CE - Sentencia 11001031500020250181600

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250181600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01816-00

Accionante: Eduardo Emiro Montero Torres

Accionados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro

Temas: Acción de tutela por violación de los derechos de petición y defensa, por no resolver recurso de apelación. CONCEDE

AMPARONIEGA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Eduardo Emiro Montero Torres, en nombre propio, en contra de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P AFINA y la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales de petición y de defensa, los cuales considera vulnerados por las entidades accionadas.

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento.

Que le solicitó a la Empresa Afinia que concediera la ruptura solidaria del pago de la factura del servicio de energía y la entidad negó la solicitud; que presentó recursos de reposición y en subsidio apelación, y que el 17 de septiembre de 2024 Afinia decidió no reponer y remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios

la factura del servicio de energía y la entidad negó la solicitud; que presentó recursos de reposición y en subsidio apelación, y que el 17 de septiembre de 2024 Afinia decidió no reponer y remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que a la fecha de presentación de la acción de tutela han transcurrido 6 meses desde que la empresa «supuestamente envió el expediente a la superintendencia (sic)» y no ha recibido respuesta alguna por parte de ésta sobre el recurso de apelación, situación que le transgrede su s derechos fundamentales de petición y defensa.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01816-00

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Señaló varias tutelas en las cuales se ha estudiado la tardanza de la empresa Afinia de enviar el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o de remitirlo de manera incompleta, lo que a su juicio desconoce el artículo 133 de la Ley 142 de 1994.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene 1) a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolver el recurso de alzada del NIC 53 53440 y 2) a la empresa Caribemar de la Costa no suspender el servicio.

Además, pide que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación por las faltas disciplinarias cometidas por el gerente general de Caribemar de la Costa

suspender el servicio.

Además, pide que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación por las faltas disciplinarias cometidas por el gerente general de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.O – Afinia, al superintendente y la directora regional nororiente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, por otro lado, en caso de existir decisión de fondo por parte de la Superintendencia que se remita el mismo.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente, donde el 8 de abril de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación a las entidades accionadas.

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

La empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P señaló que el 17 de septiembre de 2024 resolvió el recurso de reposición y ordenó enviar el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el 24 de septiembre de igual año envió la Reclamación RE3110202467787 (contentivo en 65 folios) a la Superintendencia.

Indicó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 31 de octubre de 2024 expidió la Resolución núm. SSPD – 20248600719005 mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, manifestó que la acción de tutela es improcedente, dado que lo pretendido por el actor es que mediante este mecanismo se estudie la legalidad del acto administrativo, para lo cual, cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

dado que lo pretendido por el actor es que mediante este mecanismo se estudie la legalidad del acto administrativo, para lo cual, cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue debidamente notificada de la acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01816-00

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CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, para lo cual se abordará n los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición y III) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre

evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado democrático de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde: debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la peticionada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a lo pedido»1.

En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual, la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2.

1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias

de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2.

1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023. 2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T -430 de4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01816-00

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Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Caso concreto

En síntesis, el señor Eduardo Emiro Montero Torres solicita la protección de sus derechos fundamentales a la defensa y de petición, los cuales considera violados por 1) Caribemar de la Costa S.A.S E. S.P Afinia, por no remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o enviarlo incompleto y 2) la

por 1) Caribemar de la Costa S.A.S E. S.P Afinia, por no remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o enviarlo incompleto y 2) la Superintendencia por no resolver recurso de apelación en contra de la Decisión núm. 202471109422 del 23 de agosto de 2024.

Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente, la Sala evidencia lo siguiente:

  • El 2 de agosto de 2024 el actor presentó reclamación a nte la empresa Afinia solicitando la ruptura de solidaridad respecto de la deuda pendiente de pago en el

NIC 5353440.

  • Afinia mediante Consecutivo núm. 202471109422 del 23 de agosto de 2024 declaró improcedente la petición . El actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
  • Afinia a través del acto administrativo núm. 202471211496 del 17 de septiembre de 2024 no repuso la decisión y ordenó remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para surtir la segunda instancia.
  • El 24 de septiembre de 2024 Afinia remitió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el expediente contentivo en 65 folios, para lo de su cargo.

Afinia e n el informe que rindió adjuntó copia de la Resolución núm. SSPD – 20248600719005 del 31 de octubre de 2024 , por medio de la cual, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la Decisión núm. 202471109422 del 23 de agosto de la misma anualidad.

20248600719005 del 31 de octubre de 2024 , por medio de la cual, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la Decisión núm. 202471109422 del 23 de agosto de la misma anualidad.

2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019. Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y

NOTIFICACIONES.

Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01816-00

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En esa medida, encuentra la Sala que no le asiste razón al actor cuando alega que Afinia no ha enviado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el expediente contentivo del proceso administrativo, pues de las pruebas aportadas se desprende que el 24 de septiembre de 2024 se remitió el mismo. Motivo por el cual, se negará el amparo invocado.

Frente al argumento de que la Superintendencia no ha resuelto el recurso de apelación impetrado por el acto r, encuentra la Sala que conforme a la copia de la Resolución núm. SSPD – 20248600719005 del 31 de octubre de 2024, aportada por

apelación impetrado por el acto r, encuentra la Sala que conforme a la copia de la Resolución núm. SSPD – 20248600719005 del 31 de octubre de 2024, aportada por Afinia en el informe, se desprende que ya se surtió la segunda instancia; sin embargo, no se encuentra acreditado que dich o acto haya sido notificad o al accionante, por lo que, no se encuentra totalmente garantizado el derecho fundamental de petición del señor Montero.

Así las cosas, la Sala considera que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le transgrede al actor el derecho fundamental de petición, al privar al señor Montero de conocer la decisión de segunda instancia , razón por la cual , se amparará dicha garantía y se ordenará a la entidad que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, ponga en conocimiento del usuario la Resolución núm. SSPD – 20248600719005 del 31 de octubre de 2024, tal y como lo señala el numeral segundo del acto.

En cuanto a la pretensión de ordenar a Afinia que no suspenda el servicio de energía eléctrica, no le es posible a este juez constitucional pronunciarse al respecto, toda vez que, los actos administrativos que resolvieron la petición gozan de presunción de legalidad y pueden ser impugnados por el actor a través de los medios de control.

Por último, en relación con las pretensiones dirigidas a compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta comisión de faltas disciplinarias por parte del gerente general de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.O – Afinia, el superintendente y la directora regional nororiente de la

Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta comisión de faltas disciplinarias por parte del gerente general de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.O – Afinia, el superintendente y la directora regional nororiente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ; no resulta procedente la acción de tutela para tal fin, por lo que tales órdenes escapan a la competencia del juez constitucional, por lo cual no se pronunciara al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Eduardo Emiro Montero Torres, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01816-00

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providencia, si aún no lo ha hecho , notifique al actor la Resolución núm. SSPD – 20248600719005 del 31 de octubre de 2024.

Tercero: NEGAR el amparo en relación con el derecho de defensa.

Cuarto: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición en contra de

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P Afinia.

Tercero: NEGAR el amparo en relación con el derecho de defensa.

Cuarto: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición en contra de

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P Afinia.

Quinto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Sexto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

Con aclaración de voto JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente HAPC

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