CE - Sentencia 11001031500020250194700

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250194700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-01947-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01947-00

Demandante: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

TEMAS: Tutela contra providencia judicial .

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana (en adelante el hospital o la E.S.E.) contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 2 de abril de 2025, la E.S.E., a través de apoderado judicial , presentó acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, e igualdad, «en conexión con el principio de confianza

tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, e igualdad, «en conexión con el principio de confianza legítima».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión del fallo proferido el 23 de agosto de 2024 por la autoridad judicial en mención, que revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que declaró el mutuo incumplimiento del contrato 128 de 20 05 y lo liquidó judicialmente al interior del expediente con el radicado 25000-23-36-000-2019-0028700/01, para en su lugar declarar la caducidad .

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Primero: AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la ESE Hospital Universitario de la Samaritana, vulnerados por el Consejo de Estado

Segundo: Como consecuencia de lo anterior:

a. Dejar sin efecto el fallo proferido por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, dentro del proceso de Controversias contractuales, bajo radicado 25000-23-36-000-2019-00287-01.

b. Se ORDENE al Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, dictar nueva sentencia ajusta aDemandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección C

Administrativo Sección Tercera Subsección C, dictar nueva sentencia ajusta aDemandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-01947-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 derecho, esto es, revocando el fallo proferido por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, dentro del proceso de Controversias contractuales, bajo radicado 25000-23-36-000-2019-00287-01, que RECOVO la sentencia del 29 de julio de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, QUE DECLARO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD del medio de control de controversias contractuales.1

1.3. Hechos

De lo que se narró en el escrito inicial se resalta lo siguiente:

El hospital accionante inició un proceso de controversias contractuales contra la sociedad Fundación Integral para la Salud y Educación Comunitaria del Magisterio (Finsema). El expediente fue asignado en primera instancia a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el radicado 250002336-000-2019-00287-00.

En sentencia de 29 de julio de 2021, la mencionada autoridad judicial, resolvió el caso y declaró un incumplimiento mutuo d el contrato 128 de 2005 2, procedió con su

En sentencia de 29 de julio de 2021, la mencionada autoridad judicial, resolvió el caso y declaró un incumplimiento mutuo d el contrato 128 de 2005 2, procedió con su liquidación y ordenó a Finsema y a la aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. a realizar los pagos respectivos a la E.S.E.

Inconformes, las partes presentaron recursos de apelación por lo que el caso fue asignado a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, corporación que se pronunció en sentencia de 23 de agosto de 2024, en la que estimó que se había superado el término legal para acudir a la vía judicial, por lo que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

A juicio del órgano de cierre, la controversia versaba sobre un contrato que no se regía por las reglas de las Leyes 80 de 1993 ni 1150 de 2007 por ser de naturaleza privada, en consecuencia, no requería liquidación y, en ese orden de ideas, el término para demandar era dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo de la ejecución del contrato, lo que ocurrió el 1 de agosto de 2016 y, ya que el medio de control se inició el 11 de abril de 2019, la demanda era extemporánea.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El hospital estimó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental, inducido por la acción u omisión de Finsema.

Lo anterior, por cuanto entre el 6 de febrero de 2018 y el 11 de febrero de 2019 se intentó resolver la controversia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio

Lo anterior, por cuanto entre el 6 de febrero de 2018 y el 11 de febrero de 2019 se intentó resolver la controversia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá; no obstante, Finsema se negó a pagar los honorarios fijados, motivo por el cual no se pudo continuar con el arbitramento.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que no le fue posible acudir a la jurisdicción de lo contencioso – administrativo dentro del plazo que estimó el Consejo de Estado,

1 Transcripción textual incluyendo posibles errores. 2 El objeto de este contrato fue la ejecución y explotación de la unidad de cuidados intensivos de adultos y la ampliación de la unidad de cuidado intensivo de neonatos.Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-01947-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 por cuanto la cláusula compromisoria acogida por las partes del contrato le obligaba a agotar el trámite arbitral, en ese sentido, existía un impedimento jurídico para iniciar el medio de control.

