CE - Sentencia 11001031500020250195300

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250195300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL – No procede estudio de fondo porque no se cumplen los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. contra el Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 2 de abril de 2025, Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E. E.S.P., por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y defensa

por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y defensa con motivo de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en el recurso extraordinario de anulación con radicado 11001-03-26-000-2024-00032-00 (70968) . Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - EMCALI, que fueron vulnerados por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Est ado al proferir la sentencia del 23 de agosto de 2024, notificada el 2 de octubre del 2024 con radicación no. 1100103-26-000-2024-0003200 (70968), mediante la cual resolvió el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral del 24 de noviembre de 2023 dictado por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas con el CONSORCIO ADUCCIÓN RÍO CALI en razón del Contrato de Obra No. 300-CO-1449 de 2019.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024, con fecha de notificación del 2 de octubre del 2024 por la Subsección C de la

Obra No. 300-CO-1449 de 2019.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024, con fecha de notificación del 2 de octubre del 2024 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró infundado elRadicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 recurso de anulación interpuesto por EMCALI contra el laudo arbitral del 24 de noviembre de 2023.

3. ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia resolviendo el recurso de anulación interpuesto por EMCALI contra el laudo arbitral del 24 de noviembre de 2023, en la cual: a) Analice de manera integral los argumentos expuestos por EMCALI en su recurso de anulación. b) Valore adecuadamente la configuración de la causal 7ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 (fallo en conciencia debiendo ser en derecho), particularmente respecto a los siguientes puntos: - La valoración de un dictamen pericial rendido por un perito manifiestamente impedido - La inaplicación del precedente sobre el deber de planeación compartido - La aplicación del principio de conservación de la ecuación financiera del contrato a un negocio jurídico regido por el derecho privado

impedido - La inaplicación del precedente sobre el deber de planeación compartido - La aplicación del principio de conservación de la ecuación financiera del contrato a un negocio jurídico regido por el derecho privado - La omisión del análisis de la concurrencia de culpas.

c) Valore adecuadamente la configuración de la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, respecto a la omisión de pronunciamiento sobre las pretensiones segunda, cuarta y quinta de la demanda de reconvención formulada por EMCALI.

4. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR que se tomen las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales vulnerados a EMCALI, incluyendo, si es procedente conforme al análisis que debe realizarse, la anulación total o parcial del laudo arbitral del 24 de noviembre de 2023.

5. ORDENAR la suspensión de los efectos del laudo arbitral del 24 de noviembre de 2023 y de cualquier procedimiento de ejecución que se hubiere iniciado con base en el mismo, hasta tanto la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profiera la nueva sentencia ordenada.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El 10 de julio de 2019 el Consorcio Aducción Río Cali y Empresas Municipales de Cali -EMCALI EICE ESP celebraron el contrato de obra 300-CO-1449-2019 para la construcción de la nueva línea de aducción PTAT Río Cali (B. San Antonio), desde el sistema de bocatoma - desarenador existente hasta la Planta de Potabilización

Río Cali.

la construcción de la nueva línea de aducción PTAT Río Cali (B. San Antonio), desde el sistema de bocatoma - desarenador existente hasta la Planta de Potabilización Río Cali.

4. El Consorcio Aducción Río Cali convocó la conformación de un Tribunal de Arbitramento con el fin de dirimir las controversias surgidas durante la ejecución del contrato. Empresas Municipales de Cali -EMCALI EICE ESP, a su vez, radicó demanda de reconvención.

5. A través de Laudo Arbitral de 24 de noviembre de 2023, corregido el 11 de diciembre de 2023 , el Tribunal de Arbitraje declaró , entre otros, que «EMCALI incumplió el contrato al no haber suministrado al Consorcio la información y documentos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y al no haber realizado los pagos en la forma y plazos pactados» y la condenó al pago de ciertas sumas de dinero por diferentes conceptos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

6. Contra esa decisión, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. interpuso recurso extraordinario de anulación, en el que invocó las causales séptima y novena del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 23 de agosto de 2024, declaró infundado el recurso extraordinario de anulación .

Ley 1563 de 2012.

7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 23 de agosto de 2024, declaró infundado el recurso extraordinario de anulación .

