CE - Sentencia 11001031500020250189100
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250189100
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: JEFFERSON JAVIER BERMÚDEZ ROPERO Y OTROS Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES - Procede estudio de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se configuran en este caso, porque la autoridad judicial no aplicó las sentencias de unificación establecidas para casos de indemnización de perjuicios morales, materiales por lucro cesante y daño a la salud en caso de lesiones y no valoró correctamente el acta de junta médica laboral para determinar su acreditación. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por los ciudadanos Jefferson Javier Bermúdez Ropero, Marbelly Eliana Ropero Castro, Yovany Bermúdez Méndez y Wilder Giovanni Bermúdez Ropero, actuando por conducto de apoderada, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 31 de marzo de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. Hechos relevantes
de marzo de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. Hechos relevantes 2. El señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero prestó su servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional, siendo asignado al Batallón de Ingenieros núm. 30 “CR. José Alberto Salazar Aranza”, ubicado en el municipio de Tibú, Norte de Santander. 3. El 6 de febrero de 2015 mientras se encontraba en las instalaciones del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento núm. 30, ubicado en el 1 Que ingresó para fallo el 21 de abril de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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municipio de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, sufrió una caída que le generó una lesión en la rodilla derecha. 4. Por medio de Acta núm. 91055 del 1° de noviembre de 2016, la Junta Médica Laboral determinó que, por lo hechos ocurridos, había sufrido una pérdida de la capacidad laboral del 20.5%, como consecuencia “de una gonalgia izquierda, producto de un “trauma rodilla izquierda tipo contuso que produce meniscopatía medial rodilla derecha, por lo cual ameritó artroscopia”. 5. Dado que las lesiones tuvieron lugar “en el servicio, por causa y razón del mismo”, los accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con el fin que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios causados. 6. Al proceso se le asignó el número de radicación 11001-33-36-036-2017-00096-00 y su conocimiento correspondió al Juzgado Treinta Seis Administrativo de Bogotá que, por medio de sentencia del 30 de junio de 2022, declaró la responsabilidad de la entidad demandada y la condenó en abstracto al pago de perjuicios materiales, morales y de daño a la salud. 7. Contra dicha decisión ambas partes interpusieron apelación, recurso que fue resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a través de providencia del 30 de septiembre de 2024, revocó lo fallado en primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. 8. Por considerar que la decisión en comento incurría en un desconocimiento del precedente y un defecto fáctico, la parte demandante presentó acción de tutela contra providencia judicial en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del
negó las pretensiones de la demanda. 8. Por considerar que la decisión en comento incurría en un desconocimiento del precedente y un defecto fáctico, la parte demandante presentó acción de tutela contra providencia judicial en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 9. El expediente de tutela fue radicado con el número 1001-03-15-000-2024-06337-00 y su estudio fue asignado a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2024, negó el amparo solicitado. 10. La decisión fue impugnada y correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, por medio de providencia del 14 de febrero de 2025, revocó la primera instancia y, en su lugar, (i) concedió la protección de los derechos fundamentales invocados, (ii) dejó sin efectos la sentencia del 30 de septiembre de 2024 y (ii) ordenó a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictar fallo de reemplazo. 11. En cumplimiento de la orden constitucional, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió nueva sentencia el 13 de marzo de 2025, en la cual resolvió lo siguiente:Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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“[…] SEGUNDO: En consecuencia, MODIFICAR la sentencia del 30 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Treinta y seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional por los perjuicios de los cuales fue objeto la parte actora con ocasión de las lesiones que sufrió JEFFERSON JAVIER BERMÚDEZ ROPERO, mientras prestó el servicio militar obligatorio, conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas por los conceptos que se indican a continuación: ̶ Perjuicio Moral ̶ 27.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los señores Jefferson Javier Bermúdez Ropero (víctima directa), Yovany Bermúdez Méndez y Mabelly Eliana Ropero Castro (padres). ̶ 13.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Wilder Giovanny Bermúdez Ropero, en su calidad de hermano del afectado. ̶ Daño a la salud ̶ 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero (víctima directa). TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]”. Pretensiones 12. Fueron elevadas en el escrito las siguientes (trascripción literal): “1. Solicito respetuosamente que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de JEFFERSON JAVIER BERMÚDEZ ROPERO, MARBELLY ELIANA ROPERO CASTRO, YOVANY BERMÚDEZ MÉNDEZ y WILDER GIOVANNI BERMÚDEZ ROPERO. 2. Como
