CE - Sentencia 11001031500020250198300

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250198300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01983-00

Accionante: Jair Fernando Ríos Aranda Accionados: Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Acción de tutela por presunta violación de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad y mínimo vital , por no mantener vigen cia de la licencia temporal de abogacía y/o expedir tarjeta profesional . NIEGADECLARA IMPROCEDENTE

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jair Fernando Ríos Aranda, en nombre propio, en contra de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, la Presidencia de la República y el Congreso de la República.

ANTECEDENTES

El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, los cuales considera vulnerado s por la s entidades accionadas.

HECHOS

Se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento

Que en el mes de agosto de 2019 inició sus estudios de pregrado de derecho en la

accionadas.

HECHOS

Se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento

Que en el mes de agosto de 2019 inició sus estudios de pregrado de derecho en la UPTC extensión Aguazul, culminó el 4 de diciembre de 2023 y se graduó el 18 del mismo mes del año 2024.

Que aproximadamente en el mes de abril de 2024 le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura la expedición de la licencia temporal, la cual fue emitida mediante la Resolución LT 37839, vigente hasta el 4 de diciembre de 2025.2

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Que no se inscribió al examen de Estado en la segunda convocatoria del año 2024, pues su «interpretación literal de la normativa me llevó a creer que solo los abogados graduados eran elegibles para aplicar el Examen (sic)».

Que, en el mes de enero, mientras que aplicaba al examen, empezó a litigar en procesos de única instancia, mínima y menor cuantía.

Que el 1º de abril de 2025, cuando descargó un certificado de vigencia de la licencia temporal, para asistir a una diligencia programada, se percató que el Consejo Superior de la Judicatura le revocó la Resolución LT 37839 ; ese mismo día, le solicitó información a la entidad sobre el particular , a lo cual le indicaron que la licencia había perdido su vigencia y que no se podía expedir tarjeta profesional con

Superior de la Judicatura le revocó la Resolución LT 37839 ; ese mismo día, le solicitó información a la entidad sobre el particular , a lo cual le indicaron que la licencia había perdido su vigencia y que no se podía expedir tarjeta profesional con anotación provisional en cumplimiento de la Sentencia SU 128 del 18 de abril de 2024.

Que el Consejo Superior de la Judicatura a la fecha de presentación de la acción de tutela no había definido fechas para aplicar al examen de Estado 2025-I.

Que debido a que se encuentra sin licencia vigente tuvo que renunciar a la representación legal de todos los procesos penales, civiles y laborales que tenía a su cargo, situación que le transgrede su derecho al trabajo y le afecta su condición económica, pues «me lleva a un estado de desamparo económico, ya que no tengo otros medios para generar ingresos. Esto implica dificultades para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda y otros gastos esenciales».

Que en su criterio la inscripción en el Registro Nacional de Abogados resulta «inútil, ya que la práctica de la abogacía requiere una tarjeta profesional o licencia temporal, documentos que no obtengo automáticamente con la inscripción».

Que a la fecha, el Congreso de la República no ha expedido una ley ni la Presidencia de la República un decreto con fuerza de ley que «establezca una licencia o tarjeta que permita al abogado titulado que no ha presentado o aprobado el examen, poder ejercer el derecho con las mismas limitaciones que tiene la licencia temporal».

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar al Congreso de la República, al presidente de la República y al Consejo Superior de

ejercer el derecho con las mismas limitaciones que tiene la licencia temporal».

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar al Congreso de la República, al presidente de la República y al Consejo Superior de la Judicatura «dar solución a la situación que se me presenta».

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente, donde el 23 de abril de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación de las accionadas.3

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Unidad de Registro Nacional de la JudicaturaURNA del Consejo Superior de la Judicatura señaló que conforme al Acuerdo núm. PCSJA24-12223 del 22 de noviembre de 2024 se permitía la inscripción de egresados y no se exigía el diploma y/o acta de grado y que la fecha de presentación del examen 2025 -I est á programada para el 15 de junio de 2025; a través de la Resolución núm. URNAR2597 del 24 de abril de 2025 se admitió al accionante para aplicar a dicha prueba.

Por otro lado, expuso que no se vulneran los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, por el hecho de cancelar la licencia temporal y exigir la presentación del examen, dado que eso obedece al cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias.

Por otro lado, expuso que no se vulneran los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, por el hecho de cancelar la licencia temporal y exigir la presentación del examen, dado que eso obedece al cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias.

De igual forma, precisó que no todas las actividades laborales relacionadas con el ejercicio del derecho están condicionadas a la presentación de la tarjeta profesional, sino que «existe un campo amplio que el tutelante puede desarrollar cuando adelante nuevamente su inscripción como abogado en el Registro Nacional de Abogados».

