CE - Sentencia 11001031500020250195700

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250195700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Demandante: CLARA SILVANA PADILLA - INGENIEROS

CONSTRUCTORES DE NARIÑO INCINAR EU

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional. Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Clara Silvana Padilla, quien actúa en nombre propio y en representación de Ingenieros Constructores de Nariño INCINAR EU 1, promovió

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Clara Silvana Padilla, quien actúa en nombre propio y en representación de Ingenieros Constructores de Nariño INCINAR EU 1, promovió acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, junto con los principios del juez natural, a la confianza legítima y de buena fe.

Lo anterior, con ocasión de las providencias de 9 de agosto y 7 de mayo de 2024 proferidas por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, toda vez que no se libró mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo que la actora promovió contra el municipio de Barbacoas (Nariño), el cual se identificó con el radicado 52835-33-33-001-2023-00209-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, juez natural, confianza legitima, el trabajo, buena fe e igualdad, en favor de CLARA

1 Empresa Unipersonal. 2 Mediante escrito recibido el 3 de abril de 2025.Demandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 SILVANA PADILLA, mayor de edad, vecina de Pasto, Nariño, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.400.761 expedida en Ricaurte – Nariño, obrando en nombre y en representación de INGENIEROS CONSTRUCTORES DE NARIÑO

INCINAR EU, con NIT 814001013-3.

2. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tumaco del día Tumaco del día siete (07) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), por el cual se abstuvo de librar mandamiento de pago dentro del proceso que cursa bajo el radicado 52835 -33-33-001-2023-00209-00. Igualmente, dejar sin efectos el auto del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO proferido el día nueve (09) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), por medio del cual se resolvió recurso de apelación y decidió confirmar la decisión de no librar mandamiento de pago.

3. ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tumaco, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de la respectiva sentencia, profiera auto que libre mandamiento de pago, con el apego a las normas procesales del proceso ejecutivo.

4. En forma especial solicitó al señor Juez se sirva adoptar todas las medidas que considere pertinentes para asegurar la protección de los derechos fundamentales enunciados en la presente acción.3

las normas procesales del proceso ejecutivo.

4. En forma especial solicitó al señor Juez se sirva adoptar todas las medidas que considere pertinentes para asegurar la protección de los derechos fundamentales enunciados en la presente acción.3

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

La parte accionante relató que el municipio de Barbacoas (Nariño) suscribió el Convenio Interadministrativo 753 de 2013 con C oldeportes4, el cual t enía por objeto la construcción de una cancha sintética, las tribunas y la adecuación de la estructura existente en el estadio del aludido ente territorial.

Narró que para la ejecución de tal proyecto, el 10 de abril de 2014 el municipio de Barbacoas (Nariño) celebró con Ingenieros Constructores de Nariño INCINAR EU el contrato de obra LP 002 -2014, el cual tenía un plazo de 5 meses, es decir, hasta el 26 de octubre de 2014 y que este acuerdo fue prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2015.

Indicó que el 28 de septiembre de 2015 firmó un acta final de la obra con el ente territorial antes mencionado , en la cual consta que el saldo a favor de la contratista equivale a $793.071.385 y el 30 de septiembre del mismo año suscribió la primer acta de liquidación bilateral del contrato. Sin embargo, en este documento aparece que recibió el pago de $2.998.545.124, cuando en realidad solo fue por $2.205.473.739.

Hizo referencia a que el 27 de enero de 2016 aprobó un acta de compromiso para

documento aparece que recibió el pago de $2.998.545.124, cuando en realidad solo fue por $2.205.473.739.

Hizo referencia a que el 27 de enero de 2016 aprobó un acta de compromiso para la terminación de la c ancha sintética y, pese a que la empresa cumplió el objeto contractual, el municipio de Barbacoas (Nariño) no realizó el pago de $793.071.385 bajo el argumento relativo a que no existía respaldo contable de los recursos aportados por dicha entidad al convenio.

Adujo que el 27 de febrero de 2018 promovió el medio de control de reparación

3 Trascripción literal del original con posibles errores. 4 Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Entidad que a partir del año 2020 se disolvió y se creó el Ministerio del Deporte.Demandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 directa - actio in rem verso contra el municipio de Barbacoas (Nariño) y Coldeportes, cuyo conocimiento le correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño que, en auto de 24 de mayo de este mismo año, inadmitió la demanda por cuanto las pretensiones formuladas correspondían a un proceso de controversias contractuales o ejecutivo contractual.

