CE - Sentencia 11001031500020250187300

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250187300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01873-00

Accionante: Luz Ángela Castro Correa

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la acción de tutela presentada el 31 de marzo de 2025 por la señora Luz Ángela Castro Correa, a través de apoderada, contra la sentencia del 6 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado núm. 6111-33-33-003 2023-00215-00/01, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la gratuidad en la justicia.

II. ANTECEDENTES

de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la gratuidad en la justicia.

II. ANTECEDENTES

2. El 25 de junio de 2024 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara Buga - Valle del Cauca, negó las pretensiones de una demanda instaurada por la accionante en la que persiguió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, modifi cada por la Ley 1071 de 2006 y la condenó al pago de costas procesales . El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia del 6 de noviembre de 2024 confirmó la decisión del a quo.

2.1. Hechos

3. La docente Luz Ángela Castro Correa interpuso una demanda 1 a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo la nulidad del acto ficto del 19 de julio de 2023, que negó el reconocimiento de la sanción moratoria2 por el pago tardío de sus cesantías.

1 El 20 de septiembre de 2023. Seguida bajo el radicado núm. 6111-33-33-003 2023-00215-00, contra la NaciónMinisterio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Municipio de Tuluá - Valle del Cauca. 2 La cuantía pretendida en la demanda debido a la presunta mora fue de un millón ochocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y siete pesos ($1.853.247) M/L.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01873-00

y tres mil doscientos cuarenta y siete pesos ($1.853.247) M/L.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01873-00

Accionante: Luz Ángela Castro Correa

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4. El Juzgado Tercero Admin istrativo de Guadalajara de Buga , mediante providencia del 25 de junio de 2024, declaró probada la excepción de "cobro de lo no debido" teniendo en cuenta que, pese a que el acto administrativo se había notificado de manera tardía, las cesantías de la accionante se habían cancelado dentro de los términos legales para ello . Además, condenó en costas a la parte actora sustentado en lo siguiente:

«El artículo 188 del CPACA dispone que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”.

A su vez, el Código General del Proceso, antes Código de Procedimiento Civil, señala en su artículo 365, numerales 1º y 8º, que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, y que sólo habrá lugar a ellas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

Por ende, atendiendo que la parte demandante resultó vencida en el presente proceso y dada la necesidad que tuvieron los demandados de

expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

Por ende, atendiendo que la parte demandante resultó vencida en el presente proceso y dada la necesidad que tuvieron los demandados de acudir por esta vía en su defensa mediante apoderado judicial, se encuentran así causadas las costas en lo concerniente a las agencias en derecho, debiéndose entonces emitir condena por este concepto a su favor, en los términos del Acuerdo PSAA16 -10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, artículos 4º y 5º, en la suma equivalente al 10% de lo pedido, suma que dividirá de forma igual para cada parte. » Negrillas de la Sala.

5. La demandante apeló 3 la anterior decisión . S in embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia inicial, señalando que no hubo mora en el pago de las cesantías y que en su asunto no aplicaba la sanción moratoria . Sobre los argumentos del recurso relacionados con la condena en costas en primera instancia, el ad quem no realizó estudio alguno .

Adicionalmente, decidió no imponer costas en segunda instancia , por no hallarlas causadas, comoquiera que las entidades accionadas no actuaron en la alzada.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte accionante consideró que en la providencia del 6 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo, al confirmar la condena en costas ; a su juicio, sin verificar la causación efectiva de los gastos procesales ni evaluar si la demanda tenía

2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo, al confirmar la condena en costas ; a su juicio, sin verificar la causación efectiva de los gastos procesales ni evaluar si la demanda tenía manifiesta carencia de fundamento legal, como lo exige la Ley 2080 de 2021.

7. Sostuvo que su demanda no era infundada, ya que se apoyó en la interpretación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Según su argumento, el Tribunal aplicó un criterio meramente objetivo, sin realizar un análisis detallado sobre la procedencia de la sanción.

8. Por lo anterior, indicó que la decisión del Tribunal vulneró su derecho al debido

3 La parte actora alegó que su demanda tenía fundamentos legales y fácticos legítimos, ya que a su juicio la entidad nominadora expidió el acto administrativo y pagó las cesantías fuera del plazo oportuno. Argumentó que la imposición de costas no deb ía ser automática, sino que requ ería una valoración de la conducta procesal para determinar si fue temeraria o abusiva, lo que adujo no ocurrió en su caso. Asimismo, sostuvo que el juzgado no analizó su actuación ni consideró que recurrió al sistema judicial de manera legítima, con base en precedentes y pruebas documentales, por lo que la condena en costas resulta injustificada y debía ser revisada.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01873-00

Accionante: Luz Ángela Castro Correa

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3 proceso y al acceso a la administración de justicia, lo que justifica ba la intervención del juez de tutela en su asunto.

9. Aunado a lo expuesto, adujo que la autoridad reprochada incurrió en un desconocimiento del precedente de esta corporación, al confirmar la condena en costas reiterando que no aplicó el criterio objetivo-valorativo exigido por la jurisprudencia.

10. Sostuvo que el Tribunal no tuvo en cuenta las decisiones 4 previas del Consejo de Estado 5. Alegó que el desconocimiento de estos precedentes vulneró su derecho al debido proceso y afectó el principio de seguridad jurídica, pues los jueces deben seguir las reglas establecidas por los tribunales superiores cuando se trata de casos análogos.

