CE - Sentencia 11001031500020250201200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250201200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02012-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA
PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN
SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TRABAJO, SEGURIDAD
SOCIAL, MÍNIMO VITAL, VIDA, DIGNIDAD HUMANA Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE PEREIRA 1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA2.
1 En adelante el Juzgado. 2 En adelante el Tribunal.2
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Actor: JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
Actor: JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ
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I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ, actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia , los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 19 de diciembre de 2022 y 30 de enero de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00342-00.
I.2. Hechos
Manifestó que laboró como patrullero al servicio de la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL3 desde el 13 de julio de 2010 fecha en la que fue vinculado al nivel ejecutivo y asignado a la Policía Metropolitana de Pereira.
3 En adelante Policía Nacional.3
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Actor: JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ
3 En adelante Policía Nacional.3
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Indicó que en el año 2015 mientras se encontraba en servicio activo, empezó a padecer una patología neurológica denominada “neuropatía mixta no especifica” , la cual le generaba dolor crónico, contracturas musculares, mareo y cefalea crónica.
Mencionó que el 12 de junio de 2018, la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional lo declaró no apto para el servicio y sin recomendación de reubicación laboral en trabajos administrativos, otorgándole una calificación de pérdida de la capacidad laboral de 10.94%.
Aseguró que el 19 de enero de 2019, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía ratificó la decisión, concluyendo que la patología le impedía continuar en la institución, incluso en funciones administrativas.
Señaló que la POLICÍA NACIONAL expidió la Resolución núm. 01152 de 29 de marzo de 2019, mediante la cual se ordenó su retiro del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica.
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del4
del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica.
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del4
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derecho contra l a POLICÍA NACIONAL , con el fin de obtener el reintegro a la institución y, el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, la cual fue identificada con el número único de radicación 66001-33-33-005-2019-00342-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en sentencia de 19 de diciembre de 2022, denegó las pretensiones de la demanda.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 30 de enero de 2025, confirmó la decisión del a quo.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor , la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico , por cuanto omitió la valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente , con las que se pudo evaluar la posibilidad de reubicarlo en un cargo con funciones administrativas o de apoyo, por cuanto la patología que padece no le impide realizar ciertas actividades.
Señaló que esta omisión vulneró sus derechos fundamentales, en
posibilidad de reubicarlo en un cargo con funciones administrativas o de apoyo, por cuanto la patología que padece no le impide realizar ciertas actividades.
Señaló que esta omisión vulneró sus derechos fundamentales, en tanto no se le brindó la posibilidad de ser evaluado de manera justa5
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y equitativa, trasgrediendo los principios de igualdad y no discriminación.
Aseguró que, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto sustantivo , al no aplicar debidamente los principios de estabilidad laboral reforzada y la protección de las personas en situación de discapacidad.
Igualmente, manifestó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en el desconocimiento del precedente establecido en las sentencias4 proferidas por la Corte Constitucional, en las que, a su juicio, se ha determinado la obligación de las entidades públicas de garantizar el derecho al trabajo de quienes han sufrido disminución de la capacidad laboral, por lo que la decisión de desvincularlo sin considerar su capacidad residual y la posibilidad de reubicación, constituyó la vulneración de esta garantía constitucional.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
desvincularlo sin considerar su capacidad residual y la posibilidad de reubicación, constituyó la vulneración de esta garantía constitucional.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
4 El actor hizo referencia a las siguientes sentencias: T-328 de 2022 y T-286 de 2019.6
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invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] se solicita que se declare la nulidad de la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda y se ordene proferir una sentencia de reemplazo, donde se acceda a el reintegro de Jorge Andrés Restrepo Ramírez a la Policía Nacional en un cargo compatible con su capacidad residual, así como el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Además, se debe garantizar la realización de evaluaciones médicas periódicas para determinar su situación laboral o, en su defecto, iniciar el trámite pensional correspondiente […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo debe denegarse, por cuanto en la decisión cuestionada sí se valoró el material probatorio aportado , incluyendo el concepto el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y Policía, el cual sirvió de
denegarse, por cuanto en la decisión cuestionada sí se valoró el material probatorio aportado , incluyendo el concepto el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y Policía, el cual sirvió de fundamento para expedir el acto de retiro de la institución por disminución de la capacidad psicofísica.
