CE - Sentencia 11001031500020250206000
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250206000
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
Demandante: Nubia Felisa Burbano Burgos como agente oficiosa de
Francisco Javier Covaleda Vargas
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
Demandante: NUBIA FELISA BURBANO BURGOS COMO AGENTE
OFICIOSA DE FRANCISCO JAVIER COVALEDA VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS Temas: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Nubia Felisa Burbano Burgos como agente oficiosa y persona de apoyo del señor Francisco Javier Covaleda Vargas, contra el Juzgado Once Administrativo de Cali y Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de abril de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Juzgado Once
de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de abril de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Juzgado Once Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y de dignidad humana . En consecuencia, formuló la s siguientes pretensiones:
«2. Que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia del Juzgado 11 Administrativo Oral de Cali, mediante Auto interlocutorio No. 1383 del 16 de julio de 2024, al igual la emitida en segunda instancia el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Auto Interlocutorio No. 177 del 28 de marzo de 2025.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado de primera instancia admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el Señor Covaleda, y continuar con el trámite respectivo.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Relacionados con la actuación administrativa y la solicitud de revocatoria directa
El señor Francisco Javier Covaleda Vargas laboró en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– desde el 23 de julio de 1996, desempeñ ó funciones como analista y permaneció en dicho cargo hasta el 30 de noviembre de 2019, fechaRadicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
Demandante: Nubia Felisa Burbano Burgos como agente oficiosa de
Francisco Javier Covaleda Vargas
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en la cual fue retirado del servicio con ocasión del reconocimiento de una pensión de invalidez.
El señor Covaleda presentó incapacidades médicas de carácter continuo, desde el 24 de diciembre de 2005 , derivadas de afecciones mentales diagnosticadas como trastorno mixto de ansiedad y depresión, a las que posteriormente se sumó un déficit cognitivo. Tales condiciones fueron valoradas en distintas oportunidades por juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez, a solicitud de la Administr adora de Riesgos Laborales Positiva.
La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, mediante dictamen de 29 de noviembre de 2017, calificó la pérdida de capacidad laboral (PCL) del 54,40 %, con origen en enfermedad laboral y fecha de estructuración el 15 de junio de 2007. Dicha calificación fue ratificada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante dictamen 10537118 -15084 del 25 de septiembre de 2018, con el mismo porcentaje de pérdida de capacidad y fecha de estructuración.
La DIAN expidió la Resolución 006720 del 9 de septiembre de 2019, en la que ordenó el retiro del servicio activo del señor Covaleda, el cual se hizo efectivo el 1 de diciembre de 2019.
Como consecuencia de la calificación de invalidez, el 30 de noviembre de 2019, la
el retiro del servicio activo del señor Covaleda, el cual se hizo efectivo el 1 de diciembre de 2019.
Como consecuencia de la calificación de invalidez, el 30 de noviembre de 2019, la UGPP profirió la Resolución RDP 036241, en la que reconoció al señor Covaleda Vargas pensión de invalidez de origen profesional, por cuantía de $ 1044.775, con fecha de causación desde el 16 de junio de 2007 . Sin embargo, advirtió que tendría efectos fiscales a partir del 21 de julio de 2018, fecha siguiente a su última incapacidad.
La DIAN expidió la Resolución 009720 del 12 de diciembre de 2019, mediante la cual se reconocieron a favor del exservidor público las acreencias laborales correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, dentro de las que se incluyeron : (i) prima de navidad por $ 3723.322 y (ii) ajuste de prima de navidad por $ 4061.806, para total de $ 7785.128.
Sin embargo, en el mismo acto administrativo, la entidad efectuó una compensación de presuntos pagos indebidos, que fueron recibidos por el señor Covaleda durante períodos de incapacidad, los cuales, según la DIAN, debieron ser cubiertos por la ARL o la EPS.
Afirmó que, según información suministrada por la ARL Positiva, durante esos períodos se pagaron las prestaciones económicas correspondientes directamente a la cuenta del trabajador.
En ese sentido, la resolución ordenó los reintegros por concepto de : (i) bonificación por servicios prestados del año 2015 por $ 265.690; (ii) prima de servicios del año
la cuenta del trabajador.
