CE - Sentencia 11001031500020250217200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250217200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02172-00
Demandante: LUZ MARINA PATIÑO GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
CUARTA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial. Ampara
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Luz Marina Patiño González , quien actúa por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva y el principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal.
del Tribunal Administrativo del Quindío. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva y el principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal.
2. Las anteriores garantías las estimó vulnerada s con ocasión de la sentencia del 30 de enero de 2025, por medio de la cual la autoridad accionada revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado 7 Administrativo de Armenia que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó. Lo anterior, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-002-2022-00619-01.
1.2. Pretensiones
3. La parte accionante solicitó lo siguiente:
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA CUARTA DE DECISIÓN, en la sentencia proferida el día 30 de enero de 2025, en el expediente radicado No. 63 -001-33-33-002-2022-00619-01, transgredió los derechos fundamentales transgredió los derechos
fundamentales DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
2025, en el expediente radicado No. 63 -001-33-33-002-2022-00619-01, transgredió los derechos fundamentales transgredió los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de la parte accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍOSALA CUARTA DE DECISIÓN DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de la señora Luz Marina Patiño González, sin efectuar consideraciones adicionales sobre decisiones referentes a aspectos procesales que se encuentran en firme y, que no fueron objeto de censura en el recurso de apelación.
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la siguiente manera:
4. La señora Luz Marina Patiño González promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , y el
de la siguiente manera:
4. La señora Luz Marina Patiño González promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , y el municipio de Armenia para lograr el reconocimiento de la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías parciales que le fueron concedidas por medio de la Resolución 1798 del 21 de septiembre de 2020 y desembolsadas el 9 de enero de 2021. El proceso se identifica con el radicado 63001-33-33-002-2022-00619-00/01.
5. El 10 de marzo de 2023, el Juzgado 7 Administrativo de Armenia avocó conocimiento2, tuvo por contestada la demanda y vinculó de oficio a la
Fiduciaria la Previsora S.A. (Fiduprevisora S.A.)3.
2 En atención a la redistribución de procesos con ocasión del Acuerdo PCSJA22 -12026, por medio del cual se creó el Juzgado 7 Administrativo de Armenia. 3 En el auto citado, visible en el índice 15 de l expediente digital de la primera instancia del proceso contencioso -administrativo en Samai , no se indicó si dicha vinculación sería como litisconsorte necesario o facultativo. Sin embargo, en la providencia se lee lo siguiente: […] […] no puede decretarse el pago de indemnizaciones económicas en vía judicial o administrativa con cargo el FOMAG, sino que esta será imputable a la sociedad fiduciaria con su patrimonio (si no es atribuible al ente territorial), porque es la administradora de los recursos . […] […] resulta imperativo vincular de oficio al proceso a la Fiduciaria la Previsora S.A - […] con el fin
su patrimonio (si no es atribuible al ente territorial), porque es la administradora de los recursos . […] […] resulta imperativo vincular de oficio al proceso a la Fiduciaria la Previsora S.A - […] con el fin de que integre la litis en razón a que, se puede suscitar una condena a su cargo […].Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
6. El 28 de junio de 2023, el Juzgado 7 Administrativo de Armenia profirió sentencia de primera instancia en la que declaró la nulidad del acto ficto presunto negativo demandado y ordenó el reconocimiento de la citada sanción .
Así, condenó al municipio de Armenia al pago de 8 días de mora y a la Fiduprevisora S.A. al equivalente de 24 días.
7. El 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, revocó el fallo apelado al considerar que sí existió una mora en el pago de las cesantías parciales de la demandante, pero que no era atribuible a la entidad territorial, sino a la Fiduprevisora S.A., que, si bien fue vinculada al proceso, no fue directamente demandada por la señora Patiño González. Lo anterior porque estimó que el litisconsorcio de la citada entidad frente al F omag debe ser f acultativo, razón por la que su vinculación oficiosa
vinculada al proceso, no fue directamente demandada por la señora Patiño González. Lo anterior porque estimó que el litisconsorcio de la citada entidad frente al F omag debe ser f acultativo, razón por la que su vinculación oficiosa equivale a suplir la carga procesal de la demandante.
1.4. Sustento de la vulneración
8. Según la parte accionante, la decisión cuestionada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al negar las pretensiones de la demanda por estimar que la entidad llamada a responder por la sanción moratoria no había sido demandada inicialmente por la accionante, a pesar de que sí fue debidamente vinculada en el trámite de primera instancia y se le garantizó el ejercicio de su derecho de defensa en cada etapa procesal.
9. Explicó que la demanda se presentó inicialmente en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el municipio de Armenia. Sin embargo, el juez de primera instancia encontró necesario vincular a la Fiduprevisora S.A., entidad que, a pesar de que se le garantizó su derecho de defensa, no lo ejerció de manera oportuna.
