CE - Sentencia 11001031500020250182600

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250182600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01826-00

Accionante: Francisco Luis Medina Arango

Accionados: Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección

Seccional de Medellín

Tema: Tutela contra acto administrativo proferido dentro de un proceso de cobro coactivo

Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela 1 presentada por el señor Francisco Luis Medina Arango, quien actúa en nombre propio , en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección Seccional de Medellín por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, propiedad privada, dignidad y vivienda digna , ocasionada por la expedición de la Resolución DESAJMEGCC25-3119 del 19 de marzo de 2025 proferida dentro de un proceso administrativo de cobro coactivo con radicado 05001-12-90-000-2017-04000-00.

DESAJMEGCC25-3119 del 19 de marzo de 2025 proferida dentro de un proceso administrativo de cobro coactivo con radicado 05001-12-90-000-2017-04000-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El Juzgado veintiséis Penal con Función de Conocimiento del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 18 de noviembre del 2015 condenó al señor Francisco Luis Medina Arango a la pena principal de treinta y seis (36) meses de prisión y una multa de dos cientos cincuenta ( 250) SMLMV, como cómplice del delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitro rentístico.

3. Con ocasión de lo anterior, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín inició el proceso administrativo de cobro coactivo bajo el radicado 05001-12-90-000-2017-04000-00. Por lo tanto, a través de la Resolución 254 del 1.° de marzo de 2018 libró mandamiento de pago, acto administrativo que fue notificado por conducta concluyente el 3 de diciembre de 2019.

1 Acción de tutela presentada el 27 de marzo de 2025.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

Accionante: Francisco Luis Medina Arango

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4. Asimismo, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín mediante Resolución 401 del 14 de marzo de 2018, ordenó el embargo

Bogotá D.C. – Colombia

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4. Asimismo, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín mediante Resolución 401 del 14 de marzo de 2018, ordenó el embargo

correspondiente al 33,333% del bien inmueble ubicado en la carrera 50 C # 9291 (Dirección catastral) de la ciudad de Medellín.

5. El 14 de enero de 2025, el señor Medina Arango por conducto de apoderado judicial requirió a la entidad hoy accionada que declarara la prescripción de la obligación contenida en la Resolución 254 del 1.° de marzo de 2018, solicitud que fue negada, a través del oficio DESAJMEGCC25-1386 del 12 de febrero de 2025, al considerar que los términos prescriptivos de la acción de cobro empezaron a correr desde la fecha de ejecutoria del título ejecutivo, esto es, desde el 18 de noviembre de 2015. Sin embargo, dicho término se interrumpió con la notificación del acto administrativo por medio del cual se libró mandamiento de pago, lo cual ocurrió el 3 de diciembre de 2019.

6. Con posterioridad, dicha dependencia por medio de la Resolución DESAJMEGCC25-1430 del 13 de febrero de 2025 dispuso seguir adelante con la ejecución. Asimismo, mediante la Resolución DESAJMEGCC25 -2111 del 28 de febrero de 2025 aprobó el avalúo y fijó como fecha para audiencia de remate el 17 de marzo del mismo año.

7. A través de la Resolución DESAJMEGCC25-3119 del 19 de marzo de 2025 se aprobó el remate celebrado en audiencia del 17 de marzo de 2025, por lo tanto,

17 de marzo del mismo año.

7. A través de la Resolución DESAJMEGCC25-3119 del 19 de marzo de 2025 se aprobó el remate celebrado en audiencia del 17 de marzo de 2025, por lo tanto, ordenó a la oficina de registro de instrumentos públicos de Medellín – Zona Norte, levantar la medida caut elar de embargo e inscribir la adjudicación en remate a favor del señor Andrés Felipe Marín Cárdenas.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte actora sostuvo que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y defensa técnica , toda vez que no declaró la prescripción de la obligación, a pesar de que transcurrieron más de 5 años y no realizó ningún acto tendiente a la obtención del pago.

