CE - Sentencia 11001031500020250178800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250178800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01788-00
Accionante: José Edgar Acosta Campo Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Prolongación injustificada de la libertad. DECLARA IMPROCEDENTE Y NIEGA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor José Edgar Acosta Campo, e n nombre propio , en contra del Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al proferir las sentencias del 21 de abril de 2023 y 30 de septiembre de 2024, respectivamente, en el medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-060-2021-00110-00/01.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso.
HECHOS
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguien te manera:
Que el 5 de julio de 2017 el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Buga profirió sentencia penal condenatoria de 36 meses de pena privativa de la libertad y multa de 20,6 SMMLV en su contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Que el 28 de agosto de 2017 el Tribunal Superior de Buga, Sala de Decisión Penal, le concedió el beneficio de traslado al resguardo indígena Nasa Kiwe Tekh Ksxa de Santander de Quilichao para el cumplimiento de la pena impuesta.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2
Que el 26 de agosto de 2020 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad , quien asumió el conocimiento para la ejecución y vigilancia de la pena, le otorgó la libertad por cumplimiento de la condena, por lo cual estuvo privado de su libertad desde el 24 de marzo de 2017 hasta el 26 de agosto de 2020 , esto es, durante 41 meses y 2 días, lo cual excedió el tiempo de la condena impuesta.
Que por lo anterior instauró demanda de reparación directa, junto con sus familiares,
es, durante 41 meses y 2 días, lo cual excedió el tiempo de la condena impuesta.
Que por lo anterior instauró demanda de reparación directa, junto con sus familiares, en contra de la Nación-Rama Judicial y el INPEC, la cual correspondió por reparto al Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que el 21 de abril de 2023 negó las pretensiones porque determinó que la defensa del procesado se abstuvo de solicitar la declaración de cumplimiento de la pena ante el juez penal cuando esta finalizó.
Que la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y el 30 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la sentencia recurrida, con fundamento en similares argumentos; en que la orden de libertad inmediata fue expedida dentro del término legal y que, si bien no se tramitó a tiempo, ello obedeció al cierre de despachos por la pandemia del Covid-19.
Que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo, pues transgredieron el parágrafo 1 del artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, según el cual su situación jurídica debía resolverse dentro de un plazo razonable, y desconocieron el principio de congruencia, en tanto omitieron su argumentación consistente en que no fue atendida oportunamente su solicitud de libertad.
Que no puede aceptarse el cierre de los despachos por la pandemia y la consecuente suspensión de términos judiciales , para justificar el tiempo adicional durante el que estuvo privado de su libertad, pues su derecho humano no podía ser
Que no puede aceptarse el cierre de los despachos por la pandemia y la consecuente suspensión de términos judiciales , para justificar el tiempo adicional durante el que estuvo privado de su libertad, pues su derecho humano no podía ser suspendido ni siquiera en estado de excepción, en atención a su carácter erga omnes y de ius cogens, en los términos del artículo 93 constitucional.
Que las autoridades señaladas también incurrieron en defecto fáctico porque desconocieron que en el proceso quedó demostrado que permaneció privado de su libertad por un tiempo superior al que lo habían condenado por una situación que no le era imputable, debido a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Que la Subsección que conoció la segunda instancia convalidó la privación excesiva de su libertad con el argumento de que fue su inobservancia la que generó que no se le notificara oportunamente la decisión de libertad inmediata, sin tener en cuenta que solicitó la libertad condicional, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de revocar la prisión domiciliaria que le fue otorgada y el 24 de agosto de 2020 pidió su libertad inmediata por pena cumplida.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3
Además, aludió al desarrollo jurisprudencial del desconocimiento del precedente judicial, pero no señaló los motivos por los que estimaba que se configuró en el caso.
PRETENSIONES
3
Además, aludió al desarrollo jurisprudencial del desconocimiento del precedente judicial, pero no señaló los motivos por los que estimaba que se configuró en el caso.
