CE - Sentencia 11001031500020250187400

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: NIDIA ENIT TORO RODRÍGUEZ Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Se discute un aspecto eminentemente económico como lo es las costas en un proceso ordinario. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por la señora Nidia Enit Toro Rodríguez, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 del 20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 28 de marzo de 2025 la señora Nidia Enit Toro Rodríguez, a través de apoderada2, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y “gratuidad”. Hechos relevantes 2. La señora Nidia Enit Toro Rodríguez laboraba como docente en el Departamento del Valle del Cauca en los servicios educativos estatales. Se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). 3. El 28 de septiembre de 2022, la señora Nidia Enit Toro Rodríguez solicitó al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y

Se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). 3. El 28 de septiembre de 2022, la señora Nidia Enit Toro Rodríguez solicitó al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho.

1 Que ingresó para fallo el 11 de abril de 2025. 2 La abogada es Laura Pulido Salgado cuya tarjeta profesional es la No. 172.854.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia) 2

4. La Secretaría de Educación de esa entidad territorial, a través de acto administrativo No. VALLER2022000160 del 4 de noviembre de 2022 le reconoció la cesantía solicitada. No obstante, a juicio de la parte accionante, no fue cancelada en los términos establecidos del artículo 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, pues fueron puestos a disposición en la entidad bancaria hasta el 25 de noviembre de 2022 transcurriendo más de 15 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que tenían las entidades para reconocer y cancelar las cesantías hasta el momento en el que se efectuó el pago. 5. El 14 de agosto de 2023, la accionante radicó una petición de reconocimiento de Sanción Moratoria de conformidad con lo establecido en la Ley 1071 de 2006 y Ley 1955 de 2019, ante la Nación – Ministerio de Educación NacionalFondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con copia al Departamento del Valle del Cauca – Fiduprevisora, no obstante, transcurrieron más de 3 meses de presentar la solicitud, sin que se hubiera obtenido respuesta, por lo que a juicio de ella se configuró el silencio administrativo negativo el día 14 de noviembre de 2023. 6. Con base en lo anterior, la señora Nidia Enit Toro Rodríguez, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Fiduprevisora S.A. y el Departamento del Valle del Cauca con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto negativo y el consecuente pago de la sanción moratoria. 7. Mediante sentencia del 6 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara

Cauca con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto negativo y el consecuente pago de la sanción moratoria. 7. Mediante sentencia del 6 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al accionante. El Juzgador determinó que no hubo pago tardío de las cesantías parciales que solicitó la accionante, porque fueron desembolsados los recursos dentro del término establecido en la Ley. Además, en lo que se refiere a la condena en costas, como la parte demandante resultó vencida en el proceso y dada la necesidad que tuvieron los demandados de acudir por esa vía a su defensa mediante apoderado judicial, se encontraban causadas las costas en lo concerniente a la agencias en derecho, debiéndose emitir una condena por ese concepto a su favor. 8. Inconforme con esta decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y mediante providencia del 4 de diciembre de 2024 confirmó la sentencia de primera instancia y no condenó en costas para esa instancia. Específicamente, señaló que la entidad demandada tenía como plazo máximo para el pago de las cesantías hasta el 11 de enero de 2023, ya que en esa fecha se vencían los 70 días hábiles que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 y dado que el dinero se había puesto a disposición de la entidad bancaria el 25 de noviembre de 2022, no incurrió en

mora. A su vez, adujo que procedía la imposición de la condena en costas y agencias en derecho en contra de la parte demandante por el trámite procesal de primera instancia.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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Pretensiones 9. Solicita la parte accionante lo siguiente: “1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la sentencia proferida el día 16 de octubre de 2024 dentro del expediente radicado No. 76111-3333-003-2023-00249-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora NIDIA ENIT TORO RODRÍGUEZ, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo. 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante”. Fundamentos de la demanda de tutela 10. La parte accionante indicó que se daba cumplimiento a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra una providencia judicial, en especial la relevancia constitucional puesto que la entidad accionada vulneró de manera flagrante los derechos fundamentales al debido proceso, gratuidad y acceso a la administración de justicia, al confirmar la condena en costas impuestas con total desconocimiento de la tesis vinculante del Consejo de Estado en la que debe verificarse la causación de las costas para que se determine el pago de los gastos ordinarios del proceso y de la actividad realizada por el profesional del derecho. 11. Hizo mención a la sentencia C-539 del 2011 de la Corte Constitucional y el artículo 230 de la Constitución Política, para indicar que el