En ese orden de ideas, estimó que Finsema fue quien propició la caducidad del medio de control al negarse a pagar los honorarios y no debería permitírsele que se beneficiara de su propia culpa. Resaltó que todo lo anterior se encuentra debidamente probado en el expediente y que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no lo tuvo en cuenta.

beneficiara de su propia culpa. Resaltó que todo lo anterior se encuentra debidamente probado en el expediente y que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no lo tuvo en cuenta.

Concluyó este argumento en que la autoridad accionada incurrió en exceso ritual manifiesto al exigir requisitos de imposible cumplimiento, en el entendido que, por causas ajenas a la E.S.E. no podía iniciar el medio de control mien tras estuviera en curso el trámite arbitral.

En un segundo bloque argumentativo, resaltó que, si bien las E.S.E. se guían, por regla general, por el régimen privado de contratación, esto no es incompatible con que se deban liquidar sus contratos, lo cual tiene incidencia en el conteo de caducidad.

Para el efecto recalcó que, a pesar de que la actividad contratada terminó el 1 de agosto de 2016, las partes realizaron una liquidación el 28 de febrero de 2017, suscrita el 31 de marzo de ese año , lo cual quedó consignado en un acta que sí fue tenida en cuenta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la primera instancia.

Con fundamento en un concepto de 28 de junio de 2016 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 3, llegó a la co nclusión de que « ante la obligatoriedad, no es discrecional la posibilidad de liquidar los contratos de tracto sucesivo, se insiste a pesar de que existan disposiciones de derecho privado, es necesario pactar la forma de liquidación, frente a su ausencia e ntonces se deberá acudir a las normas de derecho público que regulan la materia ». (Sublínea añadido por la Sala).

necesario pactar la forma de liquidación, frente a su ausencia e ntonces se deberá acudir a las normas de derecho público que regulan la materia ». (Sublínea añadido por la Sala).

Por otra parte, expuso que al no haberse pactado en el contrato algún postulado sobre su liquidación, debía acudirse al artículo 11 de la Ley 1157 de 2007, de la siguiente forma:

Para contratos de tracto sucesivo existe obligatoriedad de liquidación, incluso cuando se rigen por derecho privado

El término de 6 meses (4 para liquidación bilateral más 2 para liquidación unilateral) debería aplicarse.

Esta interpretación debe estar acogida acorde al concepto del Consejo de Estado, Sala de Consulta del 28 de junio de 2016 que se desarrollará en las causales especiales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales.

A su vez, identificó los siguientes sustentos jurisprude nciales que apoyan sus manifestaciones:

3 Dentro del radicado 11001-03-06-000-2015-00067-00Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-01947-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

1. El Consejo de Estado, en Sentencia de la Sección Tercera del 20 de febrero de 2017 (Radicado 25000 -23-26-000-2001-01340-01(30689)), estableció que aunque

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1. El Consejo de Estado, en Sentencia de la Sección Tercera del 20 de febrero de 2017 (Radicado 25000 -23-26-000-2001-01340-01(30689)), estableció que aunque las ESE se rigen en materia contractual por el derecho privado conforme al artículo 195 de la Ley 100 de 1993, deben aplicar los principios de la función administrativa y la sostenibilidad fiscal contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución.

2. La Sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional señaló que las entidades excluidas de la aplicación del Estatuto General de Contratación no están exentas de la aplicación de ciertos principios y reglas propias del régimen de contratación estatal, particularmente cuando involucran recursos públicos.

3. La jurisprudencia reciente ha reconocido que cuando las partes pactan la liquidación en contratos regidos por derecho privado, o cuando la naturaleza de las prestaciones la hace necesaria aunque no se haya pactado expresamente, puede aplicarse la regla de caducidad considerando el plazo para la liquidación, clarificando que la liquidación de los contratos no puede ser producto de la improvisación.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de 2018, Expediente 57421).

Estimó que teniendo en cuenta que el contrato duró 10 años y comprendía acciones complejas, en las que se utilizaron recursos públicos, era necesario agotar la liquidación. Corolario de lo esgrimido, señaló:

En síntesis ante la obligatoriedad de la liquidación, ante la inexistencia de regulación contractual para la misma, si es y era procedente tener por cierto el término de seis

liquidación. Corolario de lo esgrimido, señaló:

En síntesis ante la obligatoriedad de la liquidación, ante la inexistencia de regulación contractual para la misma, si es y era procedente tener por cierto el término de seis meses para el conteo de la caducidad respecto de la acción de controversias contractuales, y en ese orden no había lugar a declarar la existencia de la caducidad, dicha actuación transgredió los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, que ruego este extremo sean amparados.