PRETENSIONES
Que se deje n sin efectos la s sentencias del 21 de abril de 2023 y del 30 de septiembre de 2024 proferidas por el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, respectivamente, y ordenarle a este último que, en un término no superior a 15 días, dicte una decisión de reemplazo acorde con los hechos, las pruebas, los fundamentos jurídicos y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre la materia.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 8 de abril de 2025 el magistrado sustanciador admitió la tutela de la referencia y vinculó a la Nación-Rama Judicial y al INPEC como terceros con interés.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por conducto de l magistrado ponente de la sentencia cuestionada, señaló que la acción no se fundamentó en la vulneración de derechos fundamentales, sino que se orientó a controvertir la valoración probatoria y la argumentación que desarrolló, la cual lo llevó a confirmar la decisión de negar las pretensiones.
Que lo pretendido es convertir este mecanismo en una tercera instancia del proceso contencioso administrativo , por lo que carece de relevancia constitucional y es improcedente.
Que la parte demandante no acreditó los argumentos expuestos en el recurso de
Que lo pretendido es convertir este mecanismo en una tercera instancia del proceso contencioso administrativo , por lo que carece de relevancia constitucional y es improcedente.
Que la parte demandante no acreditó los argumentos expuestos en el recurso de apelación que interpuso contra la decisión de primera instancia en el proceso de reparación directa ni desvirtuó los fundamentos allí esgrimidos, ya que i) la Rama Judicial sí se pronunció sobre la solicitud de suspensión condicional de la pena impuesta; ii) la parte actora no pidió la libertad por cumplimiento de pena; iii) no se demostró una prolongación injustificada en resolver y declarar la pena cumplida y iv) no se evidenció una mora en el trámite para conceder la apelación interpuesta.
Que no se configuró el defecto fáctico alegado, ya que no existió una omisión o arbitrariedad en la valoración de las pruebas, en la medida que el material probatorio relacionado con el cómputo de la pena y la solicitud presentada por el accionante sí fueron analizados.
Que el actuar de la administración de justicia fue conforme al principio de razonabilidad, pues no existía, antes de la petición del 24 de agosto de 2020, unRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4
acto claro y específico que obligara a activar el trámite de excarcelación por pena cumplida, por lo cual la alegada prolongación de la privación de la libertad no
www.consejodeestado.gov.co 4
acto claro y específico que obligara a activar el trámite de excarcelación por pena cumplida, por lo cual la alegada prolongación de la privación de la libertad no obedeció a un acto arbitrario, sino al hecho de que la solicitud formal, completa y verificable fue presentada en esa fecha, por lo que fue entonces cuando se ordenó la medida de libertad correspondiente.
Que tampoco incurrió en defecto sustantivo, ya que la decisión adoptada respondió a un contexto excepcional y globalmente reconocido, esto es, la emergencia sanitaria causada por el Covid -19, situación que produjo el cierre de juzgados y la suspensión de términos judiciales , por lo cual no es que se haya desconocido el derecho a la libertad personal, sino que se consideró razonable el actuar judicial , especialmente cuando la orden ya había sido emitida y no existía voluntad de mantener indebidamente la detención, por lo cual no existió un error en la aplicación del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , dado que la privación de la libertad no fue ilegal, sino que fue el resultado de una imposibilidad fáctica y administrativa debidamente explicada.
Que no basó su decisión en normas derogadas o inexistentes, sino en actos administrativos válidos y vigentes , esto es, en el Decreto 417 de 2020 y complementarios, máxime cuando la Corte Constitucional ha reconocido la validez de las medidas adoptadas durante la pandemia.
Solicitó declarar improcedente la acción o denegar el amparo pedido.
El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se limitó a remitir el expediente digital del proceso de reparación directa.
Solicitó declarar improcedente la acción o denegar el amparo pedido.
El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se limitó a remitir el expediente digital del proceso de reparación directa.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio del abogado de la División de la Unidad de Asistencia Legal, manifestó que la acción es evidentemente irrelevante desde el punto de vista constitucional, en tanto no puede convertirse en una instancia adicional al medio de control de reparación directa que se cuestiona y menos a un nuevo debate y en el caso no se vislumbra vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante , con mayor razón cuando no se señaló el fundamento de esa afectación.
