CE - Sentencia 11001031500020250189000
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250189000
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: NELSON MARIO MEJÍA OSPINA EN CALIDAD DE AGENTE
OFICIOSO DE LA MENOR MBC
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Auto por medio del cual se rechaza la demanda y se declara configurado el fenómeno de la caducidad.
Medio de control de reparación directa. Defecto s sustantivo y desconocimiento del precedente judicial . Sujeto de especial protección constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Nelson Mario Mejía Ospina, en su condición de Procurador 186 Judicial I para Asuntos Administrativos, quien actúa en calidad de agente oficioso de la menor MBC, contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
I. ANTECEDENTES
186 Judicial I para Asuntos Administrativos, quien actúa en calidad de agente oficioso de la menor MBC, contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 31 de marzo de 2025, la parte accionante instauró acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana, por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela formuló las siguientes:
“PRIMERA: CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad material, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de MBC.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el auto interlocutorio N° 939 del 28 de noviembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión.
TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA PRIMERA DE DECISIÓN, como medida de acción afirmativa, que dicte un nuevo pronunciamiento sobre el rechazo de la demanda por caducidad en el marco del medio de control de reparación directa, demandante: MBC, demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL -SUPERINTEDENCIA NACIONAL DE SALUDFIDUPREVISORA S.A. -ADMINISTRDOR DEL PAR CAPRECOM LIQUIDADOREMANENTES ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS LIQUIDADO, radicado 27001-33-33-005-2024-00102-01, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta, discapacidad severa y la condición de sujeto de
LIQUIDADO, radicado 27001-33-33-005-2024-00102-01, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta, discapacidad severa y la condición de sujeto de especial y reforzada protección de la menor MBC; la subregla ii contenida en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico expediente 85001 -33-33-0022014-00144-01 (61.033), según la cual “el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hub iesen impedido materialmente el ejercicio del derecho deRadicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2 acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley” y los lineamientos del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 2022, radicado 11001-03-15-000-202201613-00, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, relativo a la flexibilización del conteo del plazo de caducidad frente a personas en situación de discapacidad mental.
CUARTA: PREVENIR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, para que no vuelva a incurrir en las omisiones que dieron lugar a la presentación de esta acción ”.
2. Hechos
discapacidad mental.
CUARTA: PREVENIR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, para que no vuelva a incurrir en las omisiones que dieron lugar a la presentación de esta acción ”.
2. Hechos
La parte accionante relató que la menor MBC nació el 24 de mayo de 2008 y el 4 de junio de 2009, le fue practicado en el Hospital Departamental San Francisco de Asís procedimiento quirúrgico, debido a la patología que presentaba de “sepsis de origen abdominal, falla respiratoria aguda, paro cardiaco revertido, encefalopatía hipoxia con síndrome convulsivo secundario”.
Señaló que el procedimiento quirúrgico realizado trajo como perjuicio retraso en el desarrollo psicomotor, deterioro cognitivo grave , por lo que refirió que MBC “no camina, no habla, gira la mirada al hablarle, no puede valerse por sí misma, requiere de cuidados especiales en casa, secuelas neurológicas severas, con alteración en las funciones complejas e integradas del cerebro”.
Adujo que el 25 de julio de 2014 , la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió dictamen para calificar la pérdida de capacidad funcional del 94.20%, debido a “secuelas encefalopatía hipóxica -retardo severo en el desarrollo psicomotor”, en el que quedó como fecha de estructuración el 4 de junio de 2009.
Sostuvo que el 14 de junio de 2024, en ejercicio del medio de control de reparación directa, la representante legal de la menor MBC por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la
Sostuvo que el 14 de junio de 2024, en ejercicio del medio de control de reparación directa, la representante legal de la menor MBC por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, La Fiduprevisora S.A en calidad de administradora de Caprecom y el Hospital Departamental San Francisco de Asís liquidado, con el fin de que se recono cieran y pag aron los daños y perjuicios causados al momento en que se realizó la intervención quirúrgica a MBC, el 4 de junio de 2009.
Indicó que el asunto le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó con radicado n.º 27001-33-33-005-2024-00102-00 y que, por auto de 24 de junio de 2024 rechazó la demanda de reparación directa por considerar que se había configurado el fenómeno de la caducidad para acudir al medio de control, ya que el daño alegado se había constituido el 25 de julio de 2014, cuando se realizó la calificación de la pérdida de capacidad funcional.
Aludió que contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en que se trata de un caso en el que debe contabilizarse el término de caducidad de manera excepcional, porque los tratamientos médicos a los que ha sido sometida la menor MBC, se han prolongado en el tiempo y el escrito de la demanda es claro en establecer que reclama de manera directa la afectada, quien no tiene pleno conocimiento del daño.
El recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo del Chocó, que
de la demanda es claro en establecer que reclama de manera directa la afectada, quien no tiene pleno conocimiento del daño.
El recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo del Chocó, que por auto de 28 de noviembre de 2024 decidió confirmar, por las mismas razones, el rechazo de la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
3
3. Fundamentos de la acción
La parte actora hizo mención al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y mencionó que, en el caso en concreto, se supera la relevancia constitucional porque la controversia involucra definir el alcan ce de los derechos fundamentales de una menor de edad en situación de discapacidad, a lo que agregó que no existe otro mecanismo para dejar sin efectos el auto proferido por el Tribunal accionado y la solicitud de amparo se presentó en un plazo razonable.
Frente a las causales especificas señaló que la Corte Constitucional ha sostenido que el término de caducidad de la acción de reparación directa no puede aplicarse de manera absoluta, por lo que en el caso de la menor MBC y según da cuenta la historia clínica, la misma no tiene consciencia de la certeza del daño antijurídico configurado, ya que padece de una discapacidad mental y una pérdida de capacidad
de manera absoluta, por lo que en el caso de la menor MBC y según da cuenta la historia clínica, la misma no tiene consciencia de la certeza del daño antijurídico configurado, ya que padece de una discapacidad mental y una pérdida de capacidad funcional que asciende a 94.20%, que no le permite dimensionar la gravedad de las lesiones sufridas y el menoscabo en su salud.
Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por aplicar de manera exegética la regla de contabilización del término de caducidad de la acción de reparación directa, esto es, lo consagrado en el literal i), numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, sin tener en cuenta la discapacidad que tiene MBC. Por lo que consideró que el análisis del caso de la accionante debió efectuarse desde el enfoque de los derechos humanos, con una perspectiva de género y enfoque difere ncial, en aplicación a los principios pro actione y pro damnato, y el respeto del precedente judicial según el cual el término de caducidad no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezara a correr el plazo de ley.
Por último, mencionó que se desconoció “el alcance de los derechos fundamentales de los menores en situación de discapacidad en relación con el plazo de caducidad en la acción de reparación directa fijado en jurisprudencia reiterada por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de las sentencias de tutela T -156 de 2009, T-075 de 2014, T-528 de 2016 y T-301 de 2019; la subregla ii contenida en la
Constitucional a través de la ratio decidendi de las sentencias de tutela T -156 de 2009, T-075 de 2014, T-528 de 2016 y T-301 de 2019; la subregla ii contenida en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), según la cual el término de caducidad no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley; y los lineamientos del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 2022, radicado 11001-03-15000-202201613-00, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, relativo a la flexibilización del conteo del plazo de caducidad frente a personas en situación de discapacidad mental”.
4. Trámite procesal
Por auto de 9 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo del Chocó-. Así mismo, al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó, como tercer o interesado en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
artículo 610 del Código General del Proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
4 La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 46584 a 46587 del 10 de abril de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión 1 .
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Chocó
El presidente de la Sala Primera de Decisión rindió informe en el que manifestó que al momento en que se dictó el auto de 28 de noviembre de 2024 objeto de reproche constitucional, se analizaron las circunstancias que presenta la menor MBC, de las cuales se extrajo que los hechos que originaro n el daño en la salud son del 4 de junio de 2009, cuando fue ingresada a la UCE pediátrica, luego de presentar dificultad respiratoria y distención abdominal posterior a la realización de herniorrafía umbilical, siendo diagnosticada con sepsis abdominal, falla respiratoria aguda secundaria, paro cardiaco revertido y encefalopatía hipóx ica con síndrome compulsivo.
Mencionó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 25 de julio de 2014 determinó que la menor tenía pérdida de capacidad funcional del 94.20%, por lo que el Tribunal tomó dicha fecha para el conteo de la caducidad de
Mencionó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 25 de julio de 2014 determinó que la menor tenía pérdida de capacidad funcional del 94.20%, por lo que el Tribunal tomó dicha fecha para el conteo de la caducidad de la acción, encontrando que la demanda fue presentada casi diez años después, esto es, el 14 de junio de 2024, por lo que se confirmó el rechazo de la demanda por configurarse la caducidad en el medio de control de reparación directa.
Expuso que la inconformidad planteada se propone como un mecanismo para revivir términos, debido a que la madre de la menor MBC dejó fenecer el plazo para interponer la demanda, motivo por el que debe declararse la improcedencia de la acción de tutela y señaló que no vulneró los derechos fundamentales alegados.
5.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó , quien fue vinculado como tercero con interés, remitió el link del expediente digital. Sin embargo, no rindió informe al asunto, aun cuando fue debidamente notificado del auto admisorio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Cuestión preliminar
La agencia oficiosa en tutela. Legitimación por activa
La Constitución Política en su artículo 86 consagra que toda persona tendrá derecho
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La agencia oficiosa en tutela. Legitimación por activa
La Constitución Política en su artículo 86 consagra que toda persona tendrá derecho a acudir a la acción de tutela para solicitar ante los jueces, en todo momento y lugar, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 expone lo siguiente:
1 Índice 7 SamaiRadicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
5 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También, se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud (…)”.
