CE - Sentencia 11001031500020250212600

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250212600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02126-00

Demandante: RUBÉN DARÍO ZAPATA LOTERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA , SALA

SÉPTIMA DE ORALIDAD

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente el mecanismo por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el amparo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 10 de abril de 2025, el señor Rubén Darío Zapata Lotero, a través de apoderado judicial 2, promovió acción de tutela contra el Tribunal

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 10 de abril de 2025, el señor Rubén Darío Zapata Lotero, a través de apoderado judicial 2, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad , en la que pretende la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, «prevalencia de lo sustancial sobre lo formal», de acceso a la administración de justi cia y a la «tutela judicial efectiva».

1 Índice 1 y 2 de Samai 2 Según poder conferido por mensaje de datos al abogado Yobany Alberto López Quintero con T.P. No. 112.907 del C.S. de la J.Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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Para el actor, la trasgresión de sus garantías constitucionales tuvo lugar con ocasión de la providencia del 16 de octubre de 20243, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad que revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 28 de junio de 2024 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia4.

1.2. Pretensiones

del derecho que adelantó contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia4.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial, atendiendo a lo siguiente: (i) efectuar un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica del educador Rubén Darío Zapata Lotero y, (ii) aplicar en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag5.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 8 de julio de 20216, el señor Rubén Darío Zapata Lotero presentó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías.

Por medio de la Resolución S2021060085939 del 17 de agosto de 2021 fueron girados los recursos por dicho concepto a la entidad ban caria el día 15 de octubre de la misma anualidad.

Por medio de la Resolución S2021060085939 del 17 de agosto de 2021 fueron girados los recursos por dicho concepto a la entidad ban caria el día 15 de octubre de la misma anualidad.

Posteriormente, el 1. ° de marzo de 2022, elevó petición a fin de que se le reconociera la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, sin embargo, no recibió respuesta alguna.

3 Dicha providencia fue proferida por la Sala Séptima de Oralidad conformada por los magistrados Carlos Cristopher Viveros Echeverri , Martha Nury Velásquez Bedoya y Gonzalo Javier Zambrano Velandia. 4 El proceso se identificó con el número de radicado 05001-33-33-004-2023-00118-00/01 5 Cita textual del original con posibles errores. 6 Obra a folio 26 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho allegado por el actor. 005_DemandaWeb_Anexos_EXPEDIENTEORDINARIOR.pdfDemandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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Por lo anterior, p romovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Antioquia en la que pretendió la nulidad del acto ficto presunto y el reconocimiento

restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Antioquia en la que pretendió la nulidad del acto ficto presunto y el reconocimiento y pago de la sanción por mora señalada en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín mediante providencia del 28 de junio de 2024 , accedió parcialmente a las pretensiones incoadas y ordenó al Departamento de Antioquia reconocer a favor del accionante las sumas correspondientes a la sanción por mora prevista en el art ículo 5° de la Ley 1071 de 2006.

Inconforme con la decisión, el departamento de Antioquia presentó recurso de apelación, el cual fue dirimido por el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad en sentencia del 16 de octubre de 2024, en la que revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar las pretensiones, al observar que:

[…] si la solicitud de cesantías fue presentada el día 10 de agosto del 2021 -pues como ya se indicó, prevalece la fecha prevista en el acto administrativo no recurrido que goza de presunción de legalidad, se encuentra ejecutoriado, y surte plenos efectos jurídicos, sobre la copia de radicación allegada por la parte demandante -, los 15 días hábiles con que contaba el Departamento de Antioquia para expedir el acto administrativo de r econocimiento fenecían el 1° de septiembre del 2021, y siendo que el acto administrativo fue proferido precisamente el 17 de agosto del

los 15 días hábiles con que contaba el Departamento de Antioquia para expedir el acto administrativo de r econocimiento fenecían el 1° de septiembre del 2021, y siendo que el acto administrativo fue proferido precisamente el 17 de agosto del 2021, no existe mora por parte de la Entidad Territorial al expedir el acto de reconocimiento.