10. Indicó que la vinculación se efectuó en los términos del artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 y obedeció al ejercicio del control de legalidad previsto en el artículo 207 ibidem, que busca evitar que se profieran sentencias inhibitorias.
Se refirió a las facultades del juez en el marco de los procesos judiciales e invocó una sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2012 de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4 en la que se ampararon los derechos de la
Se refirió a las facultades del juez en el marco de los procesos judiciales e invocó una sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2012 de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4 en la que se ampararon los derechos de la parte accionante en un caso de gran similitud fáctica y jurídica.
11. En ese sentido, para la accionante, la posición del Tribunal Administrativo del Quindío desconoce sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, pues con la vinculación oficiosa efectuada por el a quo se reafirmó su confianza en que su situación sería definida de fondo. No obstante, a pesar de tener los medios probatorios y contar con la vinculación de la entidad llamada a responder, la parte accionada adoptó una decisión que desconoce el principio
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de noviembre de 2012. Radicado 11001-03-000-15-2012-01949-00.Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional en, por ejemplo, la s sentencias SU-041 de 2022 y SU-081 de 2024 y el artículo 228 de la Constitución Política de 1991.
1.5. Trámite de primera instancia
desarrollado por la Corte Constitucional en, por ejemplo, la s sentencias SU-041 de 2022 y SU-081 de 2024 y el artículo 228 de la Constitución Política de 1991.
1.5. Trámite de primera instancia
12. Por medio del auto del 22 de abril de 2025, el despacho ponente de este proveído admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, y como terceros con interés a la Nación ― Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ―, la Fiduprevisora S.A., el municipio de Armenia , el Juzgado 7 Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Nación, Ministerio de Educación Nacional5
13. Manifestó que la tutelante pretende cuestionar una decisión legítimamente adoptada por el juez natural del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual desconoce los principios de autonomía e independencia judicial.
14. Indicó que la presente solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedencia de acciones de tutela contra providencia jud icial. Si bien definió los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, no los aterrizó al caso concreto. Finalmente solicitó que se declare la improcedencia del presente asunto y que se le desvincule por no ser la autoridad de la que se predica la vulneración de los derechos fundamentales deprecados.
1.6.2. Juzgado 7 Administrativo de Armenia6
asunto y que se le desvincule por no ser la autoridad de la que se predica la vulneración de los derechos fundamentales deprecados.
1.6.2. Juzgado 7 Administrativo de Armenia6
15. Solicitó que se le separe de la acción de tutela de la referencia en atención a que la decisión proferida por ese despacho no ha sido objeto de reproche y porque los hechos y pretensiones están dirigidos exclusivamente contra el Tribunal Administrativo del Quindío.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Quindío7
16. Manifestó que la acción constitucional de la referencia no cumple los requisitos de procedibilidad y tampoco se configura el defecto alegado, pues la providencia fue adoptada bajo un juicioso análisis del material probatorio, que permitió concluir que la entidad responsable de la mora alegada es la
5 Documento 17. 6 Documento 19. 7 Documento 26.Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Fiduprevisora S.A., la cual no fue demandada en el proceso ordinario sino vinculada de oficio por el juez de primera instancia, es decir que en el «escrito de la demanda no se le endilgó responsabilidad alguna».
17. En ese sentido, para la accionada, la decisión se basó en el marco jurisprudencial y normativo aplicable al caso, fue debidamente motivada y es congruente con los documentos aportados.
17. En ese sentido, para la accionada, la decisión se basó en el marco jurisprudencial y normativo aplicable al caso, fue debidamente motivada y es congruente con los documentos aportados.
1.6.4. Municipio de Armenia, Secretaría de Educación8
18. Según la autoridad administrativa, en el presente medio de amparo constitucional no está probado el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad ni relevancia constitucional. Del mismo modo, alegó que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable, razón por la que considera que debe declararse improcedente.
1.6.5. La Fiduprevisora S.A.
19. La entidad sostuvo que actúa en calidad de vocera y administradora de los recursos del Fomag, por lo que cada una de sus actuaciones están respaldadas por un acto administrativo proveniente de la s secretarías de educación a nivel nacional.
20. Señaló que el Tribunal Administrativo del Quindío actuó con pleno apego a la norma y la jurisprudencia y que no desconoció los derechos fundamentales invocados.
21. Solicitó que se declare la improcedencia de este asunto y que se le desvincule del presente proceso por no tener las facultades para cumplir las pretensiones propuestas por la accionante.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Quindío . Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 , modificado por el Decreto 333 de 2021 , y el
la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Quindío . Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 , modificado por el Decreto 333 de 2021 , y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
23. El Ministerio de Educación Nacional, el Juzgado 7 Administrativo de Armenia y la Fiduprevisora S.A. solicitaron ser desvinculado s por considerar
8 Documento 35.Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
que los hechos y pretensiones de la acción de tutela no se relacionan con sus actuaciones. Sin embargo, ello será negado en atención a que su vinculación a este asunto fue en calidad de tercero s con interés por haber participado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que originó esta solicitud de amparo y no como demandados.