2.3. Pretensiones

11. La parte accionante solicitó:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la sentencia proferida el día 6 de noviembre de 2024 dentro del expediente radicado No. 76111-33-33-003-2023-00215-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora LUZ ÁNGELA CASTRO CORREA, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

CORREA, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de procedencia de la condena en costas imp uestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.». (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela fue admitida por el despacho sustanciador mediante auto del 3 de abril de 2025, a través del cual ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho núm. 11, como accionado y a la NaciónMinisterio de Educación - Fondo Nacional de Prestación Sociales, Secretaría de Educación, Municipio de Tuluá y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga como terceros interesados en el resultado del proceso.

Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia y reconoció personería a la abogada Laura Pulido Salgado.

2.4.1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga6 a través de su secretaria, informó que el proceso de nulidad y

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero

Buga6 a través de su secretaria, informó que el proceso de nulidad y

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 25 de julio de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-202403346-00, actor Claudia Milena Ortega Roldan contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 8 de febrero de 2024, rad. núm. 52001-33-33-000-201800416-00(4256-2021), demandante Oscar Fernando Cerón Ortega contra la Procuraduría General de la Nación 6 Índice 9 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01873-00

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4 restablecimiento del derecho, iniciado por la señora Luz Angela Castro Correa contra el Ministerio de Educación y el Municipio de Tuluá, culminó con sentencia del 25 de junio de 2024, en la cual se declaró probada la excepción de cobro de lo no debido, se denegaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte demandante, fijándose agencias en derecho por el 10% de la cuantía solicitada.

13. Sostuvo que, tras la apelación int erpuesta por la demandante, el Tribunal

costas a la parte demandante, fijándose agencias en derecho por el 10% de la cuantía solicitada.

13. Sostuvo que, tras la apelación int erpuesta por la demandante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia el 6 de noviembre de 2024 y que posteriormente el juzgado ordenó obedecer y cumplir lo dispuesto en segunda instancia mediante auto del 11 de febrero de 2025, quedando pendiente la liquidación de costas procesales. Asimismo, remitió el enlace del expediente digital para consulta.

2.4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7, a través del magistrado Andrés González Arango, indicó que el juzgado negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 25 de junio de 2024 y condenó en costas a la parte demandante. Tras la apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el fallo el 6 de noviembre de 2024, concluyendo que la en tidad no incurrió en mora y , bajo el criterio objetivo -valorativo, decidió no imponer costas en segunda instancia.

14. El Tribunal enfatiz ó en que la tutela es improcedente, pues la accionante busca una tercera instancia para discutir aspectos jurídico-fácticos ya analizados y decididos en el proceso ordinario. Señal ó que, si considera que hubo alguna irregularidad, debe acudir a los recursos extraordinarios previstos en la ley, los cuales no ha agotado.

2.4.3. La Alcaldía del Municipio de Tuluá , a través de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el secretario de Educación del municipio, solicitaron declarar

cuales no ha agotado.

2.4.3. La Alcaldía del Municipio de Tuluá , a través de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el secretario de Educación del municipio, solicitaron declarar la improcedencia de la acción y no acceder a las pretensiones de esta.

15. Indicaron que ni el municipio ni la autoridad judicial accionada vulneraron los derechos fundamentales de la señora Castro Correa , toda vez la ac cionante contó con todas las garantías en desarrollo del proceso . Además, sostuvieron que las costas impuestas a la parte vencida en juicio fueron establecidas dentro del marco legal vigente, sin que ello constituya una causal automática para que proceda una tutela contra providencia judicial, aunado a que debía respetarse la autonomía judicial. Por otro lado, indicaron que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

7 Índice 11 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01873-00

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5 3.2. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección cons idera que el

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5 3.2. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección cons idera que el problema jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, con la expedición de la providencia del 6 de noviembre de 2024 incurrió en las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial de: defecto sustantivo y desconocimiento de precedente y con ello trasgredió los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la gratuidad en la justicia de la parte accionante.

18. Previamente, se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada , en particular el requisito de subsidiariedad.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vu lnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

20. De igual forma, de acuerdo c on la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejerc icio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de admin istrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de cierta s exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son s ubsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevanciaAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01873-00

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6 constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de l a acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

23. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de

de tutela.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

23. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» , precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

24. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

25. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.8

26. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados, momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior

.

27. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad toda vez que el punto de la apelación relacionado con

conculcación de estas garantías de orden superior

.

27. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad toda vez que el punto de la apelación relacionado con la condena en costas en primera instancia no fue resuelto por el ad quem, pues en la alzada solamente se resolvió sobre la condena en costas en esa instancia, razón por la cual la parte actora debió solicitar la adición o complem entación de la sentencia de segunda instancia, en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA.

8 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, e s contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-01873-00

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28. Lo anterior, a fin de que el Tribunal se pronunciara sobre los argumentos

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28. Lo anterior, a fin de que el Tribunal se pronunciara sobre los argumentos presentados contra la condena en costas en primera instancia, en tanto se dejó de resolver ese aspecto. En tal medida, la presente acción de tutela resulta improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y no resulta viable realizar el estudio pertinente.

29. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de E stado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por no agotar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la aute nticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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