Ahora, dado que no se al lega constancia de notificación del acto –carga que conforme al artículo 167 del CGP correspondía al demandante- , la Sala contara los 10 días de ejecutoria establecidos jurisprudencialmente para el efecto, a partir del día siguiente al del vencimiento de los 15 días que tenía la entidad no solo para expedir sino también para notificar el acto administrativo (1° de septiembre del 2021), con lo cual, el termino de ejecutoria fenecía el 15 de septiembre del 2021, fecha esta que se tomara para el conteo de los 45 días hábiles con los que cuenta la FIDUPREVISORA para realizar el pago, lo que aplicado al caso particular, nos indica que los mismos vencían el 22 noviembre del 2021 , y debido a que los recursos fueron puestos a disposición el 15 de octubre del 2021 , no se presentó mora en el presente trámite de reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías docentes.

Lo anterior, permite a esta Sala de Decisión no estar de acuerdo con la conclusión a la que arrimó el A quo, con relación a la existencia de la mor a, cuya decisión, si bien emerge de tomar como fecha de radicación de la solicitud la que figura en copia documental allegada por la parte demandante, lo cierto es que, la misma, no podía ser tomada como prueba de ese hecho ante la existencia de un acto administrativo

bien emerge de tomar como fecha de radicación de la solicitud la que figura en copia documental allegada por la parte demandante, lo cierto es que, la misma, no podía ser tomada como prueba de ese hecho ante la existencia de un acto administrativo dotado de presunción de legalidad que afirma que la mencionada petición fue presentada en una fecha posterior; fecha esta, que siempre será la que se debe tener en cuenta para realizar el conteoDemandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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La anterior decisión fue notificada el 17 de octubre de 2024 7 a las partes e intervinientes mediante correo electrónico.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora , manifestó que en el caso concreto se cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, la autoridad judicial accionada incurrió en vicios que vulneran abiertamente los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiv a, ya que, por un lado, no valoró el material probatorio debidamente aportado al proceso con el cual se acreditaban los hechos informados en la demanda ordinaria y, de otro, desconoció la normatividad que define las competencias y responsabilidades en el trámite de solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías.

Indicó que, aportó constancia de presentación de la reclamación administrativa de reconocimiento de las cesantías , en la que se observaba que la fecha exacta de

pago de las cesantías.

Indicó que, aportó constancia de presentación de la reclamación administrativa de reconocimiento de las cesantías , en la que se observaba que la fecha exacta de radicación, fue el 6 de julio de 2021; sin embargo, expresó que el ad quem privilegió la información contenida en el acto administrativo que otorgó dicho auxilio económico, aun cuando la documental allegada no fue tachada de falsa o fraudulenta por la contraparte.

Respecto del requisito de inmediatez y subsidiariedad , adujo que la sentencia reprochada fue notificada el 17 de octubre de 2024, lo que significaba que acudió a la administración de justicia en un tiempo razonable y agotó todos medios de defensa que tenía a su alcance.

Argumentó que, la providencia judicial controvertida incurrió en un defecto fáctico por cuanto el tribunal accionado no realizó una valoración integral y adecuada de los elementos de juicio presentes en el expediente ordinario, los cuales, en su consideración eran fundamentales para esclarecer los hechos en discusión y, por ende, para definir adecuadamente el derecho reclamado.

Expresó que la accionada minimizó el valor probatorio de la información incluida en la solicitud de reconocimiento y pago de l as cesantías, concretamente excluyendo la fecha de radicación consignada, «6 de julio de 2021», otorgando mayor credibilidad a lo señalado en el acto administrativo que resolvió dicha reclamación.

Señaló que, si bien el fallador de segunda instancia basó su decisión en la presunción de legalidad del acto administrativo, dicho análisis careció de integridad

credibilidad a lo señalado en el acto administrativo que resolvió dicha reclamación.

