a la existencia de un defecto sustantivo en el asunto.
Finalmente, sostuvo que se desconoció el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado , pues se omitió identificar debidamente el daño jurídico evidente y con ello se le negó su estatus de víctima, lo que deriva en la ocurrencia de un defecto sustantivo o en violación directa de la Constitución.
daño jurídico evidente y con ello se le negó su estatus de víctima, lo que deriva en la ocurrencia de un defecto sustantivo o en violación directa de la Constitución.
I.4.- Pretensiones
3 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”.9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:
“[…] ordenar al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA, SALA CUARTA DE DECISIÓN (MAG.PONENTE LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO), Y JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dejar sin efecto las sentencias referidas en el numeral anterior, y produzca una nueva, atendiendo a los procedimientos legales […]” (Destacado pertenece al texto).
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, pese a ser notificados del presente trámite en debida forma, guardaron silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL solicitó denegar las súplicas de la
presente trámite en debida forma, guardaron silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL solicitó denegar las súplicas de la acción de tutela, toda vez que no se vislumbra la existencia de vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor y, además, re saltó que revisados los argumentos de la sentencia de segunda instancia controvertida, se advierte que existió una valoración exegética de las pruebas obrantes en el medio de10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
control, pues se analizaron un a a una para determinar la legalidad del acto administrativo que le causó el retiro al actor, sin que se haya advertido la vulneración de sus derechos fundamentales.
Sostuvo que la parte actora no allegó pruebas que demostraran el acoso laboral ni que el acto administrativo estuviese viciado de desviación de poder, por lo que no bastaba con enunciarlo, sino que debía aportar sendos elementos que demostraran la existencia de tal aseveración.
Alegó que la solicitud de amparo de la referencia resulta improcedente ante la inexistencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional en el asunto, máxime cuando el actor cuenta con otros medios de defensa idóneos p ara exponer sus desacuerdos.
improcedente ante la inexistencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional en el asunto, máxime cuando el actor cuenta con otros medios de defensa idóneos p ara exponer sus desacuerdos.
I.6.2.- La señora MARÍA NELSY PINEDA GRISALES, pese a ser notificada y vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso de la referencia, guardó silencio.11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corpora ción o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad ,
con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.15
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso , al trabajo, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y al principio de estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, se dejen sin efectos las providencias de 30 de junio
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso , al trabajo, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y al principio de estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, se dejen sin efectos las providencias de 30 de junio de 2023 y 6 de febrero de 2025, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00346-02.
A la s citadas providencias se le s atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio, se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo por16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
desconocimiento del precedente , sustantivo y violación directa de la Constitución , en la medida en que las autoridades judiciales accionadas adoptaron una decisión sin valorar adecuadamente el contenido de las pruebas allegadas, así como los precedentes jurisprudenciales y la normativa dispuesta para el asunto, de lo cual era posible advertir que la Policía Nacional incurrió en falla del servicio a l pasar por alto las denuncias de acoso laboral de las que era víctima, lo que llevó a solicitar el retiro del servicio.
En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se presentó contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, lo cierto es que la
de las que era víctima, lo que llevó a solicitar el retiro del servicio.
En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se presentó contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, lo cierto es que la sentencia de 6 de febrero de 2025 confirmó la decisión del a quo y fue la que puso fin al proceso , razón por la que la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la sentencia proferida por el ad quem.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
precedente, sustantivo y violación directa de la Constitución, al haber proferido la providencia de 6 de febrero de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00346-02.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia. El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01769-00
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Actor: DIEGO FERNANDO ACEVEDO PINEDA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un ins
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.