CE - Sentencia 11001031500020250187800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250187800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01878-00
Accionante: Darwin Humberto Castro Gómez, en representación de la señora
Rossi Jacqueline Rubio Niño.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Caducidad.
DECLARA IMPROCEDENTE Y NIEGA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Darwin Humberto Castro Gómez, en representación de la señora Rossi Jacqueline Rubio Niño, en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con ocasión de las sentencias del 30 de octubre de 2017 y 18 de noviembre de 2024, respectivamente, proferidas en el medio de control de reparación directa con radicado 54001-23-31-000-2011-00388-00/02.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso, junto con los principios de doble instancia, pro
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido proceso, junto con los principios de doble instancia, pro homine y seguridad jurídica.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguien te manera:
Que instauró, junto con los señores Nelly Niño Rubio y César Augusto Portilla Luna, demanda de reparación directa en contra del municipio de San José de Cúcuta – Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social EPS, por los daños causados con ocasión del accidente de trabajo que sufrió la señora Rossi Jacqueline Rubio Niño el 1o de septiembre de 2005.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01878 -00
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Que el 1o de diciembre de 2011 la magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander rechazó la demanda por caducidad, por lo cual la parte demandante interpuso recurso de apelación y el 29 de agosto de 2012 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocó el auto recurrido y admitió la demanda.
Que el 30 de octubre de 2017 el Tribunal mencionado dictó sentencia, en la que negó las pretensiones, por lo que interpuso recurso de apelación y el 18 de noviembre de 2024 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocó
negó las pretensiones, por lo que interpuso recurso de apelación y el 18 de noviembre de 2024 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, revocó la decisión y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad.
Que la Subsección accionada no podía pronunciarse sobre la caducidad del medio de control, ya que previamente, esto es, el 29 de agosto de 2012, había adoptado una decisión sobre el particular consistente en revocar el auto del 1 de diciembre de 2011 proferido por el Tribunal referido , de allí que este último en la sentencia de primera instancia no haya analizado ese aspecto , lo cual, a su juicio, encaja en el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso.
Que en el salvamento de voto suscrito por uno de los magistrados se indicó que no podía revivirse el debate sobre la caducidad, pues ello atentaba contra el principio de seguridad jurídica, como se sostuvo en la sentencia del 20 de marzo de 2019, expediente T-2123838, proferida por la Corte Constitucional.
Que la autoridad judicial de segunda instancia desbordó el principio de congruencia, pues no decidió sobre lo pedido en el recurso de apelación, el cual únicamente fue interpuesto por la parte demandante, y en cambio analizó la caducidad, con lo que agravó su situación.
PRETENSIONES
Que se declaren nulas las sentencias del 30 de octubre de 2017 y del 18 de noviembre de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, respectivamente.
ACTUACIÓN PROCESAL
noviembre de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, respectivamente.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 8 de abril de 2025 el magistrado sustanciador admitió la tutela de la referencia y vinculó al municipio de San José de Cúcuta, a la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. y a Seguros del Estado S.A.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por conducto del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, afirmó que las razones de hecho y de derecho que sustentan fundadamente la decisión están consignadasRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01878 -00
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claramente en la providencia, por lo que es evidente que la acción carece de mérito, de acuerdo con la postura asumida por la mayoría de la sala que la aprobó.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander se limitó a remitir la copia digital del proceso de reparación directa que dio lugar a esta tutela.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
Los vinculados guardaron silencio.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01878 -00
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede comoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01878 -00
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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.
Caso concreto
La parte accionante considera que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , no podía pronunciarse sobre la caducidad del medio de control porque i) ya había una decisión previa sobre el particular, con lo cual incurrió en la causal de nulidad establecida en el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso; iii) como se consignó en el salvamento de voto ello atentaba contra el principio de seguridad jurídica, de conformidad con la sentencia del 20 de marzo de 2019, expediente T-2123838, proferida por la Corte Constitucional y iii) desbordó el principio de congruencia, al decidir por fuera de lo pedido en el recurso de apelación y agravar su situación como apelante único.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
y agravar su situación como apelante único.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01878 -00
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A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia controvertida, pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
La Sala encuentra reunidas las siguientes exigencias generales: i) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la incursión de los defectos invocados; ii) la acción se presentó con inmediatez, pues la acción se instauró el 26 de marzo de 2025; iii) se está invocando una irregularidad procesal que podría tener un efecto decisivo en la providencia cuestionada ; iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos ; y v) no se trata de una sentencia de tutela.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la exigencia de la subsidiariedad en relación, de un lado, con la transgresión del principio de congruencia, porque, a juicio de la
no se trata de una sentencia de tutela.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la exigencia de la subsidiariedad en relación, de un lado, con la transgresión del principio de congruencia, porque, a juicio de la parte actora, la Subsección accionada decidió más allá de lo solicitado en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del proceso de reparación directa y, de otro, con la ocurrencia de la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso.