1.5. Trámite de la acción

Mediante providencia de 7 de abril de 2025, el magistrado ponente admitió la acción de tutela, tuvo como accionada a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a Finsema y a Seguros Generales Suramericana SA, así como las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en el proceso ordinario con radicado 25000-23-36-000-2019-00287-00/01.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se present aron las siguientes contestaciones:

1.6.1. Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

En su informe, consideró que la presente acción de tutela no supera el requisito de la relevancia constitucional y, de no aceptarse esto, debe negarse el amparo solicitado.

Sobre el primer punto, expresó que la intención de la parte actora era convertir el mecanismo constitucional en una instancia adicional, para lo cual bastaba con ver los

relevancia constitucional y, de no aceptarse esto, debe negarse el amparo solicitado.

Sobre el primer punto, expresó que la intención de la parte actora era convertir el mecanismo constitucional en una instancia adicional, para lo cual bastaba con ver los argumentos expuestos, todos ellos, tendientes a cuestionar la declaratoria de caducidad, siendo ese un aspecto que se abordó de manera exhaustiva en el fallo cuestionado.Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-01947-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Recalcó que en la sentencia se expusieron las razones que llevaron a evidenciar que el contrato era de naturaleza privada y, en consecuencia, debía aplicarse el apartado ii), literal j), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, que indica que la caducidad se cuenta desde su finalización.

En el segundo punto, indicó que el tiempo que pasó entre la convocatoria del arbitramento y la decisión de no continuarlo porque no se pagaron los honorarios no es una causal que justifique la mora en acudir al medio de control que se intentó, tesis que expuso la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia de 8 de mayo de 20194, teniendo en cuenta que la Ley 1563 de 2012 solo estipula la suspensión del plazo para demandar cuando «(i) se rechaza la demanda

providencia de 8 de mayo de 20194, teniendo en cuenta que la Ley 1563 de 2012 solo estipula la suspensión del plazo para demandar cuando «(i) se rechaza la demanda arbitral, (ii) el tribunal se declara incompetente en la primera audiencia de trámite, o (iii) se termina el proceso arbitral por la no adhesión al pacto de un litisconsorte necesario», escenarios que no ocurrieron en este caso.

En todo caso, estimó que también fue responsabilidad de la accionante, lo que sustentó así:

Al margen de lo anterior, y de acuerdo con los argumentos que se traen a la presente acción, se considera que la parte actora fue la que, de cierta forma, propició el escenario descrito, pues habiendo podido proceder al pago de los honorarios y gastos que le correspondían a la Fundación para garantizar de esta manera que el trámite arbitral continuara -conforme lo prevé el artículo 27 de la Ley ibídem-, optó por un camino distinto, y en lugar de lo anterior, en la etapa correspondiente expresamente le solicitó al Panel Arbitral concluir sus funciones y extinguir los efectos del pacto arbitral.

En efecto, en el acta del 11 de febrero de 2019 del Tribunal de Arbitram ento, se indicó que la parte convocada -hoy accionante-, “presentó memorial en el cual manifestó que no asumiría el pago de los costos que le corresponden a la convocante y solicita al Tribunal declarar concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral”, de ahí que la parte actora no pueda pretender derivar de dicha circunstancia la configuración de los defectos alegados y mucho menos

convocante y solicita al Tribunal declarar concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral”, de ahí que la parte actora no pueda pretender derivar de dicha circunstancia la configuración de los defectos alegados y mucho menos pretender que por vía de tutela se valide su desidia, pues estaba a su cargo el seguimiento y control de los tiempos para demandar.

Por otra parte, sobre lo atinente al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, resaltó que esta norma no es aplicable al caso en cuestión de acuerdo con la naturaleza privada del vínculo contractual. Adicionalmente, expuso que dicha tesis ha sido sostenida en antecedentes de la corporación para lo cual citó «Consejo de Estado, Sección Tercera. auto del 31 de agosto de 2020, Rad.: 66012; Consejo de Estado, Sección Tercera. auto del 28 de mayo de 2020, Rad.:63536; Consejo de Estad o, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2022, Rad.:62370; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 2024, Rad.:66391 ». Tolo cual, fue explicado en la providencia atacada.