2.3. Legitimación en la causa
24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
25. La Sala advierte que la señora Luz Marina Patiño González está legitimada en la causa por activa por ser la demandante del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-002-2022-0061900/01, en el que se profirió la decisión que hoy se cuestiona.
26. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, está legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia de la que se predica una supuesta vulneración de garantías constitucionales.
2.4. Problema jurídico
27. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados , los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?
28. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
analizará lo siguiente:
● ¿El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, vulneró los derechos fundamentales deprecados por la actora con la expedición de la sentencia de segunda instancia del 30 de enero de 2025, en la que se revocó la decisión de primera instancia y se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 63001-33-33-0022022-00619-00/01?
revocó la decisión de primera instancia y se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 63001-33-33-0022022-00619-00/01?
29. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se estudiarán los siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos generales en el presente asunto , y, en caso de superar el citado estudio, (iii) el caso concreto.Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de l 31 de julio de 2012 9. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 10. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales11.
31. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 12. En esta
31. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 12. En esta sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 13 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la
siguiente manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 13 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
32. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
- que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
33. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
- que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
- que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
34. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
35. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
2.6.1. Que no se discuta una decisión judicial de la misma naturaleza
36. La Sala no encuentra reparo alguno sobre el cumplimiento de este requisito, toda vez que con la presente acción se cuestiona la sentencia de segunda instancia del 30 de enero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001 -33-33-002-202200619-00/01, es decir, un proceso contencioso -administrativo y no uno de
tutela.Demandante: Luz Marina Patiño González
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001 -33-33-002-202200619-00/01, es decir, un proceso contencioso -administrativo y no uno de tutela.Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2.6.2. Inmediatez
37. El ejercicio de esta acción constitucional tuvo lugar en un tiempo razonable, en relación con la fecha de notificación y ejecutoria de la sentencia cuestionada, pues el fallo censurado data del 30 de enero de 2025, fue notificado el día 31 del mismo mes y año 14 y cobró ejecutoria el 7 de febrero de la presente anualidad 15. Así, en atención a que este medio de amparo fue radicado el 11 de abril de 2025, es claro que se ejerció dentro del término prudencial de 6 meses fijado por esta corporación.
2.6.3. Subsidiariedad
38. Para discutir la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera vulnerados con ocasión del presunto defecto procedimental absoluto en el que incurrió el Tribunal Administrativo del Quindío, no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo para procurar el amparo de los derechos fundamentales deprecados.
39. Al respecto, la Sala debe precisar que la sentencia del 30 de enero de 2025, de la que se predica la vulneración de los intereses superiores de l a
fundamentales deprecados.
39. Al respecto, la Sala debe precisar que la sentencia del 30 de enero de 2025, de la que se predica la vulneración de los intereses superiores de l a accionante, resolvió el recurso de apelación propuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia del 28 de junio de 2023 , dictada por el Juzgado 7 Administrativo de Armenia, por lo que es dable tener por agotados los recursos ordinarios. Del mismo modo, no se advierte, prima facie, el cumplimiento de requisitos de procedencia de recursos extraordinarios, razón por la que se tiene por cumplido el requisito de subsidiariedad.
2.6.4. Relevancia Constitucional
40. Revisados los argumentos propuestos por la parte accionante, la Sala encuentra que no se pretende utilizar esta clase de mecanismos de amparo constitucional como una extensión del proceso contencioso -administrativo, como si se tratara de una tercera instancia.
41. Lo anterior es así porque la tutelante no insiste en extender la discusión surtida en el proceso ordinario ni se advierte que lo planteado en esta oportunidad obedezca a un asunto netamente legal o probatorio sobre el derecho al reconocimiento del derecho pretendido en aquel proceso. Lo discutido es el posible rigorismo en el que habría incurrido el Tribunal accionado en materia procesal, particularmente en relación con la figura del litisconsorcio y la aparente imposibilidad de imponer condenas a entidades vinculadas en esa calidad.
14 Índice 13 del proceso ordinario. 15 Índice 14 del proceso ordinario.Demandante: Luz Marina Patiño González
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
calidad.
14 Índice 13 del proceso ordinario. 15 Índice 14 del proceso ordinario.Demandante: Luz Marina Patiño González Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-02172-00
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
42. En ese sentido, la parte interesada pone de presente el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en un asunto en el que se negaron las pretensiones de la demanda en atención al modo en que fue vinculada la Fiduprevisora S.A. en el trámite de la primera instancia.
43. Por tal razón, para la Sala reviste la relevancia constitucional necesaria el hecho de que el Tribunal haya adoptado una decisión con base en una posición de carácter procedimental, relacionada con la forma en que el juez de primera instancia convocó a la entidad mencionada.
2.6.5. Identificación razonable de los hechos
44. La parte accionante presen
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.