la administración de justicia e igualdad de JEFFERSON JAVIER BERMÚDEZ ROPERO, MARBELLY ELIANA ROPERO CASTRO, YOVANY BERMÚDEZ MÉNDEZ y WILDER GIOVANNI BERMÚDEZ ROPERO. 2. Como consecuencia de lo anterior, que se declare sin validez ni efectos jurídicos la providencia del 13 de marzo del 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, proceso con radicado 11001-33-36-036-2017-00096-01, en lo relacionado con la liquidación de perjuicios morales, materiales y de daño a la salud. 3. En desarrollo de lo anterior, que se ordene proferir una nueva providencia en la que se liquiden perjuicios morales, de daño a la salud y materiales (lucro cesante), de conformidad con la afecciones físicas e incapacidad demostradas objetivamente con las pruebas aportadas en el proceso; y respetando los lineamientos establecidos en el precedente judicial del Consejo de Estado sobre estos asuntos”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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Fundamentos de la demanda de tutela 13. La parte accionante sostiene que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la expedición de la sentencia del 13 de marzo de 2025, incurrió en un defecto fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto justificó la liquidación de los perjuicios de daño a la salud en una suma inferior a lo establecido por el Consejo de Estado, afirmando que la gravedad e intensidad del perjuicio, conforme a la valoración de la Junta Médica Laboral, se ubica en el menor rango (1 a 10 SMLMV), dado que consideró que las características de la lesión sufrida por el señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero no significaba una “anormalidad mayor”. 14. En ese sentido, aduce que no se realizó un estudio completo e integral del Acta de Junta Médica Laboral núm. 91055 del 1° de noviembre de 2016, en la que se concluyó que la lesión le genera una “incapacidad permanente parcial”, por una “disminución de la capacidad laboral del veinte punto cinco por ciento (20.5%)”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 1-191 del artículo 47 del Decreto 094 de 1989, esto es, “lesiones o afecciones que produzcan alteración de la función de una rodilla”. 15. Adicional a ello, manifiesta la configuración de un desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el cual: (i) reconoce perjuicios morales de manera objetiva a la víctima directa y su familia, con fundamento en la disminución
de la capacidad laboral dictaminada; (ii) reconoce perjuicios de daño a la salud de manera objetiva a la víctima directa, con fundamento en la disminución de la capacidad laboral dictaminada; y (iii) reconoce perjuicios materiales por lucro cesante a conscriptos que adquirieron una disminución de la capacidad laboral, aun cuando no se demuestre que realizaba alguna actividad productiva antes de prestar el servicio militar obligatorio o que hubiere perdido alguna oportunidad laboral. 16. Frente al reconocimiento de perjuicios morales, expone que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado destacó una tabla de reparación del daño moral en caso de lesiones a favor de la víctima directa, sus familiares y terceros afectados, clasificándolos, según su cercanía, en cinco niveles, y tasando en seis rangos, según el porcentaje de incapacidad, el monto en salarios mínimos mensuales legales vigentes que le corresponde a cada uno. 17. Afirma que, pese a ello, el Tribunal accionado concluyó que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 “no constituye una norma absoluta” y, por lo tanto, su obligatoriedad se restringe a asignar un tope máximo en función del porcentaje dictaminado. Situación que llevó a que la liquidación de los perjuicios morales fuese en una suma muy inferior a lo que en derecho corresponde. 18. De igual modo, sobre el daño a la salud, señala que en la sentencia del 13 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que, a pesar de la comprobación de una disminución de la capacidad laboral del 20.5%,Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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la liquidación debía realizarse en el primer rango de la tabla de reparación establecida por el Consejo de Estado, esto es, un porcentaje “igual o superior al 1% e inferior al 10/%”, argumentos que distan de la realidad fáctica y desconocen ampliamente el precedente judicial, puesto que el señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero percibió verdaderas afectaciones a su integridad psicofísica, que le generan limitaciones en su capacidad laboral. 