CE - Sentencia 11001031500020250187500

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250187500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Accionante: William Rodríguez Gil

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho núm. 11

Temas: Acción de tutela contra providencia que condenó en costas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. DECLARA

IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor William Rodríguez Gil, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho núm. 11.

ANTECEDENTES

El accionante solicit a que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la gratuidad y al acceso a la administración de justicia , los cuales considera vulnerados con la sentencia de 16 de octubre de 2024 proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 7611133-33-003-2023-00249-00 [01].

HECHOS

Se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento

Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Tuluá, en aras de obtener el reconocimiento de la

Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Tuluá, en aras de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes , tal y como lo establece la Ley 1071 de 2006.

Que por reparto le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de Buga, quien en sentencia del 26 de junio de 2024 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas.

Que inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 16 de octubre de 2024 confirmó la providencia de primera instancia.

Que el Tribunal incurrió en el defecto sustantivo o material por inobservar que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, de ahí que la condena en costas procede cuando se demuestre que la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal , situación que en su criterio no se configura en el asunto, pues en la demanda se sustentó la pretensión de «reconocimiento y pago de la sanción moratoria con base en la interpretación que se efectuó del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,

pretensión de «reconocimiento y pago de la sanción moratoria con base en la interpretación que se efectuó del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, cuyo alcance no fue d efinido en la sentencia de unificación emitida sobre la materia».

En el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta las sentencias proferidas por el Consejo de Estado en las siguientes fechas: 7 de abril de 2016 1, 11 de febrero de 20212, 23 y 84 de febrero de 2023, 4 de abril5, 23 de mayo6 y 30 de agosto de 20247, que establecen que la condena en costas no se impone de manera automática, sino que se requiere del criterio objetivovalorativo, lo que exige que el juez realice un análisis riguroso sobre su procedencia, es decir, corroborar su causación.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, sentencia del 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001-23-33-000-2013-0002201, demandante José Francisco Guerrero Bardi vs Unid ad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 11 de febrero de 2021, Rad. No. 63001-23-33-000-201700308-01(2967-18), actor Juan Carlos García Jiménez contra Municipio de Armenia 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, Consejero

00308-01(2967-18), actor Juan Carlos García Jiménez contra Municipio de Armenia 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 2 de febrero de 2023, Rad. No. 27001 -23-33-0002016-00025-01(1131-2019), demandante Dolores Rentería Córdoba contra Administración Temporal de la Educación del Departamento del Chocó y Otros. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 8 de febrero de 2024, Rad. No. 520013333000201800041600(4256-2021), demandante Oscar Fernando Cerón Orteg a contra la Procuraduría General de la Nación 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 4 de abril de 2024, Rad. No. 20001 -23-33-000-201300352-01 (2466-16), demandante Rosalba Cordero Vil lalobos contra la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de Pelaya, Cesar. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. No. 25000 -23-42-000-20150335-01 (3526-2019), demandante Juan Ignacio Rojas Buit rago contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

0335-01 (3526-2019), demandante Juan Ignacio Rojas Buit rago contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Wilson Ramos Girón, sentencia del 30 de agosto de 2024, Rad. No. 05001 -23-33-000-2018-00626-01(26375), actor Aguas Nacionales EPM S.A. E.SP. contra Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Trajo a colación sentencias del 24 8 y 259 de julio de 2024 donde el Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en temas similares al caso particular.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos la sentencia del 16 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, ordenar al Tribunal que emita una nueva decisión donde efectué el análisis de procedencia de la condena en costas, conforme a la norma vigente y el precedente judicial.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente, donde el 23 de abril de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de la autoridad judicial accionada y se vinculó a la Nación - Ministerio de Educación

donde el 23 de abril de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de la autoridad judicial accionada y se vinculó a la Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de Tuluá.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expuso que la acción de tutela resulta improcedente, bajo el entendido que se pretende promover como una tercera instancia del proceso ordinario. Además, señaló que , si el demandante considera que se incurrió en alguna irregularidad procesal, probatoria y/o jurídica puede interponer el recurso extraordinario.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El municipio de Tuluá indicó que la sentencia cuestionada se profirió conforme a la jurisprudencia y las normas aplicables al caso, por lo que, pidió que se declare improcedente la acción de tutela.

El Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que dentro d el proceso ordinario no se le transgredieron al actor los derechos fundamentales alegados y que la acción de tutela resulta improcedente.

Por otro lado, solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, por no ser la entidad que profirió la sentencia

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero

Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del 24 de julio de 2024, Rad. No. 11001 -03-15-0002024-03343-00, actor Claudia Patricia Cortés Jiménez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y Otros. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 25 de julio de 2024, Rad. No. 11001 -03-15-000-202403346-00, actor Claudia Milena Ortega Roldan contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

objeto de cuestionamiento.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y III) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ; cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ; cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales10, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/0511. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que

10 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 11 M.P. Jaime Córdoba Triviño5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución.»12

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU -0215 de 2022 enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU -0215 de 2022 enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

12 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada13.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”14. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente d el juez de tutela15.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de

de una entidad tal que amerite la intervención urgente d el juez de tutela15.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es d eterminante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Caso concreto

Alega el señor William Rodríguez Gil que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho núm. 11 incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, por imponer condena en costas , omitiendo lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 y las sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el asunto, en las cuales se consagra la obligación del juez de realizar un análisis de ponderación subjetiva sobre la conducta procesal asumida por las partes previa la imposición de la condena en costas.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga en sentencia del 26 de junio de 2024 negó pretensiones de reconocer la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes y condenó en costas «atendiendo que la parte demandante resultó vencida en el presente proceso y dada la necesidad que tuvieron los demandados de acudir por esta vía en su defensa mediante apoderado judicial, se encuentran así causadas las costas en lo concerniente a las agen cias en derecho».

Inconforme con la decisión, el accionante en el recurso de apelación argumentó, en

judicial, se encuentran así causadas las costas en lo concerniente a las agen cias en derecho».

Inconforme con la decisión, el accionante en el recurso de apelación argumentó, en relación con la condena en costas que, el juez de primera instancia no tuvo en cuenta su conducta, esto es, que nunca realizó maniobras dilatorias o acudió al proceso de manera temeraria, sino que con fundamento en pruebas documentales

13 Sentencia SU-074 de 2022. 14 Sentencia SU-074 de 2022. 15 Sentencia SU-072 de 2018.7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

pretendió el reconocimiento de sus derechos.

Al respecto, el Tribunal en la sentencia cuestionada señaló frente al asunto que se aplica el criterio objetivo valorativo establecido por el Consejo de Estado en la sentencia del 7 de abril de 2016 radicado 1575 -2016 y citó los artículos 188 del CPACA y el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, para concluir que «esta Sala no encuentra actuación por parte de las entidades demandadas desplegada en el trámite de la segunda instancia, razón por la cual no habrá condena en costas».

Conforme a lo expuesto, confirmó la sentencia de primera instancia y no condenó en costas en segunda instancia.

En esa medida, advierte la Sala que la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada no se pronunció sobre la condena en costas de primera instancia, tema

en costas en segunda instancia.

En esa medida, advierte la Sala que la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada no se pronunció sobre la condena en costas de primera instancia, tema que fue objeto de apelación por el señor Rodríguez.

Una vez revisados los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, advierte la Sala que no se satisface el requisito de subsidiariedad, dado que, el accionante c ontaba con la posibilidad de solicitar la complementación de la sentencia que contempla el artículo 287 del Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA , a fin de que el Tribunal se pronunciara sobre los argumentos presentados contra la condena en costas en primera instancia; luego no es posible mediante la acción constitucional realizar el estudio pertinente.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor William Rodríguez Gil , conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente HAPC

Consultar sobre este documento ...