Coldeportes, cuyo conocimiento le correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño que, en auto de 24 de mayo de este mismo año, inadmitió la demanda por cuanto las pretensiones formuladas correspondían a un proceso de controversias contractuales o ejecutivo contractual.

Explicó que mediante escrito de 12 de junio de 2018 ajustó la demanda a l medio de control ejecutivo contractual5. No obstante, con proveído de 11 de julio del mismo año el despacho a cargo del asunto se abstuvo de librar mandamiento de pago contra el municipio demandado, tras concluir que no existía una obligación clara, expresa y exigible por cuanto en el acta de liquidación de 30 de septiembre de 2015 se indicó que «el contratista manifestó que le fueron pagadas la totalidad de las prestaciones ejecutadas» y allí aparecía lo siguiente:

Valor Acta pagadas al Contratista de Obra $2.998.545.124 Valor Contratado $ 2.998.546.105 Diferencia a favor del Municipio $981

El Municipio de Barbacoas recibe a entera satisfacción las obras objeto del presente contrato. El contratista renuncia a cualquier reclamación posterior por obra no contemplada. El contratista hace entrega del objeto del contrato al Municipio.

Señaló que interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , en providencia de 22 de mayo de 20 19, en el sentido de confirmar la decisión del a quo al advertir qu e si lo pretendido por el contratista era el pago de un acta de obra anterior a la firma de la liquidación bilateral, debió solicitar también su invalidación.

quo al advertir qu e si lo pretendido por el contratista era el pago de un acta de obra anterior a la firma de la liquidación bilateral, debió solicitar también su invalidación.

Afirmó que el 27 de diciembre de 2019 solicitó al municipio de Barbacoas (Nariño) modificar el acta de liquidación bilateral de 30 de septiembre de 2015 , pues su contenido daba a entender de manera errada que se realizó el pago del dinero adeudado. En respuesta a esta petición, el 30 de diciembre de la misma anualidad el alcalde de la entidad territorial optó por aclarar el documento, así:

(...) Que nuevamente verificado el archivo y el presupuesto del Municipio de Barbacoas (N), se logra establecer que la suma equivalente a: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS ($793.071.385 COP), aún no ha sido pagada por parte de la Administración Municipal de Barbacoas. Razón por la cual, la misma se encuentra vigente y es actualmente exigible.

7. Que dadas las actuales condiciones, y la imposibilidad de cobro por parte del contratista, es plausible proceder a modificar el estado final del contrato, al siguiente

tenor:

EL ESTADO FINAL DEL CONTRATO ES EL SIGUIENTE:

Valor total contratado $2.998.546.105 Valor total ejecutado $2.998.545.124 Valor pagado al contratista $ 2.205.473.739

5 Cuyas pretensiones se encontraban encaminadas a librar mandamiento de pago por la suma de $793.071.385, más los intereses moratorios que se causaron a partir del día siguiente a la

Valor pagado al contratista $ 2.205.473.739

5 Cuyas pretensiones se encontraban encaminadas a librar mandamiento de pago por la suma de $793.071.385, más los intereses moratorios que se causaron a partir del día siguiente a la suscripción de la aclaración al acta de liquidación de obra LP 002 de 2014 suscrita el 30 de diciembre de 2019 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, así como del pago de gastos, costas y agencias en derecho a que hubiera lugar.Demandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Saldo no ejecutado $ 987.00 Saldo a favor del contratista $793.071.385

Hizo alusión a que presentó otra demanda ejecutiva 6 contra el municipio de Barbacoas (Nariño) y Coldeportes, la cual fue conocida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco que, en auto de 7 de abril de 2022 , se abstuvo de librar mandamiento de pago tras considerar que el acta de aclaración de la liquidación de la obra contiene una obligación natural y, por tanto, no es viable su ejecución.

En cuanto a Coldeportes, dicha autoridad judicial precisó que, si bien esta entidad aparecía en la demanda como ejecutada, lo cierto es que no fue parte en la

no es viable su ejecución.

En cuanto a Coldeportes, dicha autoridad judicial precisó que, si bien esta entidad aparecía en la demanda como ejecutada, lo cierto es que no fue parte en la relación jurídica contractual generadora de la obligación objeto del litigio, por lo que no había lugar a librar mandamiento de pago en su contra.