En cuanto al primer argumento , se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para exponer ese desacuerdo, esto es, el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
En efecto, la supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso por la conculcación de ese principio es susceptible de ser protegido de manera integral a través del precitado recurso. La Corte Constitucional, en la sentencia SU026/21, luego de referirse a las causales del recurso extraordinario de revisión, a la finalidad de este y las irregularidades que apunta a corregir; expresó que ello erige, en materia contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:
«De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza
idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:
«De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos pro cesos, el extraordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causaRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01878 -00
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petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales concurrentes […]».
Igualmente, si los accionantes consideraban que se configuró una causal de nulidad, debi eron alegarla al interior del proceso de reparación directa, en la oportunidad prevista en el artículo 134 del Código General del Proceso, por lo cual no puede aceptarse que pretenda n en esta sede invocarla, cuando se abstuvieron de hacerlo oportunamente.
De tal manera que, ante la existencia de otros mecanismos judiciales para reclamar la protección del derecho que se invoca como conculcado, la acción de tutela,
abstuvieron de hacerlo oportunamente.
De tal manera que, ante la existencia de otros mecanismos judiciales para reclamar la protección del derecho que se invoca como conculcado, la acción de tutela, respecto a los mencionados cargos , resulta improcedente, máxime cuando no se advierte la probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable o alguna situación que haya impedido al accionante hacer uso de los medios referidos.
Ahora bien, la parte accionante manifestó que, como se consignó en el salvamento de voto , la decisión de analizar la caducidad en segunda instancia trasgredió el principio de seguridad jurídica, de conformidad con la sentencia T-191 de 2009 de la Corte Constitucional (correspondiente al expediente T -2123838). Si bi en no adecuó argumento a alguna causal específica de procedibilidad, lo cierto es que encaja en el desconocimiento del precedente judicial , y dado que frente a dicho defecto sí se supera la totalidad de exigencias generales, su estudio se efectuará a la luz de esa causal.
En primer lugar, se precisa que los salvamentos de voto constituyen desacuerdos con la posición mayoritaria y por ello no resultan vinculantes , de manera que el aludido por la parte actora frente a la sentencia aquí discutida no podría entenderse como obligatorio para el resto de los integrantes de la Subsección ni como un criterio que invalide la tesis prevalente.
Aclarado ello, se observa que la sentencia alegada como inaplicada no constituye precedente judicial para el caso, dadas las particularidades del asunto bajo análisis que lo diferencian del allí examinado.
Mientras en el primero, la discusión planteada por la parte actora en esta sede surge
precedente judicial para el caso, dadas las particularidades del asunto bajo análisis que lo diferencian del allí examinado.
Mientras en el primero, la discusión planteada por la parte actora en esta sede surge debido a que , a su juicio, durante el trámite de admisión de la demanda de reparación directa el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de rechazo, definió que el medio de control de reparación directa había sido instaurado en tiempo, lo que, en criterio de los solicitantes del amparo, impedía que esa misma corporación, posteriormente, se pronunciara nuevamente sobre el particular y cambiara su posición ; en el segundo, esto es, en la Sentencia T-191 de 2009, el máximo tribunal constitucional se pronunció frente a un caso en el que , pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la excepción previa de caducidad de la acción de grupo, en la sentencia de primera instancia un Juzgado la declaró probada, desconociendo la decisión de su superior jerárquico, sin siquiera señalar algún vicio de ilegalidad.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01878 -00
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Al respecto, además, se aclara que, contrario a lo señalado por la parte accionante, en el auto del 29 de agosto de 2012 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se dejó claro que «sobre el fenómeno de la caducidad de la
en el auto del 29 de agosto de 2012 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se dejó claro que «sobre el fenómeno de la caducidad de la acción debería volverse en el momento de decidir la controversia, con base en las pruebas que se alleguen», lo cual efectivamente aconteció.
Lo expuesto permite concluir que los supuestos fácticos de ambos casos no pueden equipararse, por lo cual no se denota la configuración de un desconocimiento del precedente judicial por parte de la autoridad judicial aquí accionada, máxime cuando esta sí justificó el análisis de la caducidad en la sentencia de segunda instancia, al indicar «las decisiones interlocutorias adoptadas por el tribunal y esta corporación en relación con la caducidad no constituyen cosa juzgada que impida pronunciarse sobre la oportunidad de la acción. Según los artículos 175 del CCA y 306 del CPC, solo las sentencias ejecutoriadas hacen tránsito a cosa juzgada, y la excepción de caducidad debe ser declara da en cualquier momento», argumentación esta última que no fue controvertida por la parte accionante.
En consecuencia, se negará el amparo solicitado en relación con el desconocimiento del precedente judicial y se declarará improcedente la acción en lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado en relación con el desconocimiento del precedente judicial.
Segundo. DECLARAR improcedente la acción en lo demás, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado en relación con el desconocimiento del precedente judicial.
Segundo. DECLARAR improcedente la acción en lo demás, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -01878 -00
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente