CE - Sentencia 11001031500020250187100
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250187100
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01871-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS ANTONIO DE ÁVILA CERPA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1 y su SECRETARÍA.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor LUIS ANTONIO DE ÁVILA CERPA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos
1 En adelante el Tribunal.2
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Actor: LUIS ANTONIO DE ÁVILA CERPA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA con ocasión de la presunta mora judicial injustificada en el trámite impartido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 13001-23-33-000-2019-00104-00, por cuanto, presuntamente, no se ha programado fecha para llevarse a cabo la audiencia inicial ni tampoco se ha resuelto la solicitud de medida cautelar, actuación esta última que ha requerido mediante escritos de 12 de septiembre de 2017, 24 de mayo de 2018 y 25 de septiembre de 2019.
I.2.- Hechos
Manifestó que el 24 de enero de 2011, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-2 inició un proceso de cobro coactivo en su contra, identificado con el número 01 -424-2-10-0003-00, en el que libró mandamiento de pago por un valor de $127.196.570 y le fueron embargados sus bienes, cuentas bancarias y salario.
Indicó que el 12 de septiembre de 2017, presentó demanda de
2 En adelante el SENA.3
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Actor: LUIS ANTONIO DE ÁVILA CERPA
2 En adelante el SENA.3
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nulidad y restablecimiento del derecho con solicitud de medida cautelar de urgencia en contra del SENA, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos en el citado proceso de cobro coactivo.
Mencionó que la solicitud de medida cautelar en el proceso ordinario tiene como fin que se ordene al SENA levantar los embargos que recaen sobre su salario y cuentas bancarias y se restablezca el estado del bien inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 340 -107446, objeto de remate.
Aseveró que el citado medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue identificado con el número único de radicación 70001-33-33-006-2017-00250-00, el cual le correspondió por reparto al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO3, que admitió la demanda y corrió el traslado de la solicitud de medida cautelar el 14 de diciembre de 2017.
Sostuvo que posteriormente presentó reforma de la demanda y una nueva solicitud de medida cautelar, la cual fue rechazada el 9 de julio de 2018, por lo que, a su vez, contra esa decisión interpuso recurso
3 En adelante el Juzgado.4
nueva solicitud de medida cautelar, la cual fue rechazada el 9 de julio de 2018, por lo que, a su vez, contra esa decisión interpuso recurso
3 En adelante el Juzgado.4
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de reposición el 12 del mismo mes y año. Asimismo, el 2 de octubre de 2018 solicitó que el JUZGADO declara su falta de competencia funcional y territorial para conocer del asunto.
Adujo que, ante la falta de resolución del mencionado recurso de reposición, presentó acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Sucre, el cual accedió a sus pretensiones y le ordenó a la citada autoridad judicial resolver el recurso y sus solicitudes, lo que dio lugar a que mediante auto de 30 de enero de 2019, declarara la falta de competencia y ordenara remitir el proceso al TRIBUNAL.
Puso de presente que se le asignó el nuevo número único de radicado al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , este es, 13001-23-33-000-2019-00104-00, el cual fue repartido el 18 de febrero de 2019 al Despacho 01 del TRIBUNAL que el 15 de marzo de 2019, admitió nuevamente la demanda; sin embargo, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el SENA contra esa decisión la dejó sin efecto y avocó conocimiento del asunto en el estado en
de 2019, admitió nuevamente la demanda; sin embargo, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el SENA contra esa decisión la dejó sin efecto y avocó conocimiento del asunto en el estado en que se encontraba el 30 de mayo del mismo año.
Afirmó que el 25 de septiembre de 2019 presentó nuevamente solicitud de medida cautelar y el TRIBUNAL corrió traslado de esta5
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el 10 de octubre de ese año a las partes.
Resaltó que a pesar de que el 17 del mismo mes y año pasó el asunto al Despacho para resolver la solicitud de medida cautelar, el 26 de enero de 2021 por medio del Acuerdo núm. Acuerdo núm. CSJB0A212 de 26 de enero de 2021 , el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar redistribuyó el proceso a l Despacho 07, el cual avocó conocimiento el 19 de abril de 2021 y fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial el 16 de septiembre de 2021.
Advirtió que durante la celebración de dicha audiencia el SENA propuso incidente de nulidad, razón por la cual se suspendió la audiencia y por medio del proveído de 13 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador declaró la nulidad de lo actuado y volvió a
propuso incidente de nulidad, razón por la cual se suspendió la audiencia y por medio del proveído de 13 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador declaró la nulidad de lo actuado y volvió a admitir la reforma de la demanda y corri ó traslado a las partes de esta.
Manifestó que el recurso de reposición que interpuso contra la anterior decisión le fue resuelto desfavorablemente a través de auto de 22 de marzo de 2024.
Adujo que después de surtir el trámite de los traslados de las6
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contestaciones de la demanda y su reforma, dentro del medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho 13001-23-33-0002019-00104-00, han trascurrido más de diez meses sin existir un pronunciamiento por parte del TRIBUNAL.