En ese sentido, la resolución ordenó los reintegros por concepto de : (i) bonificación por servicios prestados del año 2015 por $ 265.690; (ii) prima de servicios del año 2015 por $ 1652.277; (iii) incentivo al desempeño nacional correspondiente a los períodos julio a diciembre de 2014 y enero a junio de 2015 por un total de $ 5867.161, y; (iv) los salarios recibidos entre los años 2014 y 2016, en momentos en que el señor Covaleda se encontraba incapacitado por enfermedad común o laboral por más de 180 días. El monto total objeto de reintegro , teniendo en cuenta la compensación, ascendió a $ 57100.194.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
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La persona de apoyo del señor Covaleda, Nubia Felisa Burbano Burgos, fue designada mediante Escritura Pública núm. 2101 del 15 de junio de 2021 de la Notaría Cuarta del Círculo de Cali, en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 1996 de 2019, ante la existencia de un déficit cognitivo persistente.
La señora Burbano afirmó que su esposo, debido a su carácter reservado e introvertido, nunca le informó acerca de su situación jurídica ni de la existencia de la
2019, ante la existencia de un déficit cognitivo persistente.
La señora Burbano afirmó que su esposo, debido a su carácter reservado e introvertido, nunca le informó acerca de su situación jurídica ni de la existencia de la Resolución 009720 de 2019. Alegó que fue en el mes de junio de 2023 cuando, al revisar documentos guardados por su esposo, adquirió conocimiento cierto del acto administrativo que afectaba sus derechos laborales.
El 16 de junio de 2023, la señora Burbano Burgos presentó solicitud de revocatoria directa ante la DIAN de la Resolución 009720 del 12 de diciembre de 2019. Además, solicitó que se ordenara el reconocimiento y pago de los conceptos laborales pendientes, los cuales consideró justos y no sujetos a reintegro.
La DIAN , e l 10 de julio de 2023 , resolvió la solicitud en el sentido de negar la revocatoria directa, con fundamento en que no se acreditaban las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, esto es, porque no se acreditó que el acto administrativo fuera manifiestamente contrario a la Constitución o la ley; atentara contra el interés público o causara un agravio injustificado.
De igual forma, señaló que, conforme con el artículo 94 ibidem, la revocatoria directa a solicitud de parte no procede cuando ha operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, situación que se configuraba, porque la Resolución 009720 de 2019 fue notificada el 4 de febrero de 2020 y la solicitud fue presentada en junio de 2023, esto es, fuera del término le gal de 4 meses previsto en
Resolución 009720 de 2019 fue notificada el 4 de febrero de 2020 y la solicitud fue presentada en junio de 2023, esto es, fuera del término le gal de 4 meses previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA.
Hechos relacionados con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El 30 de junio de 2023, la señora Nubia Felisa Burbano Burgos, como persona de apoyo del señor Covaleda Vargas, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra: (i) la Resolución 009720 del 12 de diciembre de 2019, por medio de la cual se reconocieron acreencias laborales a favor del afectado y se ordenó la compensación con pagos considerados indebidos y (ii) el oficio del 10 de julio de 2023, que negó la solicitud de revocatoria directa de dicho acto.
En la demanda solicitó la nulidad de los actos administrativos en mención y , como restablecimiento del derecho , pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la totalidad de las acreencias laborales a las que tenía derecho el señor Covaleda Vargas por concepto de salarios, primas, cesantías, vacaciones, bonificaciones y demás prestaciones sociales correspondientes a su desvinculación laboral.
Además, alegó que la compensación efectuada por la DIAN carecía de fundamento, en tanto que los pagos cuestionados correspondían a períodos en los que, si bien existía incapacidad médica, no se había efectuado pago alguno por parte de la ARL Positiva.
Asimismo, indicó que el acto administrativo no fue notificado en condiciones que permitieran el ejercicio efectivo del derecho de defensa, porque el señor Covaleda
existía incapacidad médica, no se había efectuado pago alguno por parte de la ARL Positiva.
Asimismo, indicó que el acto administrativo no fue notificado en condiciones que permitieran el ejercicio efectivo del derecho de defensa, porque el señor Covaleda Vargas, debido a su estado clínico diagnosticado como trastorno mixto de ansiedad yRadicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
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depresión con déficit cognitivo, no tenía capacidad funcional para comprender el contenido y consecuencias jurídicas de la resolución.