de las costas para que se determine el pago de los gastos ordinarios del proceso y de la actividad realizada por el profesional del derecho. 11. Hizo mención a la sentencia C-539 del 2011 de la Corte Constitucional y el artículo 230 de la Constitución Política, para indicar que el Tribunal accionado no aplicó en debida forma el precedente judicial pacífico porque si bien aludió a las actuaciones adelantadas por el extremo pasivo al interior de la primera instancia, no cumplió con la carga argumentativa para justificar que la imposición de la sanción obedeció a los gastos ordinarios como consecuencia de la actividad de defensa judicial asumida por las entidades accionadas, inobservando que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 que establece que la condena en costas solo procede cuando se determine que la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, no obstante, en el escrito de la demanda se expusieron de manera clara y fundamentada los hechos y argumentos jurídicos que sustentaban la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria. 12. En cuanto a los requisitos específicos de procedibilidad, precisó que se presentó un defecto sustantivo o material el cual corresponde a que la autoridad judicial acude a una norma inaplicable al caso o deja de aplicar alguna que correspondía yRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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en segundo lugar se presenta un desconocimiento del precedente vertical el cual corresponde a que el Juez o Tribunal omite o contradice abiertamente la jurisprudencia vinculante establecida por un órgano judicial de superior jerarquía sin justificar adecuadamente su decisión. Para esto mencionó varias sentencias de la Corte Constitucional3. 13. De otra parte, adujo que la situación fáctica objeto de reproche en sede de tutela opera cuando el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pasó por alto que la imposición de la sanción no es automática, porque su procedencia obedece a la valoración de criterios objetivos y verificables en el expediente, debiendo fundamentar la causación de los gastos ordinarios del proceso, tanto así, que la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 7 de abril de 20164 determinó que la condena en costas debe valorarse bajo el criterio objetivo – valorativo, siendo el objetivo cuando toda decisión judicial debe resolverse sobre las costas imponiendo una condena total, parcial o absteniéndose de hacerlo y valorativo cuando el juez debe analizar si las costas se causaron y en qué medida, considerando tanto los gastos ordinarios del proceso como la efectiva realización de la labor del abogado en el trámite procesal. 14. Hizo mención de algunas sentencia relevantes respecto del tema, como la del 11 de febrero de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado5 en la que se reiteró que la imposición de la condena en costas no opera de manera automática dado que el criterio objetivo valorativo le exige al juez realizar un análisis riguroso sobre la procedencia, entre otras sentencias6. 15. Explicó que la sola denegación de las pretensiones de la demanda o que la parte actora sea vencida, no implica que opere de manera automática la imposición de la condena en costas, tampoco el tiempo de duración del proceso ni la

entre otras sentencias6. 15. Explicó que la sola denegación de las pretensiones de la demanda o que la parte actora sea vencida, no implica que opere de manera automática la imposición de la condena en costas, tampoco el tiempo de duración del proceso ni la cuantía de las pretensiones son determinables para estos casos porque se debe verificar que las mismas se encuentren debidamente probadas en el proceso de acuerdo con el numeral 1 y 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 188 del CPACA adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. 16. Agregó que la parte accionada efectuó una interpretación incompatible del artículo 365 del CGP, porque esta resultaba aplicable por remisión del artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 y la decisión se fundamentó únicamente en la condición de 3 Sentencia C-447 de 1997, SU-047 de 1999, SU-113 de 2018 y T-783 de 2014, SU-453 de 2019, T-794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014, entre otros. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, sentencia del 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001-23-33-000-2013-00022-01. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 11 de febrero

de 2021, Rad. No. 63001-23-33-000-2017-00308-01(2967-18). 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 2 de febrero de 2023, Rad. No. 27001-23-33-000-2016-00025-01(1131-2019); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Wilson Ramos Girón, sentencia del 30 de agosto de 2024, Rad. No. 05001-23-33-000-2018-00626-01(26375).Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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parte vencida sin determinar si tales actuaciones generaron una erogación concreta o si la representación judicial fue ejercida por el personal de planta, lo que excluye la posibilidad de acreditar un gasto adicional, además, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 del 2021 se introdujo el artículo 47 en el que se especifica que se dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con carencia de fundamento legal, para esto mencionó otras sentencias del Consejo de Estado7. 17. Concluyó que el único fundamento expuesto para confirmar la sanción a la señora Toro Rodríguez se limitó a un criterio meramente objetivo, es decir la no prosperidad de las pretensiones, omitiendo el hecho de verificar por un lado si se generaron gastos procesales como consecuencia del ejercicio de la acción y por otro lado si la presentación de la demanda careció totalmente de sustento legal, quedando demostrado que la decisión no se justificó en ambos criterios y resulta lesiva de sus derechos fundamentales, pues la accionante satisfizo la exigencia legal de una debida motivación que justificaba el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 18. De otra parte puso de presente dos acciones de tutela en las que se cuestionó la condena en costas sin que la autoridad judicial accionada analizara si se configuró “la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda”8. Trámite en primera instancia 19. A través de auto del 2 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como accionado; al

Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca como terceros interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga para que allegara copia digital del expediente con radicado 76111-33-33-002-2024-00038-00/01 y reconoció personería adjetiva a la abogada Laura Pulido Salgado para que actuara en los términos del poder conferido. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejero Ponente: Fredy Ibarra Martínez, sentencia del 11 de octubre de 2021, Rad. No. 11001-03-26-000-2019-00011-00(63217); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 8 de febrero de 2024, Rad. No. 520013333000201800041600(4256-2021); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 4 de abril de 2024, Rad. No. 20001-23-33-000-2013-00352-01 (2466-16); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. No. 25000-23-42-000-2015-0335-01 (3526-2019). 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 25 de julio de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-03346-00 y sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del 24 de julio de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-03343-00.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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Intervenciones 20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro de su informe expresó que no se ha transgredido ningún derecho fundamental, dado que al proferir la decisión analizó tanto el expediente como las pruebas allegadas para concluir que la condena en costas no dependía de que se probara una actuación temeraria o abusiva, sino que únicamente se requería acreditar la realización de gestiones tales como la contestación de la demanda, comparecencia a audiencias, presentación de alegatos y otras actuaciones inherentes al proceso. De otra parte, procedía en aplicación del criterio objetivo – valorativo en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el CGP, lo cual desvirtúa los argumentos de la parte actora, adicionalmente que lo pretendido mediante la acción de tutela es reabrir un debate procesal que ya fue resuelto en dos instancia ordinarias. 21. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga manifestó las actuaciones realizadas en primera instancia y remitió el link del expediente9. 22. El Grupo Interno de Trabajo del Departamento Administrativo de Jurídica del Departamento del Valle del Cauca solicitó su desvinculación y se opuso a todas las pretensiones del accionante, por cuanto no se tiene ninguna relación con los hechos expuestos y la acción de tutela está dirigida contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo que no está llamado a responder por ningún tipo de violación de derechos fundamentales en materia de la problemática expuesta. Por otro lado, pidió que de conformidad con el inciso primero del artículo 282 de la Ley 1564 del 2012, se declare la excepción “innominada” de oficio al momento de proferir sentencia. 23. El Ministerio de Educación Nacional adujo que le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez de que la solicitud de amparo recae exclusivamente sobre una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del

de oficio al momento de proferir sentencia. 23. El Ministerio de Educación Nacional adujo que le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez de que la solicitud de amparo recae exclusivamente sobre una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por tanto, esa entidad no es la que profirió la sentencia objeto de cuestionamiento y por tanto, no existe ninguna acción ni omisión que derive la configuración de una vulneración de algún derecho por su parte. También expresó que de acuerdo con la sentencia SU-195 de 2018 la acción de tutela no procede contra providencias judiciales salvo que se demuestre la configuración de un defecto específico, pero se denota incluso una ausencia de relevancia constitucional porque debe tener trascendencia superior y no solamente legal o de otra naturaleza, debido a que si es exclusivamente económica de connotaciones particulares y privadas, el juez de tutela está en la obligación de actuar con vocación de protección del patrimonio que tiene consigo el interés público, por lo que en caso particular se trata de una controversia de naturaleza 9 El link es el siguiente: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?gui d=761113333002202400038007611133.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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estrictamente económica, ya que el litigio involucra intereses privados que excede la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta relevancia constitucional. Por último, indicó que el concepto de vía de hecho se configura cuando hay una ostensible transgresión del ordenamiento jurídico, en el que se distorsione el sentido del proceso, por eso y con base en la procedencia excepciones de las acciones de tutela en contra de las sentencias judiciales se han determinado reglas generales y específicas para que se determine su procedencia y son los jueces de tutela quienes deben examinar de manera rigurosa el cumplimiento de estos para no desvirtuar los principios de la autonomía funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada y por tanto, la parte accionante es quien debe probar si existe una eventual transgresión de derechos que pudiera generar una decisión judicial. 24. La Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca10, la Previsora S.A.11 y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio12 no intervinieron pese a estar notificados. II. C O N S I D E R A C I O N E S 25. En el presente asunto, la Subsección considera que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. 26. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13. 27. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional

que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13. 27. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber14: i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no 10 Se notificó el 4 de abril de 2025 a los correos electrónicos despachoseceducacion@valledelcauca.gov.co, njudiciales@valledelcauca.gov.co, ntutelas@valledelcauca.gov.co, contactenos@valledelcauca.gov.co. Ver índice 8 de samai. 11 Se notificó el 4 de abril de 2025 al correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co. Ver índice 8 de Samai. 12 Se notificó el 4 de abril de 2025 a los correos electrónicos tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co. Ver índice 8 de Sama. 13 Sentencia T–422 de 2018. 14 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. 28. En el caso bajo estudio, lo primero que advierte la Sala es que la controversia versa sobre un asunto meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta naturaleza, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, puesto que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”15. 29. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”16. 30. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario adecuado para examinar la condena en costas que impuso el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga en la sentencia de primera instancia, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha temática, sumado al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la acción constitucional. 31. De otra parte, cabe advertir que una vez revisada la demanda, se evidencia que

en la sentencia de primera instancia, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha temática, sumado al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la acción constitucional. 31. De otra parte, cabe advertir que una vez revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción de tutela con propósito que se estudie nuevamente si, como se discutió en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Nidia Enit Toro Rodríguez debía ser condenada en costas en primera instancia de conformidad con lo establecido con el artículo 188 del CPACA y 365 del CGP. 32. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos ya definidos por el juez natural, que la acción de tutela se plantearon varios de los argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra la providencia de primera instancia, a saber (transcripción literal): De acuerdo al argumento expuesto por el honorable Juez no estoy de acuerdo con la condena en costas que se realiza en el presente proceso, toda vez, que la demanda fue presentada sobre fundamentos de hecho y de derecho, pues es claro que la entidad nominadora expidió el acto administrativo por fuera del 15 Sentencia SU-173 de 2019. 16 IbidemRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00 Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

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termino oportuno, así mismo, realizó el reconocimiento y pago de sus cesantías a mi representada fuera del termino oportuno; es claro, que la condena en costas es una facultad del Juez que no opera en forma objetiva, sino que está sujeta a la valoración que se haga de la conducta de la parte vencida. De manera que la condena en costas está sujeta a una valoración de la conducta que permita calificarla como temeraria o constitutiva de abuso de sus atribuciones y derechos procesales, y en el caso contrario, no puede el juez atribuirse la facultad de imponer cargas económicas tan altas para la parte vencida. Es por esto, que la causación de la condena en Costas debe ser comprobada y verificada dentro del respectivo proceso. Así las cosas, la ley exige que la sentencia definitiva contenga el pronunciamiento sobre la condena en costas para la parte vencida, es decir, es un requisito de aquélla por lo que, a primera vista, podría concluirse que, de haberse omitido toda referencia a las mismas, constituiría un motivo para fundamentar un recurso de nulidad. Ahora bien, cabe anotar que con respecto a la condena en costas el Consejo de Estado ha debatido si un Juez Contencioso Administrativo puede condenar en costas a la parte demandante, desconociendo la valoración de la conducta procesal asumida por las partes en el trámite del proceso. Es decir, que se ha determinado que el Juez Contencioso Administrativo no puede condenar en costas a la parte demandante, desconociendo la valoración de la conducta procesal asumida dentro del proceso. Situación ésta, que no fue tenida

en cuenta por la Honorable Magistrada de Primera instancia, puesto que asumió la posición de no acceder a las pretensiones de la demanda y condenó en costas, pero en ningún momento tuvo en cuenta la conducta de mi representado, pues el acudir al sistema judicial nunca fue de manera temeraria, ni tratando de evadir responsabilidades, pues si se supiera cuáles van a ser los resultados de un proceso no se acudiría a los mismos. Es decir, no es culpa de mi representada que no se hubiese concedido lo pretendido, pues se acudió al sistema judicial en busca del reconocimiento de sus derechos sobre bases fundamentadas y teniendo como soporte los diferentes pronunciamientos de nuestros Tribunales Administrativos y de nuestro Honorable Consejo de Estado, motivo por el cual, no le encuentro una razón justificada para que la Honorable Magistrada condene en costas, pues la parte demandante nunca realizó maniobras dilatorias sino que con fundamento en pruebas documentales pretendió el reconocimiento de sus derechos. Así las cosas y ante lo expuesto, de una manera muy respetuosa solicito CONCEDER el respectivo recurso de Apelación, con el fin, que los Honorables Magistrados REVOQUEN el numeral