CE - Sentencia 11001031500020250195500

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250195500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01955-00

Accionantes: Julián Esteban Hurtado Atehortúa y otros Accionados: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura y otro

Temas: Acción de tutela por presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, por tener en cuenta los procesos redistribuidos al despacho a la hora de realizar el índice de evacuación parcial. La calificación obtenida impide acceder a la figura del teletrabajo.

DECLARAR IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Julián Esteban Hurtado Atehortúa, juez del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira ; María Teresa Hincapié Hincapié, secretaria; Ángela Marcela Izquierdo y Estefanía Acosta Ochoa, oficiales mayores; Heibel Hernando Barona y Marcela Guerrero Varón, escribientes y María Alejandra Arredondo, asistente judicial, en contra de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.

ANTECEDENTES

Los accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados por la entidad

y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.

ANTECEDENTES

Los accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados por la entidad accionada.

HECHOS

Se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento

Que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira fue creado mediante el Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023 e inició su funcionamiento el 22 de abril de 2024.2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01955-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda ordenó la redistribución de 207 procesos al despacho antes citado, los cuales fueron registrados «en el Sistema de Estadística Judicial (SIERJU) bajo la categoría de “ingresos por descongestión”».

Que el Acuerdo PCSJA24 -12151 del 28 de febrero de 2024 dispuso que , para acceder a la modalidad de teletrabajo, los despachos judiciales deben de obtener un índice de evacuación parcial (IEP) superior al 80%.

Que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico calculó el IEP en un 66%, incluyendo los procesos recibidos por redistribución, los cuales en criterio de los accionantes no debieron de haber sido tenidos en cuenta, pues esto impide que los funcionarios puedan acceder al teletrabajo y genera una situación de desigualdad con otros despachos que no recibieron dichos procesos y cuyo cálculo de

accionantes no debieron de haber sido tenidos en cuenta, pues esto impide que los funcionarios puedan acceder al teletrabajo y genera una situación de desigualdad con otros despachos que no recibieron dichos procesos y cuyo cálculo de evacuación se realizó sobre los ingresos efectivos.

Que el 4 (sic) de marzo de 2025 le solicitaron a la accionada la revisión de la metodología del cálculo del IEP; sin embargo, la entidad mantiene su posición.

Que la Corte Suprema de Justicia en sentencia STP 6631 -2024 resolvió acción de tutela presentada por los juzgados administrativos de Armenia, Buga y Cartago, en contra del Consejo Superior de la Judicatura por calcular el IEP sin diferenciar los ingresos efectivos y los procesos redistribuidos, donde consideró que la metodología aplicada por la entidad viola los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo.

PRETENSIONES

Solicitan que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura recalcular el IEP del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira, excluyendo los procesos recibidos por redistribución.

De manera subsidiaria, pidi eron que en caso de no ser posible el recalculo inmediato, que se autorice al despacho para acceder a la modalidad de teletrabajo, exonerando de manera temporal el requisito de obtener un 80% en la evaluación.

Además, exigieron que en caso de proferirse el fallo con posterioridad al vencimiento del plazo para realizar solicitud de teletrabajo que, se ordene a la autoridad competente recibir y tramitar dicho requerimiento fuera del plazo ordinario.

Además, exigieron que en caso de proferirse el fallo con posterioridad al vencimiento del plazo para realizar solicitud de teletrabajo que, se ordene a la autoridad competente recibir y tramitar dicho requerimiento fuera del plazo ordinario.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente, donde el 23 de abril de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de la accionada y se vinculó al Tribunal Superior de Pereira.3

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira informó que la solicitud de teletrabajo diligenciada en el aplicativo que dispuso la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no figura a nombre del doctor Julián Esteban Hurtado (Juez Sexto Civil del Circuito de Pereira).

Por otro lado, señaló que actúa como nominador del doctor Esteban Hurtado, en su condición de juez, y no tiene similar calidad frente a los accionantes de quienes no tiene información.

Finalmente, indicó que no tiene injerencia alguna en el cálculo del IEP, el cual está a cargo de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que el Tribunal no le ha transgredido a los accionantes derecho alguno.

La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por no satisfacer

alguno.

La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, bajo el entendido que, contra el acto administrativo que notificó el cálculo del IEP procedía el recurso de reposición y, en caso de no estar de acuerdo con la decisión adoptada, los medio s de control que establece el CPACA.

En el caso particular, señaló que los accionantes no interpusieron recurso en contra de la respuesta que brindó la entidad el 13 de marzo de 2025, así como tampoco se acudió ante el juez administrativo. En la acción de tutela no se alega un perjuicio irremediable.

Frente al argumento de los accionantes de que existen casos similares en los que se ha ordenado el amparo, indicó la Unidad que «existe uniformidad de criterio por parte del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, al establecer la improcedencia de la acción constitucional como mecanismo para controvertir los requisitos establecidos en el Acuerdo PCSJA24 -12151 de 2024 » y citó las sentencias del 19 de septiembre1 y 9 de julio de 20242 y 26 de marzo3 y 24 y 235 de abril de 2025.

Por último, dijo que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia ATC1123-2024 del

1 Consejo de Estado providencia del 19 de septiembre de 2024, acción de tutela con radicado número 11001031500020240285202 2 Corte Suprema de Justicia, en sentencia del magistrado ponente Dr. Gerardo Barbosa Castillo del 9 de julio

1 Consejo de Estado providencia del 19 de septiembre de 2024, acción de tutela con radicado número 11001031500020240285202 2 Corte Suprema de Justicia, en sentencia del magistrado ponente Dr. Gerardo Barbosa Castillo del 9 de julio de 2024 bajo radicado: 11001-02-30-000-2024-00-833-00 3 Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, sentencia STC4000 del 26 de marzo de 2025 radicación 1100102-30-000-2025-00233-00 4 Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, sentencia STC4548 del 2 de abril de 2025 radicación 11001-02-30-000-2025-00259-00 y ponencia de la Dra. Hilda González Neira 5 Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, sentencia STC5555-2025, radicación 11001-02-30-000-2025-00332-00 y ponencia de la Dra. Martha Patricia Guzmán Álvarez4

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28 de junio de 2024 declaró la nulidad de lo actuado en la providencia STP66312024, en la que presuntamente se accedió a las pretensiones, y, en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos

la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, para lo cual abordará los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito de subsidiariedad en la acción de tutela y III) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ; cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la

amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales, además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho.

Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus tantos pronunciamientos expuso la Corte:

«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en5

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cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evide nte la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales»6.

Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional con relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar la

Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional con relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar la suspensión provisional de sus efectos; mediante los medios de control, así lo dijo la

Corte Constitucional:

«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra, fundamentos jurídicos 44 -56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie de posibles medidas cautelares para la protección y garantía provisional del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia. Entre las que se cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la suspensión de un procedimiento o actuación, o la suspensión de los efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»7

En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Caso concreto

Alegan los accionantes que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura les transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, por realizar el índice de evacuación parcial incluyendo los procesos que le fueron redistribuidos al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira, situación que no les permitió tener una calificación superior al 80% para acceder a la figura del teletrabajo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre

Circuito de Pereira, situación que no les permitió tener una calificación superior al 80% para acceder a la figura del teletrabajo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 20238 en el literal c artículo 7º dispone que una de las condiciones para acceder al teletrabajo, en el caso de los juzgados , es obtener un índice de eva cuación parcialIEP igual o superior al 80% calificación que está a cargo de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.

El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira obtuvo una calificación del 66% ; mediante Oficio núm. 0536 del 5 de marzo de 2025 el despacho le solicitó a la Unidad revisar la calificación, con fundamento en que «los procesos redistribuidos

6 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 7 Sentencia T-149 de 2023 8 «Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional»6

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deben ser considerados como parte del inventario inicial del juzgado y no como ingresos efectivos».

El 13 de marzo de 2025, la Unidad negó la petición, bajo el entendido que, «el %IEP “Índice de Evacuación Parcial” para teletrabajo corresponde a la razón entre el

ingresos efectivos».

El 13 de marzo de 2025, la Unidad negó la petición, bajo el entendido que, «el %IEP “Índice de Evacuación Parcial” para teletrabajo corresponde a la razón entre el ingreso total del despacho y el egreso total de este, para su cálculo la UDAE tomó todos los tipos de ingresos y egresos que el despacho reportó en el sistema SIERJU, debido a que todos hacen parte de su carga y gestión», por lo que no había lugar a excluir del cálculo los procesos recibidos por redistribución.

La Unidad en el informe que rindió señaló que contra el cálculo del porcentaje del IEP procedía el recurso de reposición; sin embargo, los accionantes no lo interpusieron.

Al respecto, advierte la Sala que la acción de tutela resulta improcedente, dado que se pretende controvertir la legalidad del acto administrativo de contenido particular, a través del cual la Unidad calificó al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira con un 66% , para lo cual, l os accionantes tienen el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que resulta ser idóneo y eficaz, puesto que éste le permite solicitar medidas cautelares incluso de urgencia, como lo son i) la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo objeto de discusión hasta que se defina la declaración o no de la nulidad; ii) ordenar la adopción de una decisión administrativa y iii) impartir órdenes o imponer obligaciones a las autoridades accionadas. Herramientas que demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite

decisión administrativa y iii) impartir órdenes o imponer obligaciones a las autoridades accionadas. Herramientas que demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser remediada antes de que se profiera una decisión definitiva, como ocurre en el caso particular.

Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el caso particular no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable y tampoco se evidencia que los accionantes sean personas de especial protección constitucional para dar flexibilidad al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela , por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por los

señores Julián Esteban Hurtado Atehortúa María Teresa Hincapié Hincapié, Ángela Marcela Izquierdo, Estefanía Acosta Ochoa, Heibel Hernando Barona, Marcela7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01955-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Guerrero Varón y María Alejandra Arredondo , conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la

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Guerrero Varón y María Alejandra Arredondo , conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente HAPC

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