Por lo anterior, señaló que el término de caducidad del medio de control debía contarse desde junio de 2023, fecha en la cual la persona de apoyo tuvo conocimiento cierto de los actos demandados.
El Juzgado Once Administrativo de Cali , en providencia del 16 de julio de 2024 , rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, así:
(i) En relación con la Resolución 009720 del 12 de diciembre de 2019, consideró que la demanda fue presentada por fuera del término de caducidad de 4 meses, porque, constaba que el señor Covaleda fue notificado el 4 de febrero de 2020 y la designación de la pe rsona de apoyo ocurrió el 15 de junio de 2021, por lo que, desde esa fecha comenzó a contarse el término, el cual ya
de 2020 y la designación de la pe rsona de apoyo ocurrió el 15 de junio de 2021, por lo que, desde esa fecha comenzó a contarse el término, el cual ya había expirado para cuando se presentó la demanda, esto es, el 30 de junio de 2023.
(ii) Respecto de la respuesta emitida por la DIAN el 10 de julio de 2023, mediante la cual se negó la solicitud de revocatoria directa, sostuvo que dicho pronunciamiento no cumplía la condición de ser un acto administrativo definitivo susceptible de control judicial, de conformidad con el artículo 96 y el numeral 3 del artículo 169 del CPACA, porque se trata de una respuesta negativa a la solicitud, que no generó una nueva situación jurídica.
La parte demandante interpuso recurso de apelación , con fundamento en que el juzgado incurrió en una errónea interpretación del artículo 164 del CPACA, al considerar que el término de caducidad se debía contabilizar desde la fecha de designación de la persona de apoyo (15 de junio de 2021) y no desde el momento en que esta adquirió conocimiento cierto del acto administrativo, lo cual ocurrió en «julio» de 2023, fecha en la que la DIAN respondió a la señora Burbano Burgos una petición en la que solicitó se e xplicara las razones que dieron origen a la resolución demandada.
Expuso que el señor Covaleda Vargas , debido a su condición psiquiátrica y déficit cognitivo, no estaba en condiciones de comprender ni comunicar adecuadamente los efectos jurídicos de la resolución, por lo cual no existía posibilidad real de defensa hasta que ella, como persona de apoyo, accedió al contenido del acto.
cognitivo, no estaba en condiciones de comprender ni comunicar adecuadamente los efectos jurídicos de la resolución, por lo cual no existía posibilidad real de defensa hasta que ella, como persona de apoyo, accedió al contenido del acto.
Igualmente, manifestó que el despacho no valoró adecuadamente la calidad de sujeto de especial protección constitucional del afectado, ni aplicó de forma correcta el precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la flexibilización del término de caducidad en los casos de personas en condición de discapacidad, y que el cómputo del plazo debía realizarse de forma razonable desde la fecha de conocimiento efectivo del acto, lo cual haría oportuna la presentación de la demanda.
En relación con el oficio 100151185 del 10 de julio de 2023, insistió en que este sí constituía un acto administrativo autónomo, al haber negado la revocatoria directa y mantener en firme los efectos del acto original, lo que , a su juicio , daba lugar a una nueva decisión con efectos jurídicos concretos, susceptible de control por la jurisdicción contenciosa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
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El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 28 de marzo de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
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El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 28 de marzo de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
(i) Consideró que, si bien el señor Covaleda Vargas fue diagnosticado con trastorno mixto ansioso depresivo y déficit cognitivo, ello no impedía aplicar el término de caducidad, pues desde el 15 de junio de 2021, fecha en la que fue designada formalmente su persona de apoyo, se encontraba garantizado su derecho a ejercer acciones legales mediante el acompañamiento previsto en la Ley 1996 de 2019.
En consecuencia, estimó que la demanda presentada el 30 de junio de 2023 fue extemporánea frente a la Resolución No. 009720 del 12 de diciembre de 2019, toda vez que el término de 4 meses ya había transcurrido.
