CE - Sentencia 11001031500020250200400
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250200400
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Radicado: 11001-03-15-000-2025-02004-00 Accionante: SANDRA MARCELA CONTRERAS ABAD Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de procedibilidad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso de reparación directa. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Marcela Contreras Abad, actuando por conducto de apoderada, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211. I. A N T E C E D E N T E S La demanda 1. El 4 de abril de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en contra del Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. Hechos relevantes
2. La señora Sandra Marcela Contreras Abad y su hija menor Antonella Sophia Romero Contreras presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin que se le declarara patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la muerte del soldado profesional Andrés José Romero Teherán por “impacto de proyectil de arma de 1 Que ingresó para fallo el 23 de abril de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02004-00 Accionante: Sandra Marcela Contreras Abad Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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fuego mientras se encontraba en desarrollo de la Orden de Operaciones de Control Territorial No. 11 FUGAZ”. 3. El proceso correspondió al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, por medio de sentencia del 8 de abril de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el daño antijurídico no era imputable al Estado ya que no se evidenció que el Ejército Nacional incumpliera sus deberes, por el contrario, encontró que dio estricta aplicación al principio de planeación bajo el cual se rigen las decisiones de los comandantes de las unidades militares y el combate fue un acontecimiento sorpresivo e imprevisible. 4. Contra dicha decisión la parte demandante interpuso apelación, recurso que fue resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a través de providencia del 14 de noviembre de 2024, confirmó lo fallado en primera instancia. Pretensiones 5. Solicita la parte accionante lo siguiente: “2.1. Tutelar los derechos fundamentales de mi mandante al Debido Proceso e igualdad, desconocidos y vulnerados, con referencia a la sentencia del 2 de mayo de 2024 en radicado expediente 11001-33-43-063-2022-00387-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, quienes incurrieron en defecto fáctico: i) en dimensión negativa, por dar por no probado el hecho o la circunstancia que emerge clara y objetivamente de la prueba. 2.2. De conformidad al amparo constitucional,
se deje sin efectos la sentencia del la (sic) sentencia del 8 de abril de 2024 del Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D. C., en radicado 11001-33-43-063-2022-00387-00 y sentencia del 2 de mayo de 2024 en radicado expediente 11001-33-43-063-2022-00387-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, dentro del medio de control de Reparación Directa. 2.3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A que, en el término de la presente providencia, profiera en amparo constitucional a emitir nueva sentencia dentro del radicado expediente 11001-33-43-063-2022-00387-01”. Fundamentos de la demanda de tutela 6. La parte demandante alega que con las sentencias del 8 de abril de 2024 y 14 de noviembre del mismo año las autoridades accionadas incurrieron en un defecto fáctico en su dimensión negativa, por cuanto no se verificaron “las situaciones que desvela vulneraciones a protocolos, como de las fallas generadas en la planeación y desarrollo de la orden de operación”.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02004-00 Accionante: Sandra Marcela Contreras Abad Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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7. De igual modo, sostiene que no se tuvo en cuenta la prueba emitida por parte del “inspector”, el cual determinó “grandes falencias operacionales, que procedieron sin motivación debida a ignorar”. 8. Asimismo, señala que se configura una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, contenidos en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, según los cuales los jueces deben asegurar el respeto por las formalidades propias de cada juicio y garantizar una administración de justicia justa y completa. Trámite en primera instancia 9. Por medio de auto del 7 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como terceros con interés. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Intervenciones 10. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez, solicitó que se declare la improcedencia del amparo por no acreditarse el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y por no advertirse la configuración de ninguno de los defectos alegados por la accionante. 11. Precisó que del contenido de la providencia del 14 de noviembre de 2024 se verifica que esa corporación realizó una valoración integral de los medios de prueba, “cuestión diferente, es que
