CE - Sentencia 11001031500020250207300

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250207300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: JAIME ERNESTO DÍAZ GÓMEZ

Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

– AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –

DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN – VIOLACIÓN DIRECTA DE

LA CONSTITUCIÓN.

Síntesis del caso: el demandante reclamó la protección a sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia judicial que confirmó el rechazo por caducidad de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que lo sancionaron disciplinariamente. La Sala declarará la improcedencia del cargo por el defecto sustantivo y negará los cargos por violación directa de la Constitución y decisión sin motivación.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jaime Ernesto Díaz Gómez en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, en conexidad con las garantías de legalidad, tutela

protección de sus derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, en conexidad con las garantías de legalidad, tutela judicial efectiva, confianza legítima y principio pro homine, supuestamente vulnerados con ocasión del auto proferido el 5 de septiembre de 2024 por dicha autoridad judicial en el proceso d e nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-42000-2024-00100-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente (índice 2 en SAMAI):2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

  1. El 4 de febrero de 2021, la Jefatura Logística de la Fuerza Aérea Colombiana sancionó al demandante Jaime Ernesto Díaz Gómez con suspensión absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad general de doce (12) años y cinco (5) meses por incurrir dolosamente en la falta del numeral 41 del artículo 76 de la Ley 1862 de 20171.
  1. El demandante instauró recurso de apelación contra el acto y, el 5 de diciembre de 2022, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó la sanción disciplinaria; esta decisión se notificó a los interesados por correo electrónico de 15 de diciembre de 2022.

2022, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó la sanción disciplinaria; esta decisión se notificó a los interesados por correo electrónico de 15 de diciembre de 2022.

  1. El 21 de septiembre de 2023 , el Ministerio de Defensa expidió el Decreto 1531 de 2023, por el cual dispuso ejecutar la sanción disciplinaria ; esta decisión se notificó a los interesados por correo electrónico de 3 de octubre de 2023.
  1. El 20 de marzo de 2024, el demandante presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad parcial de los actos disciplinarios de 4 de febrero de 2021 y 5 de diciembre de 2022; adicionalmente, solicitó el reconocimiento de una indemnización de perjuicios, el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro y la cancelación de la anotación de la sanción en su hoja de vida.
  1. Mediante auto de 15 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad de la acción, pues consideró que, como el demandante renunció voluntariamente a su cargo antes de la actuación disciplinaria, el término comenzó a correr el día siguiente a la notificación del acto sancionatorio de segunda instancia, de conformidad con el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
  1. El 23 de mayo de 2024, el demandante instauró recurso de apelación contra el auto

25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

  1. El 23 de mayo de 2024, el demandante instauró recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda2.

1 “Artículo 76. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas: (…) 41. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios o procedimientos que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución Política o en la ley”. 2 Para sustentar el recurso, expuso que el auto de unificación jurisprudencial en cita se profirió en vigencia del CCA y que existe otro precedente judicial posterior en el cual la Sección Segunda del Consejo de Estado contabilizó la caducidad a partir de la notificación del acto de ejecución; además, señaló que el artículo 164 del CPACA también establece la posibilidad de computar la oportunidad para demandar desde la ejecución del acto, por lo tanto, en una interpretación armónica con el principio pro homine, se debió concluir que el término comenzó a correr con la3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

  1. A través de auto de 5 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la providencia apelada, tras constatar que el auto de 22 de junio de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró la postura sentada en el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que la caducidad para

de Estado reiteró la postura sentada en el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que la caducidad para demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos disciplinarios que no materializan el retiro temporal o definitivo del servidor público debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que da por terminada la actuación; por consiguiente, en el caso concreto, el término comenzó a correr el 15 de diciembre de 2022 y feneció el 15 de abril de 2023.

2. Los fundamentos de la vulneración

El demandante adujo que el auto proferido el 5 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulnera sus derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia porque adolece de un defecto sustantivo, una falta de motivación y una violación directa de la Constitución (índice 2 en SAMAI).

En su criterio, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo al aplicar el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por cuanto i) esta providencia sentó un criterio de interpretación del artículo 136 del CCA, ii) la aplicación extensiva de la regla jurisprudencial desconoció el principio pro homine y la literalidad del artículo 164 del CPACA, según el cual también es posible que se compute la oportunidad para demandar a partir de la ejecución del acto y, iii) en la demanda ordinaria no se pretendió el reintegro en el cargo, sino controvertir los efectos de los actos disciplinarios, los

CPACA, según el cual también es posible que se compute la oportunidad para demandar a partir de la ejecución del acto y, iii) en la demanda ordinaria no se pretendió el reintegro en el cargo, sino controvertir los efectos de los actos disciplinarios, los cuales se materializaron con el Decreto 1531 de 2023.