Frente a las circunstancias que alegó el actor derivadas por la pérdida de vigencia de la licencia temporal, manifestó que el actor no allegó prueba que demuestre el riesgo inminente y la presunta violación de su derecho al mínimo vital.

La Secretaría del Senado de la República y la Presidencia de la República solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, por no ser responsable s de ninguna conducta activa u omisiva que presuntamente transgreda los derechos invocados por el actor.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) requisito para acceder a la expedición de la tarjeta profesional, destinatarios de la Ley 1905 de 2018 y III) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ; cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro4

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medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Requisito para acceder a la expedición de la tarjeta profesional, destinatarios de la Ley 1905 de 2018

Los artículos 4.° y 5.° del Decreto Ley 196 de 1971 consagran que para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado; para realizar dicho registro es necesario haber obtenido el título correspondiente; y quien actúe como abogado deberá exhibir su tarjeta profesional.

La Ley 1905 de 20181 estableció que los estudiantes de derecho que iniciaron sus estudios después del 28 de junio de ese año , para obtener la tarjeta profesional además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, deberán aportar certificación de aprobación del examen de Estado.

El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022,

además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, deberán aportar certificación de aprobación del examen de Estado.

El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022, el cual estipuló que, los destinatarios de la ley antes citada “podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba”; adicionalmente, el parágrafo transitorio 2 del artículo 2.°, señaló que “[l]as Tarjetas Pro fesionales de Abogados que se expidan bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación “Provisional”. Asimismo, el parágrafo transitorio 3.° del citado artículo precisó que, las personas que obtengan la tarjeta profesional de abogado con anotación de vigencia provisional deberán presentar el examen de Estado y acreditar su aprobación con el fin de que les sea expedida la tarjeta profesional de abogado definitiva.

El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo núm. PCSJA23 -12127 del 22 de diciembre de 2023 dio apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del examen de Estado, cuya convocatoria fue del 26 de diciembre de 2023 al 23 de enero de 2024. La prueba se llevó a cabo el 26 de mayo del año en curso.

El Acuerdo núm. PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024 , derogó el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y estableció la tarjeta profesional con vigencia

curso.

El Acuerdo núm. PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024 , derogó el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y estableció la tarjeta profesional con vigencia provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018.

La Corte Constitucional en la sentencia SU 128 de 2024 inaplicó el artículo11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para regular y expedir la tarjeta profesional con vigencia provisional. El 30 de agosto de 2024, la Unidad expidió la Resolución núm. URNAR24-158, mediante la cual dio cumplimiento a la

1 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.5

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decisión antes mencionada.

El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo núm. PCSJA24 -12223 del 22 de noviembre de 2024 dio apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del examen de Estado 202 5-I, cuya convocatoria se llevó a cabo desde el 25 del mi smo mes y año y hasta el 8 de enero de 2025 . La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia publicó lista de admitidos e inadmitidos en la Resolución núm. URNAR25-55.

Análisis del caso concreto

Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia publicó lista de admitidos e inadmitidos en la Resolución núm. URNAR25-55.

Análisis del caso concreto

Alega el actor que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, la Presidencia de la República y el Congreso de la República le transgreden sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital, al cancelarle la Licencia Temporal LT 37839 del 3 de mayo de 2024.

Del material probatorio aportado, la Sala observa que la Unidad expidió la Licencia Temporal núm. 37839 del 3 de mayo de 20242.

El accionante el 1º de abril de 202 5 envió correo a la Unidad donde expuso lo siguiente:

«Entonces cómo puedo ejercer el derecho si no tengo licencia temporal o algo que me lo facilite? Literalmente un estudiante de derecho tiene más derechos para ejercer la profesión que yo, que ya me gradué pero nisiquiera (sic) he presentado por primera vez el examen (sic) de estado (sic). Estar inscrito como abogado no me sirve de nada ya que no puedo ejercer porque no tengo tarjeta profesional. Es imposible que no hayan contemplado esta figura jurídica. Yo necesito una solución a este caso, no me van a permitir ni siquiera trabajar para lo que estudié durante cinco años, es absurdo

(…)

manifiesto que si bien culminé mis estudios, no puedo solicitar la tarjeta profesional de abogado toda vez que no he podido presentar el exámen

trabajar para lo que estudié durante cinco años, es absurdo

(…)

manifiesto que si bien culminé mis estudios, no puedo solicitar la tarjeta profesional de abogado toda vez que no he podido presentar el exámen (sic) de idoneidad impuesto por la Ley 1905 de 2018, ya que inicié mis estudios en el segundo semestre del año 2019 y en la actualidad no me han definido fecha para presentar dicho examen (sic) . No puedo ser abogado sin la posibilidad de ejercer el derecho porque no he podido aplicar al examen (sic) . Encarecidamente les pido me solucionen mi situación ya que sin licencia temporal no puedo, ni siquiera, trabajar y la norma no contempla una solución para mi caso».

