CE - Sentencia 11001031500020250204800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250204800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Ocho [8] de mayo de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de inmediatez y de relevancia constitucional . Declara improcedencia de la acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 7 de abril de 2025, la Unidad Administrativa Especial
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 7 de abril de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social [en adelante UGPP], a través del subdirector de Defensa Judicial Pensional de la entidad, presentó acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y el principio de sostenibilidad financiera.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir los autos de 2 de febrero y 26 de mayo de 2023, respectivamente, a través de los cuales se decretó y confirmó parcialmente el embargo de algunas cuentas y retención de dineros de la UGPP dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 15001-33-33-003-2020-00070-00/01/02.Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
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1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
TUNJA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISIÓN No. 6 dentro del proceso ejecutivo No. 15001333300320200007000.
Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:
a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 06 (sic) de febrero de 2023 dictado por el JUZGADO TERECERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y modificado mediante proveído del 26 de mayo de 2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISIÓN No. 6 que decretaron medida de embargo sobre las cuentas que la UGPP tiene en el Banco Popular dictados dentro del proceso ejecutivo rad. 15001333300320200007000 y, en conse cuencia, declarar la improcedencia de la medida de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, que se administran en todas las cuentas de titularidad de la UGPP en el Banco Popular.
b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular el desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP1.
De otro lado, también solicitó la siguiente medida provisional:
Conforme a la situación que hoy se pone de presente ante su despacho, solicitamos la SUSPENSIÓN de la aplicación de la medida cautelar sobre todas las cuentas que
De otro lado, también solicitó la siguiente medida provisional:
Conforme a la situación que hoy se pone de presente ante su despacho, solicitamos la SUSPENSIÓN de la aplicación de la medida cautelar sobre todas las cuentas que administra la UGPP en el Banco Popular, hasta tanto se decida la presente acción de tutela sin que con ello se afecte derecho fundamental alguno.
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
La parte accionante indicó que la señora María Ofelia Páez Juya promovió un proceso ejecutivo contra la UGGP con el fin de hacer efectiva la sentencia dictada en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2 en el cual la unidad administrativa fue condenada al reconocimiento y pago de l capital insoluto del retroactivo de mesadas pensionales adeudadas e intereses de mora.
Adujo que la causa ejecutiva identificada con el radicado 15001-33-33-003-202000070-00/01/02 le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo O ral del Circuito
1 Cita del texto original con posibles errores. 2 Proceso identificado con el número «15001333101420110014100».Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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Judicial de Tunja que, con providencia de 2 de febrero de 2023 decretó la medida de embargo y retención de los dineros de la UGPP que se encuentran en la sucursal Tunja del Banco Popular 3, correspondientes a las cuentas: gastos de personal, gastos generales, sentencias y depósitos y dirección parafiscales – pagos de la planilla Pila.
Tal determinación obedeció a que el juez estableció que la referida medida era procedente teniendo en cuenta que el origen de la acreencia cumplía con una de las excepciones al principio de inembargabilidad, esto es, estar contenida en una decisión judicial debidamente ejecutoriada y que con ella se pretendía garantizar su cumplimiento comoquiera que la ejecutante había efectuado todas las acciones tendientes a lograr el pago.
El recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la anterior decisión giró en torno a: (i) que no era procedente el decreto de la medida cautelar de embargo sobre bienes de la UGPP debido a que son inembargables según el artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, comoquiera que corresponden a rentas incorporadas al presupuesto general de la Nación ; (ii) se incurrió en una indebida aplicación de la norma en atención a que la UGPP solo administra recursos públicos correspondientes a seguridad social que de conformidad con el artículo 63 superior, no son embargables; (iii) e n virtud de lo estipulado en el artículo 9. ° de la Ley 100 de 1993, la función
norma en atención a que la UGPP solo administra recursos públicos correspondientes a seguridad social que de conformidad con el artículo 63 superior, no son embargables; (iii) e n virtud de lo estipulado en el artículo 9. ° de la Ley 100 de 1993, la función principal de la UGPP, es el reconocimiento de derechos pensionales, razón por la cual solo administra recursos propios del funcionamiento de la entidad y no tiene función de pagaduría; (iv) las deudas de naturaleza pensional no pueden pagarse con cargo a los recursos públicos propios de la UGPP, sino con recursos parafiscales del Sistema de Seguridad Social que son inembargables en atención a lo señalado en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 ; (v) según el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008 la UGPP es una entidad que cuenta con autonomía
3 «QUINTO: DECRETAR la medida cautelar de Embargo y Retención de los dineros que la entidad demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP – con NIT. No. 900.373.913 -4, tenga depositados a su nombre en el Banco Popular sucursal Tunja, en las siguientes cuentas:
1. Cuenta Corriente y/o de Ahorros No. 110-026-00137-0 (GASTOS DE PERSONAL)
2. Cuenta Corriente y/o de Ahorros No. 110-026-00138-8 (GASTOS GENERALES)
3. Cuenta Corriente y/o de Ahorros No. 110-026-00140-4 (CAJA MENOR)
4. Cuenta Corriente y/o de Ahorros No. 110-026-00169-3 (SENTENCIAS Y DEPÓSITOS)
3. Cuenta Corriente y/o de Ahorros No. 110-026-00140-4 (CAJA MENOR)
4. Cuenta Corriente y/o de Ahorros No. 110-026-00169-3 (SENTENCIAS Y DEPÓSITOS)
5. Cuenta Corriente y/o de Ahorros No. 110-026-001685 (DIRECCIÓN PARAFISCALES – PAGOS DE
LA PLANILLA U PILA)
Productos a los que no obstante su carácter de inembargables, le son aplicables las excepciones a la regla de inembargabilidad de conformidad con los criterios señalados por la Corte Constitucional8, especialmente en las sentencias C -546 de 1992 y C -354 de 1997, por tratarse de una acreencia derivada de una providencia y sentencia judicial.
Se advierte que no son objeto de la medida cautelar los recursos correspondientes a: i) el rubro destinado para el pago de sentencias y conciliaciones, ni los del Fondo de Contingencias ii) del Sistema General de participaciones, ni iii) del Sistema General de Regalías. […]».Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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administrativa y financiera, por lo que los recursos están destinados a cubrir necesidades de interés general para la prestación del servicio público; (vi) los recursos destinados al pago de derechos pensionales son administrados por el FOPEP como
administrativa y financiera, por lo que los recursos están destinados a cubrir necesidades de interés general para la prestación del servicio público; (vi) los recursos destinados al pago de derechos pensionales son administrados por el FOPEP como ente pagador, establecido en la Ley 100 de 1993 ; y (vii) los dineros contenidos en la cuenta bancaria n. ° 110 -026-001685 no corresponden a recursos girados por la Dirección del Tesoro Nacional para el funcionamiento de la UGPP, sino que pertenece al Sistema de Seguridad Social que es inembargable en virtud de lo indicado en el artículo 597 del CGP.
La alzada la desató el Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia de 26 de mayo 2023 al determinar, como primera medida, que el problema jurídico a resolver consistía en definir si en el caso concreto resultaba procedente el decreto de la medida cautelar de embargo y retención del dinero sobre las cuentas de la UGPP. Al respecto, precisó:
(i) Que de conformidad con el artículo 594 del CGP y el artículo 19 del Estatuto Orgánico de Presupu esto, los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Par ticipaciones y del Sistema General de Regalías son inembargables , y aseguró que en la sentencia C -554 de 1997, la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del artículo 16 de la Ley 38 de 1989, aclaró que una de las excepciones a la regla general de la inembargabilidad son las sentencias judiciales con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en vía judicial.
(ii) En la sentencia C-1154 de 2008 la mencionada corte revisó la constitucion alidad
sentencias judiciales con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en vía judicial.
(ii) En la sentencia C-1154 de 2008 la mencionada corte revisó la constitucion alidad del Decreto 028 de 2008 4 y sintetizó las excepciones a la regla general de inembargabilidad, en los siguientes supuestos: (a) «en los casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la Nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo» ; (b) cuando se trate del pago de sentencias judiciales; y (c) las obligaciones claras, expresas y exigibles originadas en los títulos expedidos por el Estado. Esta posición fue acogida por el Consejo de Estado en sentencia 8 de mayo de 20145
(iii) En el artículo 2.8.1.6.1.1. del Decreto 1068 de 20156 se precisó que el embargo de recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación solo se podrá practicar sobre cuentas corrientes que reciban recursos del presupuesto general, abiertas a favor de la entidad condenada mediante sentencia. En su parágrafo, se concretó que «[e]n ningún caso se podrá embargar los recursos depositados por a Nación en
4 Por medio del cual se definió la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realiza con recursos del Sistema General de Participaciones. 5 Expediente identificado con el radicado 11001-03-24-000-2012-00044-00.