Luego de analizar el caso, concluyó lo siguiente:

Visto lo anterior, para la Sala el panel arbitral no dejó de lado el ordenamiento jurídico ni se apartó o desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el principio de planeación y los deberes en la etapa precontractual; antes bien, el Tribunal de Arbitramento ciertamente tuvo en consideración las cargas de diligencia y buen fe que le asistían al Co nsorcio al participar en el proceso de selección, pero concluyó que el estándar de diligencia exigible implicaba una revisión razonable de los documentos proporcionados dentro del periodo de tiempo disponible y que, por lo mismo, no comprendía un pormenori zado estudio de los diseños, a tal nivel de detalle que llegara comprender, incluso, la realización de pruebas de campo y perforaciones en el terreno. (…)

Como puede verse, el Tribunal de Arbitramento analizó el reproche endilgado por EMCALI y concluyó que no encontraba razón para no considerar la experticia referida, habida cuenta de que la circunstancia puesta de manifiesto por la entidad no le generaba dudas sobre la imparcialidad del dictamen pericial aportado por el CARC. (…)

De acuerdo con lo anterior, para la Sala los argumentos expuestos por EMCALI al señalar que no ha debido ser considerada la citada prueba pericial, dado que la entidad había manifestado reparos frente a la imparcialidad del perito, se dirigen a cuestionar la valoración probatoria que hizo el Tribunal de

al señalar que no ha debido ser considerada la citada prueba pericial, dado que la entidad había manifestado reparos frente a la imparcialidad del perito, se dirigen a cuestionar la valoración probatoria que hizo el Tribunal de Arbitramento, pretendiéndose, pues, reabrir el debate jurídico sustancial y probatorio del trámite arbitral, cuestión que no compete al juez de anulación.

5.1.5. En similar sentido, respecto al postulado del equilibrio financiero del contrato encuentra la Sala que corresponde a un aspecto sustancial de la controversia que abordó con amplitud el juez del contrato, que en este caso lo era el Tribunal de Arbitr amento, sin que corresponda al juez del recurso de anulación entrar a pronunciarse sobre el fondo de su decisión. (…)

Ahora bien, para la Sala de la revisión del Laudo en modo alguno puede concluirse que el Tribunal de Arbitramento hubiere impartido solución al litigio de acuerdo con su convicción personal o con base en el sentido común. (…)

De conformidad con lo anterior, estima la Sala que no se configura la causal de anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que en el Laudo Arbitral del 24 de noviembre de 2023, corregido el 11 de diciembre de 2023, el Tribunal de Arbitramento se pronunció en la parte motiva y en la resolutiva del referido fallo respecto de las pretensiones segunda, cuarta y quinta planteadas en la demanda de reconvención reformada, así como las excepciones formuladas en su contestación. (…)

Como atrás se advirtió, el recurso extraordinario de anulación se encuentra

y quinta planteadas en la demanda de reconvención reformada, así como las excepciones formuladas en su contestación. (…)

Como atrás se advirtió, el recurso extraordinario de anulación se encuentra sujeto a las causales taxativas que la ley ha previsto con el fin de corregir los errores in procedendo en los cuales hubiese podido incurrir el respectivo Tribunal de Arbitramento. No es posible, entonces, disentir del criterio y de lasRadicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 consideraciones asumidas por el Tribunal al expedir el laudo, teniendo en cuenta que el mismo resulta de la apreciación de los hechos sometidos a su competencia. (…)

En similar sentido, es menester advertir que tampoco se incurrió en un fallo infra petita por la circunstancia de no haberse examinado una eventual concurrencia de culpas, como señala EMCALI en su recurso, toda vez que el colegio arbitral concluyó que esta ba demostrada la excepción de contrato no cumplido argüida por el CARC, a la vez que, paralelamente, declaró el incumplimiento de EMCALI y despachó negativamente las excepciones planteadas por la entidad.

8. El accionante considera que la decisión adoptada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, por cuanto desconoció que el Tribunal de Arbitramento: (i) falló en conciencia; (ii) valoró indebidamente un dictamen pericial viciado de parcialidad ;

sustantivo y fáctico, por cuanto desconoció que el Tribunal de Arbitramento: (i) falló en conciencia; (ii) valoró indebidamente un dictamen pericial viciado de parcialidad ; (iii) aplicó indebidamente el principio de conservación de la ecuación financiera a un contrato regido por el derecho privado ; (iv) no decidió sobre las pretensiones de la demanda de reconvención relacionadas con el incumplimiento del Consorcio, y (i) desconoció el precedente «sobre el deber de planeación del contratista, la valoración de un dictamen pericial parcializado y la omisión de pronunciamiento sobre las pretensiones relacionadas con el incumplimiento del Consorcio, desconocimiento que vulnera directamente el derecho fundamental al debido proceso».

9. Agregó que «la desproporcionada cuantía de la condena genera un perjuicio grave, inminente e irreparable que justifica el amparo constitucional».