19. Finalmente, en cuanto al reconocimiento de perjuicios materiales por lucro cesante a conscriptos, sostiene que el Tribunal no tuvo en cuenta que (i) quienes prestan el servicio militar obligatorio se encuentran en una relación de sujeción con el Estado, por lo que no podrían encontrarse en una relación de trabajo; (ii) se entiende que solamente a partir del retiro del servicio, inician su vida productiva; y, por lo tanto, (iii) para la liquidación del lucro cesante se debe presumir que la víctima devengaría, por lo menos, un salario mínimo mensual vigente al momento de ocurrencia de los hechos, valor que se debe tomar como base para la liquidación a la fecha de la decisión. De este modo, (iv) el precedente en materia de reconocimiento del lucro cesante para soldados conscriptos, solamente exige la comprobación de una merma en capacidad laboral, sin que sea posible exigir la prueba del ejercicio de una actividad productiva durante o antes de la prestación del servicio militar obligatorio. Trámite en primera instancia 20. Por medio de auto del 2 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado. Asimismo, vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como tercero con interés en las resultas del proceso. 21. De igual modo, ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado. Asimismo, vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como tercero con interés en las resultas del proceso. 21. De igual modo, ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto. Intervenciones 22. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá adjuntó el link para consultar el expediente contentivo del proceso de reparación directa radicado núm. 11001-33-36-036-2017-00096-00. 23. Las demás partes guardaron silencio. II. C O N S I D E R A C I O N E S 24. Le corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De acreditarse, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo deRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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Cundinamarca, con la expedición de la sentencia del 13 de marzo de 2025, incurrió en alguna causal específica de procedibilidad y, en consecuencia, en la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante. Análisis del caso Cuestión previa 25. Previo a abordar el caso concreto, considera la Sala necesario pronunciarse en cuanto a la existencia o no de la cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia del 14 de febrero de 2025, a través de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió: “PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 12 de diciembre de 2024 mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo y, en su lugar, AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados por los accionantes. SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 30 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-036-2017-00096-01. TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dicte, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, un fallo que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta. […]”. 26. En dicho asunto, si bien el juez constitucional también estudió la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los ciudadanos Jefferson Javier Bermúdez Ropero, Yovany Bermúdez Méndez, Marbelly Eliana Ropero Castro y Wilder Giovanni Bermúdez Ropero, existen elementos que hacen diferente uno y otro proceso, como pasa a verse a continuación: 27. En el proceso de
administración de justicia de los ciudadanos Jefferson Javier Bermúdez Ropero, Yovany Bermúdez Méndez, Marbelly Eliana Ropero Castro y Wilder Giovanni Bermúdez Ropero, existen elementos que hacen diferente uno y otro proceso, como pasa a verse a continuación: 27. En el proceso de conocimiento de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado se discutió principalmente la aplicación de la figura del daño especial a la lesión sufrida por el señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero, mientras desempeñaba el servicio militar obligatorio en Norte de Santander, y la responsabilidad del Ejército Nacional en el daño antijurídico sufrido por la víctima. 28. Al respecto, en los fundamentos de dicha acción de tutela, la parte demandante expuso en su demanda: “[…] el señor Bermúdez Ropero, en cumplimiento de órdenes dadas por sus superiores, durante el desarrollo de la materia marcha se cayó. De otro lado, en el interrogatorio de parte expuso que durante y con ocasión del cumplimiento de órdenes del servicio, debido a la poca visibilidad e inestabilidad del terreno, sufrió una caída, por lo que se lesionó la rodilla derecha. […]Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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4.5.- El Consejo de Estado ha establecido que los soldados conscriptos se encuentran bajo una relación de especial sujeción, por lo que el Estado debe hacerse responsable por los daños sufridos durante el cumplimiento de una relación, y que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares”. 