CE - Sentencia 11001031500020250231500
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250231500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: CARLOS ALBERTO SUAZA SUAZA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN D Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Carlos Alberto Suaza Suaza solicitó, a través de apoderad a judicial, la protección de su s derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de octubre de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
seguridad social y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de octubre de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 11001-33-35-020-202300074-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que prestó servicio en el Ejército Nacional como soldado profesional durante más de 20 años y mediante Resolución 468 de 19 de febrero de 2013 expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le fue otorgada la asignación de retiro.2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
2.2. Refirió que solicitó el reajuste de la asignación de retiro, la cual le fue negada mediante los oficios núm. 0080071 de 10 de noviembre de 2015 y núm. 0084849 de 2 de diciembre de 2015.
2.3. Indicó que por lo anterior presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-33-42-049-2016-00485-00/01 contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, para que se declarara la nulidad de los actos administrativos
derecho núm. 11001-33-42-049-2016-00485-00/01 contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, para que se declarara la nulidad de los actos administrativos citados.
2.4. Afirmó que el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá mediante sentencia de 27 de julio de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada parcialmente por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 30 de mayo de 2018.
2.5. Mencionó que el 12 de noviembre de 2018 solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la aplicación de los efectos de la sentencia de unificación SUJ-015CE-S2-2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso 85001-33-33-002-2013-0237-01 (1701-2016), petición que le fue negada a través del Oficio 20447772 de 28 de noviembre de 2019.
2.6. Manifestó que presentó ante el Consejo de Estado la solicitud de extensión de jurisprudencia la cual fue declarada improcedente a través de providencia de 10 de febrero de 2022.
2.7. Precisó que por todo lo anterior, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-35-020-2023-00074-00/01 contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio 20447772 de 28 de noviembre de 2019 a través del cual la Caja de Retiro de las
de Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio 20447772 de 28 de noviembre de 2019 a través del cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, negó la solicitud de extensión de jurisprudencia.
2.8. Precisó que el asunto le fue asignado al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante providencia de 13 de junio de 2024, declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada.
2.9. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante sentencia de 24 de octubre de 2024, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera instancia.
2.10. Manifestó que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica, al incurrir en un defecto sustantivo.3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
2.11. Expuso que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en cuanto a “[…] la relatividad de la cosa juzgada en asuntos que versan sobre el reconocimiento o reajuste de prestaciones periódicas […]” así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de “[…] la figura no se configura cuando se introducen hechos nuevos o elementos jurídicos relevantes que no fueron analizados en el trámite anterior […]”.
prestaciones periódicas […]” así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de “[…] la figura no se configura cuando se introducen hechos nuevos o elementos jurídicos relevantes que no fueron analizados en el trámite anterior […]”.
2.12. Indicó que la providencia desconoció que la controversia planteada en la nueva demanda “[…] versaba sobre una cuestión distinta a la ya resuelta judicialmente, pues lo reclamado en esta oportunidad fue que el valor de la prima de antigüedad liquidada en la asignación de retiro se liquidara a partir del 100% del sueldo básico con base en la precisión realizada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ015-CE-S2-2019 de fecha 25 de abril de 2019 […]”.
2.13. Refirió que el Tribunal no tuvo en cuenta que las pretensiones puestas a consideración en los procesos judiciales eran sustancialmente distintas “[…] esto se debe a la precisión que realizó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 fecha 25 de abril del 2019 acerca de la base de liquidación de la prima de antigüedad, cuestión que no fue planteada en el proceso judicial anterior […]”.
2.14. Aseveró que “[…] Negar la posibilidad de revisar este tipo de solicitudes con fundamento en la cosa juzgada absoluta equivale a cerrar la vía judicial a quienes se ven afectados por errores en la liquidación de derechos de naturaleza periódica, perpetuando desigualdades injustificadas entre sujetos en situaciones equivalentes y vulnerando principios como la igualdad, la equidad y el acceso efectivo a la justicia. Por estas razones, el fallo cuestionado incurre en un defecto sustantivo, al privilegiar
perpetuando desigualdades injustificadas entre sujetos en situaciones equivalentes y vulnerando principios como la igualdad, la equidad y el acceso efectivo a la justicia. Por estas razones, el fallo cuestionado incurre en un defecto sustantivo, al privilegiar la forma sobre el fondo y desconocer el deber judicial de garantizar el derecho a obtener una decisión justa, razonada que permita reajustar su mesada pensional […]”.