(ii) Compartió la conclusión del a quo en cuanto a que el oficio No. 100151185 del 10 de julio de 2023, mediante el cual se negó la solicitud de revocatoria directa, no constituye un acto administrativo autónomo ni definitivo, en tanto no genera una nueva situación jurídica, sino que simplemen te mantiene en firme el acto administrativo inicial. Por tanto, no era susceptible de control judicial por medio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Argumentos de la acción de tutela
Alegó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo, al interpretar de forma restrictiva el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA, al considerar que el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
Alegó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo, al interpretar de forma restrictiva el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA, al considerar que el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debía contarse desde el 15 de junio de 2021, fecha en que fue constitui da formalmente la persona de apoyo y no desde el momento en que esta adquirió conocimiento cierto del acto administrativo impugnado, lo cual ocurrió en junio de 2023.
Sostuvo que esta interpretación desconoce los artículos 7 y 9 de la Ley 1996 de 2019, que establece que la persona de apoyo solo actúa cuando el titular del derecho así lo requiera o lo consienta, lo que en el caso concreto no ocurrió debido al estado cognitivo del afectado, quien no informó a su persona de apoyo sobre el contenido ni la existencia de la Resolución 009720 del 12 de diciembre de 2019.
Afirmó que el tribunal demandado desconoció que el accionante es sujeto de especial protección constitucional, conforme con el artículo 13 de la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada mediante Ley 1346 de 2009) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente, la sentencia C-252 de 2019, la cual interpreta la Ley 1996 de 2019.
Asimismo, dijo que la Corte Constitucional ha protegido los derechos fundamentales afectados por decisiones judiciales que imponen cargas procesales irrazonables a personas con discapacidad. Al respecto, citó las sentencias T-573 de 2016 y T-301 de 2021.
afectados por decisiones judiciales que imponen cargas procesales irrazonables a personas con discapacidad. Al respecto, citó las sentencias T-573 de 2016 y T-301 de 2021.
De igual forma, trajo a colación las siguientes sentencias, en las que el Consejo de Estado reconoció la necesidad de aplicar un enfoque diferencial y de protección reforzada frente al cómputo del término de caducidad cuando están involucradas personas con discapacidad, así:Radicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
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(i) Sentencia del 27 de mayo de 2021, proferida por la Sección Segunda – Subsección A , Exp. 11001 -03-15-000-2021-01605-00 (AC), C.P. William Hernández Gómez. (ii) Sentencia del 16 de enero de 2020, proferida por la Sección Primera, Exp. 11001-03-15-000-2019-05034-00 (AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. (iii) Sentencia del 27 de junio de 2019, proferida por la Sección Quinta, Exp. 11001-03-15-000-2019-02373-00 (AC), C.P. Rocío Araújo Oñate. (iv) Sentencia del 29 de agosto de 2018, proferida por la Sección Cuarta, Exp.
11001-03-15-000-2019-02373-00 (AC), C.P. Rocío Araújo Oñate. (iv) Sentencia del 29 de agosto de 2018, proferida por la Sección Cuarta, Exp. 11001-03-15-000-2018-00646-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. (v) Sentencia del 21 de julio de 2016, proferida por la Sección Tercera – Subsección C, Exp. 68001 -23-33-000-2015-00600-01 (55573), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. (vi) Sentencia del 21 de abril de 2022, proferida por la Sección Segunda – Subsección A, Exp. 11001 -03-15-000-2022-01613-00, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Finalmente, señaló que la decisión impugnada desconoció la naturaleza de la revocatoria directa como un instrumento autónomo cuya negativa sí constituye un acto administrativo susceptible de control judicial y que, al tratarse de una nueva negativa con efe ctos jurídicos concretos, era procedente su control mediante el medio de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Trámite previo
El despacho sustanciador, en auto del 11 de abril de 2025, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la señora Nubia Burbano Burgos, como agente oficiosa de Francisco Covaleda Vargas, a la s autoridades judiciales demandadas y a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), como tercero con interés.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó negar el amparo
Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), como tercero con interés.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó negar el amparo constitucional por considerar que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas con fundamento en la Constitución y la ley, con respeto de los criterios jurisprudenciales vigentes y respondió a un equilibrio entre el principio de acceso a la administración de justicia y el de seguridad jurídica.
