CE - Sentencia 11001031500020250191200

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250191200
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01912-00

Accionante: Andrés Hernando Zipa Ramírez Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro.

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho. Temeridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la acción de tutela formulada por Andrés Hernando Zipa Ramírez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 4 Administrativo de Tunja.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 1 de abril de 2025, Andrés Hernando Zipa Ramírez, mediante apoderado judicial, presentó una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana , mínimo vital , igualdad y acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de lo anterior, planteó las siguientes

súplicas:

«1. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la sala de decisión No. 03 del Tribunal Administrativo de Boyacá a través de la cual se confirma la no procedencia de la nulidad de los fallos disciplinarios y destitución

«1. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la sala de decisión No. 03 del Tribunal Administrativo de Boyacá a través de la cual se confirma la no procedencia de la nulidad de los fallos disciplinarios y destitución e inhabilidad en contra del expatrullero ANDRES HERNANDO ZIPA RAMIREZ […].

2. REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda de la nulidad de los fallos disciplinarios y destitución e inhabilidad en contra del expatrullero ANDRES HERNANDO ZIPA

RAMIREZ […]»

3. Como hechos relevantes , a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

destacan los siguientes:

1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01912-00

Accionante: Andrés Hernando Zipa Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

4. Andrés Hernando Zipa Ramírez hacía parte de la Policía Nacional, adscrito a la Estación de Policía del municipio de San Miguel de Sema (Boyacá), bajo el rango institucional de patrullero.

5. El 31 de enero de 2016, el hoy accionante junto con el Subintendente Wilson

la Estación de Policía del municipio de San Miguel de Sema (Boyacá), bajo el rango institucional de patrullero.

5. El 31 de enero de 2016, el hoy accionante junto con el Subintendente Wilson Sierra Guerrero se encontraba n en el establecimiento comercial «Zarperos Bar», presuntamente consumiendo bebidas embriagantes. En aquel lugar se vieron inmersos en una riña en la que resultó lesionado un tercero.

6. Con fundamento en lo anterior, se inició un proceso disciplinario en contra del hoy accionante, por causar lesiones personales a un ciudadano bajo el efecto de bebidas embriagantes, el cual terminó con sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones o cargos públicos por 11 años.

7. El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los fallos disciplinarios.

8. El 30 de junio de 2020, el Juzgado 4 Administrativo de Tunja negó las pretensiones de la demanda y señaló que los actos administrativos demandados no incurrieron en las causales de falsa motivación y desviación de poder. Adujo que tampoco se evidenció que se hubiera trasgredido el derecho al debido proceso.

9. La parte actora presentó recurso de apelación contra dicha decisión e insistió en que si hubo vulneración al derecho al debido proceso porque se analizó de manera indebida unas pruebas.

10. El 25 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de primera instancia.

11. Como fundamentos de la vulneración, el accionante sostuvo:

«a) Defecto Fáctico Negativo: En razón a que, dicha providencia de primera y segunda

sentencia de primera instancia.

11. Como fundamentos de la vulneración, el accionante sostuvo:

«a) Defecto Fáctico Negativo: En razón a que, dicha providencia de primera y segunda instancia carecen evidentemente de sustento probatorio fidedigno que diera lugar a la aplicación de la norma en contra de tal disciplinado ANDRES ZIPA. De tal manera que, la valoración probatoria fue realizada indebidamente y en otras oportunidades no se realizó, tal como ya fue explicado en el acápite de defectos procesales alegados.

b) Defecto Material o Sustantivo: Si se tiene presente que es clara y/o manifiesta la disonancia entre los fundamentos de la decisión y la decisión misma que se toma en la providencia atacada, toda vez que tienen sustento en dicha sentencia presupuestos que no eran de ser incluidos, contrario sensu fueron elementos materiales probatorios excluidos como la prueba de alcoholemia que sustentaba el estado del disciplinado, estado por el cual fue sancionado.

c) Decisión sin motivación: Toda vez que, es apenas razonable conforme a las circunstancias ya manifestadas en el acápite procedimental e indicados con sus debidos folios, la contradictoria tanto en primera, como en segunda instancia; argumentación realizada por dicho operador jurídico al contar con análisis deficientes de elementos materiales probatorios y obviar situaciones que podrían ser cruciales, como la indebida tasación conductual, por solo mencionar una de las varias expuestas. Así mismo, es lógico que a pesar de existir libertad respecto de las pruebas paraRadicado: 11001-03-15-000-2025-01912-00

Accionante: Andrés Hernando Zipa Ramírez

Así mismo, es lógico que a pesar de existir libertad respecto de las pruebas paraRadicado: 11001-03-15-000-2025-01912-00

Accionante: Andrés Hernando Zipa Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 desvirtuar la presunción de inocencia, sólo son admisibles medios de prueba respetuosos del debido proceso y acordes a la dignidad humana, lo cual no se desarrolló de tal manera.

d) Violación directa a la Constitución: Este defecto se estructura en razón a que la sentencia judicial desconoce determinados postulados del texto superior, debido a que omite y les atribuye un alcance insuficiente a presupuestos relacionados con el debido proceso y la misma igualdad entre los sujetos procesales involucrados, al emitir y sopesar juicios anticipados en contra del disciplinado evitando debatir lo manifestado por el señor ANDRES ZIPA.»

Intervenciones2

12. La Policía Nacional señaló el análisis y las decisiones tomadas dentro del proceso disciplinario contra el hoy accionante, y manifestó que el señor Zipa Ramírez no acreditó los elementos que configuraran una violación de derechos, mucho menos que la valoración probatoria se hizo aislada de las reglas de la sana critica, la lógica y racionalidad. Finalmente, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela , teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado al hoy accionante, derivado de una determinación jurídica adoptada por las autoridades judiciales.

la acción de tutela , teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado al hoy accionante, derivado de una determinación jurídica adoptada por las autoridades judiciales.

