CE - Sentencia 11001031500020250177900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250177900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: JAIME HUMBERTO OLAYA ALVARADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Jaime Humberto Olaya Alvarado solicitó el amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a “[…] la protección de la familia […]” en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 13 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 76109-33-33-001-202300090-00/01.
Administrativo del Valle del Cauca , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 76109-33-33-001-202300090-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que prestó sus servicios como infante de marina profesional al servicio de la Armada Nacional del Ministerio de Defensa.
2.2. Indicó que el 22 de enero de 2011 contrajo matrimonio civil y el 28 de julio de 2014 solicitó el reconocimiento del subsidio familiar, el cual le fue otorgado mediante orden2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
administrativa de personal 649 del 1 de septiembre de 2014, conforme al artículo 1 del Decreto 1161 de 2014.
2.3. Refirió que el 16 de noviembre de 2022 solicitó el reconocimiento y pago del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el cual le fue negado por la Armada Nacional mediante Oficio 20220030750483511 de 25 de noviembre de 2022.
2.4. Manifestó que, con base en lo anterior, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 76109-33-33-001-2023-0009000/01 contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negado el reconocimiento y pago del subsidio familiar. Como restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago del reajuste del subsidio familiar , conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
2.5. Precisó que el asunto le fue asignado al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, autoridad judicial que, mediante providencia de 15 de marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.6. Adujo que la decisión anterior fue objeto de recurso de apelación por la parte demandada y mediante sentencia de 13 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.
2.7. Expuso que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso a la igualdad y a “[…] la protección de la familia […]” en conexidad con el principio de seguridad jurídica, al incurrir en un defecto sustantivo.
2.8. Argumentó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo, en razón a que inaplicó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y desconoció la sentencia de 8 de junio de 20171 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se “[…] declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc,
junio de 20171 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se “[…] declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc, recobrando vigencia el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 desde el momento de su expedición, es decir a partir del 14 de septiembre de 2000 […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00. M.P. César Palomino Cortés.3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales del accionante JAIME HUMBERTO OLAYA ALVARADO, por vulneración al Debido Proceso, al derecho a la igualdad, la protección de la familia, así como al principio de seguridad jurídica y demás derechos conexos.
SEGUNDA: REVOCAR el fallo del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCAexpediente No.18001-3333-002-2020-00081-01 del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante: JAIME HUMBERTO OLAYA ALVARADO contra LA NACIONMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL en cuanto a la negativa de las pretensiones de la demanda
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión tomada en Sentencia del 13 de septiembre de 2024 proferida por el
NACIONAL-ARMADA NACIONAL en cuanto a la negativa de las pretensiones de la demanda
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión tomada en Sentencia del 13 de septiembre de 2024 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA y notificada el 25 de septiembre de 2024 que REVOCÓ la decisión del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUENAVENTURA en Sentencia del 15 de marzo de 2024 y notificada el 18 de marzo de 2024.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCAexpediente No.18001-3333-002-2020-00081-01 del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante: JAIME HUMBERTO OLAYA ALVARADO contra LA NACIONMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL que emita un nuevo pronunciamiento confirmando el fallo del 15 de marzo de 2024 y notificado el 18 de marzo de 2024 proferido por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUENAVENTURA proceso radicado No.76-109-3333-001-2023-00090-00 dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante: JAIME HUMBERTO OLAYA ALVARADO contra LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALARMADA NACIONAL, el cual accedió a las pretensiones […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
ALVARADO contra LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALARMADA NACIONAL, el cual accedió a las pretensiones […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 31 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincul ó en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional y al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Buenaventura.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:
5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca informó que la sentencia objeto de esta acción se profirió con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, los lineamientos jurisprudenciales vigentes, la normatividad aplicable al caso y en ella se garantizaron los derechos fundamentales del accionante.4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
5.2. Indicó que la acción de amparo no está llamada a prosperar, por cuanto lo que se pretende es una tercera instancia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos parámetros.
8 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. El señor Jaime Humberto Olaya Alvarado solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a “[…] la protección de la familia […]” en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 13 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 76109-33-33-001-202300090-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 13 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 14 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 16 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económi co con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
15 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012 -02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. […]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o partic ular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. […]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales18.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a “[…] la
17 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de marzo de 2023.
17 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de marzo de 2023. 18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015 -00283-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C .P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016 -01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Adminis trativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016 -02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
protección de la familia […]” en conexidad con el principio de seguridad jurídica, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo.
25. Señaló que la sentencia de segunda instancia incurrió en un defecto sustantivo por cuanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca inaplicó el artículo 11 del
haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo.
25. Señaló que la sentencia de segunda instancia incurrió en un defecto sustantivo por cuanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca inaplicó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y desconoció la sentencia de 8 de junio de 201719 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se “[…] declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc, recobrando vigencia el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 desde el momento de su expedición, es decir a partir del 14 de septiembre de 2000 […]”.
26. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
27. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
28. Se considera que la parte accionante no está poniendo de presente que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
28. Se considera que la parte accionante no está poniendo de presente que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia revocó la decisión de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
29. A su vez se advierte que los argumentos presentados en esta acción de tutela fueron expuestos en sede contenciosa administrativa.
30. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue analizada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la
providencia cuestionada:
“[…] 6. Análisis probatorio y resolución del caso concreto
Se encuentra probado en la certificación expedida por la Dirección de Personal Armada Nacional que el soldado profesional Jaime Humberto Olaya Alvarado
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00. M.P. César Palomino Cortés.10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01779-00
Accionante: Jaime Humberto Olaya Alvarado
con grado de dragoneante profesional trabaja en la Brigada de Infantería de Marina.
Que se casó con la señora Yesica Paola Diaz Mejía el 22 de enero de 2011. De dicha unión, el 4 de septiembre de 2013, nació el menor Samuel David Olaya Diaz.
Marina.
Que se casó con la señora Yesica Paola Diaz Mejía el 22 de enero de 2011. De dicha un
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