CE - Sentencia 11001031500020250200100
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250200100
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
Accionante: Henry Guzmán y otros Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se niegan las pretensiones de la acción de tutela por no encontrarse configurados los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela interpuesta1 por el señor Henry Guzmán, Miguel Josué Guzmán Martínez, Nuri Luz Martínez Negrete, Lilly Gabriela Guzmán Martínez y Cindy Alejandra Guzmán Martínez, quienes actúan por intermedio de apoderado en contra del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la defensa y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, ocurrida con ocasión de la expedición de las providencias del 22 de febrero de 2021 y 26 de septiembre de
proceso, el acceso a la administración de justicia, la defensa y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, ocurrida con ocasión de la expedición de las providencias del 22 de febrero de 2021 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente, al interior del medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-009-2015-00035-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Los señores Henry Guzmán 2 y otros interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Municipio de Ibagué, la compañía Seguros Generales Suramericana S.A., y el señor Elver David Ferro Rodríguez, con fundamento en una presunta falla del servicio derivada de un accidente sufrido por el señor Henry Guzmán el 1° de julio de 2013 , el cual atribuyó a la existencia de reductores de velocidad que carecían de señalización.
3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Noveno Admin istrativo del Circuito de Ibagué, quien en audiencia inicial practicada el 25 de mayo de 2017 ,
1 El 4 de abril de 2025, de conformidad con el aplicativo SAMAI. 2 Miguel Josué Guzmán Martínez, Nuri Luz Martínez Negrete, Lilly Gabriela Guzmán Martínez y Cindy Alejandra Guzmán MartínezAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
Accionante: Henry Guzmán y otros
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2 bajo el Acta núm. 085 de 2017 , decretó prueba testimonial y pericial , no obstante, negó la solicitud de inspección judicial al considerarla innecesaria, dado que al interior del proceso se aportaron registros fotográficos del lugar en donde aparentemente ocurrió el accidente, y se citó a un testigo presencial de lo acontecido, de conformidad con el artículo 236 de la Ley 1564 de 2012. Frente a esta decisión la parte demandante guardó silencio.
4. Con posterioridad, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué mediante sentencia del 22 de febrero de 2021 declaró probada la excepción de ausencia de título jurídico de imputación propuesta por Seguros Generales Suramericana S.A , toda vez que no existió claridad respecto de la localización geográfica exacta del lugar donde se produjo el accidente, lo cual impidió establecer la existencia de imputabilidad al Estado por los hechos controvertidos.
5. Inconforme con la anterior decisión judicial , l a parte de mandante interpuso recurso de apelación, señalando que en la demanda se había indicado como sitio
de los hechos la carrera 6ª, entre las calles 56 y 57, frente a las instalaciones de la Clínica Federico Lleras Acosta. En el mismo escrito, la parte demandante solicitó nuevamente realizar una inspección judicial.
6. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto del 30 de
Clínica Federico Lleras Acosta. En el mismo escrito, la parte demandante solicitó nuevamente realizar una inspección judicial.
6. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Tolima mediante auto del 30 de noviembre de 2021 negó la solicitud de inspección judicial en virtud de que, en el caso concreto, no se cumplía con ninguna de las causales previstas por el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, para que las partes solicitaran pruebas en segunda instancia.
7. En sede de apelación, la autoridad judicial , mediante providencia del 26 de septiembre de 2024, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia al estimar que la parte demandante no acreditó la ubicación precisa de los hechos, carga probatoria que reca ía exclusivamente sobre esta. Adicionalmente, reiteró que, al estar regida por el principio de justicia rogada, la jurisdicción contenciosoadministrativa no impone al juez la obligación de decretar pruebas de oficio.
Finalmente, concluyó que, según el acervo probat orio, el señor Henry Guzmán se desplazaba a alta velocidad, circunstancia que pudo originar la pérdida de control del vehículo al pasar sobre los reductores de velocidad.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte accionante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
- Defecto fáctico por indebida valoración probatoria de las fotografías publicadas por el periódico el Q’ hubo, los testimonios practicados al interior del proceso y la anotación realizada por la ambulancia que atendió al señor Henry Guzmán, las cuales demuestran, a su juicio, el lugar en que ocurrió el
publicadas por el periódico el Q’ hubo, los testimonios practicados al interior del proceso y la anotación realizada por la ambulancia que atendió al señor Henry Guzmán, las cuales demuestran, a su juicio, el lugar en que ocurrió el accidente, así como también, la inexistencia de señalización de los reductores de velocidad.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
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3 - Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto , pues afirma que la autoridad judicial accionada negó las pretensiones de la demanda al no encontrar plenamente identificado el lugar de los hechos, a pesar de que, en la audiencia inicial, practicada el 25 de mayo de 2017 se aceptó como hecho probado que el señor Henry Guzmán sufrió el accidente en la carrera 6° con calle 57 y 56 de Ibagué, y en virtud de ello, negó una solicitud de inspección judicial del lugar al encontrarla innecesaria.
Defecto procedimental abs oluto al no decretar de oficio la prueba que permitiera corroborar el lugar de ocurrencia de los hechos.