Asimismo, mencionó que en dicho concepto se indicó que la patología que padece el actor puede generar una lesión motora y/o sensitiva, aunado al estrés dentro de la actividad normal dentro de la fuerza pública, circunstancias que podrían ocasionar una complicación progresiva de la lesión neurológica que padece y, por lo tanto , el actor no era apto para continuar al servicio de la actividad policial.7
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Asimismo, resaltó que la decisión judicial cuestionada no incurrió en los defectos deprecados por el actor, pues la providencia abordó el estudio del problema jurídico de conformidad con el marco legal y jurisprudencial que regula el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica.
Finalmente, aseguró que el actor pretende controvertir la decisión proferida por esa Corporación, utilizando la acción de tutela como una nueva instancia judicial.
I.5.2.- El JUZGADO manifestó que la acción de tutela resulta
Finalmente, aseguró que el actor pretende controvertir la decisión proferida por esa Corporación, utilizando la acción de tutela como una nueva instancia judicial.
I.5.2.- El JUZGADO manifestó que la acción de tutela resulta improcedente, ya que las pretensiones formuladas por el actor pretenden reabrir una debate jurídico que fue previamente analizado por los jueces naturales del asunto, de conformidad con las pruebas recaudadas.
Igualmente, señaló que : “[…] el fallo objeto de tutela que la parte demandante no había desvirtuado la presunción de legalidad del acto demandado, lo que impide en sede de tutela cuestionar la decisión proferida por la jurisdicción contenciosa administrativa; pues ello implicaría invadir o vulnerar los principios de autonomía e8
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independencia judicial, aunado al hecho que este mecanismo constitucional no puede ser utilizado como un recurso adicional o una tercera instancia que permita revisar las actuaciones judiciales que resulten adversas frente al administrado […]”.
I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL señaló que la acción de tutela es improcedente, por cuanto la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la s decisiones adoptadas por las autoridades judiciales cuestionadas.
improcedente, por cuanto la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la s decisiones adoptadas por las autoridades judiciales cuestionadas.
Aseguró que en el asunto no se observa una amenaza inminente e injustificada que amerite el estudio del mecanismo constitucional para acceder a las pretensiones, máxime cuando el problema jurídico fue ventilado a través de otras vías jurídicas idóneas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de9
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11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o10
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aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y11
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proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial12
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que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pro cede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]” . (Destacado fuera del texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se dejen sin efecto las providencias de 19 de diciembre de 2022 y 30 de enero de 2025 , proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,13
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respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00342-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio, incurrieron en defecto fáctico , por cuanto omitió la valoración integral de las pruebas obrantes en el expediente, con las que se pudo evaluar la posibilidad de reubicarlo en un cargo con funciones administrativas o de apoyo, por cuanto la patología que padece no le impide realizar ciertas actividades.
Señaló que esta omisión vulneró sus derechos fundamentales, en tanto no se le brindó la posibilidad de ser evaluado de manera justa y equitativa, trasgrediendo los principios de igualdad y no discriminación.
Aseguró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
tanto no se le brindó la posibilidad de ser evaluado de manera justa y equitativa, trasgrediendo los principios de igualdad y no discriminación.
Aseguró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto sustantivo , al no aplicar debidamente los principios de estabilidad laboral reforzada y la protección de las personas en situación de discapacidad.14
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Igualmente, manifestó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en el desconocimiento del precedente establecido en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, en las que, a su juicio, se ha determinado la obligación de las entidades públicas de garantizar el derecho al trabajo de quienes han sufrido disminución de la capacidad laboral, por lo que la decisión de desvincularlo sin considerar su capacidad residual y la posibilidad de reubicación, constituyó la vulneración de esta garantía constitucional.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos tanto de las providencias de 19 de diciembre de 2022 proferida por el JUZGADO, como la dictada el 30 de enero de 2025 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
proferida por el JUZGADO, como la dictada el 30 de enero de 2025 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso para la parte actora.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)15
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establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucion al, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.16
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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].
6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra17
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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [11]. El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
amparo constitucional [11]. El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pr
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