Resaltó que , en providencia de 30 de noviembre de 2022 , el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la anterior decisión al concluir que el acta de liquidación bilateral del contrato de obra constituía un título ejecutivo simple y autónomo del acuerdo , por lo que si en este documento se contempla ba la existencia de una obligación pendiente de recaudo, tendría que librarse mandamiento ejecutivo siempre y cuando no exist iera otro motivo adicional que impidiera tal disposición.

Entonces, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco reasumió el estudio del caso y mediante proveído de 13 de abril de 2023 se abstuvo de librar mandamiento de pago contra Coldeportes e inadmitió en cuanto al municipio de Barbacoas (Nariño), por cuanto no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicia l. Luego, con auto de 15 de mayo de 2023 se rechazó la demanda, dado que la empresa no corri gió la inconsistencia advertida.

Dijo que el 28 de julio de 2023 ejerció nuevamente el proceso ejecutivo7 solo contra el aludido municipio , asunto del que conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco , el cual se abst uvo de librar mandamiento de pago con auto de 7 de mayo de 2024, debido a que el acta de

contra el aludido municipio , asunto del que conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco , el cual se abst uvo de librar mandamiento de pago con auto de 7 de mayo de 2024, debido a que el acta de aclaración de la suma adeudada se expidió por fuera del término establecido para liquidar el contrato 8 y, por tanto, sin competencia por parte del ente territorial ejecutado.

Aunado a que se configuró la caducidad del medio de control en lo que atañe a la liquidación realizada el 28 y 30 de septiembre de 2015 , pues al tenor de lo previsto en el literal k) del numeral 29 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 ( en

6 Asunto con radicado 52835-33-33-001-2021-00558-00/01. 7 Proceso con radicado 52835-33-33-001-2023-00209-00/01. 8 Al respecto, se hizo referencia al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 , según el cual, la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 9 Que a la letra dice: «k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquierDemandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU

decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquierDemandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 adelante CPACA), el término para promover la demanda ejecutiva feneció el 30 de septiembre de 2020.

Comentó que en providencia de 9 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó lo señalado por el a quo, al encontrar que con el documento de 30 de diciembre de 2019 lo que se pretendió fue liquidar nuevamente el contrato de obra, sin tenerse en cuenta que subsistía el acta de liquidación de 30 de septiembre de 2015 , en la cual no se dejó alguna salvedad sobre saldos pendientes a favor del contratist a. Igualmente, el ad quem coincidió con el juzgado en que operó la caducidad en lo concerniente al acta celebrada el 30 de septiembre de 2015.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte accionante, las providencias de 9 de agosto y 7 de mayo de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco , respectivamente, adolecen de defecto procedimental absoluto, con ocasión a que se prescindió del trámite propio del medio de control ejecutivo, pues se decidió de manera oficiosa respecto a la

Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco , respectivamente, adolecen de defecto procedimental absoluto, con ocasión a que se prescindió del trámite propio del medio de control ejecutivo, pues se decidió de manera oficiosa respecto a la legalidad de los actos administrativos objeto de ejecución, desnaturalizando tal proceso en uno de conocimiento y se omitió la validez que la ley les otorga.

Al respecto, la demandante trajo a colación la sentencia de 22 de abril de 2022 proferida por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección A 10, en la cual se estableció que en los procesos ejecutivos está prohibido aplicar de oficio la excepción de ilegalidad , pues este no es el escenario adecuado para analizar la legitimidad de los actos administrativos.

A su vez, la accionante invocó el desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación 00342 de 201911, según la cual, el acta de liquidación bilateral extemporánea no deja de ser un acto jurídico eficaz y vinculante para las partes del contrato estatal, pues así lo reconoce explícitamente el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

De modo que, en esta norma no se estableció la pérdida de competencia, ni la invalidez del acto expedido extemporáneamente, por lo que no fue acertado que en su caso se concluyera que el municipio de Barbacoas (Nariño) perdió competencia para corregir la liquidación del contrato , debido a que el objeto y la causa ilícita se encontraban en el acta de 30 de septiembre de 2015, tras

en su caso se concluyera que el municipio de Barbacoas (Nariño) perdió competencia para corregir la liquidación del contrato , debido a que el objeto y la causa ilícita se encontraban en el acta de 30 de septiembre de 2015, tras señalarse falsamente que recibió el pago por $2.998.545.124, pese a que estaba pendiente el valor de $793.071.385 para llegar a la suma indicada.

