CE - Sentencia 11001031500020250185200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250185200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01852-00
Accionantes: Sandra Vásquez Mejía y otros Accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Temas: Tutela contra autoridad pública, por la negativa del pago de la condena impuesta en una sentencia judicial. Subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la acción de tutela formulada por Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 1 de abril de 2025, Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián
Solicitud de amparo
2. El 1 de abril de 2025, Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad; así como los principios de favorabilidad, «pro damato y pro homine». En consecuencia,
requirieron lo siguiente:
«1. Dar respuesta a la petición de pago de la sentencia del diecinueve (19) de diciembre de 2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque, dentro del expediente con radicado 05001 -23-31-000-2009-00545-01 (44551), observando al efecto el cómputo correcto de los términos en que se suspendió la caducidad y descontando a ese propósito todo el tiempo en que como beneficiarios de la sentencia estuvimos privados de la posibilidad de adelantar gestiones de cobro.
2. Dar respuesta a la petición de pago de la sentencia del diecinueve (19) de diciembre de 2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-00
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-00
Accionantes: Sandra Vásquez Mejía y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 del Consejo de Estado, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque, dentro del expediente con radicado 05001-23-31-000-2009-00545-01 (44551), privilegiando en el trámite el enfoque de género que ampara las madres cabeza de familia, además de considerar que los peticionarios somos sujetos de especial protección constitucional por nuestra condición de desplazados por el conflicto armado y por ser mujeres y adultos mayores.
3. [O]rdenar el pago de la condena ordenada en la sentencia del diecinueve (19) de diciembre de 2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque, dentro del expediente con radicado 05001-23-31-000-2009-00545-01 (44551)»
3. La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
4. Rodrigo León Vásquez Mejía, Raúl Arturo Vásquez Mejía, Raúl Javier Vásquez Escobar, Beatriz Elena Mejía, Javier Felipe Vásquez Mejía, Sandra Milena Vásquez Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Laura Patricia Vásquez Mejía, Fabio Andrés
Escobar, Beatriz Elena Mejía, Javier Felipe Vásquez Mejía, Sandra Milena Vásquez Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Laura Patricia Vásquez Mejía, Fabio Andrés Vásquez Mejía (hoy fallecido) y Sebastián Vásquez Martínez instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial para que se declarara a esta patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos, con ocasión de la privación injusta de la libertad de los 2 primeros, entre el 5 de octubre de 2007 y el 25 de enero de 2008.
5. El 13 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones, por lo cual la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.
6. El 19 de diciembre de 2017, la Subsección C de la Sección Tercera d el Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró a la entidad demandada patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad de Rodrigo León Vásquez Mejía y Raúl Arturo Vásquez Mejía . E n ese
sentido, ordenó lo siguiente:
«SEGUNDO. CONDÉNASE a la Nación -Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales a Raúl Arturo Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Raúl Javier Vásquez Escobar, Beatriz Elena Mejía y Sebastián Vásquez Martínez la suma de [50 smlmv], para cada uno, a Javier Felipe Vásquez Mejía, Sandra Milena Vásquez Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Laura Patricia Vásquez Mejía y Fabio Andrés
de [50 smlmv], para cada uno, a Javier Felipe Vásquez Mejía, Sandra Milena Vásquez Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Laura Patricia Vásquez Mejía y Fabio Andrés Vásquez Mejía la suma de [25 smlmv], para cada uno.
TERCERO. CONDÉNASE a la Nación -Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a Raúl Arturo Vásquez Mejía y Rodrigo León Vásquez Mejía la suma de […] $2.747.536, para cada uno».
7. La anterior providencia fue notificada por edicto fijado entre el 10 y 14 de mayo de 2018, por lo que adquirió ejecutoria el 18 de igual mes y anualidad.
8. El 11 de septiembre de 2018, el apoderado de la parte demandante solicitó la expedición de las copias correspondientes para adelantar el cobro de la sentencia condenatoria. Sin embargo, hasta el 9 de noviembre de 2018 el Tribunal Administrativo de Antioquia expidió la constancia secretarial, la cual daba cuenta de lo resuelto en la sentencia, la fecha de ejecutoria de esta y certificaba los documentos que constituían título ejecutivo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-00
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9. En vista de que la constancia sobre el título ejecutivo fue expedida hasta el 9 de noviembre de 2018, el término de los 10 meses que dispone el artículo 192 del
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9. En vista de que la constancia sobre el título ejecutivo fue expedida hasta el 9 de noviembre de 2018, el término de los 10 meses que dispone el artículo 192 del CPACA para que la entidad pague la condena impuesta venció el 9 de septiembre de 2019, por lo que a partir de esa fecha inició el cómputo del término de caducidad de 5 años para la interposición de la acción ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del estatuto procesal mencionado.