B. Trámite impartido e intervenciones

10. Mediante auto de 10 de abril de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, a los árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, que profirieron el laudo cuestionado. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda y no se accedió al decreto y práctica de la inspección judicial solicitada en la demanda.

11. El Consorcio Aducción Río Cali -CARCmanifestó que los reparos de la accionante se relacionan con aspectos sustanciales del laudo arbitral, así como

la demanda.

11. El Consorcio Aducción Río Cali -CARCmanifestó que los reparos de la accionante se relacionan con aspectos sustanciales del laudo arbitral, así como sobre la valoración probatoria que hizo el Tribunal Arbitral y, en esencia, contiene una reproducción de los planteami entos formulados en el recurso extraordinario de anulación, a los que ya se dio solución, «no habiendo lugar a volver a debatirlas ahora bajo el ropaje de supuestas violaciones al debido proceso».

12. En su concepto, la tutela es improcedente porque carece de relevancia constitucional, pues pretende ser utilizada como una tercera instancia para que se analice el fondo de la controversia sometida a la justicia arbitral; además, la discusión que se plantea es puramente legal. Adicionalmente, el verdadero motivo de la tutela es evitar el pago de la condena que se impuso en el laudo arbitral, lo que tambiénRadicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 desvirtúa el requisito de relevancia constitucional, por tratarse de una discusión estrictamente económica.

13. Agregó que la sentencia y el laudo no contienen defectos de fondo que justifiquen la procedencia del amparo constitucional; por el contrario, resultan coherentes con el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio que realizaron los jueces y árbitros; además, no es cierto que el laudo hubiera dejado de pronunciarse

justifiquen la procedencia del amparo constitucional; por el contrario, resultan coherentes con el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio que realizaron los jueces y árbitros; además, no es cierto que el laudo hubiera dejado de pronunciarse frente a algunas pretensiones de la demanda de reconvención, tal como se corroboró en el recurso de anulación.

14. La autoridad judicial accionada solicitó declarar improcedente el amparo o, en su defecto, negarlo. Adujo que la tutela carece de relevancia constitucional , pues pretende reabrir la controversia desatada en el trámite arbitral y, en el fondo, la accionante no disiente de lo resuelto en la sentencia proferida en el recurso extraordinario de anulación, sino de lo expuesto en el laudo arbitral de 24 de noviembre de 2023, corregido el 11 de diciembre de ese mismo año.

15. Sostuvo que tampoco se reúnen los requisitos específicos de procedibilidad, en tanto n o se configuró defecto fáctico, ni sustantivo y tampoco se incurrió en violación directa de la Constitución, pues en realidad la sentencia se estructuró en las previsiones de la Ley 1563 de 2012.

16. El 2 de mayo de 2025, la parte accionante radicó escrito de «réplica contra la respuesta» del Consorcio Aducción Río Cali, en el que aseguró que el objeto de la acción de tutela es «corregir defectos específicos y objetivos (…) como la validación de una prueba pericial que consideramos parcializada (vinculada a la discusión sobre el fallo en conciencia) o la falta de motivación material en puntos definitivos». Añadió

acción de tutela es «corregir defectos específicos y objetivos (…) como la validación de una prueba pericial que consideramos parcializada (vinculada a la discusión sobre el fallo en conciencia) o la falta de motivación material en puntos definitivos». Añadió que la condena impuesta en el laudo arbitral es desproporcionada y genera un perjuicio grave, inminente e irreparable que afecta los derechos de EMCALI, lesiona el interés general del Distrito de Santiago de Cali y tiene impacto en la prestación de servicios esenciales.

17. Aclaró que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo «al validar un laudo arbitral que a su vez aplicó normas y principios de forma indebida y desconoció el precedente» y, en defecto fáctico «al validar un laudo arbitral que se fundamentó principalmente en un dictamen pericial del ingeniero Juan Diego Arango Botero», pese a que ese perito había rendido un concepto previo sobre la misma materia por solicitud del Consorcio.

18. En escrito separado, la empresa demand ante presentó réplica a la contestación presentada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que reiteró lo expuesto en el escrito que antecede y agregó que se incurrió en error conceptual «al confundir el control de legalidad, que resulta obligatorio cuando están en juego vicios constitucionales como la imparcialidad, motivación adecuada o respeto al precedente, con la prohibida revisión de mérito que comprende aspectos como la valoración probatoria o interpretación contractual».

