CE - Sentencia 11001031500020250187700

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250187700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 5 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00

Demandante: Adriana Naranjo Torres Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias de primera y segunda instancia por medio de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte demandante dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Adriana Naranjo Torres contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 31 de marzo de 2025, Adriana Naranjo Torres , en nombre propio , presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al

1. El 31 de marzo de 2025, Adriana Naranjo Torres , en nombre propio , presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las Sentencias de 25 de septiembre de 20 24 y 13 de diciembre de 2024 proferidas por el Juzgado 4 Administrativo de Cartago y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76147-33-33-004-2024-0001600/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la sentencia proferida el día 13 de diciembre de 2024 dentro del expediente radicado No. 76147 - 33-33-004-2024-00016-01, transgredió los derechos

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00

Demandante: Adriana Naranjo Torres Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 7 fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora ADRIANA NARANJO TORRES, habida

Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

2 de 7 fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora ADRIANA NARANJO TORRES, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

destacan los siguientes:

4. 1) La señora Naranjo Torres , por conducto de apoderado, presentó una demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa , contra la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG – Fiduprevisora y el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación Departamental, con el propósito de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 1210 -54 03668 de 27 de diciembre de 2023 2 y, en consecuencia, se reconociera y pagara la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071 de 2001 y 1955 de 2019 , por haberse pagado de manera extemporánea las cesantías reconocidas mediante la Resolución No. 3296

consecuencia, se reconociera y pagara la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071 de 2001 y 1955 de 2019 , por haberse pagado de manera extemporánea las cesantías reconocidas mediante la Resolución No. 3296 de 13 de octubre de 2021 3. Dicha demanda correspondió por reparto al Juzgado 4 Administrativo de Cartago y s e tramitó bajo el radicado No. 76147-33-33-004-2024-00016-00.

5. 2) Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 201 94, el Juzgado 4

Administrativo de Ca rtago negó las pretensiones de la demanda . Expuso que los términos para la sanción moratoria inicia ban a contar 70 días después de radicada la solicitud de reconocimiento , por lo que, como la solicitud de cesantías se presentó el 12 de agosto de 2021 y la resolución de reconocimiento se profirió el 13 de noviembre de 2021, el FOMAG podía consignar las cesantías hasta el 24 de noviembre de 2021, fecha en la cual el FOMAG las consignó, por lo que fue en término.

6. En consecuencia, el despacho condenó en costas a la parte demandante con fundamento en el numeral 7 del artículo 365 del CGP y el artículo 188 del CPACA adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, equivalente al 4% del valor de las pretensiones.

2 Mediante la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria a la señora Naranjo Torres. 3 Notificada el 18 de octubre de 2021. 4 “SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda. (…)

2 Mediante la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria a la señora Naranjo Torres. 3 Notificada el 18 de octubre de 2021. 4 “SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda. (…) CUARTO: Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. Fijar las agencias en derecho en el cuatro por ciento (4%) del valor de las pretensiones a la fecha de ejecutoria de la sentencia, suma que deberá ser cancelada a favor de cada entidad demandada, por las razones expuestas en esta providencia(...)”Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00

Demandante: Adriana Naranjo Torres Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

3 de 7 7. 3) Inconforme con dicha decisión, la señora Naranjo Torres presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar , se accediera a las pretensiones de la demanda y no se le condenara en costas. Indicó que la decisión de primera instancia contabilizó de forma errada los términos para contabilizar la sanción moratoria, pues, a su juicio, no se ajustaba a la realidad, toda vez que, el dinero solo estuvo disponible en el banco hasta el 7 de diciembre de 2021 y no el 24 de noviembre de 2021. Así pues, indicó que, se configuró una mora desde el 25 de noviembre de 2021 hasta el 6 de diciembre de 2021.

8. Agregó que en el caso no procedía la condena en costas , porque

mora desde el 25 de noviembre de 2021 hasta el 6 de diciembre de 2021.