29. Argumentos frente a los cuales la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de febrero de 2025, se pronunció indicando: 12.5.- La Sala evidencia que el análisis realizado por la autoridad judicial accionada es aplicable a los casos de soldados profesionales, en los cuales la persona ingresa al servicio y asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la carrera militar, caso en el cual, en caso de producirse un daño, debe demostrarse que el Ejército Nacional incurrió en una falla en el servicio. 12.6.- El análisis realizado por la autoridad judicial accionada resulta inadecuado, pues en el caso de los conscriptos, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política, estos deben ser reparados sin necesidad de demostrar una conducta irregular de las autoridades públicas. Esto, en tanto la prestación del servicio militar es impuesta, y los conscriptos se encuentran sometidos a una carga superior a la que deben soportar, por lo que el Estado debe responder por los daños causados únicamente si se encuentra probado que el daño fue sufrido en desarrollo del servicio, como es el caso del accionante. 12.7.- Contrario a lo indicado en la providencia de primera instancia, esta subsección ha sostenido que el Estado responde por los daños que los conscriptos
sufran en el ejercicio de la actividad militar, en tanto se trata de personas sometidas a su custodia y cuidado que no ingresaron de forma voluntaria a la institución, sino en cumplimiento de un deber constitucional. Así, si un conscripto sufre un daño, este resulta imputable a la demandad porque se estima que el Estado tiene una obligación de resultado, por lo que opera el régimen objetivo de responsabilidad y, en consecuencia, le corresponde a la entidad acreditar una circunstancia extraña que lo exonere de responsabilidad. 12.8.- De conformidad con lo expuesto, pese a que el tribunal accionado afirmó que el Ejército Nacional demostró la configuración de una causa extraña, lo cierto es que en el proceso ordinario se acreditó que la lesión se produjo”. 30. Contrario a ello, en el caso de la referencia se debate si en el fallo de reemplazo del 13 de marzo de 2025 la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó lo dispuesto en la sentencia del unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, en lo relacionado con los parámetros fijados para indemnizar el daño a la salud, daño material por lucro cesante y daño moral, y los porcentajes correspondientes de acuerdo con la gravedad o la levedad de la lesión. 31. Aclarado lo anterior, se continuará con el estudio de la acción de tutela en comento.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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Requisitos generales de procedibilidad 32. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) el accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, (ii) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la última de las providencias enjuiciadas, (iii) no se está invocando una irregularidad procesal, (iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y (v) no se trata de una sentencia de tutela. 33. Asimismo, la Sala encuentra que (vi) se cumple con el requisito de relevancia constitucional dado que los cargos están suficientemente argumentados, teniendo en cuenta que la parte accionante explicó las razones por las cuales considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. 34. Adicionalmente, se advierte que también se fundamentaron las causales específicas de procedibilidad alegadas, por cuanto se expuso con claridad cuáles fueron las irregularidades probatorias en las que se incurrió en el curso del medio de control de reparación directa, esto es, la presunta falta de valoración del Acta de Junta Médica Laboral núm. 91055 del 1° de noviembre de 2016; así como el desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. 35. Además, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares esta Subsección2, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales. 36. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, en este caso,
se está frente a una duda sobre la potencial afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales. 36. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija en una instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y se justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos fundamentales”, concretamente, en el acceso a la administración de justicia de una víctima de una grave violación de derechos humanos. 2 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad. 11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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Análisis de los defectos alegados i. Del defecto fáctico 37. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de sentencia del 13 de marzo de 2025, declaró la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional por los perjuicios de los cuales fue objeto la parte accionante con ocasión de las lesiones que sufrió el señor Jefferson Javier Bermúdez Ropero mientras prestaba su servicio militar obligatorio. 