CE - Sentencia 11001031500020250188500
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250188500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01885-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6 y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se declara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, quien a través de apoderad o, interpone acci ón de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de jus ticia, la seguridad social y al principio de sostenibilidad financiera, ocurrida con ocasión
Sala de Decisión núm. 6, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de jus ticia, la seguridad social y al principio de sostenibilidad financiera, ocurrida con ocasión de la expedición de los autos del 23 de abril de 2019 y 10 de junio de 2021, respectivamente, y los autos proferidos el 19 de agosto de 2021, 11 de noviembre de 2021 y 2 de diciembre de 2021, dentro del proceso ejecutivo con radicado 15238-33-33-752-2015-00225-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Blanca Mireya Carvajal Moreno interpuso demanda ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social , a fin de que se efectuara el pago de la reliquidación de la pensión gracia, los intereses moratorios y la indexación, de conformidad con la sentencia proferida el 7 de mayo de 2014 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá.
3. Por lo anterior, e l Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama mediante auto del 8 de marzo de 2017 resolvió seguir adelante con la ejecución a favor de la señora Blanca Mireya Carvajal Moreno y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.
4. Así las cosas, la autoridad judicial a través de auto del 2 8 de abril de 2019 decretó medida de embargo y retención de dineros en las cuentas de la entidad demandada en el Banco Popular , limitando el embargo en la suma de $
4. Así las cosas, la autoridad judicial a través de auto del 2 8 de abril de 2019 decretó medida de embargo y retención de dineros en las cuentas de la entidad demandada en el Banco Popular , limitando el embargo en la suma de $ 64.358.730, decisión contra la que la UGPP interpuso recurso de apelaciónAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01885-00
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2 argumentando la regla de inembargabilidad de dichas cuentas.
5. Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6 mediante auto del 10 de junio de 2021 modificó la decisión recurrida en el sentido de excluir una de las cuentas de la orden de embargo al no ser titular la entidad ejecutada, y confirmó en lo demás dicho proveído.
6. Luego, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama mediante autos del 19 de agosto, 11 de noviembre y 2 de diciembre de 2021 , requirió al Banco Popular para que informara sobre el registro de la medida de embargo .
Esta última providencia fue notificada por estado el 3 de diciembre de 2021.
7. Sin embargo, la acción de tutela fue interpuesta el 31 de marzo de 2025 ante esta Corporación.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte accionante considera que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los siguientes defectos:
esta Corporación.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte accionante considera que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los siguientes defectos:
- Defecto sustantivo: al desconocer el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, el artículo 1° del Decreto 1101 de 2007, artículo 9, 13, literal m y 134 de la Ley 100 de 1993, el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012 , los artículos 1.2.1.8, 2.12.1.2, 2.12.1.8 del Decreto 1068 de 2015 por cuanto decretaron orden de embargo sobre recursos dirigidos a cubrir la gestión administrativa interna de la parte accionante, los cuale s son inembargables.
- Defecto fáctico al omitir la valoración de le Resolución 25 del 14 de enero de 2015 y la certificación de inembargabilidad de las cuentas corrientes en
el Banco Popular.
- Desconocimiento del precedente judicial en relación con las sentencias C-546 del 01 de octubre de 1992, C -354 del 08 de agosto de 1997 M.P Antonio Barrera Carbonell, C - 402 del 28 de agosto de 1997 M.P.
Alejandro Martínez Caballero y C793 del 24 de septiembre de 2002 M.P Jorge Humberto Valero Rodríguez
- Violación directa de la Constitución Política en relación con los artículos 29, 48, 63, 229, de la Carta Política , al decretar la orden de embargo sobre recursos inembargables.
2.3. Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
artículos 29, 48, 63, 229, de la Carta Política , al decretar la orden de embargo sobre recursos inembargables.
2.3. Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISIÓN No. 6 dentro del proceso ejecutivo No. 1523333300220150022500.
Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:
a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 23 de abril de 2019 dictadoAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01885-00
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3 por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA y modificado mediante prov eído del 10 de junio de 2021
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISIÓN
No. 6 que decretaron medida de embargo sobre las cuentas que la UGPP tiene en el Banco Popular y donde persiste tal medida cautelar, dictados dentro del proceso ejecuti vo rad. 1523333300220150022500 y, en consecuencia, declarar la improcedencia de la medida de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, que
dentro del proceso ejecuti vo rad. 1523333300220150022500 y, en consecuencia, declarar la improcedencia de la medida de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, que se administran en todas las cuentas de titularidad de la UGPP en el Banco Popular.
b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular y al Banco Agrario el desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP». (Sic a toda la cita)
2.4. Intervenciones
10. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 2 de abril de 2025, a través del cual ordenó notificar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6 como accionados y al Banco Popular y a la señora Blanca Mireya Carvajal Moreno como terceros interesados en el resultado del proceso.
11. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama señaló que la acción de referencia no cumple el requisito de inmediatez, toda vez que las sentencias dictadas al interior del proceso ejecutivo se profirieron el 28 de abril de 2019 y 10 de junio de 2021, respectivamente. No obstante, la autoridad judicial accionada argumentó que la medida cautelar de embargo procedía en el caso concreto por tratarse de un incumplimiento de la en tidad accionante en relación con la sentencia proferida por la jurisdicción, de conformidad con las sentencias
dictadas por esta Corporación al interior de los radicados: 1101-03-15-000-021901589-00 y 08001-23-31-000-2017-00118-02.
12. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6 adujo que los recursos susceptibles de la medida cautelar no pertenecían al Sistema General de Seguridad Social por lo que procedía su decreto. Sin embargo, adujo que una de las cuentas no era de propiedad de la ejecut ada, por lo que debía excluirse del embargo. De otra parte, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los requisitos generales y especiales para su procedencia.
13. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
15. Si bien la parte accionante dirige la acción de tutela de la referencia en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, por la expedición de los autos del 23 de abril de 2019 y 10 de junio de 2021, respectivamente, reiteradas en losAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01885-00
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4 autos del 19 de agosto de 2021, 11 de noviembre de 2021 y 2 de diciembre de 2021, dentro del proceso ejecutivo con radicado 15238 -33-33-752-2015-0022500 [01], lo cierto es que, de cumplirse los requisitos para la p rocedencia del mecanismo constitucional en el presente caso, esta Sala únicamente abordará el estudio de la providencia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá debido a que esta resolvió en segunda instancia la solicitud de medida cautelar dentro del proceso ejecutivo; y los autos proferidos con posterioridad por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama el 19 de agosto de 2021, 11 de noviembre de 2021 y 2 de diciembre de 2021.
3.3. Problema jurídico
16. De confor midad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en establecer si e n el presente caso se cumplen los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En el evento que se cumplan los primero s, se deberá determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6 y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama incurrieron en el defecto sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución Política y el desconocimiento del precedente al proferir la s decisiones judiciales del 10 de junio de 2021 y 19 de
fáctico, violación directa de la Constitución Política y el desconocimiento del precedente al proferir la s decisiones judiciales del 10 de junio de 2021 y 19 de agosto de 2021, 11 de noviembre de 2021 y 2 de diciembre de 2021, respectivamente, al interior del proceso ejecutivo con radicado 15238-33-33-7522015-00225-00 [01].
3.4. Procedencia de la acción de tutela
17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cua ndo no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
18. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cu ando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimie ntos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01885-00
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5 la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.5. Del requisito de inmediatez
20. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.5. Del requisito de inmediatez
20. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la tutela contra providencia judicial se ha interpues to en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:
«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las dec isiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
Además, como lo señaló la misma Corporación1, el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable 2»; «da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella»3; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»4.
21. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.
22. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
22. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejer ce oportunamente»5.
3.6. Caso concreto
23. La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6 y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama incurrieron en el defecto sustantivo, fáctico, violación direc ta de la Constitución Política y el desconocimiento del precedente judicial. Sin embargo, la Sala procederá a determinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
24. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:
- La señora Blanca Mireya Carvajal Moreno interpuso demanda ejecutiva en
1 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. 2 Sentencias T-016 de 2006, T -158 de 2006, T -654 de 2006, T -890 de 2006, T -905 de 2006, T -1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
3 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T -1084 de 2006, T -825 de 2007, T -299 de 2009, T -691 de 2009 y T -883 de 2009, entre otras. 4 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras. 5 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01885-00
Accionante: UGPP
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6 contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, a fin de que se efectuara el pago de la reliquidación de la pensión gracia, los intereses moratorios y la indexación, aportando como título base de recaudo la sentencia proferida el 7 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
- El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama mediante auto
moratorios y la indexación, aportando como título base de recaudo la sentencia proferida el 7 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
- El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama mediante auto del 8 de marzo de 2017 resolvió seguir adelante con la ejecución a favor de la señora Blanca Mireya Carvajal Moreno y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona l y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
- Así las cosas, la autoridad judicial a través de auto del 28 de abril de 2019 decretó medida de embargo y retención de dineros en las cuentas de la entidad demandada en el Banco Popular, limitando el embargo en la suma de $ 64’358.730, decisión contra la que la UGPP interpuso recurso de apelación argumentando la regla de inembargabilidad de dichas cuentas.
- En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6 mediante auto del 10 de junio de 2021 modificó la decisión recurrida en el sentido de excluir una de las cuentas de la orden de embargo al no ser titular la entidad ejecutada, y confirmó en lo demás dicho proveído.
- Luego, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama mediante autos del 19 de agosto, 11 de noviembre y 2 de diciembre de 2021, requirió al Banco Popular para que informara sobre el registro de la medida de embargo. Esta última providencia fue notificada por estado el 3 de diciembre de 2021.
- La acción de tutela fue interpuesta el 31 de marzo de 2025 ante esta
Corporación.
medida de embargo. Esta última providencia fue notificada por estado el 3 de diciembre de 2021.
- La acción de tutela fue interpuesta el 31 de marzo de 2025 ante esta
Corporación.
25. Así las cosas, resulta evidente para la Sala que en el presente asunto no se acredita el requisito de inmediatez, puesto que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social radicó la acción de tutela el 31 de marzo de 2025, pese a que la última providencia cuestionada se notificó por estado el 3 de diciembre de 2021, habiendo transcurrido un periodo superior a tres años desde su ejecutoria.
26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró vulnerado un derecho, máxime cuando quien presenta la acción de tutela es una entidad pública, pues, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales en tanto no se justifiquen circunstancias que impidan, de manera directa, la defensa inmediat a de los intereses que se persiguen.6
27. Sin embargo, la parte accionante no expuso ningún argumento que justifique la tardanza en la interposición del amparo, por lo que es imp ortante reiterar que el juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e
6 Corte Constitucional, sentencia T -581 de 2012. Asimismo, pueden ver se las sentencias T -491
el juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e
6 Corte Constitucional, sentencia T -581 de 2012. Asimismo, pueden ver se las sentencias T -491 de 2009 y T-189 de 2009, sentencia SU-184 de 2019.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-01885-00
Accionante: UGPP
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
7 inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes bien, revela una afectación a l principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.
28. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la presente acción de tutela no cumple el requisito de inmediatez, lo que la releva de analizar los demás presupuestos de procedencia y que impone declarar su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.