8. Agregó que en el caso no procedía la condena en costas , porque según las reglas del Código General del Proceso, se requería que el juez comprobara los supuestos para su imposición y, adicionalmente, el juez de primera instancia se apartó del precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, la condena en costas se establece bajo un criterio objetivo y proporcionado que no considera la mala fe o temeridad de las partes.

9. 4) El 13 de diciembre de 20245, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia. La decisión se fundamentó en que en el expediente obraba suficiente material probatorio que daba cuenta de que el pago se efectuó el 24 de noviembre de 2021, en esa medida, indicó que, (se trascribe) “el pago de las cesantías se materializa con el giro o disposición del dinero en el banco correspondiente, toda vez que, en cabeza del interesado recae la carga de verificar si el monto dinerario se encuentra disponible para su retiro”.

10. En relación con la condena en costas, el tribunal determinó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 y el numeral 1 del artículo 365 de la Ley 1437 de 2011, en el caso concreto la misma no era procedente, en la medida en que no se causaron agencias en derecho, toda vez que, la parte demandada no desplegó ningún tipo de actuación en la segunda instancia.

11. Como fundamento de la vulneración , la parte actora señaló que la autoridad judicial accionada desconoció distintos precedentes horizontales

demandada no desplegó ningún tipo de actuación en la segunda instancia.

11. Como fundamento de la vulneración , la parte actora señaló que la autoridad judicial accionada desconoció distintos precedentes horizontales y verticales que, según ella, avalaron en casos similares al suyo la posibilidad de acceder a la condena en costas en segunda instancia por concepto de agencias en derecho. Hizo alusión a las reglas establecidas por el Consejo de Estado en las Sentencias de 7 de abril de 2016, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso No. 13001-23-33-0002013-00022-01, 11 de febrero de 2021, proferida por la Sección Segunda

5 “PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 153 del 25 de septiembre de 2024 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartago, conforme lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia, conforme lo indicado.”Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00

Demandante: Adriana Naranjo Torres Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

4 de 7 Subsección B dentro del proceso No. 63001-23-33-000-2017-00308-01, 2 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda dentro del proceso No. 27001 -23-33-000-2016-00025-01, 30 de agosto de 2024, proferida por la Sección Cuarta, dentro del proceso No. 05001 -23-33-000del proceso No. 27001 -23-33-000-2016-00025-01, 30 de agosto de 2024, proferida por la Sección Cuarta, dentro del proceso No. 05001 -23-33-0002018-00626-01, 8 de febrero de 20 24 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda, dentro del proceso No. 52001 -33-33-000-2018-00416-00, 4 de abril de 2024 proferida por la Sección Segunda, dentro del proceso No. 20001-23-33-000-2013-00352-01, 23 de mayo de 2024 proferida por la Sección Segunda, dentro del proceso No. 25000 -23-42-000-2015-0335-01, 25 de julio de 2024 proferida por la Sección Segunda, dentro del proceso No. 11001-0315-000-2024-03346-00 y, 24 de julio de 2024 proferida por la Sección Segunda, dentro del proceso No. 11001-03-15-000-2024-03343-00.

12. Por último, manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo al realizar una interpretación incompatible con el artículo 365 del CGP 6, sin haber verificado si las expensas procesales fueron realmente causadas y probadas en el expediente.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7

13. El Juzgado 4 Administrativo de Cartago8 rindió informe en el que indicó que las actuaciones desplegadas, tanto por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como ese despacho, se ajustaron a lo previsto en la ley procesal.