10. Del anterior término, en criterio de los accionantes, deben descontarse los períodos en que no «pudieron adelantar las gestiones de cobro» (175 días); el de suspensión de términos por la emergencia del COVID-19 (107 días) y los 7 días de suspensión de los términos judiciales en todo el territorio nacional por un ataque cibernético, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PCSJA23 -12089 del 13 de septiembre de 2023. De manera que el plazo para presentar la demanda ejecutiva no vencería el 9 de septiembre de 2024, sino que al adicionarse los 289 días en los que no pudieron ejercer su derecho, el término de caducidad se extendería hasta el 27 de junio de 2025.
11. Ante el incumplimiento de lo ordenado en la Sentencia de 19 de diciembre de 2017, solicitaron el 21 de enero de 20252 a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el pago de la condena impuesta en la referida providencia. Sin embargo, el 26 de marzo de 2025, el Grupo de Sentencias de la entidad precitada, mediante el
Judicial el pago de la condena impuesta en la referida providencia. Sin embargo, el 26 de marzo de 2025, el Grupo de Sentencias de la entidad precitada, mediante el Oficio DEAJALO25 -2990, negó el pago del crédito judicial por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad3, desconociendo el Oficio DEAJRHO19-7704 de 2 de diciembre de 2019 , mediante el cual dicha entidad solicitó la documentación para el cumplimiento de la decisión proferida a favor de los demandantes ; y los «tiempos que se tomó la propia Rama Judicial para certificar el título ejecutivo para adelantar el cobro de la condena».
12. Como fundamentos de derecho, la parte accionante indicó que la negativa a pagar la condena reconocida en la Sentencia de 19 de diciembre de 2017, bajo el argumento de haber operado la caducidad de la acción, vulnera los principios de igualdad material, favorabilidad, «pro homine y pro damato », los cuales deberían operar como excepciones a la configuración de dicho fenómeno procesal, con el fin de equilibrar la aplicación normativa con la verdad procesal y material, para así garantizar nuestro derecho a una reparación integral.
13. Señaló que la vulneración al debido proceso y el desconocimiento de la obligación constitucional de adoptar decisiones con enfoque de género impiden que, como mujeres adultas, cabezas de hogar y víctimas de violencia, encuentren la protección que requieren del Estado. Además, sostuvo que la anterior omisión es más grave dado que también fueron víctimas «de delitos de lesa humanidad» como el desplazamiento forzado y la injusta privación de la libertad de varios miembros de su familia.
más grave dado que también fueron víctimas «de delitos de lesa humanidad» como el desplazamiento forzado y la injusta privación de la libertad de varios miembros de su familia.
2 De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente electrónico. 3 Para soportar su decisión, la entidad explicó que habían transcurrido más de 6 años y 9 meses desde el 18 de mayo de 2018, fecha en la que el crédito judicial quedó ejecutoriado, por lo que no es viable otorgar un turno de pago respecto de una providencia judicial que perdió su exigibilidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-00
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14. Indicó que , de acuerdo con el artículo 192 del CPACA, la exigibilidad del crédito judicial inicia con la ejecutoria de la sentencia y a partir de ese momento la entidad cuenta con 10 meses para realizar el pago. A pesar de que dicha norma establece que los beneficiarios deben presentar la solicitud de pago, en criterio de los accionantes, no queda claro si esa obligación es de carácter imperativo.
15. En todo caso, precisó que el Decreto 1068 de 20154, en sus artículos 2.8.6.1.1 al 2.8.6.6.2 , dispone que el pago de la sentencia debe hacerse de oficio y, adicionalmente, en el artículo 2.8.6.4.2 señala que en ningún caso la entidad deberá esperar a que el acreedor presente la solicitud de pago para cumplir con este
adicionalmente, en el artículo 2.8.6.4.2 señala que en ningún caso la entidad deberá esperar a que el acreedor presente la solicitud de pago para cumplir con este trámite, lo que permite concluir, a su juicio, que las entidades no pueden excusarse en la inacción de los beneficiarios de una condena para no realizar el pago de lo que por derecho les corresponde.
Intervenciones5
16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que no existe congruencia entre los argumentos que sustentan la acción de tutela y las pretensiones, comoquiera que los accionantes alegaron la vulneración de los derechos fundamentales a la reparación integral, debido proceso, acceso a la justicia, no repetición, confianza legítima y vida digna; sin embargo, en sus pretensiones, solicitan que se ordene a esa entidad emitir una respuesta de fondo, de manera clara y congruente, por lo que los supuestos fácticos no coinciden con el objeto de la tutela, razón suficiente para desestimarla.
17. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que el director del Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal, mediante el Oficio DEAJALO25-2990 de 26 de marzo de 2025, resolvió la petición presentada por los accionantes. Así, adujo que, como la inconformidad de los actores está relacionada con el sentido de la mencionada respuesta, aquellos tienen a su alcance un mecanismo judicial idóneo y eficaz para controvertir la presunción de legalidad de dicho acto, como lo era el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de manera que la acción de amparo no supera el requisito de subsidiariedad. Sostuvo que lo anterior cobra relevancia si se
controvertir la presunción de legalidad de dicho acto, como lo era el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de manera que la acción de amparo no supera el requisito de subsidiariedad. Sostuvo que lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que no se probó siquiera de manera sumaria la existencia de un perjuicio irremediable.
18. En todo caso, precisó que si lo que pretenden los accionantes es una respuesta de fondo, clara y congruente, la entidad, a través del Oficio de 26 de marzo de 2025, contestó cada uno de los interrogantes formulados, de allí que no exista una vulneración de l derecho fundamental de petición. En consecuencia, solicitó rechazar por improcedente la tutela de la referencia o, en su defecto, negar las pretensiones.
4 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 5 El 1° de abril de 2025, el despacho del magistrado sustanciador de la presente decisión (i) admitió la acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Tribunal Administrativo de Antioquia ; (ii) vinculó a la Nación – Rama Judicial y a Raúl Javier Vásquez Escobar; y (iii) negó la medida provisional solicitada por la parte actora.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-00
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19. Por otro lado, informó que en el Consejo de Estados se encuentra en trámite la acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2025-01217-00, promovida por uno de los aquí demandantes en contra de esa Dirección, por lo que requirió verificar si se configura una temeridad con respecto al presente proceso, al existir identidad de causa, objeto y partes.
20. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva , comoquiera que no e ra la competente para supervisar, controlar o interferir de forma alguna en las gestiones que legalmente le han sido atribuidas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para el reconocimiento y pago de las sentencias judiciales a favor de los accionantes. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, al no haber vulnerado los derechos fundamentales reclamados.
21. El Consejo Superior de la Judicatura señaló que no era la autoridad llamada a responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de proteger las garantías constitucionales de los accionantes, comoquiera que ello corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal, la cual tiene la aptitud legal para dar respuesta al presente asunto; máxime cuando los actores no aportan prueba que demuestre que la petición se radicó en los canales de comunicación de esa corporación. Por tanto,
de Asistencia Legal, la cual tiene la aptitud legal para dar respuesta al presente asunto; máxime cuando los actores no aportan prueba que demuestre que la petición se radicó en los canales de comunicación de esa corporación. Por tanto, requirió su desvinculación.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
22. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que se configuró la temeridad de la acción, comoquiera que ante la Sección Quinta de esta corporación se encuentra en trámite la solicitud de amparo con radicado No. 11001-03-15-0002025-01217-00, la cual, en su criterio, tiene identidad de partes, objeto y causa con la que aquí se analiza.
23. No obstante, al consultar dicho número en el aplicativo SAMAI, la Sala observa que en la acción primigenia lo que se discutió fue la vulneración del derecho fundamental de petición por la falta de respuesta por parte de esa entidad al requerimiento de pago que elevaron los accionantes el 21 de enero de 2025.
Asimismo, se denota que , el 10 de abril de 2025, la Sección referida declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que la Dirección mencionada, durante el trámite tutelar, contestó dicho pedimento a través del Oficio DEAJALO25-2990 de 26 de marzo de 2025.
24. Por tanto, no concurren los elementos para que se configure la temeridad de la acción, comoquiera que en la tutela de la referencia lo que se pretende es el pago de una condena reconocida en una sentencia judicial, tras la negativa de la entidad de acceder a este por razones de caducidad, situación disímil a lo discutido en la
la acción, comoquiera que en la tutela de la referencia lo que se pretende es el pago de una condena reconocida en una sentencia judicial, tras la negativa de la entidad de acceder a este por razones de caducidad, situación disímil a lo discutido en la tutela inicial, que consistía concretamente en la falta de respuesta a la solicitud deRadicado: 11001-03-15-000-2025-01852-00
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25. De otra parte, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues, a pesar de que los accionantes la mencionaron como accionada, no plantearon ningún argumento de disenso en su contra ni se evidencia que esta hubiese intervenido en los hechos que aquí se analizan.
26. En contraste, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Superior de la Judicatura , comoquiera que si bien es cierto que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del Grupo de Sentencias, es la responsable de realizar el pago derivado del fallo judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996, modificados por la Ley 2430 de 2024 y el Acuerdo PCSJA20-11603 de 27 de julio de 2020 , también lo es que es al Consejo Super ior de la Judicatura a la que le corresponde ejercer el
2430 de 2024 y el Acuerdo PCSJA20-11603 de 27 de julio de 2020 , también lo es que es al Consejo Super ior de la Judicatura a la que le corresponde ejercer el seguimiento de las decisiones que adopte dicha Dirección, en virtud de lo previsto en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular, el de subsidiariedad. En caso de una respuesta afirmativa, debe resolverse si la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.
