CE - Sentencia 11001031500020250214500
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250214500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: GUSTAVO DE JESÚS ÁLZATE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Accidente por caída de un árbol. Deniega solicitud de amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Gustavo de Jesús Álzate y otros contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de abril de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, Gustavo de Jesús Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Jhon Jairo Zapata Ramos pidieron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Gustavo de Jesús Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Jhon Jairo Zapata Ramos pidieron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 30 de enero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/02.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Sírvanse señores Magistrados, DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA sala tercera de decisión, al proferir sentencia del treinta de enero de 2025, dentro del proceso de reparación directa interpuesto en contra de NACIÓN. MINISTERIO DE TRANSPORTE, INVIAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, tramitado con el Radicado No. 66001 -33-33-001-2019-00121-02
(A-1233-2022), han violado a los accionantes los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al lib re acceso a la Administración de Justicia, desconoc ido por esta entidad al revocar la sentencia de primera instancia proferida por el juzgado primero administrativo de Pereira, la cual había acogida las pretensiones de los demandantes en forma parcial, materializándose defecto fáctico, defecto material o s ustantivo, defecto de decisión sin motivación, desconocimiento del precedente
acogida las pretensiones de los demandantes en forma parcial, materializándose defecto fáctico, defecto material o s ustantivo, defecto de decisión sin motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial del mismo Tribunal accionado así como del Consejo de Estado, violación directa de la constitución Política.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se proceda a:
3. CONCEDER a los actores el amparo de los derechos fundamentales, a la Igualdad, al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia.
4. Se DECRETE dejar sin efecto la providencia con fecha treinta (30) de enero de 2025, proferida por la Sala tercera de Decisión del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA.
5. Se ORDENE al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, según corresponda, proferir fallo de segunda instancia de reemplazo donde se reconozca para los demandantes todos los perjuicios solicitados en el proceso de reparación directa bajo el radicado 66001-33-33-001-2019-00121-02 (A-1233-2022); se reconozca a los demandantes el derecho a ser indemnizados por los perjuicios ocasionados y probados en el transcurso del proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
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6. Se ORDENE igualmente, que en dicha sentencia de reemplazo se haga con base en la realidad
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6. Se ORDENE igualmente, que en dicha sentencia de reemplazo se haga con base en la realidad fáctica, la aplicación de la ley 1228 de 2008, que se reconozca el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, con base en lo anterior se concedan las preten siones, y como efecto de lo anterior se confirme la sentencia de primera instancia y se, concedan los perjuicios ocasionados a los actores, además que se tenga en cuenta el recurso de apelación interpuesta por la parte demandante, toda vez que fue eso lo que se apeló respecto del fallo de primera instancia, la cual no reconoció unos perjuicios de orden material a los actores, los cuales estaban causados, el cumplimiento de fallo conforme a lo ordenado por la ley. (sic para toda la cita)
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 6 de mayo de 201 7, Gustavo Adolfo Álzate Osorio y John Jairo Zapata Ramos se dirigían en motocicleta a su lugar de trabajo, en la empresa Agregados de Occidente, ubicada en la vía que comunica los municipios de la Virginia y el Apía. Durante el recorrido, a la altura del kilómetro 24+250, sector el Rin, una palma de cachipay se desprendió y les cayó encima, lo que generó la mue rte instantánea del señor Gustavo Adolfo Álzate Osorio y lesiones al señor John Jairo Zapata Ramos
Por estos hechos, dos grupos familiares conformados, por un lado, por Gustavo de Jesús
Adolfo Álzate Osorio y lesiones al señor John Jairo Zapata Ramos
Por estos hechos, dos grupos familiares conformados, por un lado, por Gustavo de Jesús Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Rosa María Pérez y, por otro lado, por John Jairo Zapata Ramos, en nombre propio y en representación de la menor AKZG, Gloria Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina y Noralba Ramos Ussa, promovieron demanda de reparación directa contra el Ministerio de Transporte, el INVÍAS y el departamento de Risaralda, para que fuera n declarados patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios causados con ocasión del accidente ocurrido el 6 de mayo de 2017.
La demanda se adelantó bajo el radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00 y correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Pereira que, por sentencia del 30 de septiembre de 2022: i) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Risaralda y del Ministerio de Transporte, ii) declaró responsable al INVÍAS del accidente ocurrido el 6 de mayo de 2017 en el que perdió la vida Gustavo Adolfo Álzate Osorio y resultó lesionado John Jairo Zapata Ramos, iii) condenó al INVÍAS en costas y al pago de perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral a todos los demandantes y de daño a la salud a John Jairo Zapata Ramos , así como perjuicios materiales por concepto de lucro cesante consolidado y futuro para este último y, iv) condenó a las compañías aseguradoras Mapfre Seguros Generales de Colombia y la
demandantes y de daño a la salud a John Jairo Zapata Ramos , así como perjuicios materiales por concepto de lucro cesante consolidado y futuro para este último y, iv) condenó a las compañías aseguradoras Mapfre Seguros Generales de Colombia y la Previsora S.A. Compañía de Seguros, a pagar los valores pecuniarios a que había sido condenado el INV ÍAS, como consecuencia de esa sentencia y en atención al límite pactado en la póliza 2201214004752.