2.3. Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1-. Dejar sin efectos la sentencia proferida por los despachos accionados en su reemplazo proferir sentencia el despacho del juez de primera instancia basado y teniendo como probado el sitio o lugar de los hechos y que fueron
«1-. Dejar sin efectos la sentencia proferida por los despachos accionados en su reemplazo proferir sentencia el despacho del juez de primera instancia basado y teniendo como probado el sitio o lugar de los hechos y que fueron reconocidos y aceptados por las partes en la audiencia inicial, razón por la cual en la misma se negara la inspección judicial para entre otras aspectos verificar y constatar el lugar de los hechos, darle valides a las fotografías del periódico el Q!hubo anexadas, como pruebas y los te stimonios expuestos, junto con la anotación de recogida del lesionado HENRY GUZMAN, por parte de la ambulancia .
2-.Como subsidiaria dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia y en su reemplazo, ordenar al mismo proferir la sentencia basado y ten iendo como probado el sitio o lugar de los hechos y que fueron reconocidos y aceptados por las partes en la audiencia inicial, razón por la cual en la misma se negara la inspección judicial para entre otras aspectos verificar y constatar el lugar de los hechos, darle valides a las fotografías del periódico el Q!hubo anexadas, como pruebas y los testimonios expuestos, junto con la anotación de recogida del lesionado HENRY GUZMAN, por parte de la ambulancia, en su efecto, igualmente, dejar sin efectos la sentencia, ordenándole por ser procedente las pruebas solicitadas en segunda instancia, a decretarse y practicarse en segunda instancia por haberse solicitado dentro del término legal y reunir los presupuestos de conducencia, oportunidad, y convivencia, se sirva decretarlas y basado además en estas, se proceda a proferir nueva sentencia». (sic en toda la cita).
2.4. Intervenciones
presupuestos de conducencia, oportunidad, y convivencia, se sirva decretarlas y basado además en estas, se proceda a proferir nueva sentencia». (sic en toda la cita).
2.4. Intervenciones
10. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 8 de abril de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y al Tribunal Administrativo del Tolima como accionados y al Municipio de Ibagué, Suramericana Seguros, al señor Elver David Ferro Rodríguez y a todos los demás vinculados al medio de control de repa ración directa como terceros interesados en el resultado del proceso
11. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué tras realizar un recuento del trámite procesal, aseguró que en el presente caso no se configuró ninguna causal de procedibilidad de l a acción de tutela contra providencia judicial, pues ni los argumentos ni las actuaciones surtidas al interior del proceso carecen de soporte legal.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
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12. Tribunal Administrativo del Tolima citó la decisión judicial cuestionada al considerar suficientes los argumentos allí expuestos.
13. Municipio de Ibagué solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que en el trámite del proceso de reparación directa no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, por el contrari o, se les
13. Municipio de Ibagué solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que en el trámite del proceso de reparación directa no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, por el contrari o, se les garantizó, pues contaban con la posibilidad de ejercer su derecho fundamental a la defensa y contradicción en casa etapa procesal.
14. Seguros Generales Suramericana S.A Solicitó la desvinculación del presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, señaló que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en los defectos alegados, ni vulneraron los derechos fundamentales invocados.
15. Elver David Ferro Rodríguez consideró que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
16. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
18. Si bien el accionante dirige la acción de referencia en contra de las sentencias proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima el 22 de febrero de 2021 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente, lo cierto es que la decisión que resolvió el proceso de reparación directa fue la sentencia proferida en segunda instancia, por lo que se advierte que, esta Sala únicamente abordará el estudio de la sentencia proferida el 26 de
respectivamente, lo cierto es que la decisión que resolvió el proceso de reparación directa fue la sentencia proferida en segunda instancia, por lo que se advierte que, esta Sala únicamente abordará el estudio de la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
19. De otra parte, se observa que Seguros Generales Suramericana S.A., solicitó su desvinculación del presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, su vinculación obedeció a que el proceso cuestionado se dirigió contra este. En ese sentido, cuenta con interés en el resultado del proceso, por lo que se anticipa que esta Sala negará su petición.
3.3. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima al proferir la sentencia del 26 de septiembre de 2024 i ncurrió en el defecto fáctico, procedimental absoluto y porAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
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5 exceso ritual manifiesto al interior del medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-009-2015-00035-00 [01].
3.4. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
radicado 73001-33-33-009-2015-00035-00 [01].
3.4. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de c iertas exigencias por parte de quien pretende la
desborda los límites que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de c iertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordin arios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad p rocesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados p or la jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
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individualizados.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
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6 3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada3.
3.3.1.4. El asunto a resolver cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de la presunta incursión de la autoridad judicial accionada en el defecto fáctico, procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto.
24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuan do el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el ma nejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»7.