En segundo lugar, señaló que se configuró un defecto por decisión sin motivación porque la autoridad judicial demandada no accedió a su solicitud de proferir la decisión mediante auto de unificación jurisprudencial, a pesar de que se cumplían los presupuestos del artículo 271 del CPACA.

notificación del Decreto 1531 de 2023 , pues a partir de ese momento se materializaron los efectos de los actos disciplinarios. Por otra parte, solicitó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado avocara conocimiento del asunto y profiriera una decisión que unifique los criterios de interpretación del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en especial, cuando en la demanda no se pretende el reintegro en el cargo.4

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Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

Finalmente, mencionó que la providencia reprochada vulneró directamente los derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia y las garantías de legalidad, tutela judicial efectiva, confianza legítima y principio pro homine , comoquiera que las disposiciones sobre derecho sancionatorio deben interpretarse siempre en favor del hombre.

3. Las pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

legítima y principio pro homine , comoquiera que las disposiciones sobre derecho sancionatorio deben interpretarse siempre en favor del hombre.

3. Las pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“5.1. Declarar que el Despacho de la Sección Segunda del Consejo de Estado Subsección B, al proferir el auto del cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), notificado el veintidós (22) octubre del mismo año, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el radicado No. 25000-23-42-000-2024-00100-01, que confirmo el auto del quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro 2024, proferido por el Tribunal administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección C, que rechazo la demanda por caducidad; incurrió en las violaciones constitucionales referidas.

5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los derechos fundamentales de Jaime Ernesto Díaz Gómez al debido proceso y el principio pro homine.

5.3. Que se deje sin validez el auto del Despacho Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, del cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), notificado el veintidós (22) octubre del mismo año, que confirmó el auto del quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro 2024, proferido por el Tribunal administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección C, por medio del cual rechazo la demanda por caducidad, y en su lugar se ordene proferir la decisión que en derecho corresponde, conforme a los

Tribunal administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección C, por medio del cual rechazo la demanda por caducidad, y en su lugar se ordene proferir la decisión que en derecho corresponde, conforme a los parámetros constitucionales, legales y precedentes constitucionales con fuerza vinculante en los términos que se determine en la sentencia de tutela”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 2 del Historial de Actuaciones en SAMAI).

4. La actuación procesal

Por auto de 10 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela , se ordenó notificar al presidente y los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y se vinculó a la actuación como terceros interesados al presidente y los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al comandante general de las Fuerzas Militares o quien haga sus veces , con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 5 en SAMAI).5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

5. Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

  1. El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado afirmó que la acción es improcedente por falta de relevancia constitucional, por cuanto la discusión se limita a un mero desacuerdo con la decisión y la tutela no fue prevista como un juicio de corrección; además, agregó que el auto de unificación

Estado afirmó que la acción es improcedente por falta de relevancia constitucional, por cuanto la discusión se limita a un mero desacuerdo con la decisión y la tutela no fue prevista como un juicio de corrección; además, agregó que el auto de unificación jurisprudencial que sustentó la providencia reprochada “corresponde a la norma jurídica, indistintamente si ella se encuentra contenida en el CCA o en el CPACA, dado que, no hubo variaciones entre un enunciado y otro a pesar de haber perdido su vigencia la primera de ellas” (índice 13 en SAMAI).

  1. El magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que no vulneró los derechos fundamentales del demandante porque aplicó el precedente vigente en la materia ; en consecuencia, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela (índice 11 en SAMAI).
  1. El comandante general de las Fuerzas Militares guardó silencio, pese a estar debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: i) finalidad de la acción de tutela y ii) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 5 de septiembre de 2024 , mediante la cual se confirmó la decisión de rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por caducidad de la acción.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su

5 de septiembre de 2024 , mediante la cual se confirmó la decisión de rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por caducidad de la acción.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su improcedencia frente al cargo por el defecto sustantivo y negará los cargos por violación directa de la Constitución y decisión sin motivación , por las razones que se exponen a continuación:

2.1 El cumplimiento de los requisitos de procedencia

Sin mayores elucubraciones, la Sala observa que i) el demandante identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos que se transgredieron, ii) la acción de tutela se promovió dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la providencia reprochada 3, iii) se agotaron los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, iv) no se ataca una sentencia de tutela.

A su vez, se advierte que los cargos por violación directa de la Constitución y decisión sin motivación cumplen con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto involucran una discusión sobre el derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia; además, los reproches no fueron resueltos en el curso del proceso ordinario y los defectos se predican de la providencia de segunda instancia , contra la cual no proceden recursos.

3 El auto proferido el 5 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se notificó el 22 de octubre de 2024 (índice 9 en SAMAI del proceso de nulidad y

3 El auto proferido el 5 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se notificó el 22 de octubre de 2024 (índice 9 en SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho) y la tutela se presentó el 8 de abril de 2025 (índice 3 en SAMAI).7

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

En cambio, el cargo por el defecto sustantivo no reviste relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación.

  1. Para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo constitucional, el demandante alegó que la autoridad judicial incurrió –entre otros– en un defecto sustantivo al aplicar el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado , pues, debido a los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub iudice, la regla jurisprudencial fijada en dicho auto no resultaba aplicable; puntualmente, porque i) esta providencia sentó un criterio de interpretación del artículo 136 del CCA, ii) la aplicación extensiva de la regla jurisprudencial desconoció el principio pro homine y la literalidad del artículo 164 del CPACA, según el cual también es posible que se compute la oportunidad para demandar a partir de la ejecución del acto y, iii) en la demanda ordinaria no se pretendió el reintegro en el cargo, sino controvertir los efectos de los actos disciplinarios, los cuales se materializaron con el Decreto 1531 de 2023 del Ministerio de Defensa.

el reintegro en el cargo, sino controvertir los efectos de los actos disciplinarios, los cuales se materializaron con el Decreto 1531 de 2023 del Ministerio de Defensa.

  1. En efecto, se observa que el cargo es una reiteración del mismo argumento que planteó en el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda , en el cual controvirtió la decisión porque el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado se profirió en vigencia del CCA, por lo cual debía aplicarse en su lugar el artículo 164 del CPACA, el cual también establece la posibilidad de computar la oportunidad para demandar a partir de la ejecución del acto, que para el caso concreto correspondió al Decreto 1531 de 2023 del Ministerio de Defensa.
  1. A su vez, estos planteamientos fueron objeto de estudio por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con las consideraciones que a

continuación se transcriben:

“En lo que corresponde a la caducidad de la acción cuando se discuten sanciones disciplinarias, es oportuno, resaltar que, la Sección Segunda de esta Corporación mediante providencia de unificación del 25 de febrero de 2016, asumió una postura respecto al término para interponer el medio de nulidad y restablecimiento del derecho en materia disciplinaria, cuando estas conlleven el retiro del servicio, bien sea temporal o definitivo, así:

«[…] En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe

«[…] En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la inte rpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos de la administración.8

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito, esto es, cuando o bien no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro del servicio, o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio expuesto en esta providencia y frente a las cuales debe contarse el término de caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario. […]

La anterior consideración se justifica por cuanto, como se afirmó en los acápites precedentes, solamente en aquellos casos en los que el acto de ejecución tiene incidencia efectiva en la terminación de la relación laboral administrativa, puede afirmarse que dicho acto tiene relevancia frente al conteo del término de caducidad de las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]»

En providencia del 22 de junio de 2023 de la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación, reiteró la citada postura en los siguientes términos:

Administrativo […]»

En providencia del 22 de junio de 2023 de la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación, reiteró la citada postura en los siguientes términos:

«[…] Ahora bien, en materia disciplinaria cuando se trata de sanciones que implican retiro temporal o definitivo del servicio, esta Sección ha sostenido que la caducidad se cuenta a partir de la ejecución de la sanción impuesta, siempre y cuando el acto materialice la suspensión o la terminación de la relación laboral, y comienza a contarse a partir del día siguiente de la notificación.

Diferente es cuando el acto de ejecución de la sanción disciplinaria no implique la materialización del retiro del servicio, pues en este caso el término de caducidad para demandar la destitución debe contarse a partir de la ejecutoria de la decisión que dio por culminada la actuación administrativa disciplina ria […]»

Por lo expuesto, cuando se trate de la discusión de legalidad de los actos administrativos disciplinarios, y este no materialice el retiro temporal o definitivo del servicio del disciplinado, la contabilización del término de caducidad en materia de nulidad y restablecimiento se debe efectuar a partir del día siguiente de la ejecutoria de la decisión que da por terminada la actuación administrativa.

En ese orden de ideas, se encuentra que le asiste razón al a quo cuando concluye que comoquiera que el señor Díaz Gómez se encontraba retirado del servicio desde el 15 de enero de 2020, en este caso debe contabilizarse la caducidad desde la ejecutoria de la decisión que dio por culminada la actuación administrativa disciplinaria, que ocurrió con la notificación efectuada el 15 de abril

servicio desde el 15 de enero de 2020, en este caso debe contabilizarse la caducidad desde la ejecutoria de la decisión que dio por culminada la actuación administrativa disciplinaria, que ocurrió con la notificación efectuada el 15 de abril de 2023 [sic], respecto a lo cual ha de resaltarse que no se evidencia reproche alguno en lo que corresponde a esta notificación

En consecuencia, en el caso concreto operó el fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en atención a que cuando el interesado agotó la conciliación, esto es, el 31 de enero de 2024, y acudió a la administración de justicia, es decir, el 20 de marzo de 2024, sin duda alguna habían transcurrid o mucho más de 4 meses, desde que se notificó electrónicamente el fallo disciplinario de segunda instancia (15 de abril de 2023)”.

  1. Como viene de leerse, la autoridad judicial demandada resolvió el reproche relacionado con un supuesto yerro en la aplicación d el auto de unificación9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues explicó la regla jurisprudencial, expuso los supuestos fácticos que habilitaban su aplicación al caso concreto y señaló que la postura fue reiterada en reciente sentencia.

  1. Si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación, es evidente que el cargo por el defecto sustantivo es una reproducción de los argumentos
  1. Si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación, es evidente que el cargo por el defecto sustantivo es una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación, los cuales se dirigieron de manera exclusiva a reanudar un debate que fue estudiado y resuelto al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
  1. Así entonces, para la Sala es claro que el único interés del demandante es mostrar su desacuerdo con la providencia objeto de tutela simplemente porque le fue desfavorable a sus intereses, sin que en dicha discusión se haya planteado un asunto de una genuina importancia desde el punto de vista constitucional.
  1. La Sala reitera que el presente mecanismo constitucional no está instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento jurídico y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia o interferir con el ejercicio de la autonomía judicial del juez natural, motivo por el cual se declarará la improcedencia del cargo.

2.2 El análisis del defecto por decisión sin motivación en el caso concreto

  1. Para el demandante, la providencia objeto de reproche adolece de una decisión sin motivación porque la autoridad judicial no accedió a su solicitud de proferir la decisión mediante auto de unificación jurisprudencial, a pesar de que se cumplían los presupuestos del artículo 271 del CPACA.
  1. No obstante, esta Sala observa que , en el auto de 5 de septiembre de 2024 , la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló con precisión las razones que sustentaron la decisión de negar la solicitud de unificación jurisprudencial

Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló con precisión las razones que sustentaron la decisión de negar la solicitud de unificación jurisprudencial formulada por el demandante en el recurso de apelación.

  1. En concreto, expuso como cuestión previa que la solicitud de unificación jurisprudencial no estaba llamada a prosperar , pues consideró que no existía discrepancia alguna respecto de la interpretación que se fijó en el auto de unificación de 25 de febrero de 2016; textualmente indicó:10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00

Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez Acción de tutela

“El demandante, conforme a lo estipulado en el artículo 271 del CPACA, solicitó unificar jurisprudencia en lo que corresponde a la forma de contabilizar el fenómeno de la caducidad, al estimar que existe divergencia en la interpretación y aplicación del artículo 164 del CPACA y el principio de pro homine.

No obstante, se destaca que la Sección Segunda de esta Corporación mediante providencia de unificación del 25 de febrero de 2016, asumió una postura respecto al término para interponer el medio de nulidad y restablecimiento del derecho en materia disciplinaria, sin que se advierta discrepancia respecto a la interpretación que se efectuó en aquella providencia.

En consecuencia, en el presente caso, se observa que la solicitud de jurisprudencia versa sobre el mismo asunto que en su momento se resolvió, por tanto, al tratarse un asunto con similitud, debe estarse a lo decidido previamente por esta Corporación, por ende, no existe mérito para avocar el asunto con la

jurisprudencia versa sobre el mismo asunto que en su momento se resolvió, por tanto, al tratarse un asunto con similitud, debe estarse a lo decidido previamente por esta Corporación, por ende, no existe mérito para avocar el asunto con la finalidad de emitir una sentencia de unificación jurisprudencial sobre lo propuesto”.

  1. De conformidad con lo anterior, no se evidencia que la providencia reprochada constituya un mero acto de voluntad del juez ni que exista una contradicción manifiesta entre la decisión y los fundamentos empleados para proferirla; en consecuencia, no se configura el defecto por decisión sin motivación.
  1. Adicionalmente, para esta Sala, la acción de tutela fue instituida como un juicio de validez4 y no de corrección de la labor del juez natural de la causa, pues, esta facultad se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada, de modo que el juez de tutela tiene vedado pronunciarse sobre materias que fueron abordadas por el juez ordinario simplemen te con el objeto de imponer su criterio o proponer una mejor solución.

2.3 El análisis de la violación directa de la Constitución en el caso concreto

  1. Por último, el demandante alegó una violación directa de sus derechos constitucionales fundamentales, comoquiera que las disposiciones sobre derecho sancionator

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