9. Al respecto, señaló qu e solo fue cuando solicitó la declaración de prescripción que dicha entidad «en menos de un día procede a la notificación de todos los actos concernientes a la ejecución (…) hasta llegar a la diligencia de remate del bien que fue practicado mediante audiencia del 17 de marzo y el cual se remató a favor del Señor ANDRÉS FELIPE MARÍN CÁRDENAS»

10. Por lo anterior, requirió a través del presente mecanismo constitucional que se revoque la resolución por medio de la cual se aprobó el remate.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) Por medio del presente se requiere a los Honorables Magistrados tutelar los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el artículo 29 de laAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

«(…) Por medio del presente se requiere a los Honorables Magistrados tutelar los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el artículo 29 de laAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

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3 constitución política de Colombia, artículo 58 de la misma normativa, de igual manera se revoque la Resolución mediante la cual se aprobó el remate del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N -4131 sobre el 33.33% del derecho que tenía sobr e el mismo y a favor del señor ANDRÉS FELIPE MARÍN CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.642.188; por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 75.480.000,00), teniendo en cuenta la violación del dere cho al debido proceso y defensa técnica.» (Sic)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 1.° de abril de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección Seccional de Medellín como accionado y al Juzgado Veintiséis Penal con Conocimiento de Medellín, al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas

Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección Seccional de Medellín como accionado y al Juzgado Veintiséis Penal con Conocimiento de Medellín, al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, a los señores Carlos Arturo Mejía Marquéz, Andrés Felipe Marín Cárdenas y a todos los demás involucrados como terceros interesados en el resultado del proceso.

13. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín pidió que sean desestimadas las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, por cuanto no se evidencia vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso, pues, las actuaciones adelantadas dentro del proceso administrativo de cobro coactivo se ajustaron a los principios de legalidad, publicidad y contradicción, encontrándose debidamente sustentadas en la normatividad vigente y en el marco de un proceso administrativo de cobro coactivo vigente, que ha seguido su curso conforme a derecho.

14. En cuanto al término de prescripción, indicó que el proceso administrativo de cobro coactivo fue notificado el 3 de diciembre de 2019, lo que interrumpió el término prescriptivo y dio inicio a un nuevo cómputo por el plazo legal de cinco (5) años, conforme a lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario . En consecuencia, el término prescriptivo ordinario se proyectaba inicialmente hasta el 3 de diciembre de 2024; sin embargo, al haberse presentado suspensiones de términos dentro del proceso por un total de 3 meses y 16 días, dicha suspensión amplió proporcionalmente el término de prescripción, sin que a la fecha de

el 3 de diciembre de 2024; sin embargo, al haberse presentado suspensiones de términos dentro del proceso por un total de 3 meses y 16 días, dicha suspensión amplió proporcionalmente el término de prescripción, sin que a la fecha de aprobación del remate se haya configurado dicho fenómeno prescriptivo.

15. El Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Medellín informó que dio traslado a los terceros interesado conforme a lo ordenado en el auto admisorio de la acción de tutela.

16. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia solicitó que se niegue el amparo, puesto que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección, en la medida que considera que dentro de sus facultades no se encuentra la de iniciar, tramitar y decidir procedimientos sancionatorios administrativos o de cobro coactivo porque se trata de situaciones particulares que deben ser atendidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial. En ese sentido requirió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

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17. El Consejo Superior de la Judicatura pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva , toda vez que es a la División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal a quien le corresponde ejercer la defensa dentro del presente trámite constitucional.

legitimación en la causa por pasiva , toda vez que es a la División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal a quien le corresponde ejercer la defensa dentro del presente trámite constitucional.

18. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín pidió ser desvinculado del presente asunto no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante porque no es de su competencia el cobro coactivo de la pena multa que le fue impuesta al accionante.

19. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

21. De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el artículo 1.° del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, de manera excepcional, contra particulares.

22. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere « a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental».2

23. Sobre el particular, se tiene que el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, e l Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín solicitaron que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva porque considera que no se encuentran

Antioquia, e l Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín solicitaron que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva porque considera que no se encuentran legitimadas en el presente asunto.