4 Por medio del cual se definió la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realiza con recursos del Sistema General de Participaciones. 5 Expediente identificado con el radicado 11001-03-24-000-2012-00044-00. 6 Decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público.Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro establecimiento».
(iv) En el auto de 21 de julio de 2017 la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que «frente a eventos relacionados con la satisfacción de créditos u obligaciones de carácter laboral, así como aquellos derivados de contratos estatales y los reconocidos en fallos judiciales, el principio general de inembargabilidad de los recursos públicos pierde supremacía pues su afectación es necesaria para hacer efectivos otros principios de orden fu ndamental [...]»7. Criterio que fue iterado por la referida corporación en las providencias de 21 de julio de 2018 y 24 de octubre de 2019 dentro de los expedientes 17001-23-33-000-2018-00163-01 y 54001-23-33-000referida corporación en las providencias de 21 de julio de 2018 y 24 de octubre de 2019 dentro de los expedientes 17001-23-33-000-2018-00163-01 y 54001-23-33-0002017-00596-01, respectivamente.
(v) Conforme a la postura referida, se evidencia que, al tratarse de la ejecución de créditos, obligaciones laborales, sentencias judiciales y demás títulos ejecutivos proferidos por el Estado, «es viable el embargo de los dineros y rentas que pertenezcan al Presupuesto General de la Nación». (vi) Con la expedición de la Ley 1151 de 2007 a la UGPP se le asignó de forma exclusiva la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida de las entidades del orden nacional. El FOPEP fue creado en el artícu lo 130 de la Ley 100 de 1993 como una cuenta de la Nación adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus recursos se administran mediante encargo fiduciario. Dicho fondo sustituyó a Cajanal en lo relacionado con el pago de las pensiones. En ese orden, el FOPEP es una «cuenta especial del presupuesto nacional, incluida en el presupuesto del Ministerio del Trabajo, y que tiene como fuentes de ingresos los recursos del presupuesto nacional y los de las cajas, fondos o entidades de previsión social a las cuales sustituyó en el pago de derechos pensionales».
(vii) De conformidad con los artículos 2. ° y 3. ° del Decreto 575 de 2013 que regulan la estructura y funciones de la UGPP, así como el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 13 de noviembre de 20198, «la UGGP no tiene
la estructura y funciones de la UGPP, así como el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 13 de noviembre de 20198, «la UGGP no tiene como fuente presupuestal los aportes, las cotizaciones ni los recursos de ahorro privado, para cumplir con su función de reconocimiento de derecho pensionales [...] el diseño institucional que asi gna a la UGPP el reconocimiento de los derechos pensionales y al FOPEP su pago, tiene unas connotaciones particulares en el marco del derecho a la seguridad social [...] el artículo 2° del Decreto Ley 169 de 2008 dispuso que el pago de las pensiones cuyo reconocimiento corresponda legalmente a la UGPP está a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) [...] l a UGPP no puede reconocer pensiones cuyo pago no pueda efectuar legalmente el
7 08001-23-31-000-2007-00112 02. 8 Expediente 11001-03-6-000-2019-00023-00.Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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FOPEP»9. El FOPEP es una cuenta especial de la Nación para el pago de obligaciones, recursos que se administran mediante encargo fiduciario, y la UGPP es quien maneja los recursos de dicha cuenta y ordena el pago de las acreencias laborales.
obligaciones, recursos que se administran mediante encargo fiduciario, y la UGPP es quien maneja los recursos de dicha cuenta y ordena el pago de las acreencias laborales.
(viii) El reiterado criterio del Consejo de Estado consiste en que el pago de la nómina y la seguridad social no goza de una inembargabilidad absoluta, sino que siguen el criterio general y no puede catalogarse como recursos del Sistema de Seguridad Social hasta que no sean trasladados a las entidades respectivas d el mismo sistema, por lo que mantienen la naturaleza de dineros destinados a atender gastos de funcionamiento.
(ix) Contrario a lo manifestado en la apelación, si bien en principio los recursos son inembargables, lo cierto es que la Corte Constitucional estableció como excepción a esa regla los casos en los cuales se pretende el pago de acreencias laborales y el pago de sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, en consecuencia, la medida cautelar es procedente dada la naturaleza de la obligación que deriva del derecho a la seguridad social reconocido por un juez de la República.