Señaló que, si bien el fallador de segunda instancia basó su decisión en la presunción de legalidad del acto administrativo, dicho análisis careció de integridad y fue arbitraria toda vez que: i) La sentencia controvertida no hizo un estudio detallado del documento para dejar claras las razones por las cuales co nsideraba

7 Índice 12 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-3333-004-2023-00118-01.Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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que la información allí registrada no resultaba del todo fiable para la resolución del caso, ii) El análisis valorativo resultó arbitrario y desproporcionado, porque t uvo en cuenta la fecha de radicación «10 de agosto de 2021» que se consign ó en el acto administrativo de reconocimiento de cesantías bajo el argumento de la presunción de legalidad; sin embargo, desconoc ió que el formato de radicación de la solicitud de cesantías también gozaba de la presunción de autenticidad y veracidad por total ausencia de tacha de falsedad y, iii) No se expuso de manera suficiente las razones por las cuales privilegió un medio de convicción por encima de otro.

Adicionalmente, puntualizó que se configuró un defecto sustantivo porque el

ausencia de tacha de falsedad y, iii) No se expuso de manera suficiente las razones por las cuales privilegió un medio de convicción por encima de otro.

Adicionalmente, puntualizó que se configuró un defecto sustantivo porque el accionado interpretó y aplicó de forma errónea «la normativa vigente que delimita las competencias y responsabilidades de las entidades involucradas en el trámite administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente afiliado al FOMAG, lo cual implicó una vulneración de garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, como el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, y resulta especialmente relevante en la medida en que una ad ecuada interpretación del marco legal era indispensable para resolver la controversia conforme a derecho».

Después de hacer un recuento normativo y jurisprudencial del tema, arguyó que «la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías fue radicada e l 6 de julio de 2021, por lo que el plazo de 15 días hábiles para expedir el acto administrativo vencía el 28 de julio de 2021; sin embargo, dicha actuación solo se realizó hasta el 17 de agosto de 2021, incumpliendo así la administración departamental los términos legales para adelantar las respectivas gestiones a su cargo, razón por la cual debía responder por el pago de la sanción moratoria por el periodo comprendido entre el 29 de julio de 2021 y hasta la fecha en que efectivamente se remitió la actuación administrativa a la Fiduprevisora S.A».

Finalmente, recalcó que el tribunal accionado efectuó un conteo ininterrumpido del plazo de 70 días hábiles establecido por el legislador para el reconocimiento y pago

remitió la actuación administrativa a la Fiduprevisora S.A».

Finalmente, recalcó que el tribunal accionado efectuó un conteo ininterrumpido del plazo de 70 días hábiles establecido por el legislador para el reconocimiento y pago de las cesantías, sin considerar que dichas competencias recaen en autoridades distintas: la primera, en la entidad territorial y la segunda, en la sociedad fiduciaria, la cuales, son responsables de manera individual por el pago de la sanción moratoria por incumplimiento en el plazo que le c orrespondía; aunque p odía presentarse el caso que si se acredita ra que ambas incurrieron en mora, deberán responder conjuntamente en proporción al tiempo de retraso imputable a cada una.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 30 de abril de 20258, la magistrada ponente admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a los magistrados integrantes de la Sala Séptima de

8 Índice 5 de Samai.Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y vinculó como terceros con interés al Juzgado Cuarto Administrat ivo de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín «a quo ordinario», a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al Fondo

Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y vinculó como terceros con interés al Juzgado Cuarto Administrat ivo de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín «a quo ordinario», a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, a la Fiduprevisora S.A., y al departamento de Antioquia «demandados en el proceso ordinario».

1.6. Intervenciones9

1.6.1. Nación, Ministerio de Educación Nacional10

Manifestó que le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva para dictar un pronunciamiento de fondo, toda vez que la controversia planteada en la acción de tutela recae sobre una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralida d por lo cual, no fue la autoridad que profirió la decisión reprochada, así como, que no avizoró una acción u omisión que le fuera atribuible.