Alegó que desde el 12 de septiembre de 2017 que se radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hasta la presentación de la acción de tutela de la referencia “[…] han transcurrido siete (7) años seis (6) meses y quince (15) días sin que se hayan resuelto las tres (3) solicitudes de medidas cautelares solicitadas el 12 de septiembre de 2017, 24 de mayo de 2018 y 25 de septiembre de 2019 respectivamente, ni se haya realizado la audiencia inicial, lo que
hayan resuelto las tres (3) solicitudes de medidas cautelares solicitadas el 12 de septiembre de 2017, 24 de mayo de 2018 y 25 de septiembre de 2019 respectivamente, ni se haya realizado la audiencia inicial, lo que evidencia que no se le ha dado prelación al proceso, evidencia mora en impartir justicia con lo que se violan los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia […].
Sostuvo que a pesar de que el medio de control objeto de la presente solicitud de amparo lleva cuatro años y tres meses al Despacho , no ha avanzado en la resolución de la medida cautelar, como tampoco se ha llevado a cabo la audiencia inicial.
Puso de presente que existe otro proceso, identificado con el número único de radicación 13001 -23-33-000-2020-00099-00, que se7
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encuentra al Despacho y se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas; sin embargo, conforme al orden cronológico de radicación se debió tramitar primero el proceso identificado con el número único de radicado 13001-23-33-000-2019-00104-00.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales deprecados e incurrió en una
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales deprecados e incurrió en una mora judicial injustificada, pues no ha resuelto las tres solicitudes de medida cautelar en el término establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACAy, además, alegó que el proceso identificado con el número único de radicado 13001-23-33-000-2020-00099-00 fue presentado con posterioridad al proceso objeto de la presente acción de tutela, razón por la cual, a su juicio, el TRIBUNAL no tuvo en cuenta el orden de radicación para resolver los asuntos de su conocimiento y vulneró su derecho fundamental a la igualdad.
I.4.- Pretensiones8
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Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] 6.- PRETENSIONES:
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, le solicito a la Honorable Sección del Consejo de Estado:
6.1: Que se DECLARE que el Honorable Magistrado Doctor Jean Paul Vásquez Gómez titular del Despacho 07 del Tribunal Administrativo de Bolívar - transgredió los derechos fundamentales DE LA
IGUALDAD, del DEBIDO PROCESO y el ACCESO A LA
Vásquez Gómez titular del Despacho 07 del Tribunal Administrativo de Bolívar - transgredió los derechos fundamentales DE LA
IGUALDAD, del DEBIDO PROCESO y el ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de LUIS ANTONIO DE AVILA
CERPA.
6.2: Que se AMPAREN los derechos fundamentales DE LA
IGUALDAD, del DEBIDO PROCESO y el ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de LUIS ANTONIO DE AVILA
CERPA.
6.3: Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR dar curso a lo que dispone el parágrafo del artículo 101 de la ley 1437 de 2011.
6.4: Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR dar curso a lo que dispone el artículo 229 de la ley 1437 de 2011.
6.5: Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a resolver las peticiones de darle el impulso procesal y dar prelación al proceso radicado bajo el N° 13 -001-2333-000-2019-00104-00.
6.6: Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a resolver las tres (3) medidas cautelares de urgencia solicitadas en el proceso radicado bajo el N° 13-001-23-33000-2019-00104-00.
6.7: Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
000-2019-00104-00.
6.7: Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a solicitar al SENA el expediente que contiene los antecedentes administrativos e iniciar el incidente de sanción correspondiente y compulsar las copias a la procuraduría para que se investigue al director Regional del SENA de Bolívar.
6.8.- Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE9
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BOLÍVAR que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a convocar la audiencia inicial en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Luis Antonio De Ávila Cerpa radicada bajo el N° 13 -001-23-33-0002019-00104-00.
6.9.- Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR que en el término de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a realizar la audiencia inicial en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Luis Antonio De Ávila Cerpa radicada bajo el N° 13 -001-23-33000-2019-00104-00.
6.10.- Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
por Luis Antonio De Ávila Cerpa radicada bajo el N° 13 -001-23-33000-2019-00104-00.
6.10.- Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR que en el término de los treinta (30) días siguientes después de haber sido realizada la audiencia inicial, proceda a convocar y realizar la audiencia de pruebas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Luis Antonio De Ávila Cerpa radicada bajo el N° 13-001-23-33-000-2019-00104-00.
6.11.-Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar -Despacho 07 que en el término de los treinta (30) días siguientes a la realización de la audiencia de pruebas, proceda a dictar la sentencia que en derecho corresponda en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Luis Antonio De Ávila Cerpa radicado bajo el N° 13-001-23-33-000-2019-00104-00.