Señaló que el daño estaba acreditado con el fallecimiento de Gustavo Adolfo Álzate Osorio y las lesiones que padeció John Jairo Zapata Ramos, a causa del accidente ocurrido el 6 de mayo de 2017, cuando les cayó encima una palma . Que el régimen de responsabilidad aplicable era el de falla del servicio.
Que la carretera en la que ocurrieron los hechos era administrada por el INVÍAS, por lo que era procedente declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Risaralda y el Ministerio de Transporte.
Que el rie sgo era previsible , porque las actividades de mantenimiento del INV ÍAS no podían sujetarse a la rocería y limpieza de cunetas, puesto que, según dijo, era su obligación vigilar los corredores viales afectados por las lluvias.
Dijo que el INVÍAS tuvo posibilidades reales de prever la caída de la palmera y que ese era un evento inmerso en su actividad. Que, a pesar de tratarse de un hecho de la naturaleza, era posible evitarlo, debido a que la entidad estaba en condiciones de
Dijo que el INVÍAS tuvo posibilidades reales de prever la caída de la palmera y que ese era un evento inmerso en su actividad. Que, a pesar de tratarse de un hecho de la naturaleza, era posible evitarlo, debido a que la entidad estaba en condiciones de informar a la autoridad ambiental y al propietario del predio donde se encontraba ubicadaRadicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la palma para que se tomaran las decisiones correspondientes que evitaran la caída de la palma.
Inconformes, el INV ÍAS, las llamadas en garantía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., la Previsora S.A. y la parte demandante apelaron.
El INVÍAS adujo que el talud en el que se encontraba la palma que ocasionó el accidente era única y exclusivamente de cuidado, guarda y custodia del propietario del predio privado en el que se encontraba. Que no le correspondía cuidar, conservar y custodiar los bienes privados y que tampoco tenía competencias de autoridad ambiental para intervenir el árbol. Que la palma no se encontraba en riesgo y lo que ocasionó su derrumbe fueron las lluvias, lo que, a su juicio, configuraba el eximente de responsabilidad de hecho impredecible, irresistible de la naturaleza.
La llamada en garantía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. manifestó que el INVÍAS cumplió con su obligación de realizar mantenimiento adecuado a la vía y que en
responsabilidad de hecho impredecible, irresistible de la naturaleza.
La llamada en garantía Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. manifestó que el INVÍAS cumplió con su obligación de realizar mantenimiento adecuado a la vía y que en su trabajo de verificación de vegetación no hubo evidencia o reporte de riesgo de caída de la palma ni inestabilidad del talud. Que situaciones como la estudiada en ese proceso no estaban cubiertas por la póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita con esa entidad.
La Previsora S.A. sostuvo que la caída de la palma no era un hecho previsible par a el INVÍAS y que esa caída se debió a un fenómeno natural derivado de fuertes lluvias. Que el predio en el que se encontraba la palma era propiedad de un privado. Que el INVÍAS cumplió con las funciones que le correspondían. Que la decisión apelada había incurrido en indebida valoración probatoria , por que se había probado el eximente de responsabilidad denominado hecho de la naturaleza imprevisible e irresistible.
La parte demandante expuso que no se reconocieron , cuando sí se debió hacerlo, perjuicios en la modalidad de lucro cesante futuro respecto de Gustavo de Jesús Álzate Álzate e Inés Soledad Osorio y perjuicios por daño a la salud o daño a la vida en relación respecto de Gloria Milena Padilla.
Por sentencia del 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, revocó la decisión apelada, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, al estimar que la parte actora no cumplió con la carga probatoria de acreditar la imputación del daño al INVÍAS, puesto que, a su juicio, no se
pretensiones de la demanda, al estimar que la parte actora no cumplió con la carga probatoria de acreditar la imputación del daño al INVÍAS, puesto que, a su juicio, no se demostró la relación de causalidad entre el daño sufrido por los demandantes y la omisión que se le pretendía imputar a la entidad, relacionada con desatención o incumplimiento de deberes silviculturales y de arborización.