13. El Juzgado 4 Administrativo de Tunja solicitó el estudio de temeridad en la presente actuación por no mediar una justificación razonable para acudir de forma desmedida y reiterativa a la acción de tutela, toda vez que el hoy accionante ya había presentado una acción de tutela en nombre propio bajo el radicado No. 1100103-15-000-2024-04733-00 y tramitada por la Sección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, resuelta mediante Sentencia de 4 de diciembre de 2024 que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez.

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá advirtió que la acción de tutela era improcedente. Señaló que Zipa Ramírez había presentado otras acciones constitucionales bajo argumentos similares, relacionados con la indebida valoración probatoria y la supuesta ausencia de análisis de los parámetros que estructuraron la sanción disciplinaria. Señaló que la primera acción de tutela fue tramitada por el Consejo de Estado bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2024-04733-00/01 y fue decidida a través de las Sentencia de 4 de diciembre de 2024 y 13 de febrero de

2025.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

15. Determinar si existió, o no, una actuac ión temeraria3 por parte de Andrés Hernando Zipa Ramírez al presentar la acción de tutela de la referencia . En el

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

15. Determinar si existió, o no, una actuac ión temeraria3 por parte de Andrés Hernando Zipa Ramírez al presentar la acción de tutela de la referencia . En el

2 Mediante Auto de 2 de abril de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, y se vinculó al Juzgado 4 Administrativo de Tunja y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. 3 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla : «ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01912-00

Accionante: Andrés Hernando Zipa Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 evento en el que la respuesta a este interrogante sea negativa, deberá establecerse, una vez superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante.

Verificación de la actuación temeraria

16. La Sala rechazará por temeridad la solicitud de amparo, por las razones que

pasa a explicarse:

17. De conformidad con la Corte Constitucional 4, la existencia de un comportamiento temerario en materia de tutela se da cuando resulta injustificada la

pasa a explicarse:

17. De conformidad con la Corte Constitucional 4, la existencia de un comportamiento temerario en materia de tutela se da cuando resulta injustificada la presentación reiterativa de la acción de tutela.

18. De conformidad con los informes del Juzgado 4 Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, se tiene que Andrés Hernando Zipa Ramírez presentó las siguientes acciones de tutela: (i) 11001-03-15-000-2024-04733-00 y (ii) 11001-03-15-000-2025-01912-00. De su revisión, la Sala logró evidenciar lo

siguiente:

19. Identidad de partes: Ambas acciones constitucionales fueron presentadas por Andrés Hernando Zipa Ramírez contra el Juzgado 4 Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá. La primera en nombre propio y la segunda por intermedio de apoderado judicial.

20. Identidad de hechos: Las solicitudes de amparo objeto de análisis giran en torno a la presunta configuración de los defecto fáctico , sustantivo, d ecisión sin motivación y violación directa de la Constitución, en la Sentencia de 25 de enero de 2024 del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15001-33-33-004-2018-00230-01.

21. Identidad de pretensiones: En las acciones de tutela se solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, mínimo vital, igualdad y acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, dejar sin efectos l as providencias de primera y segunda instancia del aludido proceso judicial.

mínimo vital, igualdad y acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, dejar sin efectos l as providencias de primera y segunda instancia del aludido proceso judicial.

4 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar la existencia o no de temeridad: «(1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de pretensiones; y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia del accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del demandante». Sentencias SU-168 de 2017, T-272 de 2019, T-162 de 2018, T-185 de 2013, T-084 de 2012 y T-727 de 2011, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01912-00

Accionante: Andrés Hernando Zipa Ramírez

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Accionante: Andrés Hernando Zipa Ramírez

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22. Ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda: La Sala observa que no existió justificación alguna para la presentación de la segunda acción de tutela, toda vez que no se evidenció un estado de indefensión o ignorancia por parte del demandante, un a sesoramiento errado, ni se observó un miedo insuperable o una necesidad extrema de defender un derecho, de cara a lo que ya había sido resuelto en la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2024-04733-00.

23. En la aludida acción de tutela, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia 5, tras dejar claro que no se cumplió con el requisito de inmediatez, pues entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada y la presentación de la solicitud de amparo transcurrieron más de 7 meses, sin que se demostrara una circunstancia que justificara esa tardanza .

Decisión que fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en Sentencia de 13 de febrero de 2025.

24. De lo expuesto, la Sala concluye que el accionante ha presentado 2 acciones de tutela que versaban sobre lo mismo y, con ello, desplegó una actuación temeraria, sin justificación o excepción alguna a tal comportamiento , cuya consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es el rechazo o la decisión desfavorable de esta solicitud de amparo.

Conclusión

consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es el rechazo o la decisión desfavorable de esta solicitud de amparo.

Conclusión

25. La Sala encuentra acreditada la actuación temeraria por parte de Andrés Hernando Zipa Ramírez y, en consecuencia, rechazará la solicitud de amparo . En todo caso, se exhortará a la parte actora para que se abstenga de seguir presentado acciones de tutela por los mismos hechos, ya sea en nombre propio o a través de apoderado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: RECHAZAR POR TEMERIDAD la acción de tutela presentada por Andrés Hernando Zipa Ramírez, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR a Andrés Hernando Zipa Ramírez para que se abstenga de seguir presentado acciones de tutela por los mismos hechos, ya sea en nombre propio o a través de apoderado.

5 Sentencia de 4 de diciembre de 2024Radicado: 11001-03-15-000-2025-01912-00

Accionante: Andrés Hernando Zipa Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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