6.12.- Las demás que considere el despacho para proteger los derechos fundamentales de Luis Antonio De Ávila Cerpa […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL, a través del Despacho 07, manifestó que le correspondió en virtud de la redistribución ordenada por el Acuerdo núm. CSJB0A21-2 de 26 de enero de 2021, expedido por el Consejo Superior Seccional de la Judicatura de Bolívar, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número10
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Superior Seccional de la Judicatura de Bolívar, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número10
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único de radicación 13001-23-33-000-2019-00104-00, el cual le fue remitido por el Despacho 01 de la Corporación.
Advirtió que mediante proveído de 7 de abril de 2025, fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, razón por la cual, a su juicio, la presunta tardanza que alega el actor se encuentra superada.
Sostuvo de igual forma que, actualmente, el proceso se encuentra pendiente para resolver la solicitud de medida cautelar cuyo traslado ya se surtió y se procederá a resolver en la audiencia inicial, de conformidad con el inciso 9 del artículo 180 del CPACA.
Aclaró que una de las estrategias realizada por el Despacho 07 para dar impulso a los procesos recibidos por redistribución que provienen de los despachos 01 al 04, es de evacuarlos en ese orden y una vez se termina las actuaciones se vuelve a iniciar por el Despacho 01, para dar trámite a todos los procesos.
Puso de presente que se debe tener en cuenta que en el trámite del expediente identificado con el número único de radicado 13001 -23para dar trámite a todos los procesos.
Puso de presente que se debe tener en cuenta que en el trámite del expediente identificado con el número único de radicado 13001 -2333-000-2019-00104-00, se optó por una medida de saneamiento11
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para evitar que el proceso continuara con vicios procesales y , asimismo, se tuvo la presentación de múltiples recursos, situaciones que interrumpieron los términos judiciales, lo que ha evitado que la controversia continue con las diferentes etapas procesales como lo es la sentencia.
Advirtió que ha presentado dificultades técnicas que ocasionaron percances en el cargue de providencias y manejo de la información, además de las fallas eléctricas durante el día afectando las labores judiciales como la interrupción de audiencias virtuales y demás diligencias adelantadas en la sede física de la Corporación.
Adujo que , actualmente, tiene a su cargo 5 60 procesos activos ordinarios en primera y segunda instancia, más los asuntos constitucionales y electorales que le ingresan diariamente, lo que dio lugar a que el Consejo Superior de la Judicatura creara transitoriamente cargos para disminuir la congestión judicial.
Finalmente, i nsistió en que ha creado diferentes planes de contingencia para impulsar los procesos propios y recibidos por redistribución para evitar afectaciones a los usuarios de la12
transitoriamente cargos para disminuir la congestión judicial.
Finalmente, i nsistió en que ha creado diferentes planes de contingencia para impulsar los procesos propios y recibidos por redistribución para evitar afectaciones a los usuarios de la12
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administración de justicia; sin embargo, aquellos asuntos traen consigo la mora que provino de otros despachos judiciales.
I.5.2.- El SENA, vinculado como tercero con interés directo en las resultas del proceso, sostuvo que la autoridad judicial accionada ha proferido distintas actuaciones judiciales como lo es la admisión de la demanda, vinculación de tercero, cumplimiento de fallo de acción de tutela que declaró la falta de competencia, la resolución de solicitud de nulidad, la admisión de la reforma de la demanda, sin que de las mismas se advierta una actuar negligente o tardío.
Afirmó que el TRIBUNAL no se ha mantenido estático, sino que por el contrario su actuar ha sido legítimo y ajustado al ordenamiento jurídico, razón por la que solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
I.5.3.- El JUZGADO y el BANCO DAVIVIENDA S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado s en debida forma, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado s en debida forma, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia13
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".14
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En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA con ocasión de la presunta mora judicial injustificada en el trámite impartido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 1300123-33-000-2019-00104-00, por cuanto, presuntamente, no se ha programado fecha para llevarse a cabo la audiencia inicial ni tampoco se ha resuelto la solicitud de medida cautelar, actuación esta última que ha requerido mediante escritos de 12 de septiembre de 2017, 24 de mayo de 2018 y 25 de septiembre de 2019.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, al incurrir en una presunta mora judicial
de mayo de 2018 y 25 de septiembre de 2019.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido.
De la mora judicial15
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Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y estructural […] ”5 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional 6 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrific ar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.
5 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 6 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño16
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Al respecto, la Corte7 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 8. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 8. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:
- Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
- Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”9.
13.5. En la providencia T-230 de 201310, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
7 Ibidem. 8 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)».
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
7 Ibidem. 8 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)». 9 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 10 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01871-00
Actor: LUIS ANTONIO DE ÁVILA CERPA
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proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional11.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega la protección constitucional12, en otros, (ii) ordena la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de especial protección y/o vulnerabilidad 13; y, en otros, (iii) dispone un amparo transitorio14.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394 de 201615, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
11 «Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C -543 de 1992, en casos de mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
11 «Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C -543 de 1992, en casos de mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio H
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