luego de analizar todo el acervo probatorio obrante en el plenario, se concluyó que no se encontraba demostrada la responsabilidad”, por ello, “el hecho de que el accionante no comparta la decisión de segunda instancia, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido” por el juez natural de la causa. 12. Manifestó que, si bien es cierto, el accionante reitera, como lo manifestó en su recurso de apelación, que las pruebas aportadas acreditaban la responsabilidad de la demandada por la muerte del soldado profesional, para el Tribunal, “de una valoración integral y atendiendo las reglas de la sana crítica, las mismas no dieron la certeza probatoria para tener por acreditada la imputación del daño al Ejército Nacional”. 13. El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través de su titular, sostuvo que las decisiones adoptadas por esa instancia judicial fueron tomadas con fundamento en todas y cada una de las pruebas aportadas al expediente y atendiendo la normatividad y las disposiciones jurisprudenciales que rigen a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02004-00 Accionante: Sandra Marcela Contreras Abad Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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14. De esta manera, solicitó no acceder al amparo solicitado, por cuanto la violación aducida por la parte accionante no se configuró por parte de ese despacho; “aunado al hecho de que la acción de tutela no es una tercera instancia en la que se pueda pretender la declaratoria favorable de lo pretendido prima facie en un proceso ordinario fallado conforme a derecho”. 15. Adicional a ello, allegó enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de reparación directa radicado núm. 11001-33-43-063-2022-00387-00, para que fuese tenido como prueba en el presente asunto. 16. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que, “contrario a lo solicitado por la tutelante, se abstenga de ordenar a los falladores de instancia, volver a proferir sentencia frente al litigio en cuestión, como quiera que las decisiones están cobijadas conforme a la garantía de la imparcialidad y debido proceso”. II. C O N S I D E R A C I O N E S 17. De conformidad con lo expuesto, la Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la presente acción por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. 18. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces2. 19. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces2. 19. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar dos elementos, a saber3: i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. 2 Sentencia T–422 de 2018. 3 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02004-00 Accionante: Sandra Marcela Contreras Abad Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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20. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción de tutela con el propósito que se estudie nuevamente si, como se discutió en el trámite del proceso de reparación directa, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la muerte del soldado profesional Andrés José Romero Teherán. 21. Para la accionante, las providencias judiciales acusadas incurrieron en un defecto fáctico por la falta de valoración del informe posterior a los hechos y de la misión de trabajo núm. 005 de 2021, suscrito por el mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, en calidad de inspector general del Ejército al BATOT27, documentos que, según lo afirmado en el escrito de tutela, daban cuenta que no se analizaron las capacidades más probables y las más peligrosas del enemigo, ni se hizo el seguimiento de inteligencia que previera una posible acción terrorista en contra del pelotón DAGA1. 22. Sin embargo, dichos argumentos son iguales a los que fundamentaron el recurso de apelación presentado por la demandante en contra de la sentencia del 8 de abril de 2024, proferida por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por lo que resulta evidente que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural en el trámite del medio de control de reparación directa. 23. En efecto, en el escrito de apelación contra la decisión de primera instancia del proceso ordinario, la accionante expuso: “Posterior a los hechos
y de acuerdo a la MISIÓN DE TRABAJO NO. 005-2021suscrito por el mayor general JUAN CARLOS RAMIREZ TRUJILLOINSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO al BATOT 27, se encontraron las siguientes observaciones en la Operación de Control de Territorial NO. 11 "Fugaz" al plan Táctico de Operaciones Bicentenario Héroes de la Libertad, así: Descripción del hallazgo: Numeral 3: "El Oficial de Operaciones del HATOT27, no documenta la emisión y seguimiento de órdenes para el control táctico(COTAC), control operacional (CONOP) y control administrativo (GONAD) en las actas de reunión diaria de seguimiento a la amenaza, e n la que participa el Comandante de la Unidad Táctica, el Oficial de Operaciones y Oficial de Inteligencia, de manera reiterativa establecen un mismo contenido, sin realizar ningún análisis real de las capacidades más probables y las más peligrosas del enemigo". […] Por ello, desde la emisión de la Operación de Control Territorial NO. 11 "Fugaz" al plan Táctico de Operaciones Bicentenario Héroes de la Libertad, hubo falencia en planeación, ejecución y conducción de las tropas por parte del comandate del batallón como los oficiales de operación e inteligencia como se evidenció en la inspección realizada con los hallazgos anteriormente registrados. Sin dejar de lado que el comandante de la compañía no hizo un planeamiento detallado para la orcen de operaciones, omitiendo los factores misión, enemigo, tiempo y terreno (ME'TT), lo cual los conllevo a