Una magistrada que integra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Ter cera de Decisión, salvó su voto al considerar que se debió confirmar la sentencia de primera instancia, porque, a su juicio, sí se había acreditado la responsabilidad del INVÍAS en el hecho dañoso.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio allegado al expediente del proceso ordinario, tales como el informe policial de accidente de tránsito C000135507, el informe ejecutivo de policía judicial FPJ -3, el informe de inspección técnico del cadáver FPJ10, el informe de investigador de laboratorio FPJ14 , el informe de investigador de campo FPJ11, la entrevista realizada por la Fiscalía General de la Nación al bombero Kilderman Bustamante, la entrevista realizada al agente de policíaRadicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
Nación al bombero Kilderman Bustamante, la entrevista realizada al agente de policíaRadicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Juan Carlos Osorio, el O ficio Dt-RIS100748 que, según dijo, informó que la franja vial era de 45 metros, el inventario forestal elaborado por el consorcio vial Risaralda 2013, el Oficio DT-RIS 1000780 del 17 de agosto de 2017 susc rito por el INVÍAS, el O ficio DTRIS49908 del 6 de noviembre de 2018, el Oficio 2018000002761 del 14 de marzo de 2018 expedido por el IDEAM, el Oficio 00907-16828 del 25 de julio de 2018 proferido por la Coordinación Departamental de Gestión del R iesgo de Desastres del Departamento de Risaralda, el O ficio 10565 del 17 de julio de 2017 dictado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, el estudio de suelo elaborado por los ingenieros Ramón Aníbal Ospina y Ramón Eduardo Ospina y las pruebas testimoniales, que dicen, daban cuenta que para el INVÍAS era previsible la ocurrencia del derrumbe y la caída de la palma. Que el INVÍAS no intervino, el talud ni la palma cuando debió hacerlo y que no realizó el mantenimiento de la vía.
Que durante tres años el INVÍAS no intervino la palma, que la palma no se encontraba
la palma. Que el INVÍAS no intervino, el talud ni la palma cuando debió hacerlo y que no realizó el mantenimiento de la vía.
Que durante tres años el INVÍAS no intervino la palma, que la palma no se encontraba en condiciones fitosanitarias saludables. Que la supervisión que hacía el INVÍAS se hacía con fundamento en un estudio desactualizado realizado tres años antes de la ocurrencia de los hechos, que no tenía en cuenta los riesgos que genera el paso del tiempo.
Que la palma no estaba cercada, lo que permitía al INVÍAS tener acceso a la planta para realizar observaciones y mantenimiento. Que la palma estaba dentro del área de responsabilidad del INVÍAS, por lo que, a su juicio, debía intervenir para evitar riesgos para los usuarios de la vía.
Que no se acreditó si la palma se le había realizado alguna intervención técnica o científica.
Que la autoridad judicial demandada no se pronunció sobre los fundamentos expuestos en los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia.
Defecto sustantivo por inaplicar la Ley 1228 de 2008 1 y la Resolución 0005133 de 20162, que, según dijo, imponen deberes de prevención a las entidades públicas, aun cuando los objetos peligrosos se encuentren en predios privados adyacentes a la vía.
Dijo que no era dable exonerar de responsabilidad al INVÍAS por el solo hecho de que la palmera estuviera en un predio privado, debido a que, a su juicio, la mencionada ley ordenaba que el área de intervención era de 45 metros desde el eje vial y, según dijo, la palma se encontraba a 4 metros.
palmera estuviera en un predio privado, debido a que, a su juicio, la mencionada ley ordenaba que el área de intervención era de 45 metros desde el eje vial y, según dijo, la palma se encontraba a 4 metros.
Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 29 de agosto de 2016, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01318-01, en la que, según la parte actora, se accedió a las pretensiones de una demanda con supuestos fácticos y jurídicos idénticos a l os estudiados en el proceso con radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/02.
5. Trámite procesal
Por auto del 22 de abril de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal administrativo de Risaralda, y como terceros con interés, al ministro de trasporte, al gobernador del departamento de Risaralda, al director del INV ÍAS, a los presidentes de la Previsora S.A. compañía de seguros, Axa Colpatria seguros S.A., Seguros del Estado S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia, a la señora Rosa María Pérez,
1 << Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones>> 2 <<Por l cual se expide parcialmente la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones>> 2 <<Por l cual se expide parcialmente la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondiente al INSTITUTO NACIONL DE VÍAS – INVÍAS>>Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Gloría Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina, Noralba Ramo Ussa, la menor AKZG y a la juez primera administrativa de Pereira.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 25 de abril de 2025.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda , ponente de la decisión cuestionada, hizo un recuento del fundamento de la sentencia del 30 de enero de 2025, para señalar que, la acción de tutela no tiene relevancia constitucional, porque se utiliza como una instancia adicional del proceso ordinario.
Que la parte actora no agotó los medios ordinario s y extraordinario s que tenía a su disposición para la defensa de sus derechos fundamentales, tales como el recurso extraordinario de revisión.