En concordancia con lo anterior, la parte actora consideró que se vulneró su derecho fundamental a la igualdad, toda vez que la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió en primera instancia el proceso con radicado

materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida». 10 M.P. María Adriana Marín, radicado 05001-23-33-000-2015-00927-01 (60587). 11 Sentencia de primero 1º de agosto de 2019 , M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas , proferida dentro del proceso de controversias contractuales con radicado 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009).Demandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 05001-23-33-000-2015-00927-00, «en el cual se intentó discutir por parte de los

www.consejodeestado.gov.co 6 05001-23-33-000-2015-00927-00, «en el cual se intentó discutir por parte de los demandados la legalidad de los actos administrativos ejecutables, en la etapa ejecutiva del proceso y se les fue negado. Por lo que no hay razón que justifique un trato diferente al asunto presentado».

Además, la parte actora aseguró que en los proveídos cuestionados se olvidó que mediante pro videncia de 30 de noviembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Nariño se pronunció en torno al mismo asunto, en el sentido de indicar que el contenido del acta de liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo simple y autónomo, razón por la cual le ordenó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco examinar el acta aclaratoria.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 8 de abril de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Nariño y al juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco . Además, se vinculó al alcalde del municipio de Barbacoas, así como a Coldeportes (hoy en día Ministerio del Deporte) , en atención al interés que les asiste en las resultas del presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones 12, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado ponente de la providencia controvertida rindió informe por medio del

Remitidas las respectivas comunicaciones 12, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado ponente de la providencia controvertida rindió informe por medio del cual solicitó desestimar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por cuanto la decisión proferida por esa corporación está debidamente motivada en las normas y jurisprudencia aplicable al tema en cuestión, así como en la valoración crítica y conjunta de las pruebas aportadas al expediente , a partir de lo cual resolvió el caso sometido a su consideración.

1.5.2. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco

La titular del despacho hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo objeto de reproche y se opuso al amparo deprecado por la parte actora , con respaldo en que no transgredió alguno de los derechos fundamentales invocados sino, por el contrario, dio estricto cumplimiento a la normatividad aplicable al caso en estudio, situación diferente es que la decisión proferida fuera adversa a sus intereses.

1.5.3. Ministerio del Deporte

Se pronunció por intermedio del jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la cartera ministerial, quien requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que no es la entidad llamada a responder por la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados por la demandante , dado

12 Mediante oficios enviados el 10 de abril de 2025.Demandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

12 Mediante oficios enviados el 10 de abril de 2025.Demandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 que no tiene alguna competencia en el cumplimiento de las pretensiones elevadas.

1.5.4. Municipio de Barbacoas (Nariño)

El apoderado judicial del ente territorial indicó que la tutela es improcedente, debido a que la accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional como un recurso adicional al proceso ejecutivo para reabrir controversias decididas en debida forma por los jueces naturales y, de este modo, reabrir los términos de un asunto que culminó por «prescripción».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 , así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestiones previas

  • El Ministerio de l Deporte solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, petición que será denegada debido a que su vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas de este proceso.

de legitimación en la causa por pasiva, petición que será denegada debido a que su vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas de este proceso.

Esto, por cuanto integró la parte demandada en el medio de control ejecutivo con radicado 52835-33-33-001-2021-00558-00/01, el cual se tramitó con antelación al proceso objeto de tutela y está relacionado con los hechos descritos por la parte actora, mas no se vinculó como la entidad contra la cual se dirijan los reproches planteados en la acción de tutela.

  • Igualmente, se aclara que aun cuando la accionante también identificó como autoridad judicial enjuiciada al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tumaco, el estudio del presente caso se abordará a partir de los argumentos contenidos en la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, por ser la decisión que puso fin al proceso objeto controvertido.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora , al presuntamente incurrir en el defecto procedimental absoluto planteado, así como en desconocimiento del precedente y la vulneración del derecho a la igualdad en decisiones judiciales.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providenciasDemandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

la Sección respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providenciasDemandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 judiciales y el estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará, ii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento

hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. 13

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva – o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios

presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los

13 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Clara Silvana PadillaIngenieros Constructores de Nariño INCINAR EU Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01957-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

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