38. Para efectos de liquidar el daño moral, la autoridad judicial accionada planteó lo siguiente: “49. En la demanda se solicitó una indemnización por daño a la salud por 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del lesionado. Se sustentó en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011 y “en ejercicio del arbitrio iudici, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida”. 50. Sobre la lesión, únicamente obra el acta de la junta médica que refiere lo siguiente: IV. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS (AFECCIÓN POR EVALUAR – DIAGNÓSTICO – ETIOLOGÍA – TRATAMIENTOS VERIFICADOS – ESTADO ACTUAL – PRONÓSTICO – FIRMA MÉDICO) Fecha: 10/06/2016 Servicio: ORTOPEDIA FECHA DE INICIO: EN 002/2015 CAIDA DE SU ALTURA TRAUMA EN RODILLA DERECHA CON POSTERIOR INESTABILIDAD. SIGNOS Y SINTOMAS: TRAUMA RODILLA DERECHA CON POSTERIOR EDEMA. DOLOR COJERA LEVE, REQUIRIO
TRATAMIENTO RECONSTRUCCION LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, JUNIO/16. ETIOLOGIA: TRAUMATICA. ESTADO ACTUAL: BUEN ESTADO GENERAL HIPOTROFIA DERECHA LEVE DESGARRE ARTICULAR RODILLA DERECHA, MANEJO QUIRURGICO, FLEXION LIMITE 90° FUERZA 4/5. DIAGNOSTICO: POSTOPERATORIO RECONTRUCCION LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR RODILLA DERECHA. PRONOSTICO: EXPECTANTE. (…) VI. CONCLUISONES ADIAGNÓSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES: 1) EN EL SERVICIO SUFRIO TRAUMA RODILLA IZQUIERDA TIPO CONTUSO QUE PRODUCE MENISCOPATIA MEDIAL RODILLA DERECHA POR LO CUAL AMERITO ARTROSCOPIA, VALORADO POR ORTOPEDIA QUE DEJA COMO SEUCELA A) GONALGIA IZQUIERDA. FIN DE LA TRANSCRIPCION. 51. La sala considera que la gravedad e intensidad del perjuicio – conforme a la única prueba aportada sobre ese aspecto – se ubica en el primer rango definido en la sentencia de unificación (1 a 10 smlmv) porque conRadicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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fundamento en la valoración del organismo médico laboral se considera que las características de la lesión por gonalgia, en los términos descritos no significa anormalidad mayor de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. 39. De acuerdo con dicha valoración ordenó una indemnización por valor de 10 SMLMV por concepto de daño a la salud, al considerar que, aunque la afección configuró una alteración a la salud y el desempeño de actividades cotidianas del lesionado, no se demostró perjuicio de mayor magnitud. 40. Frente a esto, la parte accionante sostiene que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no realizó un estudio completo e integral del Acta de Junta Médica Laboral núm. 91055 del 1° de noviembre de 2016, en la que se concluyó que la lesión le genera una “incapacidad permanente parcial”, por una “disminución de la capacidad laboral del veinte punto cinco por ciento (20.5%)”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 1-191 del artículo 47 del Decreto 094 de 1989, esto es, “lesiones o afecciones que produzcan alteración de la función de una rodilla”. 41. Ahora bien, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que el Tribunal accionado se fundamentó en lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2014, según la cual el juez debe tener en cuenta las secuelas de las lesiones que alteren el comportamiento y desempeño de la persona en su entorno social y cultural, para aplicar así un factor de corrección hasta el monto máximo de 100 salarios mínimos legales, como regla general, y hasta 400 salarios como excepción. 42. En ese sentido, consideró que el criterio para la tasación de este perjuicio debe fundarse en las consecuencias de la lesión, que deben estar debidamente
de corrección hasta el monto máximo de 100 salarios mínimos legales, como regla general, y hasta 400 salarios como excepción. 42. En ese sentido, consideró que el criterio para la tasación de este perjuicio debe fundarse en las consecuencias de la lesión, que deben estar debidamente acreditadas en el plenario, y en la gravedad en las condiciones físicas y de salud de la víctima. Por ello, consideró que, aunque existiese un acta de calificación de pérdida de la capacidad laboral, dicho documento no podía entenderse como “tarifa legal para acreditar este perjuicio”. 43. No obstante lo anterior, el Consejo de Estado en la misma sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, estableció los siguientes parámetros acordes con la gravedad o levedad de la lesión:Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01891-00 Accionante: Jefferson Javier Bermúdez Ropero y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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44. Según esta tabla y lo definido por esta corporación, “no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista”3. 45. Así las cosas, según el Acta de Junta Médica Lab
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