Que no se configuró el defecto fáctico alegado por los tutelantes, porque la decisión enjuiciada contó con el apoyo probatorio necesario, que permitió concluir que los medios de prueba aportados no eran suficientes para estructurar la responsabilidad del Estado.
Que no se configuró el defecto fáctico alegado por los tutelantes, porque la decisión enjuiciada contó con el apoyo probatorio necesario, que permitió concluir que los medios de prueba aportados no eran suficientes para estructurar la responsabilidad del Estado.
Dijo que la parte actora no demostró la configuración de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la solicitud de amparo.
Las señoras Rosa María Pérez, Gloría Milena Padilla Tapias, Faur Zapata Molina, Noralba Ramo Ussa y la menor AKZG , manifestaron coadyuvar a los tutelantes y pidieron que se accediera a las pretensiones de la acción de tutela.
El Departamento de Risaralda pidió que se declarara improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, que se denegara la solicitud de amparo y se le desvinculara del presente trámite constitucional.
Señaló que no se configuraron los defectos alegados por los demandantes, que el tribunal demandado fundamentó su decisión en una adecuada valoración probatoria, que respetó garantías procesales y tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto.
Que los tutelantes contaban con otro medio de defensa judicial como lo era el recurso extraordinario de revisión. Que no es la autoridad accionada ni fue quien dictó la providencia acusada, por lo que, según dijo, carece de legitimación en la causa por pasiva.
La sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. solicitó que se denegaran las pretensiones de la parte actora porque no demostraron la vulneración de sus derechos fundamentales.
El Ministerio de Transporte pidió su desvinculación, al estimar que no tiene legitimación
las pretensiones de la parte actora porque no demostraron la vulneración de sus derechos fundamentales.
El Ministerio de Transporte pidió su desvinculación, al estimar que no tiene legitimación en la causa por pasiva, debido a que los fundamentos de la acción de tutela no guardan relación con las funciones que desempeña esa cartera ministerial.
El INVÍAS se opuso a las pretensiones formuladas por los accionantes, al considerar que no se han vulnerado sus derechos fundamentales. Manifestó que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados , porque su decisión se basó en un minucioso examen del acervo probatorio allegado al proceso, no se soportó en normas inexistentes o inconstitucionales y tuvo en cuenta la jurisprudencia aplicable.
El Juzgado 1º Administrativo de Pereira se limitó a compartir el enlace del proceso ordinario, sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Previsora S.A. compañía de seguros, Axa Colpatria seguros S.A., Seguros del Estado S.A. guardaron silencio, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona de la sentencia del 30 de enero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que denegó sus pretensiones.
Por su parte, el Departamento de Risaralda y el Ministerio de Transporte pidieron su desvinculación, al estimar que carecen de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, la vinculación de esas entidades no fue como parte demandada, sino en calidad de terceros con interés, porque actuaron como demandados en el proceso de reparación directa con radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/02.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Gustavo de Jesús Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Jhon Jairo Zapata Ramos para dejar sin efectos la sentencia del 30 de enero de 2025, dictada por el Tribunal
de Jesús Álzate, Inés Soledad Osorio Pérez, Ana Milen Álzate Osorio y Jhon Jairo Zapata Ramos para dejar sin efectos la sentencia del 30 de enero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 66001 -3333-001-2019-00121-00/02.
La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, por cuanto el tribunal demandado no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
3 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T -278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
han superado los requisitos generales.
3 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T -278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02145-00
Demandante: Gustavo de Jesús Álzate y Otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que, la decisión de primera y segunda instancia fue dictada en distinto sentido, no alude a una discusión de orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
primera y segunda instancia fue dictada en distinto sentido, no alude a una discusión de orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la verificación del expediente ordinario, la sentencia acusada fue comunicada el 5 de febrero de 2025, de modo que fue efectivamente notificada el 7 de l mismo mes y año, y la demanda de tutela fue radicada el 10 de abril de 2025, esto es dos meses y tres días después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala Plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que promovió el medio de control de reparación directa y cuestiona la sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 30 de enero de 2025.
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 30 de enero de 2025.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.
5. Análisis del caso concreto
La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en: i) Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio allegado al expediente del proceso ordinario, que daban cuenta que el INVIAS era responsable del fallecimiento de Gustavo Adolfo Álzate Osorio y de las lesiones de John Jairo Zapata Ramos, por omitir intervenir y supervisar la palma que le cayó encima, iii) Defecto sustantivo por inaplicar la Ley 1228 de 2008 y la Resolución 0005133 de 2016 y, iii) Desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 29 de agosto de 2016, d ictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el proceso con radicado 17001 -23-31-000-200301318-01.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al expediente con radicado 66001-33-33-001-2019-00121-00/0
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