Indicó que «se cumplió el agotamiento de vías ordinarias, pues el recurso de anulación demostró ser ineficaz para corregir los vicios constitucionales alegados,

que comprende aspectos como la valoración probatoria o interpretación contractual». Indicó que «se cumplió el agotamiento de vías ordinarias, pues el recurso de anulación demostró ser ineficaz para corregir los vicios constitucionales alegados, los cuales persisten en la sentencia del Consejo de Estado»; por último, advirtió queRadicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 «ni el formalismo procesal ni la autonomía de las instituciones pueden anteponerse a la protección efectiva de los derechos fundamentales».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Legitimación en la causa

20. Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular de los derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de parte demandante en el recurso extraordinario de anulación con radicado 11001-03-26legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular de los derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de parte demandante en el recurso extraordinario de anulación con radicado 11001-03-26000-2024-00032-00 (70968), en el que se profirió la sentencia cuestionada.

21. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue la autoridad judicial que profirió la sentencia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.

E. Problema Jurídico

22. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurri ó en los defectos endilgados y, por ende, vulner ó los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

F. Cargos expuestos en la tutela

23. En la demanda se mencionaron múltiples cargos que, en criterio de l a accionante, vician la legalidad de la sentencia cuestionada y conllevaron a la

vulneración de sus derechos fundamentales:

Primer cargo.

24. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente porque se validó el laudo arbitral que aplicó indebidamente la teoría de la imprevisión y el principio de conservación de la ecuación financiera del contrato para resolver las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de perjuicios por los efectos del Covid -19 y el Paro Nacional, a pesar de que el contrato ya había terminado cuando se presentó

conservación de la ecuación financiera del contrato para resolver las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de perjuicios por los efectos del Covid -19 y el Paro Nacional, a pesar de que el contrato ya había terminado cuando se presentó la demanda arbitral . Con ello, se desconoció que «este principio es propio yRadicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 exclusivo de los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y no de los contratos sometidos al régimen de derecho privado, como era el caso del Contrato de Obra No. 300-CO-1449-2019 celebrado ent re EMCALI y el Consorcio ». Lo anterior, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ejemplo, en sentencia de 10 de febrero de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera, en el proceso con radicado interno 47.068.

Segundo cargo.

25. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente relacionado con el deber de planeación compartido entre la entidad estatal y el contratista. «Como se evidencia en el laudo, el Tribunal exoneró completamente al Consorcio de cualquier responsabilidad por no advertir defectos en los diseños durante la etapa precontractual, contraviniendo la jurisprudencia consolidada del Consejo de

Estado».

Tercer cargo.

responsabilidad por no advertir defectos en los diseños durante la etapa precontractual, contraviniendo la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado».

Tercer cargo.

26. Defecto sustantivo porque no se aplicó la teoría de la concurrencia de culpas en materia contractual, según la cual, cuando ambas partes contribuyen a la causación del daño, la responsabilidad debe distribuirse proporcionalmente según el grado de participación de cada una. No se analizó la posible responsabilidad compartida, como indica la jurisprudencia y la sentencia cuestionada «validó este desconocimiento del precedente sin ofrecer razones suficientes para ello».

Cuarto cargo.

27. Defecto sustantivo porque se falló en equidad cuando debía hacerse en derecho, «por ejemplo, cuando el Tribunal califica como una "carga exagerada y desproporcionada" el deber del Consorcio de revisar adecuadamente los diseños en la etapa precontractual, o cuando decide no considerar la teoría de la concurrencia de culpas a pesar de que ambas partes contribuyeron a la no ejecución del contrato».

Quinto cargo.

28. Defecto fáctico por cuanto se validó un laudo arbitral que se fundamentó en un dictamen pericial parcializado, lo que configuraba causal de recusación, según lo establecido en los artículos 141, numeral 12 y 235 del CGP , y se omitió valorar la confesión del perito.

Sexto cargo.

29. Violación directa de la Constitución «al validar un laudo arbitral que vulneró de manera grave y ostensible los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de EMCALI» , por las razones

Sexto cargo.

29. Violación directa de la Constitución «al validar un laudo arbitral que vulneró de manera grave y ostensible los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de EMCALI» , por las razones expuestas en los cargos anteriores, con lo cual además se desbordaron los límitesRadicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 competenciales de los árbitros . En el caso concreto, «la Sección Tercera del Consejo de Estado realiz ó un control meramente formal del laudo arbitral, sin verificar de manera efectiva las vulneraciones constitucionales que lo viciaban, configurándose así un defecto por violación directa de la Constitución que amerita la protección inmediata de los derechos fundamentales de EMCALI mediante la acción de tutela».