A su vez, agregó que, la parte actora pretendía que se estudiaran u nas

que las actuaciones desplegadas, tanto por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como ese despacho, se ajustaron a lo previsto en la ley procesal. A su vez, agregó que, la parte actora pretendía que se estudiaran u nas sentencias que adquirieron firmeza, como si la acción de tutela se tratara de una “tercera instancia”, lo cual torn aba en improcedente la presente solicitud de amparo, al reiterar argumentos expuestos en las instancias ordinarias. En esa medida, solicitó que se negaran las pretensiones elevadas en la acción de tutela,

14. El Ministerio de Educación9 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por no haber superado el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que no se logró demostrar vulneración alguna de las garantías procesales y derechos fundamentales de la parte actora, y porque la controversia suscitada era de carácter estrictamente económico.

Aunado a lo anterior , expuso que la acción de tutela era un mecanismo residual y subsidiario, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución.

6 Aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. 7 Mediante Auto de 7 de abril de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como parte accionada a l Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y (3) vincular, como terceros con interés en el asunto, al Juzgado 4 Administrativo de Cartago, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento de Valle del Cauca.

interés en el asunto, al Juzgado 4 Administrativo de Cartago, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento de Valle del Cauca. 8 índice 15 en el aplicativo SAMAI 9 Índice 13 en el aplicativo SAMAIRadicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00

Demandante: Adriana Naranjo Torres Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

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15. El Departamento de Valle del Cauca 10 se opuso a las pretensiones elevadas en la acción de tutela y solicitó que se negaran, dado que no se desplegaron las conductas que vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora por parte de la Gobernación. A su vez, solicitó la “resolución de excepciones”11 frente a cualquier situación (se trascribe) “de hecho o derecho que sea advertida y probada en el transcurso del proceso y que favorezca los intereses de mí representado”.

16. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca , pese a haber sido debidamente notificado, guardó silencio12.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1 . Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2. 2.

Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

17. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

18. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional

17. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

18. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.

En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impe dir que esta se convierta en una instancia adicional13.

19. En sentido similar , la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001 -03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto 14; (2) que la

10 índice 11 en el aplicativo SAMAI 11 “ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.”

los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.” 12 Índice 6 del aplicativo SAMAI. 13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022. 14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedi bilidad de la tutela contraRadicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00

Demandante: Adriana Naranjo Torres Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

6 de 7 solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.

20. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU -295 de 2023 17, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

21. Bajo este entendido, la Sala estima que , en el presente caso , no se cumplió con el mencionado requisito porque el debate que la parte actora pretende dilucidar en sede de tutela reviste un carácter eminentemente patrimonial y económico que ya fue tratado por el juez natural de la causa.

22. Además, se precisa que, aunque la parte actora alegó la trasgresión del derecho al debido proceso, ello no es suficiente para dar por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto tiene verdadera trascendencia constitucional, pues para ello, tal como se ha establecido en ocasiones anteriores, se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada del derecho fundamental18.

23. De esta forma, es claro que el propósito de la parte actora era obtener el pago de una suma de dinero que esperó le fuera reconocida con la sentencia de segunda instancia y, aun cuando alegó que esa providencia había desconocido una serie de precedentes de l Consejo de Estado, esa argumentación, por sí misma, no acredita el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

24. En consecuencia, esta Sala estima que las diferencias interpretativas que existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no

providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de

providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.” 15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.” 16 Ídem. “ La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.” 17 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024. 18 Al respecto, es preciso hacer alusión, entre otras, a las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de

2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y 11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00, Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001 -03-15-000-2019-04788-00; Sentencia de 5 de febrero de 2020, Rad. 11001 -03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00294-00, Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de 5 de junio de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15000-2021-01641-01, Sentencia de 1 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02188-00, Sentencia de 2 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-06509-00, Sentencia de 7 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-01092-00.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00

Demandante: Adriana Naranjo Torres Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 7 constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las

Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________

7 de 7 constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía tute la, no da por cumplido el requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional19.

2.2. Conclusión

25. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de relevancia constitucional no se cumplió en el caso concreto y, por tal motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos de procedencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Adriana Naranjo Torres, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin20.

decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin20.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Firmado electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

19 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 20 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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