Finalmente, en cuanto al acta 001 firmada el 31 d e marzo de 2017 y que la actora presenta como la liquidación del contrato, manifestó que es contradictorio con lo planteado en el proceso ordinario, puesto que allí, entre sus pretensiones, solicitó la

4 Citada en el informe así «Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 2019.

Rad.: 39304.»Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

4 Citada en el informe así «Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 2019.

Rad.: 39304.»Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

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1.6.2. Finsema

Esta entidad consideró que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional. Adicionalmente, cuestionó que la accionante esperara hasta el último día de los 6 meses posteriores a la notificación de la sentencia atacada para acudir a la vía de tutela. En consecuencia, solicitó que se declare improcedente el amparo.

1.6.3 Seguros Generales Suramericana S.A.

La aseguradora concurrió al proceso con la intención de oponerse a las pretensiones. Esto, por cuanto el hospital sabía desde que suscribió el contrato que debía agotar el trámite de arbitramento con las consecuencias que ello trae. Expresó que aun y cuando Finsema no pagara su parte de los honorarios, el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 le permite a la contraparte asumir dicho gasto para impulsar el proceso.

En consecuencia, defendió lo resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera del

de 2012 le permite a la contraparte asumir dicho gasto para impulsar el proceso.

En consecuencia, defendió lo resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación .

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales invocados por el hospital , con ocasión de la providencia de 23 de agosto de 2024, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró proba da la caducidad del medio de control de controversias contractuales.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la

jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva.

2.4.1. En primer lugar, se estudiará la relevancia constitucional. Para resolver, debe tenerse en cuenta que en la SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los de rechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de al gún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de al gún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”11

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe li mitarse a una puramente legal y/o económica.

6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia». 8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 Sentencia SU-573 de 2019. 10 Sentencia SU-103 de 2022. 11 Sentencia SU-103 de 2022.Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

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Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-01947-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 (…)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 (…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal .”12 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la so licitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”13 En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 14, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal15. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado

legal15. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los defectos16 en los que incurrió la decisión atacada.

Ahora bien, en este caso se tiene que la parte actora, quien obtuvo una sentencia parcialmente favo rable en la primera instancia de un proceso de controversias contractuales, se opone a lo resuelto por el Consejo de Estado en segunda instancia, puesto que allí se declaró que había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, esto, contando el plazo desde que terminó el contrato sin incluir tiempos adicionales por la liquidación de aquel.

Sus señalamientos se sustentan en dos puntos específicos: (i) la autoridad accionada desconoció que, a pesar de que el contrato se rigiera por el régimen privado, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 exige que haya liquidación, por lo que la oportunidad para demandar debía contabilizarse desde el cruce de cuentas que se hizo el 31 de marzo de 2017, y (ii) se desconoció que existía un impedimento para acudir a la jurisdicción antes, por cuanto se estaba agotando un trámite de arbitramento que fue entorpecido por su contraparte contractual.

Sobre el primer aspecto, que puede enmarcarse en un defecto sustantivo, en el entendido que hace referencia a la a plicación del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 , debe decirse que se trata de un asunto meramente interpretativo en el que la parte

entendido que hace referencia a la a plicación del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 , debe decirse que se trata de un asunto meramente interpretativo en el que la parte accionante no logró desarrollar un silogismo sólido que permita generar duda respecto

12 Sentencia SU-103 de 2022. 13 Sentencia SU-128 de 2021. 14 Sentencia SU-573 de 2019. 15 Ibid. 16 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.Demandante: E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-01947-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 de la racionalidad en las consideraciones que llevaron a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado a declarar la caducidad.

Nótese que, la tesis de que los contratos privados, a pesar de su naturaleza requieren de liquidación y que esta exigencia afecta el conteo de caducidad, se queda en una premisa que construye de manera subjetiva el hospital accionante para su caso y, aunque intenta soportarla con postulados jurisprudenciales, estos resultan insuficientes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el primero de sus fun damentos resulta ser un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil que, si bien resulta útil para guiar y

insuficientes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el primero de sus fun damentos resulta ser un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil que, si bien

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