Que en el expediente penal se evidencian las vicisitudes procesales que justificaron la desatención de las obligaciones de las demandadas en el medio de control, las cuales no relevaban de los deberes que tenía n el demandante y el resguardo indígena.
Pidió, por lo tanto, negar el amparo o declarar la improcedencia de la acción.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5
El INPEC, a través de la coordinadora del Grupo de Tutelas de la Oficina Jurídica, expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva para atender lo pretendido por el actor, por lo que solicitó su declaratoria.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva para atender lo pretendido por el actor, por lo que solicitó su declaratoria.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como meca nismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución.»3
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requi sitos requiere de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.
Caso concreto
El accionante considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en i) un defecto sustantivo por transgresión del parágrafo 1 del artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y por desconocimiento del principio de congruencia, en tanto omitieron su argumentación consistente en que no fue atendida oportunamente su solicitud de libertad condicional; ii) defecto fáctico porque no tuvieron en cuenta que demostró que la privación de su libertad duró más tiempo que el de la condena impuesta, debido a una situación imputable al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y que solicitó la libertad condicional, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de revocar la
tiempo que el de la condena impuesta, debido a una situación imputable al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y que solicitó la libertad condicional, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de revocar la prisión domiciliaria que le fue otorgada y el 24 de agosto de 2020 pidió su libertad inmediata por pena cumplida; y iii) desconocimiento del precedente judicial.
A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia controvertida, pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8
La Sala encuentra reunidas las exigencias generales, ya que: i) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección, por la incursión de los defectos enunciados; ii) la acción se presentó con inmediatez , pues la acción se instauró el 26 de marzo de 2025 ; iii) no se está invocando una irregularidad procesal , por lo que no hay lugar a definir si podría tener un efecto decisivo en la providencia
enunciados; ii) la acción se presentó con inmediatez , pues la acción se instauró el 26 de marzo de 2025 ; iii) no se está invocando una irregularidad procesal , por lo que no hay lugar a definir si podría tener un efecto decisivo en la providencia cuestionada; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la exigencia de la subsidiariedad en relación con el defecto sustantivo alegado, puesto que el accionante no alegó la transgresión del parágrafo 1 del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia de primera instancia, a pesar de que allí también se concluyó que la prolongación de la libertad del señor José Edgar Acosta Campos no era atribuible a los demandados.
Por lo tanto, la parte accionante dejó vencer la oportunidad con la que contaba para exponer ese desacuerdo y para que la autoridad judicial de segunda instancia lo analizara y se pronunciara sobre el particular.
Respecto al desconocimiento del principio de congruencia, porque, a juicio del actor, no existió un pronunciamiento sobre el planteamiento que esgrimió relativo a la no resolución oportuna de su solicitud de libertad condicional , se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para exponer ese desacuerdo, esto es, el recurso extraordinario de revisión , con fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad originada en la sentencia que
exponer ese desacuerdo, esto es, el recurso extraordinario de revisión , con fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, para exponer su desacuerdo relativo a la presunta transgresión del principio de congruencia.
En efecto, la supuesta vulneración al derecho fundamental al debido proceso por la conculcación de ese principio es susceptible de ser protegido de manera integral a través del precitado recurso . La Corte Constitucional, en la sentencia SU026/21, luego de referirse a las causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las irregularidades que apunta a corregir; expresó que ello erige, en materia contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:
«De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyenRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9
el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales concurrentes […]».
De tal manera que, ante la existencia de otros mecanismos judiciales para reclamar la protección del derecho que se invoca como conculcado, la acción de tutela, respecto al defecto sustantivo alegado, resulta improcedente, máxime cuando no se advierte la probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable ni alguna situación que impida al accionante hacer uso del medio con el que cuenta o que, en su momento, le hubiera imposibilitado para exponer su desacuerdo respecto al desconocimiento de del parágrafo 1 del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ante el juez natural.