3 La providencia cuestionada se notificó el 4 de octubre de 2024. 4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456
3 La providencia cuestionada se notificó el 4 de octubre de 2024. 4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 5 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 6 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 7 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
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27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.5.1. El presunto defecto fáctico en el caso concreto
28. La parte a ccionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria de las fotografías publicadas por el periódico el Q’ hubo, los testimonios practicados al interior del proceso, y la anotación realizada por la ambulancia que prestó primeros auxilios al señor Henry
defecto fáctico por indebida valoración probatoria de las fotografías publicadas por el periódico el Q’ hubo, los testimonios practicados al interior del proceso, y la anotación realizada por la ambulancia que prestó primeros auxilios al señor Henry Guzmán tras su accidente, las cuales , a su juicio, demuestran el lugar en que ocurrieron los hechos , así como también, la inexistencia de señalización de los reductores de velocidad.
29. Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Tolima señaló lo siguiente:
«Para lo cual el demandante en su recurso de apelación señala, que si bien el A Quo, consideraba que existía duda del lugar donde ocurrieron los hechos, debió haber dado cred ibilidad a lo consignado en el periódico Q HUBO, donde se precisó el accidente de tránsito acaeció en la carrera 6ª entre calles 56 y 57 , y que si esto no era suficiente, de forma oficiosa debió haber decretado una inspección judicial en aras de determinar con claridad y exactitud la dirección.
Para lo cual, encuentra la Sala que le asiste razón al A Quo al haberle surgido duda del lugar donde ocurrieron los hechos, pues se encuentra acreditado que el lugar donde fue la ambulancia recogió al señor HENRY GUZMÁN fue en la calle 60 con carrera 6ª y no en la señalada por los demandantes, sin que sea válido tener como prueba la noticia o recorte de prensa por el periódico Q’ hubo, para confirmar el lugar donde ocurrieron los hechos». (…) «En ese sentido, la noticia del periódico Q Hubo por sí sola no es suficiente para
tener como prueba la noticia o recorte de prensa por el periódico Q’ hubo, para confirmar el lugar donde ocurrieron los hechos». (…) «En ese sentido, la noticia del periódico Q Hubo por sí sola no es suficiente para determinar el lugar de la ocurrencia de los hechos, siendo una carga de la prueba que le correspondía a la parte demandante». (…) «Aunado a ello, reitera la Sala que las fotografías aportadas al plenario, no son convincentes ni cumplen con los requisitos para ser consideradas como medio de prueba, pues con la simple manifestación en la demanda, no es suficiente para corroborar que las fotografías efectivamente obedecen al lugar y fech a de los hechos, en ese sentido esta Corporación no acoge el argumento del apelante, pues con el simple hecho de no haber sido refutadas no conllevan a que deban ser valoradas, tal y como lo ha sostenido el Consejo de Estado, siendo necesario allegar otro medio de prueba que las complementen y ratifiquen su contenido, y al no haberse realizado de esta manera no se tendrán en cuenta».
30. Del recuento realizado, se observa que, de acuerdo con lo expuesto por el
periódico de la región, el accidente ocurrió en la carrera 6ª entra calles 56 y 57, mientras que la ambulancia que atendió al señor Henry Guzmán el mismo día indicó que brindó dicho servicio en la carrera 6ª con calle 60. Asimismo, se evidencia que el supuesto testigo presencial no contaba con plena clari dad sobre el lugar en donde ocurrieron los hechos , inconsistencias que la parte demandante no logró aclarar ante la autoridad judicial accionada.
31. Por consiguiente, el Tribunal Administrativo del Tolima señaló en la providencia
donde ocurrieron los hechos , inconsistencias que la parte demandante no logró aclarar ante la autoridad judicial accionada.
31. Por consiguiente, el Tribunal Administrativo del Tolima señaló en la providencia cuestionada que ni la noticia publicada en el periódico Q’ hubo, ni las fotografías aportadas con la demanda constituyen pruebas irrebatibles del lugar de ocurrenciaAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
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8 de los hechos, pues para ello, señaló que la parte demandante debía allegar un medio de prueba que complementara o ratificara su contenido, situación que en el caso concreto no aconteció.
32. Ahora bien, aunque la parte accionante pretende que la autoridad judicial accionada le otorgue mayor valor probatorio a algunas pruebas, lo cierto es que el juez natural del proceso cuenta con el deber constitucional y legal de valorar de manera integral los elementos materiales que obran en el proceso, garantizando la objetividad del mismo.
33. Habida consideración de lo anterior , esta Sala considera que, en efecto, el material probatorio que obra en el plenario no permite dilucidar con certeza el lugar de o currencia de los hechos, por el contrario, genera incertidumbre . En consecuencia, no se evidencia que la autoridad judicial incurriera en una indebida valoración probatoria al interior del proceso de reparación directa, ni tampoco se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte accionante.
consecuencia, no se evidencia que la autoridad judicial incurriera en una indebida valoración probatoria al interior del proceso de reparación directa, ni tampoco se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte accionante.
3.6. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
34. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido 8. La jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto9.
35. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asun to específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto -, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 10 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demand a o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”11 […]».
comprobar los hechos de la demand a o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”11 […]».
36. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia12. Este defecto procedimental puede llegar a afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la
8 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018. 9 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014. 10 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018. 11 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02001-00
Accionante: Henry Guzmán y otros
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9 administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucio nales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea
a la vigencia de derechos constitucio nales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad pro cedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar13.
37. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse direct a ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterio
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