Para intervenir como agente oficioso en la acción de tutela es necesario que tal manifestación sea expresa o se infiera claramente que se actúa como agente
manifestarse en la solicitud (…)”.
Para intervenir como agente oficioso en la acción de tutela es necesario que tal manifestación sea expresa o se infiera claramente que se actúa como agente oficioso de otra persona y que el agenciado se encuentre en imposibilidad de promover directamente la acción de tutela.
En efecto, la agencia oficiosa en la acción de tutela tiene como fin la efectiva protección de los derechos fundamentales ajenos, por cuanto el titular del derecho se encuentra en imposibilidad de ejercer su propia defensa por determinada condición o event o, en el caso en concreto, la Sala advierte que quien acude en calidad de agente oficioso el señor Nelson Mario Mejía Ospina, en su condición de Procurador 186 Judicial I para Asuntos Administrativos.
Con el escrito de la demanda el agente oficioso indicó que promueve la acción teniendo en consideración las funciones delegadas en los artículos 37 y 38 del Decreto Ley 262 de 2000, así como de lo sostenido por la Corte Constitucional en sentencia T-293 de 2013, en la que se dijo que, los procu radores tienen un amplio conjunto de competencias para interponer las acciones que consideren necesarias para proteger los derechos ajenos o el interés púbico, que para el caso, según dijo, la representante legal de la menor MBC, le solicitó agenciar los derechos de la niña por considerarlos vulnerados con las decisiones reprochadas.
En ese orden, según se evidenció de las documentales allegadas, la menor MBC es un sujeto de especial protección constitucional en razón a su edad y a la condición de discapacidad que presenta y que le impide ejercer sus derechos por sí misma. Sumado a que, del contexto planteado en el escrito de tutela, la Sala infiere
es un sujeto de especial protección constitucional en razón a su edad y a la condición de discapacidad que presenta y que le impide ejercer sus derechos por sí misma. Sumado a que, del contexto planteado en el escrito de tutela, la Sala infiere que su representante legal pidió la intervención del procurador con el fin de salvaguardar los derechos que considera vulnerados, por lo que la Sala declara que el señor Nelson Mario Mejía O spina, en su condición de Procurador 186 Judicial I para Asuntos Administrativos está legitimado para actuar en representación de la menor MBC.
3. Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con el escrito de tutela, la Sala advierte que el agente oficioso indicó que se desconocieron algunas sentencias relacionadas con la excepción de la caducidad, por lo que se entiende que aun cuando no lo invoca de manera precisa, considera que la decisión reprochada incurre en el defecto por desconocimiento del precedente judicial.
En esa medida, l e corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo constitucional cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana , al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial con el auto de 28 de noviembre de 2024,
dictado en el medio de reparación directa con radicado n.º 27001-33-33-005-202400102-01, por el que resolvió confirmar la decisión que rechazó la demanda por advertirse configurado el fenómeno de la caducidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
6
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145,
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo 10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 3 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
7 motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la Constitución 14 .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela supera el presupuesto de relevancia constitucional porque debe definirse si se vulneraron a l a accionante, quien es menor de edad y tiene una condición de discapacidad, los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana, con el auto de 28 de noviembre de 2024 dictado en el medio de reparación directa con radicado n.º 27001-33-33-005-2024-0010201, por el que el Tribunal Administrativo del Chocó resolvió confirmar la decisión que rechazó la demanda por advertirse configurado el fenómeno de la caducidad.
Por tal motivo, la Sala considera que se trata de una genuina discusión constitucional que concierne lo relativo a la posible vulneración de las garantías ius fundamentales de l a agenciada, quien es un sujeto de especial protección constitucional, pues como lo ha sostenido la Corte Constitucional “los niños y niñas en condición de discapacidad gozan de una protección especial en la que prevalecen sus derechos sobre los de los demás y que cualquier vulneración a su salud exige una actuación inmediata y prior itaria por parte de todas las autoridades públicas, incluyendo al juez constitucional 17 ”.
Respecto de los demás requisitos, la Sala observa que (ii) la parte actora no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues la decisión objeto de reproche fue proferida
constitucional 17 ”.
Respecto de los demás requisitos, la Sala observa que (ii) la parte actora no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues la decisión objeto de reproche fue proferida en el marco de la segunda instancia y la decisión no se enmarca dentro de los supuestos de procedencia del recurso extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia , (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la
12 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 14 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU -114 de 2023 y SU061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jean nette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. 17
Sentencia T-406 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01890-00
Demandante: Nelson Mario Ospina en calidad de agente oficioso de la menor MBC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
8 providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico el 5 de diciembre de 2024 y la acción de tutela se presentó el 31 de marzo de 2025, esto es, tres (3) meses y veintiséis (26) días después, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará a
dirige contra un fallo
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.