Séptimo cargo.

30. Defecto orgánico al «validar un laudo arbitral emitido por un Tribunal que excedió manifiestamente el ámbito de su competencia, desconociendo los precisos límites establecidos en el pacto arbitral y en la ley». El Consejo de Estado validó la decisión proferida en equidad y la falta de pronunciamiento sobre las pretensiones segunda, cuarta y quinta de la demanda de reconvención, relacionadas con el incumplimiento del Consorcio.

Octavo cargo.

31. Falta de motivación o motivación contradictoria, por cuanto se validaron los yerros señalados en las demás acusaciones.

incumplimiento del Consorcio.

Octavo cargo.

31. Falta de motivación o motivación contradictoria, por cuanto se validaron los yerros señalados en las demás acusaciones.

G. Límites de la tutela contra laudos arbitrales

32. La Corte Constitucional, en múltiples ocasiones, se ha referido a la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales y ha concluido que, al tratarse de decisiones adoptadas por la jurisdicción arbitral, a la que acceden las partes de forma voluntaria con la consecuente renuncia a la justicia ordinaria, su estudio es excepcional y está restringido a la comprobación de una vía de hecho que implique la vulneración directa de un derecho fundamental. Esto bajo el entendido de que los árbitros no están exentos de cumplir las disposiciones de la Constitución

Política1.

33. Ha dicho, además, que la acción de tutela se considera procedente cuando se demuestra que se ha hecho uso de los recursos pr evistos en el ordenamiento jurídico para cuestionar los laudos y a pesar de ello persiste la vía de hecho; sin embargo, cuando los yerros endilgados no son susceptibles de ser analizados a través del recurso de anulación, se ha avalado acudir a la acción de tutela de manera directa2.

34. Al respecto, en sentencia T-920 de 2004, la Corte precisó que:

Si bien existen dentro del ordenamiento jurídico mecanismos para cuestionar las decisiones de los tribunales arbitrales, la naturaleza taxativa de las causales de los recursos de anulación y revisión hacen que no todas las posibles objeciones presentadas contra un dictamen pericial encuadren dentro de

las decisiones de los tribunales arbitrales, la naturaleza taxativa de las causales de los recursos de anulación y revisión hacen que no todas las posibles objeciones presentadas contra un dictamen pericial encuadren dentro de

1 Al respecto, se pueden consultan las sentencias T-608 de 1998, SU-837 de 2002, SU-058 de 2003, T-1228 de 2003, T-920 de 2004, entre otras. 2 Consultar, por ejemplo, sentencias T-294 de 1999, T-972 de 2007 y T-058 de 2009.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00

Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 estos recursos. En consecuencia, cuando alguna de las partes de un proceso arbitral considere que en su caso el Tribunal de Arbitramento incurrió en una arbitrariedad que desconoce el debido proceso y ésta no encuadre dentro de las causales de los recursos existentes, pr ocederá la tutela para estudiar de fondo el problema jurídico existente. (se resalta)

35. Por consiguiente, en ese asunto se resolvieron los cargos presentados contra el laudo arbitral, que versaban sobre la incorrecta interpretación de los términos del contrato y la indebida valoración de un dictamen pericial, toda vez que tales defectos endilgados a la decisión no encuadraban dentro de las causales de anulación y de revisión3, para ese momento.

36. En sentencia SU -174 de 2007, la Corte Constitucional reiteró las reglas de

endilgados a la decisión no encuadraban dentro de las causales de anulación y de revisión3, para ese momento.

36. En sentencia SU -174 de 2007, la Corte Constitucional reiteró las reglas de procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales y resaltó que exige la configuración de una vulneración directa de derechos fundamentales, y su persistencia pese al agot amiento de los recursos provistos por el ordenamiento jurídico para controlar los laudos. Aclaró, además, que la vía de hecho en providencias judiciales sólo se concreta por la existencia de los defectos sustantivo, orgánico, procedimental y fáctico.

37. En esa ocasión, la acción de tutela se dirigió simultáneamente contra el laudo arbitral y la sentencia que resolvió el recurso de anulación, a los que se atribuyó un defecto orgánico, por cuanto se efectuó y avaló, respectivamente, el pronunciamiento efectuado por el panel arbitral sobre la validez del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, con lo que habría rebasado su competencia legal y constitucional. Para determinar el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, la Corte constató el agotamiento de los recursos procedentes en el trámite arbitral y del recurso de anulación, en los que se cuestionó el supuesto defecto orgánico, y advirtió que los argumentos de la anula

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