los hechos lamentables y incumpliendo las normas impartidas porRadicación número: 11001-03-15-000-2025-02004-00 Accionante: Sandra Marcela Contreras Abad Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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los superiores, como fue, montar base de patrullaje móvil cerca de viviendas y carreteras, los desplazamientos no los hizo a campo travieso sino por carretera, en el momento de la activación de los artefactos explosivos no acepto la recomendación por el equipo EXDE, tampoco se desubico y ocasionó que el enemigo se reunirá rápidamente y fue atacado con fue nutrido como se evidencio, lo cual el área de operación era adepta a ellos, ya que el apoyo de la guerrilla fue en carros y motos y la población civil desafecta al EJERCITO NACIONAL. Igualmente, el comandante de la compañía no hizo un planeamiento detallado al momento de recibir la orden de operaciones ya que no le informo nada a sus subalternos, solo les indico que eran el pelotón de cierre, por ende, sus hombres bajo su mando fueron sin saber en qué consistía la orden de operaciones, de allí, el error gravísimo ya que todos deben estar preparados para toda misión táctica y tener conocimiento de lo que se va a realizar. No analizó de la orden de operaciones las MEDIDAS DE CONTROL para reducir los riesgo, que establece qué toda tarea táctica que se derive, por simple que parezca o por escaso el tiempo para su cumplimiento, debe llevar a cabo dentro de los parámetros tácticos de combate irregular, dando aplicación a los procedimientos doctrinarios vigentes y teniendo en cuenta que toda misión táctica debe tener como base un excelente planeamiento, una magnifica inteligencia y una sobresaliente conducción táctica en el campo de combate. […]”. 24. Aspectos que fueron analizados y resueltos de manera razonada en la providencia del 14 de noviembre de 2024, que decidió el recurso de apelación, bajo los siguientes fundamentos: “[…] Ahora, en el informe general de misión de trabajo No. 005/2021-BATOT27 del 11 de marzo de 2021 signado por el Inspector General del Ejército Nacional se
de noviembre de 2024, que decidió el recurso de apelación, bajo los siguientes fundamentos: “[…] Ahora, en el informe general de misión de trabajo No. 005/2021-BATOT27 del 11 de marzo de 2021 signado por el Inspector General del Ejército Nacional se afirmó que “si bien es cierto, el pelotón DAGA1 …realizó un movimiento diurno, esta situación obedeció al cruce de un obstáculo natural (rio…)el cual ejecutó durante la madrugada y al termino de éste efectuó el plan de alimentación y seguridad” , así entonces, en el desplazamiento que realizaban los uniformados, se encontró un punto obligado. Ahora sin desconocer, que en el citado el informe general de misión de trabajo No. 005/2021-BATOT27 del 11 de marzo de 2021 signado por el Inspector General del Ejército Nacional (documento sujeto a reserva) se consignan varias falencias de la operación de control de operación Fugaz, esta prueba no resulta suficiente para tener por acreditada una omisión de la entidad demandada que sea causa de la muerte del soldado profesional, ya que: i) no se desprende cuál fue el fundamento de las observaciones allí expuestas, ni se anexan los soportes. En todo caso: ii) no se demuestra que estas falencias fueran ciertas, si se tiene en cuenta que, este informe fue remitido para iniciar la investigación disciplinaria y penal; iii) tampoco se acredita, de qué manera se hubiera evitado el combate y la consecuente muerte del soldado profesional. En conclusión, no se demostró, ni probó cuál era el dispositivo de seguridad que debía adoptarse o el manual, protocolo o directiva militar que debía acogerse y que hubiere evitado el ataque que sufrió el soldado profesional. La Sala no cuenta con ningún medio probatorio que vislumbre que la Unidad Compañía Daga 1, no estaba en condiciones para enfrentar el combate conRadicación
el manual, protocolo o directiva militar que debía acogerse y que hubiere evitado el ataque que sufrió el soldado profesional. La Sala no cuenta con ningún medio probatorio que vislumbre que la Unidad Compañía Daga 1, no estaba en condiciones para enfrentar el combate conRadicación número: 11001-03-15-000-2025-02004-00 Accionante: Sandra Marcela Contreras Abad Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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el enemigo, tampoco que evidencie falta de organización o planeación del dispositivo de seguridad que desplegaban. Por el contrario, se resalta uno de los testigos manifestó, que se tenía un buen dispositivo de seguridad. […]”. 25. En efecto, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su valoración probatoria concluyó que, de la situación descrita en el informe administrativo, lo ocurrido constituye uno de esos riesgos propios que deben afrontar quienes asumen consciente y voluntariamente el compromiso de pertenecer a la Fuerza Pública y cumplir misiones de inteligencia, desplegar actividades operativas, o, en general, de restauración y mantenimiento del orden público “o de defensa de la soberanía estatal que, por su propia naturaleza, conllevan la necesidad de afrontar situaciones de alta peligrosidad”, entre ellas, la de un ataque del enemigo o entrar en enfrentamientos o combates con grupos al margen de la ley. 26. En este contexto, la Sala estima que la tutela ejercida por la parte accionante busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no hay argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina relevancia constitucional. 27. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción de tutela debido al incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. 28. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se declarará improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
constitucional. 28. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se declarará improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02004-00 Accionante: Sandra Marcela Contreras Abad Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
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