Ese mismo día la Unidad le indicó al actor que de acuerdo con los artículos 31 y 32

2 Acta de registro de licencia temporal núm. 35038.6

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de la Ley 196 de 1971 la licencia temporal otorgada al usuario pierde vigencia cuando: 1) se cumple el término de dos años o 2) al momento de la obtención del título profesional.

En relación con la expedición de la tarjeta profesional, la URNA le informó que dicho documento sólo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen consagrado en la Ley 1905 de 2018, que es obligatorio para todos los que iniciaron sus estudios de la carrera de derecho, con posterioridad al 28 de junio de 2018.

documento sólo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen consagrado en la Ley 1905 de 2018, que es obligatorio para todos los que iniciaron sus estudios de la carrera de derecho, con posterioridad al 28 de junio de 2018.

Aunado a lo anterior, esa autoridad señaló que el artículo 11 del Acuerdo PCSJA2412162 de 2024 consagró la expedición de la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional, para los destinatarios de la Ley 1905 que no hayan cumplido con la aprobación del examen de Estado; sin embar go, la Corte Constitucional en la sentencia SU -128 de 18 de abril de 2024 ordenó la inaplicación de dicha disposición por inconstitucional.

Frente al caso concreto, la Unidad señaló que el actor el 2 de abril de 2024 solicitó la expedición de la licencia temporal, la cual fue otorgada el 3 de mayo de la misma anualidad, con la asignación 37.839 con una vigencia «comprendida entre el 04 de diciembre de 2023 fecha determinación de materias y el 04 de diciembre de 2025»

Seguidamente, expuso que, en vista de que la Universidad Pedagógica y Tecnológica mediante Acta núm. DCS-132 del 20 de diciembre de 2024 reportó que el actor había obtenido el título profesional de la carrera de derecho, la licencia perdió vigencia toda vez que «su estatus pasó de egresada a abogada profesional, por tal razón, era su obligación, solicitar la expedición de la tarjeta profesional». (sic)

Así las cosas, la Unidad le informó al actor que «no es procedente expedir documento alguno que le habilite para ejercer la profesión hasta tanto no haya

por tal razón, era su obligación, solicitar la expedición de la tarjeta profesional». (sic)

Así las cosas, la Unidad le informó al actor que «no es procedente expedir documento alguno que le habilite para ejercer la profesión hasta tanto no haya realizado el trámite de tarjeta profesional de abogada».

Por otra parte, se evidencia que mediante la Resolución núm. URNAR25-97 del 28 de abril de 2025 la URNA admitió al accionante para la presentación del examen de Estado 2025-I que se llevará a cabo el 15 de junio del presente año.

En esa medida, observa la Sala que la negativa de la Unidad de mantener vigente la Licencia Temporal núm. 37.839 hasta el 4 de diciembre de 2025, fecha de vigencia por la cual se expidió inicialmente, no transgrede los derechos invocados por el actor, sino que atiende a los artículos 31 y 32 de la Ley 196 de 1971 3 y el parágrafo 1º del artículo 5º del Acuerdo núm. PSAA13-9901 del 6 de mayo de 20134.

Además, advierte la Sala que el hecho de que la URNA no pueda expedir documento alguno que le permita al actor representar a terceros , no le transgrede

3 «Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía». 4 «Parágrafo 1°. - En ningún caso la licencia temporal será prorrogable, ni se podrá expedir una nueva al vencimiento de la concedida inicialmente»7

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los derechos invocados, pues desde el 4 de diciembre de 2023 obtuvo la calidad de egresado, lo que le permitía inscribirse para presentar el examen de Estado en el año 2024, para la prueba 2024-II; no obstante, solo lo hizo hasta el año 2025.

Aunado a lo anterior, si bien el actor no puede representar a terceros, lo cierto es que, la falta de la tarjeta profesional no le impide ejercer la profesión en cargos que no sean de representación judicial.

El actor considera que existe un vacío legal en los eventos donde «se encontrarían los abogados titulados que no han presentado el examen, o no lo han aprobado» ; sin embargo, mediante la acción de tutela no es procedente ordenar en este caso al Congreso de la República o a la Presidencia de la República que expidan normas sobre el asunto, por lo que, se declarará improcedente el mecanismo constitucional.

En conclusión, se negará el amparo solicitado en contra de la URNA y se declarará improcedente en relación con la Presidencia de la República y el Congreso de la República.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Jair Fernando Ríos

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Jair Fernando Ríos Aranda, en contra de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura , conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada en contra del Congreso de la República y la Presidencia de la República.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01983-00

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LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente HAPC

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