Por consiguiente, solicitó se declarara improcedente el mecanismo de la referencia, dado que, se planteó una controversia de naturaleza estrictamente económica, lo que excede la competencia del juez de tutela

1.6.2. Departamento de Antioquia11

Requirió que se declarara la improcedencia de la acción adelanta, debido a que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable y lo que pretende el actor es que se le conceda la sanción moratoria deprecada con la demanda en un proceso en el que no hizo uso del recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.12

se le conceda la sanción moratoria deprecada con la demanda en un proceso en el que no hizo uso del recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.12

El magistrado ponente adujo que la solicitud constitucional es improcedente, toda vez, que el actor centra sus argumentos en un reproche a la interpretación de los hechos con base en los cuales se negaron las pretensiones de la demanda, lo que da cuenta de la falta de relevancia constitucional del asunto para su análisis en sede de tutela.

9 Índice 8 de Samai. Mediante Oficios No. 54995 al 55001 del 2 de mayo de 2025 se notificó a las partes a los correos electrónicos: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co; tutelas_fomag@fidup revisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co; adm04med@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co 10 Índice 10 y 13 de Samai. 11 Índice 11 de Samai. 12 Índice 12 de Samai.Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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A su vez, indicó que en el proceso se valoraron todas las pruebas dentro del marco legal con fundamento en la lógica y la sana crítica. Para el caso en concreto referenció que se «aplicó lo d ispuesto por la Ley y la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ-SII-012-2018 sobre la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, sin embargo, a la luz de los hechos probados dentro del proceso se decidió que para el conteo de la mora debía tenerse en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de cesantías que se encontraba en el acto administrativo expedido por la entidad demandada, el cual goza de presunción de legalidad, y no la fecha de radicación que reposa en una petición aportada como prueba documental por la parte demandante».

Señaló que le dio valor probatorio a la fecha de radicación de la solicitud de cesantías que consta en el acto administrativo expedido por la entidad territorial y no a la fecha de radicación que se aportó por el demandante en prueba documental, por cuanto prevalece la presunción de legalidad del acto administrativo . A partir de ahí afirmó que:

[…] en aplicación del conteo de términos, se concluyó que si la solicitud se había presentado el 10 de agosto de 2021, los 15 días con que contaba el Departamento de Antioquia para expedir el acto administrativo y notificarlo fenecían el 1° de septiembre de 2021, y como el acto administrativo fue expedido el 17 de agosto de

de Antioquia para expedir el acto administrativo y notificarlo fenecían el 1° de septiembre de 2021, y como el acto administrativo fue expedido el 17 de agosto de 2021, por lo que los 10 días para interponer recurso vencían el 15 de septiembre de 2021, y a partir de ahí corren los 45 días para efectuar el pago, los cuales fenecían el 22 de noviembre de 2021, y como los recursos fueron puestos a disposición el 15 de octubre de 2021, s e concluyó que no existió mora en el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías13.

En consecuencia, recalcó que se atendió el debate planteado por las partes y no se configuraron los defectos alegados por el accionante , dado que tanto la valoración de las pruebas como la resolución en derecho del caso concreto, se realizaron de manera adecuada y en el marco de la autonomía e independencia judiciales, así como acatando el precedente jurisprudencial emanado por el Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

13 Transcripción literal del original con posibles errores.Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

13 Transcripción literal del original con posibles errores.Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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2.2. Solicitud de desvinculación

La Nación, Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación, porque a su juicio, car ece de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dicha petición será negada, por cuanto su vinculación a la acción constitucional se realizó en calidad de tercero con interés y n o la autoridad contra la cual se dirige la discusión.

2.3. Problemas jurídicos

De conformidad con lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte accionante , el material probatorio recaudado y la s intervenciones presentadas, corresponde abordar los siguientes interrogantes:

  • ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

  • ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Séptima de Oralidad vulneró los derechos fundamentales del actor, con ocasión de la providencia del 16 de octubre de 2024, dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-0042023-00118-01?

Para reso lver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes

restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-0042023-00118-01?

Para reso lver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial; y iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 15 y declaró su procedencia.16

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena a ntes reseñado. 16 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez

debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción constitucional ante la falta de relevancia constitucional, puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -215 de 202217.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntu ales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de pro cedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Rubén Darío Zapata Lotero Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2025-02126-00

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Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independenc

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