2.15. Adujo que no existe identidad de objeto entre las pretensiones debatidas en el radicado 11001334204920160048500 y las del radicado 110013335020230007400 “[…] en el que se discute expresamente que el 38,5% de la prima de antigüedad reconocida en la asignación de retiro debe liquidarse tomando como base el 100% del sueldo básico y no el 58,5% del sueldo básico […]”.
2.16. Alegó que, aunque en ambos procesos se presentan similitudes al describir la situación del accionante “[…] la precisión realizada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación constituye un nuevo hecho jurídico relevante. En efecto, dicha precisión establece expresamente que la prima de antigüedad debe calcularse partiendo del 100% del sueldo básico, lo que introduce un elemento diferenciador que justifica un análisis y discusión judicial sobre tal punto […]”.4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se tutelen los derechos fundamentales del accionante los cuales
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se tutelen los derechos fundamentales del accionante los cuales fueron vulnerados por la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia del 24 de octubre de 2024, al aplicar de manera automática y mecánica el instituto de la cosa juzgada, desconociendo la jurisprudencia de la corte constitucional y del consejo de estado sobre su carácter relativo en controversias relacionadas con prestaciones periódicas.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin efectos la providencia proferida el 24 de octubre de 2024 y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión, en la que se estudie de manera sustancial, razonada y de fondo la existencia de hechos nuevos y los elementos jurídicos relevantes que permiten una revisión de fondo del derecho reclamado, sin que se configure cosa juzgada.
3. Que en la nueva decisión se garantice el estudio integral del derecho sustancial reclamado, evitando la afectación desproporcionada e injustificada que implica bloquear al accionante el acceso a la justicia por el simple hecho de haber acudido anteriormente a solicitar el reajuste de su asignación de retiro con base en distintas pretensiones.
4. Que se advierta a las entidades accionadas sobre las consecuencias legales del eventual incumplimiento de la decisión que se profiera en sede de tutela […]”. [Negrilla original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Que se advierta a las entidades accionadas sobre las consecuencias legales del eventual incumplimiento de la decisión que se profiera en sede de tutela […]”. [Negrilla original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 30 de abril de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:
5.1. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá indicó que profirió la sentencia de primera instancia el 13 de junio de 2024 declarando probada de oficio la excepción de cosa juzgada porque “[…] dicha demanda cuenta con una misma identidad de partes, causa petendi y de objeto, respecto del proceso fallado el 27 de julio de 2017 en primera instancia por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del radicado 11001334204920160048500 y en segunda instancia el 30 de mayo de 2018, por el5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Corporación que confirmó parcialmente el fallo apelado […]”.
5.2. Por lo anterior, solicitó la desvinculación del trámite de la presente acción
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Corporación que confirmó parcialmente el fallo apelado […]”.
5.2. Por lo anterior, solicitó la desvinculación del trámite de la presente acción constitucional.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal presentada por el Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito de Bogotá.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20066, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
4 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 6 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá conoció en primera instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de tutela, la Sala considera que a esa autoridad judicial sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional. Razón por la cual , se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
8 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. El señor Carlos Alberto Suaza Suaza solicitó, a través de apoderad a judicial, la
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. El señor Carlos Alberto Suaza Suaza solicitó, a través de apoderad a judicial, la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de octubre de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 11001-33-35-020-202300074-00/01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
21. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 13 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 14 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 15 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012 -02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.9
15 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012 -02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 16 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económi co con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norm a de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. […]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02315-00
Accionante: Carlos Alberto Suaza Suaza
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o partic ular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprom
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.