En relación con el defecto fáctico, sí se supera el requisito de subsidiariedad, por lo cual se procederá a su estudio. Al respecto, se entiende que el actor considera que no se valoraron debidamente la solicitud de libertad condicional, el recurso de apelación en contra de la decisión de revocar la prisión domiciliaria que le fue otorgada y la petición de libertad inmediata por pena cumplida.
En la sentencia discutida en esta sede, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
apelación en contra de la decisión de revocar la prisión domiciliaria que le fue otorgada y la petición de libertad inmediata por pena cumplida.
En la sentencia discutida en esta sede, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, evidenció que el argumento relacionado con la solicitud de libertad condicional no fue expuesto en la demanda, pero, pese a ello, precisó que esta fue resuelta el 11 de julio de 2019 en el sentido de negarse porque no se cumplían los requisitos para su decreto y en la misma providencia se revocó el beneficio concedido al inculpado de cumplir la condena en su resguardo indígena porque fue hallado por fuera de este durante el tiempo en que estaba privado de la libertad.
Así mismo, observó que el recurso de apelación que el interesado interpuso en contra de esa decisión no se relacionó con la negativa del beneficio de la libertad condicional, sino con una petición de redención de la pena por trabajo comunitario, la cual fue decidida el 24 de marzo de 2020, en la que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Guadalajara de Buga, entre otros aspectos, declaró la extinción de la pena a favor del demandante por estar cumplidos los 36 meses de prisión, por lo cual ordenó su liber tad inmediata, lo que ponía de presente que sí se resolvió su solicitud de libertad condicional, contrario a lo alegado en el recurso de apelación.
En cuanto a la solicitud de libertad inmediata por pena cumplida, la autoridad judicial advirtió que no estaba acreditado que hubiera presentado alguna petición en ese sentido y que la decisión del 26 de agosto de 2020, mediante la cual nuevamente
En cuanto a la solicitud de libertad inmediata por pena cumplida, la autoridad judicial advirtió que no estaba acreditado que hubiera presentado alguna petición en ese sentido y que la decisión del 26 de agosto de 2020, mediante la cual nuevamente se declaró la extinción de la pena, no se debió a alguna solicitud del condenado.
Frente a este punto, se denota que le asiste razón al accionante al señalar que sí solicitó la declaratoria de la pena cumplida el 24 de agosto de 2020, según consta en el informe secretarial d el 25 de igual mes y anualidad expedido por el JuzgadoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01788 -00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10
Primero Penal del Circuito de Buga; sin embargo, no se observa que esa situación tenga la entidad suficiente para acceder al amparo solicitado, pues la petición se elevó varios meses después del cumplimiento de la pena, en tanto en la providencia del 24 de marzo de 2020 ya se había encontrado cumplida la condena , decisión que, se resalta, fue proferida en tiempo, como lo concluyó la autoridad judicial.
De allí, que la Subsección accionada haya sostenido que la decisión adoptada dos días después de la petición no tuvo alguna consecuencia jurídica . Textualmente señaló:
«[E]n cuanto a la providencia proferida el 26 de agosto de 2020, mediante la cual se reconoce al actor un descuento total de pena equivalente a 41 meses
señaló:
«[E]n cuanto a la providencia proferida el 26 de agosto de 2020, mediante la cual se reconoce al actor un descuento total de pena equivalente a 41 meses y 02 días de prisión y se concede nuevamente la libertad por pena cumplida (aquí cuestionada), debe precisar la sala que esta decisión no tuvo implicación jurídica alguna, puesto que ya se había resuelto este tema previamente (en providencia del 24 de marzo de 2020) por parte del mismo Juzgado que profirió la sentencia penal, lo que conllevó en consecuencia a c osa juzgada y que la parte interesada tenía la obligación de conocer siendo parte procesal, se reitera, máxime estando pendiente de resolver la apelació
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.