Explicó que la decisión cuestionada tuvo en cuenta la condición de persona en situación de discapacidad del señor Francisco Javier Covaleda Vargas y, si bien, esa situación justificaba flexibilizar la caducidad del medio de control, también se acreditó que, desde el 15 de junio de 2021, fue suscrita la Escritura Pública núm. 2101, por medio de la cual se designó a la persona de apoyo.
De ahí que, desde esa fecha el señor Covaleda Vargas contaba con una persona de apoyo designada, con facultades para representarlo judicial y administrativamente. Por tanto, desde esa fecha era viable ejercer acciones legales para la defensa de sus derechos.
Por ello, el término de 4 meses previsto en el artículo 164 del CPACA, debía contarse desde el 15 de junio de 2021, por lo que al haberse presentado la demanda el 8 de noviembre de 2023, ya había operado la caducidad.
Reiteró que la respuesta negativa a la solicitud de revocatoria directa no constituía un acto administrativo demandable, conforme con el artículo 96 y el numeral 3 del artículoRadicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
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acto administrativo demandable, conforme con el artículo 96 y el numeral 3 del artículoRadicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
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169 del CPACA, por no tener efectos jurídicos nuevos ni modificar la situación del acto inicial.
6. Terceros con interés
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) señaló que las providencias cuestionadas aplicaron lo previsto en el artículo 164, literal d), de la Ley 1437 de 2011, según el cual la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del acto administrativo.
Alegó que la tesis de la accionante sobre el « conocimiento cierto» del acto por parte de la persona de apoyo como punto de partida del término de caducidad no tiene respaldo normativo ni jurisprudencial suficiente y que la existencia de la Escritura Pública núm. 2101 del 15 de junio de 2021, por la cual se designó formalmente a la señora Burbano como persona de apoyo, era suficiente para iniciar el cómputo del término legal.
Destacó que entre esa fecha y la presentación de la demanda (8 de noviembre de 2023), transcurrió un lapso que superaba el término de caducidad, por lo que el rechazo de la demanda era procedente.
término legal.
Destacó que entre esa fecha y la presentación de la demanda (8 de noviembre de 2023), transcurrió un lapso que superaba el término de caducidad, por lo que el rechazo de la demanda era procedente.
En cuanto al oficio 100151185 del 10 de julio de 2023, mediante el cual se negó la solicitud de revocatoria directa, sostuvo que no se trata de un acto administrativo demandable, porque no creó, modificó ni extinguió situación jurídica alguna y se limitó a mantener en firme un acto previamente ejecutoriado, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Finalmente, invocó la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, para afirmar que en el presente caso no se acredita ninguno de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por la señora Nubia Felisa Burbano Burgos, en calidad de persona de apoyo del señor Francisco Javier Covaleda Vargas, con el fin de dejar sin efecto el auto del 28 de marzo de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del CaucaRadicado: 11001-03-15-000-2025-02060-00
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confirmó el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra la Resolución 009720 del 12 de diciembre de 2019, proferida por la DIAN.
Si bien, la parte actora alegó la configuración de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, la Sala advierte que tales argumentos corresponden a la caracterización de los catalogados defectos procedimental y por violación directa de la Constitución, pues giran en torno a la supuesta aplicación irrazonable del término de caducidad, sin una valoración adecuada de la situación de discapacidad del señor Francisco Javier Covaleda Vargas, por lo tanto, abordará el estudio de fondo desde la óptica de estos defectos.
de caducidad, sin una valoración adecuada de la situación de discapacidad del señor Francisco Javier Covaleda Vargas, por lo tanto, abordará el estudio de fondo desde la óptica de estos defectos.
La Sala anticipa que concederá el amparo solicitado, al encontrar configurado s los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, en tanto el tribunal accionado aplicó el término de caducidad del artículo 164 del CPACA, sin considerar que el momento en que la persona de apoyo adquirió conocimiento cierto de la Resolución 009720 del 12 de diciembre de 2019 fue el 4 de julio de 2023, fecha en la que presentó solicitud de revocatoria directa ante la DIAN.
Para llegar a esta conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ; (ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela; (iii) la protección constitucional reforzada del derecho de acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad, y ; (iv) el análisis de los defectos procedimental y por violación directa de la Constitución en el caso concreto.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de d erechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perj uicio
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
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