24. No obstante, es menester señalar que la vinculación en el presente asunto obedeció a que son parte dentro del proceso penal que dio lugar al proceso administrativo de cobro coactivo dentro del cual se expidió la resolución que se cuestiona. En orden de ideas, se le notificó de la acción de tutela por tener interés en el resultado del proceso para garantizar su derecho de defensa.

25. Por lo expuesto, la Sala procederá a negar la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por tener interés en el presente trámite, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas.

2 Sentencia T1051 de 2006, MP . Álvaro Tafur Galvis.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

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5 3.3. Problema jurídico

26. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección Seccional de Medellín incurrió en la vulneración del derecho fundamental al debido al debido proceso, defensa, propiedad privada, dignidad y vivienda digna,

determinar si el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección Seccional de Medellín incurrió en la vulneración del derecho fundamental al debido al debido proceso, defensa, propiedad privada, dignidad y vivienda digna, ocasionada por la expedición Resolución DESAJMEGCC25-3119 del 19 de marzo de 2025, mediante la cual se aprobó el remate de un inmueble dentro del proceso administrativo de cobro coactivo radicado 05001-12-90-000-2017-04000-00.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

27. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la a bsoluta sujeción

derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la a bsoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4.1. Del requisito de subsidiariedad

30. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga deAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga deAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

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6 otro medio de defensa judicial» , precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

31. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

32. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni p retender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia3.

33. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados, momento en el cual la tutel a se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

3.6. Caso concreto

fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados, momento en el cual la tutel a se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

3.6. Caso concreto

34. El señor Francisco Luis Medina Arango solicita la protección de los derechos al debido proceso, defensa, propiedad privada, dignidad y vivienda digna , los cuales estima vulnerado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección Seccional de Medellín con ocasión expedición Resolución DESAJMEGCC25-3119 del 19 de marzo de 2025 dentro de l proceso administrativo de cobro coactivo radicado 05001-12-90-000-2017-04000-00.

35. De las piezas procesales que reposan en el proceso, se tiene que mediante Resolución 254 del 1 o de marzo de 2018, dicha au toridad dentro del aludido proceso libró mandamiento de pago, acto administrativo que fue notificado el 3 de diciembre de 2018 por conducta concluyente.

36. Con ocasión de lo anterior, a través de la Resolución 401 del 14 de marzo de 2018, ordenó el embargo del derecho correspondiente al 33,333% del bien inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria Nro. 01N -4131 ubicado en la

carrera 50 C # 9291.

37. El 14 de enero de 2025, el señor Medina Arango por conducto de apoderado judicial solicitó a la entidad hoy accionada que declarara la prescripción de la obligación contenida en la Resolución 254 del 1.° de marzo de 2018, petición que fue negada por la entidad accionada mediante oficio DESAJMEGCC25-1386

apoderado judicial solicitó a la entidad hoy accionada que declarara la prescripción de la obligación contenida en la Resolución 254 del 1.° de marzo de 2018, petición que fue negada por la entidad accionada mediante oficio DESAJMEGCC25-1386 del 12 de febrero de la misma anualidad.

3 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

Accionante: Francisco Luis Medina Arango

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38. Con posterioridad, mediante Resolución DESAJMEGCC25-1396 del 13 de febrero de 2025, realizó el avaluó correspondiente, y una vez vencido el termino legal del traslado del avaluó, sin que se hayan presentado objeciones, procedió mediante Resolución DESAJMEGCC252110 de 28 de febrero de 2025, resolvió

legal del traslado del avaluó, sin que se hayan presentado objeciones, procedió mediante Resolución DESAJMEGCC252110 de 28 de febrero de 2025, resolvió aprobar y dejar en firme dicho avalúo.

39. Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Medellín por medio de la Resolución DESAJMEGCC25-3119 del 19 de marzo de 2025 aprobó el remate del bien inmueble, al considerar:

«Que, el día 17 de marzo de la presente anualidad, tuvo lugar la audiencia virtual y presencial de remate del derecho correspondiente al 33.333% del bien inmueble relacionado en precedencia; embargado y secuestrado dentro del proceso Administrativo de Cobro Coactivo radicado bajo el n°. 05001129000020170400000; inmueble que fue subastado por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 75.480.000,00), valor que fue aprobado por no ser inferior al 70% del avalúo base del derecho objeto de remate.

Que, el rematante es el señor ANDRES FELIPE MARIN CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía n° . 1.037.642.188, quien actuó en la audiencia en calidad de único postor, presentando una oferta valida, la cual cumplió con todo lo señalado en el aviso de convocatoria.

Que, en virtud de lo anterior, y siendo válida la oferta presentada, se procedió a adjudicar al señor ANDRES FELIPE MARIN CARDENAS; el derecho correspondiente al 33.333% dentro del bien inmueble identificado con Matricula

Que, en virtud de lo anterior, y siendo válida la oferta presentada, se procedió a adjudicar al señor ANDRES FELIPE MARIN CARDENAS; el derecho correspondiente al 33.333% dentro del bien inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria n°. 01N-4131 ubicado en la carrera 50 C # 9291 (Dirección catastral) de la ciudad de Medellín; quien en cumplimiento a lo ordenado por el Art. 7 de la Ley 11 de 1987, consignó dentro del término señalado el valor correspondiente al 5% del valor por el cual fue subastado el bien como impuesto de remate, así: (…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR en todas y cada una de sus partes el remate celebrado en audiencia el día 17 de marzo de la presente anualidad, dentro del proceso Administrativo de Cobro Coactivo radiado bajo el n°. 05001129000020170400000, en el que el deudo r es el Señor FRANCISCO LUIS MEDINA ARANGO (…) »

40. Ahora bien, se advierte que el accionante contra ninguna de las anteriores decisiones interpuso los recursos procedentes, a pesar de que resulta evidente que tenía conocimiento que el proceso administrativo de cobro coactivo se encontraba en curso , razón por la cual, para la Sala no se acredita la amenaza inminente de los derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su protección, ni tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera urgente.

41. Sobre el particular, se tiene que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 prevé:

«ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

urgente.

41. Sobre el particular, se tiene que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 prevé:

«ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

Accionante: Francisco Luis Medina Arango

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El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. (…) De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.»

42. Además, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se argumentó que este haya existido por lo que no hay lugar a dar por cumplido el requisito de la subsidiariedad.

43. En ese orden de ideas, es deber de las partes hacer uso de manera adecuada y oportuna de todas las herramientas que les dota el ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones frente a las que se encuentran inconformes, siendo improcedente que posteriormente se pretendan revivir estas oportunidades ya fenecidas.

adecuada y oportuna de todas las herramientas que les dota el ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones frente a las que se encuentran inconformes, siendo improcedente que posteriormente se pretendan revivir estas oportunidades ya fenecidas.

44. Adicionalmente, emerge con claridad la improcedencia de la acción de tutela porque, de conformidad con el artículo 101 del CPACA, el actor pu ede instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución DESAJMEGCC25 -1430 del 13 de febrero de 2025, acto administrativo que ordenó seguir adelante la ejecuci ón, a fin de que sea el juez natural de la causa el que determine s u legalidad, proceso dentro del cual existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares, entre las que se encuentra la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado.

45. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte accionante no ha hecho uso de los medios de defensa que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de su s derechos, razón por la cual se rechazará por improcedente la presente acción de tutela.

46. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la presente acción por falta del requisito de subsidiariedad, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas que les dota el ordenamiento jurídico para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado,

el ordenamiento jurídico para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde insti tucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01826-00

Accionante: Francisco Luis Medina Arango

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9 FALLA

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, e l Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín , de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor Francisco Luis Medina Arango, en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia – Dirección Seccional de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

de Antioquia – Dirección Seccional de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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