(xi) En cuanto a la inembargabilidad de la cuenta identificada con el número 110-026001685, le asiste razón a la parte recurrente en atención a que «su recaudo se produce en desarrollo de la atribución prevista en el artículo 156-2 de la Ley 1151 de 2007, para luego ser reportados por la entidad a nombre de los empleados morosos a manera de cotizaciones mediante la planilla tipo U24 [...] de acuerdo a lo preceptuado en el parágrafo 3° del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, los recursos recuperados por la UGPP por concepto de las sanciones pecuniarias deberá n ser girados al Tesoro
parágrafo 3° del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, los recursos recuperados por la UGPP por concepto de las sanciones pecuniarias deberá n ser girados al Tesoro Nacional, lo que significa que no es de su propiedad ». Por ello, resolvió modificar el numeral 5. ° en el sentido de eliminar del objeto de la medida cautelar, la cuenta número 110-026-001685.
El 2 de junio de 2023 la señora Páez Juya solicitó «adición» por cuanto, a su juicio, la autoridad no se pronunció sobre «la impugnación de la modificación del crédito». Esto fue resuelto con la providencia de 11 de marzo de 2024, la cual fue notificada el 13 del mismo mes y año.
1.4. Fundamentos de la solicitud10
La parte accionante invocó la protección de las garantías superiores al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y el principio de
9 Énfasis del texto. 10 Las citas del numeral 1.4. provienen del texto original con posibles errores.Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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sostenibilidad financiera, las cuales consideró transgredidas con la expedición de las providencias demandadas.
1.4.1. Refirió que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en defecto sustantivo
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sostenibilidad financiera, las cuales consideró transgredidas con la expedición de las providencias demandadas.
1.4.1. Refirió que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en defecto sustantivo debido a que desconoció el principio de inembargabilidad de los bienes del Estado de conformidad con lo estipulado en el artículo 63 de la Constitución Pol ítica, norma que fue desarrollada por el Decreto 111 de 1996 que en su artículo 19 señaló que las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derecho de los órganos que lo conforman son inembargables. Lo anterior también fue establecido en el artículo 1. ° del Decreto 1101 de 2007 y en el art ículo 594 de 2012 del CGP.
Adujo que, en relación con la administración de los recursos de las contribuciones parafiscales de la protección social, e l Decreto 1068 de 2015 en su art ículo 1.2.1.8. estipula las competencias generales de la UGPP, dentro de las cuales se establece la relativa «al control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las referidas contribuciones». En cuant o a los recursos (art. 2.12.1.2.), precisó que son recuperados por la UGPP y estos hacen parte del Sistema de la Protección Social por cuanto tienen una destinación específica a terceros, lo que implica que no pertenecen a la UGPP (art. 2.12.1.8.).
Advirtió que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 2381 de 2024, los recursos del Sistema de la Protección Social son de naturaleza pública y parafiscal, por lo que
a la UGPP (art. 2.12.1.8.).
Advirtió que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 2381 de 2024, los recursos del Sistema de la Protección Social son de naturaleza pública y parafiscal, por lo que «no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran». Sustentó que en virtud del Decreto 575 de 2013 11, la UGPP no presta servicios que generen contraprestación o ingresos adicionales. Los recursos con los que funciona la entidad provienen de las partidas ordinarias y extraordinarias que se le asignan en el Presupuesto General de la Nación. Además, indicó que los recursos que la UGPP recauda por concepto de contribuciones parafiscales también son del mencionado presupuesto, razón por la cual las cuentas corrientes de las cuales es titular en el Banco Popular tienen una destinación específica, esto es, los recursos contenidos en estas son de carácter funcional y si bien son administrados por la UGPP, lo cierto es que no pertenecen a esa entidad por que hacen parte del Sistema de la Protección Social y por ende no son susceptibles de embargo.
Manifestó que si bien existen excepciones a la regla general sobre la inembargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación, las cuales fueron establecidas en la sentencia C -1154 de 2008 12, lo cierto es que esto « se ha pensado desde la
11 «Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias». 12 «1. Cuando se pretende satisfacer créditos y obligaciones de carácter laboral. 2. Que tenga relación
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias». 12 «1. Cuando se pretende satisfacer créditos y obligaciones de carácter laboral. 2. Que tenga relación con el pago de sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechosDemandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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estructura de que la entidad pública obligada es la encargada de efectuar el pago de la obligación adeudada, en consecuencia, es procedente el embargo de sus recursos, con los que natural y cotidianamente paga obligaciones de este tipo, sin embargo, en el caso de la UGPP no se tiene en consideración que con sus recursos no se pagan obligaciones pensionales, toda vez que la UGPP no tiene funciones de pagaduría. En materia pensional la UGPP tiene a su cargo la administración y el reconocimiento de los derechos pensionales13 y posteriormente el reporte de dichos derechos se efectúa ante el FOPEP, siendo esta última entidad la encargada de efectuar el pago de las mesadas pensionales correspondiente14».
Agregó que, pese a que en la sentencia C-1154 de 2008 se estableció la flexibilización del principio de inembargabilida d, también se e xpuso la necesidad de ponderar los derechos de la ciudadanía frente a la posible parálisis de la gestión pública del Estado
del principio de inembargabilida d, también se e xpuso la necesidad de ponderar los derechos de la ciudadanía frente a la posible parálisis de la gestión pública del Estado derivada de la impo sición de medidas cautelares de embargo como sucede co n la UGPP, puesto que, al no ser una entidad pagadora de prestaciones pensionales los recursos objeto de la medida son de funcionamiento en tanto están destinados al pago de impuestos nacionales y distritales, seguridad social de los emple ados y deducciones que los funcionarios ordenan efectuar de su nómina con destino a cuentas de ahorro y aportes voluntarios a fondos de pensiones.
Asimismo, puntualizó que en la sentencia T-053 de 2022 la Corte Constitucional indicó que el principio de inembargabilidad no es absoluto, empero, deben considerarse los demás valores, principios y derechos reconocidos en la Constitución Política.
1.4.2. Respecto al defecto fáctico, argumentó que este se configuró con ocasión de la falta y defectuosa valora ción del material probatorio aportado al proceso ordinario . Concretamente alegó que « los estrados judiciales accionados al no tener en cuenta las certificaciones aportadas como acerbo probatorio generó la configuración de este defecto impartiendo erradamen te una orden de embargo de unas cuentas de naturaleza inembargable, por cuanto se itera los dineros allí recaudados NO tienen naturaleza pensional, lo cual está plenamente acreditado procesalmente, sin embargo, no fue tenido en cuenta por los despachos judiciales accionados en los proveídos del 02 de febrero de 2023 y 26 de mayo de 2023, que genera hoy la vía de hecho, ante la
no fue tenido en cuenta por los despachos judiciales accionados en los proveídos del 02 de febrero de 2023 y 26 de mayo de 2023, que genera hoy la vía de hecho, ante la evidente omisión de lo probado resolviendo a su arbitrio el asunto jurídico debatido permitiéndonos por ello solicitar sean dejados sin efectos».
1.4.3. Finalmente, respecto al desconocimiento del precedente, reprochó que en las decisiones judiciales demandadas no se atendiera el criterio de la Corte Constitucional contenido en las sentencias C-546 de 1992, C –354 de 1997, C-402 de 1997 y C-793
allí reconocidos. 3. Por obligaciones contenidas en títulos que contenga una obligación clara, expresa y exigibles». 13 Ley 1151 de 2007, artículo 156. 14 Ley 100 de 1993, artículo 130.Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02048-00
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de 2002 en las cuales se ha señalado de manera consistente en que en estos casos es necesaria la ponderación del principio de inembargabilidad con el fin de prevenir o evitar una parálisis del servicio público prestado por el Estado, máxime cu ando se comprometen recursos del Presupuesto General de la Nación y de terceros de buena fe que aportan al financiamiento del sistema.
1.5. Trámite de la acción
evitar una parálisis del servicio público prestado por el Estado, máxime cu ando se comprometen recursos del Presupuesto General de la Nación y de terceros de buena fe que aportan al financiamiento del sistema.
1.5. Trámite de la acción
Mediante providencia de 10 de abril de 202 5 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar en calidad de extremo demandado al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y al T ribunal Administrativo de Boyacá. También se dispuso vincular en calidad de tercero s con interés a la señora María Ofelia Páez Juya y al Banco Popular.
Finalmente se negó la medida provisional consistente en que se suspendiera la medida cautelar de embargo , luego de determinar que dicha decisión fue adoptada por una autoridad judicial dentro de un proceso en el que se presume que contó con las garantías y los recursos propios de esa actuación, por lo que en esa etapa del proceso el juez de tutela no puede intervenir en una actuación en curso sin abordar el estudio de fondo de la
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