Análisis de la procedencia de la acción de tutela
28. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, al no haberse acreditado la exigencia general de subsidiariedad, por las razones que pasan a
explicarse:
29. En el marco de la presente acción de tutela, las pretensiones están orientadas a obtener el cumplimiento efectivo de la Sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con radicado No. 05001-23-31-000-200900545-01, en la que se ordenó a la Nación – Rama Judicial a pagar a los aquí demandantes, entre otros, una suma de dinero, por los perjuicios causados con ocasión a la privación injusta de la libertad de Rodrigo León y Raúl Arturo Vásquez
Mejía.
30. Pues bien, como lo pretendido por la parte ac tora fue el pago del crédito
ocasión a la privación injusta de la libertad de Rodrigo León y Raúl Arturo Vásquez Mejía.
30. Pues bien, como lo pretendido por la parte ac tora fue el pago del crédito judicial derivado de la providencia mencionada, la Sala advierte que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 64, literal K, y 192 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA)6, las sentencias ejecutoriadas que imponen condenas a cargo del Estado
6 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda «La demanda deberá ser presentada: […]Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 y que constituyan título ejecutivo 7 y pueden ser cobradas mediante la acción ejecutiva una vez transcurridos los 10 (para CPACA) o 18 meses (para CCA), según sea el caso, a partir de su ejecutoria y antes de los 5 años siguientes a esa fecha.
31. Así, al consultar en el sistema de gestión judicial SAMAI el citado expediente, la Sala observa que la Sentencia de 19 de diciembre de 2017 fue notificada por edicto fijado el 10 de mayo de 2018, por lo que adquirió ejecutoria el 18 de igual mes y año.
32. En ese orden de ideas, es evidente que los accionantes dejaron vencer el término legal sin adelantar alguna actuación formal orientada a obtener el pago de la condena contenida en la sentencia de reparación directa. Por tanto, la Sala
mes y año.
32. En ese orden de ideas, es evidente que los accionantes dejaron vencer el término legal sin adelantar alguna actuación formal orientada a obtener el pago de la condena contenida en la sentencia de reparación directa. Por tanto, la Sala considera que la pres ente acción no cumpl ió con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que la parte accionante no realizó un manejo adecuado y oportuno del instrumento judicial idóneo y eficaz con el que contaba, esto es, la acción ejecutiva, para exponer los desacuerdos que hoy plantea y materializar lo pretendido en esta sede constitucional, por lo que la acción de tutela no puede utilizarse para revivir instancias precluidas y de las cuales no se hizo uso pertinentemente, ya sea por negligencia o descuido de quienes solicitan el amparo constitucional.
33. Así las cosas, se impone como una obligación dirimir los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales, en un principio, a través de las vías ordinarias dispuestas para el efecto, por lo que al juez de tutela le está vedado emitir un pronunciamiento al respecto, pues, de lo contrario, no solo estaría desconociendo las competencias que el legislador atribuyó a otra autoridad judicial, sino también la naturaleza subsidiaria y residual que caracteriza a este tipo de trámites.
34. Adicional a lo expuesto, se repara en que si bien es cierto que los accionantes manifestaron que son sujetos de especial protección constitucional, la Sala no puede pasar por alto que aquellos no formularon ningún argumento para justificar su prolongada inactividad para agotar el medio de defensa judicial que tenían a su disposición. Además, tampoco allegaron prueba siquiera sumaria de alguna
puede pasar por alto que aquellos no formularon ningún argumento para justificar su prolongada inactividad para agotar el medio de defensa judicial que tenían a su disposición. Además, tampoco allegaron prueba siquiera sumaria de alguna circunstancia que hubiese obstaculizado el ejercicio oportuno de la herramienta judicial con la que contaba n para ventilar los motivos en que ahora se apoya la solicitud constitucional.
35. Por tanto, la acción de tutela se torna improcedente, al no haberse superado el examen del requisito de subsidiariedad y tampoco demostrarse una circunstancia
K) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida». Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas «Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada». 7 Artículo 297 ibidem «Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo: […]
beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada». 7 Artículo 297 ibidem «Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo: […]
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-00
Accionantes: Sandra Vásquez Mejía y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 que le hubiese impedido a los accionante s emplear en el mecanismo que tenían a su alcance.
36. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela formulada por Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y NEGAR la petición formulada en igual sentido por
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y NEGAR la petición formulada en igual sentido por el Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Tribunal Administrativo de Antioquia , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA