CE - Sentencia 11001031500020250209000

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250209000
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-02090-00

Demandante: ELBA VILLANUEVA MENDOZA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

QUE NEGÓ MEDIDA CAUTELAR.

Síntesis del caso: los demandantes consideraron que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con ocasión de la providencia que revocó el auto que concedió una medida cautelar de suspensión provisional. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad por tratarse de un asunto meramente económico y existir otro mecanismo idóneo y efectivo para reclamar lo que por esta vía se pretende.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela 1 presentado, por la señora Elba Villanueva Mendoza en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29, 13, 25 y 229 de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 18 de marzo de 2025 proferida por dicha autoridad judicial.

de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 18 de marzo de 2025 proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

  1. La señora Elba Villanueva Mendoza y la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS -en adelante SAE - suscribieron el contrato de arrendamiento no. 4126 de 2016 sobre el inmueble con folio de matrícula no. 368 -3990 denominado “ Valle de San Miguel” y destinarlo a la agricultura.

1 La acción de tutela fue presentada el 9 de abril de 2025.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02090-00

Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

  1. Entre las mismas partes celebraron otros contratos con números 4124, 4125, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131 y 4132 de diciembre del 2016, frente a los cuales fue necesario realizar cuantiosas inversiones y mejoras de adecuación de las tierras , por lo cual se propuso a la SAE la extensión de estas.
  1. El 17 de diciembre del año 2020 se suscribió prórroga al contrato de arrendamiento no. 4126 de 2016 en la que se acordó su extensión por el término de 10 años contados desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 1 de diciembre de 2031.
  1. Mediante oficio no. 20241700577351 de 31 de octubre de 2024 , la SAE dio por

el 1 de diciembre de 2021 hasta el 1 de diciembre de 2031.

  1. Mediante oficio no. 20241700577351 de 31 de octubre de 2024 , la SAE dio por terminado el contrato de arrendamiento no. 4126 con fundamento en el numeral 2 del parágrafo 6 del artículo 92 de la Ley 1708 de 2014 2, ya que mediante la Resolución no. 474 del 12 de julio de 2024 el bien inmueble se le destinó definitivamente a la Agencia

Nacional de Tierras.

  1. La actora presentó demanda de controversias contractuales y solicitó como medida cautelar la suspensión del oficio no. 20241700577351 de 31 de octubre de 2024 tras considerar que la terminación anticipada del contrato le generó un impacto negativo a los cultivos, los trabajadores , sus familias , la región y pérdidas de más de mil millones de pesos.
  1. En auto de 16 de diciembre de 2024 , el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali accedió a la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del oficio no. 20241700577351 de 31 de octubre de 2024 tras establecer que la SAE no adoptó ningún tipo de procedimiento previo para dar por finalizado el contrato, por lo cual no es factible para la arrendataria hacer la entrega del inmueble sin que ello le cause un detrimento patrimonial injustificado y arbitrario.

2 “ARTÍCULO 92. Mecanismos para facilitar la administración de bienes. Los bienes con extinción de dominio y afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio podrán ser administrados utilizando, de forma individual o concurrente, alguno de los siguientes mecanismos:

dominio y afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio podrán ser administrados utilizando, de forma individual o concurrente, alguno de los siguientes mecanismos:

PARÁGRAFO 6. Serán causales de terminación anticipada de los contratos suscritos por el FRISCO: i) Condiciones no acordes al mercado, de acuerdo con los estudios técnicos que para el caso determine el administrador en su metodología; ii) La destinación definitiva de los inmuebles de conformidad con lo previsto en esta Ley ; iii) Los contratos celebrados que no se acojan a las condiciones establecidas en la metodología de administración del FRISCO; iv) Cuando el activo sea requerido para desarrollar proyectos sociales cuyos beneficiarios sean población objeto de enfoque dife rencial y de especial protección constitucional. El administrador de bienes del FRISCO preservará el debido proceso para aplicar la terminación anticipada de contratos.”3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02090-00

Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

  1. La SAE interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en el que precisó que los riesgos del contrato fueron conocidos por la demandante desde la suscripción, pues , era de su conocimiento que el inmueble tenía afectado su dominio con una medida cautelar al interior de un proceso de extinción de dominio , en virtud de lo cual se encontraba legitimada para dar por terminado el contrato y estaba en la obligación de hacerlo debido a que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó la destinación definitiva del bien como consecuencia de un proceso adelantado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá, Sala de Extinción del Derecho de Dominio.

a que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó la destinación definitiva del bien como consecuencia de un proceso adelantado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Extinción del Derecho de Dominio.

  1. En auto de 23 de enero de 2025, el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali confirmó el auto de 16 de diciembre de 2024 pues no se realizó un procedimiento previo para dar terminación al contrato de arrendamiento y concedió en efecto devolutivo el recurso de apelación.
  1. En el término de traslado del recurso , la señora Elba Villanueva Mendoza solicitó denegar los recursos impetrados por la entidad demandada y confirmar la medida cautelar solicitada con fundamento en la Ley 1708 del 2014 y el artículo 207 de la Ley 2294 de

2023.

  1. En auto de 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó el auto de 16 de diciembre de 2024 para, en su lugar , negar la medida cautelar solicitada tras considerar que ya no es necesaria en virtud de que a la fecha no existe un perjuicio irremediable por prevenir con la misma, en vista de que los cultivos de arroz sembrados ya fueron recolectados, como se demuestra en la certificación emitida por el asesor técnico del predio arrendado a la señora Elba Villanueva Mendoza.

2. El fundamento de la vulneración

La demandante señaló que el auto de 18 de marzo de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca incurrió en una vía de hecho.

Para ello alegó que el tribunal desconoció que el 22 de marzo de 2025 se expidió un nuevo

Administrativo de Valle del Cauca incurrió en una vía de hecho.

Para ello alegó que el tribunal desconoció que el 22 de marzo de 2025 se expidió un nuevo certificado emitido por el asesor técnico del predio arrendado en el que se especifica que actualmente el cultivo de arroz existe, hay inversiones y está a la espera de ser recolectado para la recuperación de los costos de producción y la utilidad, pues se realizaron siembras el 3 de marzo de 2025, 5 de marzo de 2025 y 8 de marzo de 2025 y se espera la recolección para el 20 de julio de 2025, 30 de julio de 2025 y 10 de agosto de 2025.4

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Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“i) Revocar el AUTO INTERLOCUTORIO 0071 DEL 18 DE MARZO DEL 2025

PROFERIDO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA;

  1. Se le permita seguir explotando el contrato de arrendamiento 4126 de diciembre de 2016 respetando el término pactado en el otrosí celebrado el 17 de diciembre del año 2020, donde se suscribió prorroga al contrato de arrendamiento, por lo cual la CLÁUSULA SEGUNDA del mentado contrato quedó bajo siguiente tenor: “Las partes aceptan expresamente prorrogar por primera vez el contrato por un término de diez (10) años el contrato de arrendamiento No.

arrendamiento, por lo cual la CLÁUSULA SEGUNDA del mentado contrato quedó bajo siguiente tenor: “Las partes aceptan expresamente prorrogar por primera vez el contrato por un término de diez (10) años el contrato de arrendamiento No. 4126 de 1 de diciembre de 2016, contados a partir del día p rimero (01) de diciembre de 2021 hasta el treinta (30) de noviembre de 2031.;

  1. Establecer de manera conjunta, una terminación de mutuo acuerdo que le permita disminuir las pérdidas en que incurre por la terminación indicada por la

SAE;

  1. En el evento que ninguna de las peticiones anteriores sea posible o se acceda a ellas, se le indique los mecanismos y/o procedimientos establecidos por la accionada para indemnizar los perjuicios causados por la terminación unilateral y anticipada del contrato de arrendamiento. Por ejemplo, la cesión del contrato al nuevo”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI3).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 11 de abril de 20254 se admitió el proceso de acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en el mismo sentido se vinculó como tercero con interés al titular del Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Cali, al director o quien haga sus veces de la Sociedad de Activos Especiales SAS – SAE y al director o quien haga sus veces de la Agencia Nacional de Tierras , con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

veces de la Agencia Nacional de Tierras , con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El titular del Juzgado Veintiuno Administrativo oral del Circuito Judicial de Cali 5 presentó escrito de contestación e indicó, en síntesis, que no vulneró de ninguna forma los derechos fundamentales de la actora pues en la acción de la referencia se cuestiona el auto de 18

3 Índice 2 SAMAI. 4 Índice 4 SAMAI. 5 Índice 10 SAMAI.5

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Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

de marzo de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo que solicitó su desvinculación en el asunto.

Finalmente, advirtió que mediante auto de 26 de marzo de 2025 ordenó la terminación del proceso por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, providencia que fue objeto del recurso de apelación y cuyo trámite se encuentra pendiente.

La Sociedad de Activos Especiales SAS6 precisó que en representación del FRISCO es el secuestre de los bienes sobre los cuales se hayan adoptado o se adopten medidas cautelares en los procesos de extinción del derecho de dominio, motivo por el cual tan solo se encuentra ejerciendo las funciones que legal y reglamentariamente le han sido asignadas y no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora , razón por la cual solicitó su desvinculación del proceso.

se encuentra ejerciendo las funciones que legal y reglamentariamente le han sido asignadas y no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora , razón por la cual solicitó su desvinculación del proceso.

En todo caso precisó que, si bien en auto de 26 de marzo de 2025 el Juzgado Veintiuno Administrativo oral del Circuito Judicial de Cali declaró la terminación del proceso , de momento no tiene previsto adelantar diligencia de desalojo sobre el inmueble con Folio de Matrícula Inmobiliaria 368 -3990, por lo que tampoco ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora.

Finalmente, precisó que tampoco hay lugar a ordenar una terminación por muto acuerdo del contrato en tanto la decisión de esta entidad fue unilateral como parte arrendadora del contrato y de conformidad a las facultades legales de la SAE y que constaban en el contrato.

La Agencia Nacional de Tierras 7 precisó que no ha vulnerado de ninguna forma los derechos fundamentales de la actora toda vez que a la fecha de notificación de la acción de tutela no ha recibido el predio ni ha ejercido acción en su contra, en virtud de lo cual solicitó negar las pretensiones de la demanda y su desvinculación en el asunto.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca8 solicitó declarar improcedente la acción de tutela por cuanto se pretende ejercer este mecanismo para cuestionar la decisión

6 Índice 9 SAMAI. 7 Índice 11 SAMAI. 8 Índice 12 SAMAI.6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02090-00

Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

7 Índice 11 SAMAI. 8 Índice 12 SAMAI.6

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Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

adoptada, sobre la cual presenta una inconformidad por no haberse confirmado la decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela , 2) las solicitudes de desvinculación y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derec hos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos pre cluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. Las solicitudes de desvinculación

El Juzgado Veintiuno Administrativo oral del Circuito Judicial de Cali , la SAE y la ANT solicitaron que se les desvinculara de la acción de tutela, por cuanto se demanda al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la s solicitudes de desvinculación en consideración a que dichas autoridades fueron vinculadas como tercero s con interés, ya que la primera fue el juez de primera instancia que resolvió la medida cautelar , el segundo actuó como parte dem andada en el7

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proceso de controversias contractuales y el tercero es el que solicitó la destinación definitiva del bien.

3. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión del auto de 18 de marzo de 2025 por cuanto, a su juicio, incurrió en una vía de hecho

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará su improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a la

de marzo de 2025 por cuanto, a su juicio, incurrió en una vía de hecho

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará su improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a la petición de revocar el auto de 18 de marzo de 2025 y se declarará improcedente por el requisito de subsidiariedad frente a la s peticiones de seguir explotando el contrato de arrendamiento no. 4126 y establecer la terminación del contrato por mutuo acuerdo , por las razones que procederán a exponerse:

3.1 Frente al auto de 18 de marzo de 2025

  1. En su escrito de tutela, los demandantes señalaron que en la providencia del 18 de marzo de 2025 el tribunal demandado incurrió en un defecto fáctico al no valorar el certificado emitido por el asesor técnico del predio arrendado del 22 de marzo de 2025, el cual demuestra que actualmente si se realizan las labores de cultivo de arroz.
  1. No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos con ocasión de la presentación de la solicitud de aclaración en contra del auto de 18 de marzo de 2025, oportunidad en la cual la parte demandante indicó, en los mismos términos a los que ahora plantea, que se debe valorar el certificado del 22 de marzo de 2025 pues el mismo demuestra la exist encia de los cultivos de arroz y con ello el perjuicio que sufriría con la terminación unilateral del contrato.

valorar el certificado del 22 de marzo de 2025 pues el mismo demuestra la exist encia de los cultivos de arroz y con ello el perjuicio que sufriría con la terminación unilateral del contrato.

  1. Para resolver esos planteamientos, en auto de 30 de abril de 2025, el tribunal

demandado se pronunció de manera expresa así:

“En armonía con lo expuesto, se aprecia que el auto No. 071 del 18 de marzo de 2025 proferido por este Tribunal en segunda instancia, no se configuran los8

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Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

supuestos del artículo 285 del CGP, pues esta disposición es clara en advertir que esta procede “cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva del auto o influyan en ella”, y e n el caso sub examine, el apoderado de la demandante pretende con la solicitud de aclaración que la Sala estime argumentos nuevos del fondo del asunto

Por otra parte, respecto al certificado allegado al plenario con la solicitud de aclaración, la Sala advierte que esta no es la etapa para aportar medios de prueba, tal y como lo establece el artículo 212 del CPACA, así:

(…)

Así las cosas, al disponer la norma citada la limitación al momento en que deben aportarse y solicitarse las pruebas en segunda instancia, es evidente que en el presente caso no es la etapa procesal para allegar dicha prueba. Finalmente, del análisis integral de la providencia bajo estudio, esta Corporación concluye que no se encuentra mérito para acceder a la solicitud incoada por la parte actora, toda

presente caso no es la etapa procesal para allegar dicha prueba. Finalmente, del análisis integral de la providencia bajo estudio, esta Corporación concluye que no se encuentra mérito para acceder a la solicitud incoada por la parte actora, toda vez que dicho auto expone con suficiencia que, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, la medida cautelar de suspensión provisional del oficio 20241700577351 del 31 de octubre de 2015 decretada por el juzgado de primera instancia ya no e ra necesaria, puesto que ya no existía un perjuicio irremediable por prevenir con la misma, conforme a las pruebas que obraban en el plenario.”. (negrillas de la Sala)

  1. De acuerdo con lo expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo constitucional los demandantes expusieron similares argumentos a los planteados en la solicitud de aclaración con base en los cuales cuestionaron la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia, en específico frente al certificado del 22 de marzo de 2025.
  1. No obstante, frente a tales argumentos la autoridad judicial accionada se pronunció expresamente en el auto que resuelve la aclaración para sostener que no existen frases que contengan verdadero motivo de duda y esa no es la etapa para aportar nuevos medios de prueba de conformidad con el artículo 212 del CPACA.
  1. Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de “error” a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en la solicitud de aclaración y que fueron resueltos de manera suficiente y exhaustiva en el auto de 30 de abril de 2025.

una reproducción de los argumentos que fueron planteados en la solicitud de aclaración y que fueron resueltos de manera suficiente y exhaustiva en el auto de 30 de abril de 2025.

  1. En todo caso, también se debe tener en cuenta que el Juzgado Veintiuno Administrativo oral del Circuito Judicial de Cali el 26 de marzo de 2025 profirió auto de obedézcase y cúmplase y, adicionalmente, declaró la terminación del proceso tras advertir la falta de agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, motivo por el cual resulta inocuo pronunciarse sobre la medida cautelar en un proceso en el que se declaró su terminación.9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02090-00

Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

  1. Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate meramente legal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
  1. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente al auto de 18 de marzo de 2025, por las razones hasta aquí expuestas.

3.2 Frente a las peticiones dirigidas a que se permita seguir explotando el contrato de arrendamiento no. 4126 y establecer su terminación por mutuo acuerdo

3.2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional

3.2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02090-00

Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

de este mecanismo constitucional.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02090-00

Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable , caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.

En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

3.2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

  1. En el asunto sub examine, la demandante solicitó que se revoque la providencia y se ordene a la SAE seguir con el contrato de arrendamiento no. 4126 hasta el 1 de diciembre de 2031 o en su defecto que este sea terminado, pero por mutuo acuerdo.
  1. No obstante, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que la

de 2031 o en su defecto que este sea terminado, pero por mutuo acuerdo.

  1. No obstante, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que la misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de dere chos fundamentales, el demandante no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte medida s urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.
  1. En efecto, la Sala advierte que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para ventilar tales asuntos pues los mismos deben ser desarrollados a lo largo del proceso de controversias contractuales.
  1. Si bien en el informe de contestación de tutela el Juzgado Veintiuno Administrativo oral del Circuito Judicial de Cali informó que dicho proceso fue declarado terminado por el11

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Demandante: Elba Villanueva Mendoza Acción de tutela

incumplimiento del requisito de procedibilidad relativo al agotamiento de la conciliación prejudicial, lo cierto es que en todo caso ese era el proceso idóneo en el que se podía exigir el cumplimiento del contrato y al declararse terminado por la falta de cumplimiento de las cargas procesales que el ordenamiento le impone a las partes, en este caso a la demandante, esta debe asumir las consecuencias de su negligencia o desidia.

el cumplimiento del contrato y al declararse terminado por la falta de cumplimiento de las cargas procesales que el ordenamiento le impone a las partes, en este caso a la demandante, esta debe asumir las consecuencias de su negligencia o desidia.

  1. Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante s e encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
  1. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.
  1. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por no encontrar superados los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

F A L L A :

1º) Declárase improcedente la acción de

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