CE - Sentencia 11001031500020250191400

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250191400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01914-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: E.S.E HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO

DE GUTIÉRREZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR LA ACCIONANTE ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA. LA

DIVERGENCIA OBEDECE A LA INTERPRETACIÓN DADA POR EL

TRIBUNAL A LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

1 En adelante el Tribunal2

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Actora: E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE

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Actora: E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ, actuando a través de apoderado judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de confianza legítima , los cuales estima vulnerado s por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 25 de febrero de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 05001-3333-034-2020-00045-01.

I.2.- Hechos

Indicó que la señora NATALIA SÁNCHEZ VÉLEZ , médica especialista en ginecología y obstetricia, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio núm. HGM 01200000000002019004916 de 8 de octubre de 2009 y, en su lugar,3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01914-00

01200000000002019004916 de 8 de octubre de 2009 y, en su lugar,3

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se declarara la existencia de una relación laboral entre el 29 de julio de 2011 al 30 de junio de 2017.

Señaló que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2020-00045-00 y le correspondió por reparto al Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito de Medellín2 que, mediante sentencia de 19 de enero de 2022, denegó las pretensiones al considerar que no se cumplió con el requisito de la subordinación, necesario para que pueda declararse la existencia de una relación laboral.

Manifestó que la parte allí demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, a través de providencia de 25 de febrero de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que estimó que se demostró la existencia de una relación laboral entre las partes.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

2 En adelante el Juzgado.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01914-00

las partes.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

2 En adelante el Juzgado.4

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A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sin prueba alguna, lo que vulnera su s derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legítima.

Adujo que la solicitud de amparo de la referencia cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que resultaba procedente el estudio de fondo del asunto.

Destacó que el TRIBUNAL incurrió en un defecto fáctico al realizar un análisis de los elementos probatorios, específicamente , de los contratos de prestación de servicios , los cuales no eran suficientes para estructurar una relación laboral entre las partes

En efecto, relató que de los contratos de prestación de servicios no era posible inferir que la contratista debía cumplir órdenes, estar sujeta a un horario de trabajo, al sometimiento de metas, objetivos y directrices fijadas por la entidad hospitalaria , por lo que al revisar el acervo probatorio se advierte que la señora SÁNCHEZ VÉLEZ no5

sujeta a un horario de trabajo, al sometimiento de metas, objetivos y directrices fijadas por la entidad hospitalaria , por lo que al revisar el acervo probatorio se advierte que la señora SÁNCHEZ VÉLEZ no5

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aportó los medio de convicción necesarios que permitieran demostrar la ilegalidad del actor acusado.

Aseveró que , si bien es cierto la contratación por prestación de servicios profesionales debe realizarse por el “término estrictamente indispensable”, al proceso se allegaron los estudios previos que demuestran las justificaciones que motivaron a la entidad hospitalaria a contratar los servicios especializados de la señora NATALIA SÁNCHEZ VÉLEZ entre 2011 a 2017. Documentos que determinan que la contratación de la misma se hizo ante la insuficiencia de personal para atender la demanda de los servicios de salud, sin que se pueda concluir, como equivocadamente lo hizo la autoridad judicial accionada , en una vulneración a la esencia del contrato de prestación de servicio, puesto que la contratación se hizo “indispensable” para los años 2011 a 2017, sin que se puede concluir que toda relación contractual que se extienda por varios años se convierte automáticamente en contrato laboral, lo cual constituye un precedente vertical gravísimo para la contratación estatal por

“indispensable” para los años 2011 a 2017, sin que se puede concluir que toda relación contractual que se extienda por varios años se convierte automáticamente en contrato laboral, lo cual constituye un precedente vertical gravísimo para la contratación estatal por prestación de servicios y más en entidades del sector salud.

En síntesis, d estacó que el análisis del TRIBUNAL se enmarca en6

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una indebida valoración probatori a, pues no se aportó ningún otro elemento probatorio distinto a los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, que permitiera desvirtuar la naturaleza contractual que existió entre 2011 a 2017, de tal forma que declarar la existencia de un contrato realidad por el solo hecho de extenderse la contratación por espacio de 6 años sin pruebas de subordinación o dependencia, es una decisión que va en contravía de la evidencia probatoria.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia SSO No. 029 del 25 de febrero de 2025, mediante la cual se dispuso revocar la sentencia de primera instancia. Y en su lugar,

consecuencia:

“[…] se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia SSO No. 029 del 25 de febrero de 2025, mediante la cual se dispuso revocar la sentencia de primera instancia. Y en su lugar, solicito se deje sin efectos la providencia y se ordene al tribunal accionado profiera una nueva decisión que en derecho corresponda, con base en las pruebas que obran dentro del expediente […]” (Destacado pertenece al texto).

I.5.- Defensa7

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I.5.1.- El TRIBUNAL advirtió que, una vez analizados los fundamentos fácticos y jurídicos, la decisión de revocar la sentencia apelada se tomó al encontrar acreditados los elementos que configuran la relación laboral entre la actora y la señora SÁNCHEZ VÉLEZ, del 29 de julio de 2011 al 30 de junio de 2017.

Así las cosas, adujo que la decisión adoptada se encuentra conforme a derecho, por lo que no han vulnerado derecho fundamental alguno, ni se acreditan los requisitos exigidos para la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La señora NATALIA SÁNCHEZ VÉLEZ resaltó que la acción

ni se acreditan los requisitos exigidos para la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La señora NATALIA SÁNCHEZ VÉLEZ resaltó que la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, pues lo pretendido es que se use como una instancia adicional para reemplazar las vías ordinarias, sin que se indique de manera clara y expresa por qué la cuestión afecta los derechos fundamentales de las partes.

Sostuvo que la decisión cuestionada se encuentra soportada en las8

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pruebas allegadas y practicadas en el proceso , por lo que no es de tal acierto que se haya incurrido en defecto fáctico ni que se hayan aportado insuficientes elementos probatorios para acceder a las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Alegó que el apoderado de la actora carece de legitimación en la causa por activa, pues no cuenta con poder especial para actuar en nombre y representación del hospital, lo que torna impr ocedente la solicitud de amparo.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

nombre y representación del hospital, lo que torna impr ocedente la solicitud de amparo.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.9

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).10

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que

tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.11

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.12

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y al principio de confianza legítima y, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia de 25 de febrero de 2025 , proferida por el TRIBUNAL dentro del13

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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2020-00045-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2020-00045-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio, se incurrió en el defecto fáctico, en la medida en que la autoridad judicial accionada accedió a las pretensiones de la demanda sin prueba alguna, pues de los contratos de prestación de servicios analizados no era posible establecer la existencia de una relación laboral entre las partes.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto fáctico alegado, al haber proferido la providencia de 25 de febrero de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2020-00045-01.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos14

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generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

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generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.15

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”16

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acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal

motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [9].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas

[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del

importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”17

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cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un de

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